· El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales
Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que busca prevenir y evitar que recursos ilícitos contaminen y alteren la sanidad del sistema financiero nacional.
Posteriormente, la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath presentó reservas al apartado de Consideraciones y Cuadros Comparativos para eliminar las referencias al financiamiento al terrorismo y la abreviatura (F.T.) en los artículos 2, 3, 6, 8 11, 18, 45 y 55 bis de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y el artículo 11 bis del Código Penal Federal, mismas que fueron aceptadas por el Pleno.
La senadora explicó que el actual marco normativo nacional ya cuenta con la tipificación del financiamiento al terrorismo, por ejemplo, en el mismo Código Penal Federal, además de que México es parte de diversos instrumentos internacionales en la materia.
Por tanto, “esta reserva tiene la intención de eliminar una modificación innecesaria y redundante, que podría derivar en una antinomia o contradicción jurídica, alterando el marco normativo e impidiendo la correcta aplicación de la ley”, añadió.
En tanto, senadores de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN presentaron reservas a los artículos 2, 3, 6, 8, 11, 17, 18, 45, 47, 51 Bis y 57 Ter de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y a los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal del dictamen; sin embargó la Asamblea las rechazó, por lo que, con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones quedó aprobado en lo particular.
El documento enviado a la Cámara de Diputados plantea modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y el Código Penal Federal, para mejorar la coordinación entre las autoridades en el combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También, establece la incorporación de nuevas actividades vulnerables como: el desarrollo inmobiliario, activos virtuales, fideicomisos y la precisión de obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración en el combate al lavado de dinero.
Se incluyen definiciones como las de: asociaciones y sociedades sin fines de lucro, beneficiario controlador, cliente o usuario, desarrollo inmobiliario, financiamiento al terrorismo, persona políticamente expuesta, representante encargado de cumplimiento y riesgo.
Al fijar la postura de su Grupo Parlamentario, Óscar Cantón Zetina, de Morena, consideró que la reforma representa un “combate ético y político con vocación de Estado” para cortar de raíz las redes financieras del crimen organizado, además de que envía un “mensaje claro y fuerte” de que en el país no gobierna la corrupción, ni manda el crimen.
La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez sostuvo que su partido, el PAN, coincide con el objetivo general de la reforma de identificar y prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita; no obstante, advirtió que ésta también implicará afectaciones a los derechos humanos, a los datos personales, al patrimonio financiero de las personas, al secreto bancario y a la presunción de inocencia.
En su posicionamiento, Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, dijo que esta reforma en algunos artículos es excesiva y militariza aún más la administración pública, pues como ente de investigación de lavado de dinero se incorpora a la Guardia Nacional. También, agregó, comienza una persecución contra la informalidad, las organizaciones religiosas o filantrópicas y no contra el lavado de dinero.
Por su parte, Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, defendió que la reforma vela por la estabilidad del sistema financiero y la seguridad de los mexicanos; rechazó, además, que se otorguen facultades de intervención y vigilancia directa a las autoridades; “no es una ley penal ni de persecución de delitos, sino una ley de naturaleza preventiva y administrativa”.
Por el PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, dijo que esta reforma es una herramienta para defender a México, porque lo que está en juego es la capacidad del Estado para cerrar el paso a quienes lucran con el dolor social, manipulan los sistemas financieros y alimentan las redes del crimen organizado; en ese sentido, dijo que se requiere de legislación que no sólo sancione, sino que anticipe, desactive y cierre los caminos por donde transitan los recursos al crimen organizado.
En su oportunidad, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, dijo que su responsabilidad es advertir a los mexicanos sobre el riesgo a la privacidad de los mexicanos que esta reforma implica. Consideró delicado que un ente de gobierno con una simple solicitud, que plantea en el dictamen, pueda tener acceso a datos personales, información financiera o patrimonial, en un país donde hay inseguridad.
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