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(a) International cartels constitute a national-security threat beyond that posed by traditional organized crime, with activities encompassing:
(i) convergence between themselves and a range of extra-hemispheric actors, from designated foreign-terror organizations to antagonistic foreign governments;
(ii) complex adaptive systems, characteristic of entities engaged in insurgency and asymmetric warfare; and
(iii) infiltration into foreign governments across the Western Hemisphere.
The Cartels have engaged in a campaign of violence and terror throughout the Western Hemisphere that has not only destabilized countries with significant importance for our national interests but also flooded the United States with deadly drugs, violent criminals, and vicious gangs.
The Cartels functionally control, through a campaign of assassination, terror, rape, and brute force nearly all illegal traffic across the southern border of the United States. In certain portions of Mexico, they function as quasi-governmental entities, controlling nearly all aspects of society. The Cartels’ activities threaten the safety of the American people, the security of the United States, and the stability of the international order in the Western Hemisphere. Their activities, proximity to, and incursions into the physical territory of the United States pose an unacceptable national security risk to the United States.
(b) Other transnational organizations, such as Tren de Aragua (TdA) and La Mara Salvatrucha (MS-13) pose similar threats to the United States. Their campaigns of violence and terror in the United States and internationally are extraordinarily violent, vicious, and similarly threaten the stability of the international order in the Western Hemisphere.
(c) The Cartels and other transnational organizations, such as TdA and MS-13, operate both within and outside the United States. They present an unusual and extraordinary threat to the national security, foreign policy, and economy of the United States. I hereby declare a national emergency, under IEEPA, to deal with those threats.
Sec. 2. Policy. It is the policy of the United States to ensure the total elimination of these organizations’ presence in the United States and their ability to threaten the territory, safety, and security of the United States through their extraterritorial command-and-control structures, thereby protecting the American people and the territorial integrity of the United States.
Sec. 3. Implementation. (a) Within 14 days of the date of this order, the Secretary of State shall take all appropriate action, in consultation with the Secretary of the Treasury, the Attorney General, the Secretary of Homeland Security, and the Director of National Intelligence, to make a recommendation regarding the designation of any cartel or other organization described in section 1 of this order as a Foreign Terrorist Organization consistent with 8 U.S.C. 1189 and/or a Specially Designated Global Terrorist consistent with 50 U.S.C. 1702 and Executive Order 13224.
(b) Within 14 days of the date of this order, the Attorney General and the Secretary of Homeland Security shall take all appropriate action, in consultation with the Secretary of State, to make operational preparations regarding the implementation of any decision I make to invoke the Alien Enemies Act, 50 U.S.C. 21 et seq., in relation to the existence of any qualifying invasion or predatory incursion against the territory of the United States by a qualifying actor, and to prepare such facilities as necessary to expedite the removal of those who may be designated under this order.
Sec. 4. General Provisions. (a) Nothing in this order shall be construed to impair or otherwise affect:
(i) the authority granted by law to an executive department or agency, or the head thereof; or
(ii) the functions of the Director of the Office of Management and Budget relating to budgetary, administrative, or legislative proposals.
(b) This order shall be implemented consistent with applicable law and subject to the availability of appropriations.
(c) This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.
THE WHITE HOUSE,
January 20, 2025.
· No vamos a ceder ni un milímetro en la defensa de nuestra soberanía y de nuestro pueblo: Gerardo Fernández Noroña
El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, respaldó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para establecer una relación de coordinación, colaboración y amistad con el pueblo y gobierno de Estados Unidos, pero sin subordinación, porque “somos una nación independiente y soberana, y no vamos a ceder ni un milímetro en la defensa de nuestra soberanía y de nuestro pueblo”.
Aseguró que la Cámara de Senadores mantendrá una coordinación estrecha con la titular del Poder Ejecutivo Federal, para responder a las medidas que ha anunciado el presidente estadounidense, Donald Trump.
En conferencia de prensa, Fernández Noroña se sumó al llamado a la unidad que hizo la presidenta de México “en torno a nuestro gobierno y a nuestro pueblo, porque es fundamental”.
Además, señaló que son “voces aisladas de la oposición” las que han expresado su beneplácito frente a las políticas anunciadas por el nuevo gobierno en la Unión Americana.
“Le deseo al presidente de los Estados Unidos de América todo el éxito en su gestión, menos lo que tenga que ver con políticas racistas, clasistas, demagógicas e intrigantes en contra de nuestra patria”, manifestó.
Gerardo Fernández Noroña consideró que el anuncio que hizo la presidenta de México sobre un plan de desarrollo económico con la iniciativa privada fue “importantísimo”, porque las empresarias y empresarios mexicanos están muy claros en que medidas como las que anuncia el presidente del vecino país del norte son contrarias al desarrollo económico de ambos países.
“Me parece que vamos a tener un nivel de coincidencia muy alto: la defensa de la soberanía y de nuestro pueblo. Creo que la unidad nacional va a alcanzar un nivel muy fuerte”, subrayó.
El presidente del Senado recordó que en campaña Donald Trump dijo que tomaría decisiones delicadas como la de declarar una situación de emergencia en la frontera sur, lo cual implica suspender todos los procedimientos legales a las que están obligadas las autoridades de Estados Unidos para el trato a los migrantes y, por lo tanto, podrían violar flagrantemente los derechos humanos.
También, subrayó el legislador, el presidente de ese país insistió en determinar que los grupos del narcotráfico son terroristas, porque con esta figura han justificado la intervención militar en otros países. “No lo vamos a aceptar de ninguna manera, si Estados Unidos quiere resolver el problema de la droga, debería empezar por su territorio, así es que rechazamos cualquier posibilidad de intervención militar en nuestra patria”, destacó.
En cuanto a la expulsión de migrantes, señaló que el gobierno de México está preparado para asumir las deportaciones que se lleven a cabo, ya que se implementará una cobertura de seguridad social impresionante.
Estados Unidos es una nación grande, pero estoy convencido que ningún país puede “construir su grandeza con el racismo, clasismo, fascismo y demagogia”, antepuso, al subrayar que se culpa a los migrantes del deterioro de su economía, cuando son ellos quienes le han aportado miles de millones de dólares a ese gobierno, “sin recibir absolutamente nada a cambio”.
La libertad de expresión es un pilar fundamental de las democracias modernas. Permite a los individuos expresar sus pensamientos, ideas y sentimientos sin temor a represalias. Sin embargo, este derecho enfrenta desafíos, especialmente en el mundo digital.
Al respecto, recientemente, Meta, empresa matriz de Facebook, Whatsapp e Instagram, eliminó su sistema de fact-checking y las restricciones a la libertad de expresión en sus plataformas. Esta decisión marca un cambio significativo en cómo la empresa aborda el balance entre la moderación de contenido y la libertad de los usuarios para expresarse.
Con la eliminación del fact-checking, Meta parece dar un giro hacia una postura menos intervencionista, permitiendo una mayor libertad en la publicación de contenido. No obstante, esto plantea preguntas críticas. La introducción de nuevas herramientas como las "notas comunitarias" recuerda la estrategia adoptada por X (antes Twitter), pero su efectividad para contrarrestar la desinformación aún es incierta.
El argumento central de las plataformas es claro: combatir la desinformación, el discurso de odio y otros contenidos que pudieran dañar a los usuarios. Sin embargo, también es cierto que estas políticas no siempre son neutrales. Los algoritmos y las decisiones de moderación reflejan valores e intereses, lo que en ocasiones limita la pluralidad de voces.
Es crucial reconocer que la regulación del contenido en las plataformas digitales no puede basarse en improvisaciones. Lo que es legal o ilegal fuera de internet debe serlo también en línea. Las plataformas, al convertirse en espacios fundamentales para la interacción social y política, tienen una responsabilidad que va más allá de sus intereses comerciales. Si estas limitaciones no son claras, podríamos estar restringiendo el derecho de las personas a participar en el debate público y, por ende, debilitando la democracia.
El caso de Meta no es aislado. En los últimos años, hemos visto cómo diferentes plataformas han oscilado entre restringir y permitir contenido, argumentando la necesidad de mantener "entornos seguros". Pero el problema radica en que, a menudo, estas acciones pueden tener un efecto paralizante sobre el debate público.
La libertad de expresión no es un derecho absoluto. Existen límites que todos reconocemos, como la incitación a la violencia o la difusión de contenido difamatorio. No obstante, también es importante recordar que las plataformas digitales se han convertido en las plazas públicas modernas, los espacios donde se generan y comparten ideas que moldean nuestra sociedad. Si estos foros se vuelven demasiado restrictivos o excesivamente permisivos, podríamos estar sacrificando uno de los principios más importantes de la vida democrática.
En este contexto, los cambios recientes de Meta son un recordatorio oportuno: la libertad de expresión no es algo que podamos dar por sentado. Es un derecho que requiere una vigilancia constante y un compromiso colectivo para protegerlo. Al final, la calidad de nuestra democracia dependerá de cómo enfrentemos estos desafíos en el mundo digital.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), informan que las obras de rehabilitación del tramo 230+400 de la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza, cuerpo B, registran un avance del 96 por ciento.
Durante un recorrido por la obra, se constataron los avances como: el retiro de 147 mil, 455 metros cúbicos de material en la zona de deslave, que permitirá el inicio de operación del paso provisional en las próximas semanas.
Este paso provisional consta de 500 metros de largo a 2 carriles, logrará reanudar la circulación de vehículos y transporte de carga a una velocidad promedio de 40 kilómetros por hora.
Funcionarios de la SICT Y CAPUFE afirmaron que esta obra ya cuenta con la barrera de concreto para la protección del camino provisional.
Esta semana iniciarán trabajos de drenaje, excavación y colocación de tubería de concreto de 1.20 metros. La preparación de estructura de pavimento y muro gavión se llevará a cabo la próxima semana, afirmaron los funcionarios de la Secretaría y CAPUFE.
· Presentan en el Senado de la República “ImpaKt MUN”, iniciativa social en favor del cuidado medioambiental
En su participación en el evento “ImpaKt MUN: Modelo de Naciones Unidas por la Justicia Climática”, aseveró que hay un desafío medioambiental sin precedentes y el mundo necesita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar el incremento de la temperatura global, que tendría consecuencias catastróficas como olas de calor insoportables, pérdida de ecosistemas y comunidades desplazadas.
En México, precisó, 70 por ciento del territorio padece una grave sequía y cada año se pierden alrededor de 200 mil hectáreas de bosque debido a la deforestación; además, en 2024 se enfrentaron temperaturas récord, lo que es un indicador de que esta crisis no es ajena a nadie.
Colosio Riojas destacó que este tipo de iniciativas impulsadas por jóvenes representan una esperanza, porque “entienden que se requiere colaboración, diversidad de ideas y acción colectiva. Con proyectos como este se envía un mensaje de que la juventud tiene capacidad, pero también la responsabilidad para liderar, transformar y construir un futuro más justo y sostenible”.
La sostenibilidad, agregó, es una oportunidad para cambiar nuestra relación con el mundo y garantizar un futuro digno para las próximas generaciones. “México y el mundo necesitan liderazgos comprometidos con las personas y con el bienestar del planeta”, concluyó.
Por su parte, la directora general de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gabriela Gómez García, señaló la importancia de la voz, el compromiso y la determinación de la juventud, para mejorar el mundo. “Sus acciones nos llevarán a las soluciones que por tanto tiempo hemos deseado para avanzar hacia la justicia climática”.
En su turno, la magistrada del Poder Judicial de la Federación, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, dijo que la afectación climática compromete toda forma de vida en el planeta, por lo que “es importante que el Estado mexicano cumpla con los tratados internacionales de los cuales es parte”.
Valeria Mejía del Prado, directora general del modelo de Naciones Unidad ImpaKt MUN, subrayó que la crisis climática es una realidad y esta plataforma tiene el objetivo de generar acciones en favor del cuidado medioambiental; es un espacio para contribuir al bienestar del planeta.
Rolando Mauricio Pérez Carrillo Fotógrafo pecar56@yahoo.com.mx
Jorge Muñiz iniciará sus presentaciones en el Lunario del Auditorio Nacional por octavo año consecutivo. El cantante ofrecerá su concierto número 52 el próximo 25 de enero.
El intérprete hará un recorrido que abarca todos los éxitos que ha alcanzado en sus ya más de 40 años de trayectoria.
El “Coque” Muñiz se consolida como uno de los máximos intérpretes ya que apenas en diciembre del año pasado, recibió una placa por parte del Auditorio Nacional por sus 50 presentaciones de manera ininterrumpida en ese recinto.
Su presentación no.52 iniciará un año que promete muchas sorpresas y más propuestas para sus seguidores que siempre lo han apoyado.
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