- Coinciden senadores, especialistas y académicos en que se debe avanzar hacia un marco normativo que garantice derechos digitales
Durante el inicio de las mesas de trabajo del Parlamento Abierto sobre el Decálogo de Derechos Digitales, senadores, especialistas y académicos demandaron democratizar las redes sociales y proteger la libertad de expresión, así como los datos personales de los usuarios de Internet.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, destacó que con este evento se inician los trabajos legislativos preparatorios para la presentación de un conjunto de proyectos de ley sobre la regulación de los derechos digitales.
Precisó que el decálogo busca concretar un proyecto legislativo para democratizar las redes sociales, proteger la libertad de expresión y datos personales de los usuarios, así como brindar herramientas contra la manipulación informativa y otros abusos de las grandes plataformas privadas transnacionales.
Debido a que el decálogo es un producto académico, explicó, es necesario que sus propuestas se discutan de manera seria y reflexiva en un entorno plural, que les otorgue la solidez necesaria para que se conviertan en proyectos que formen parte de la agenda Legislativa.
Indicó que el propósito es presentar este proyecto sobre los derechos digitales, coordinado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, para la apertura del Parlamento Abierto.
Ana Lilia Rivera mencionó que el Parlamento se realizará para elaborar un conjunto de proyectos legislativos en la materia, que se pretenden abordar, formalmente, en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones de la Cámara de Senadores.
Recordó que el decálogo se presentó el 27 de marzo de este año, en la Torre Tlatelolco de la UNAM, en la cual legisladoras y legisladores se reunieron con académicos nacionales e internacionales, así como representantes de la sociedad civil especializada, en el que coincidieron en los múltiples riesgos para los derechos de las personas que pueden generarse a causa de una deficiente regulación en la materia.
Además, reconocimos la responsabilidad del Poder Legislativo en llevar a cabo acciones eficaces para atender dicha problemática, comprometiéndonos a unir esfuerzos para completar un proyecto encaminado a dicho fin, por ello, hoy daremos el primer paso para el trabajo académico realizado hasta ahora, que logre trascender hacia su formalización legislativa, subrayó.
La senadora Susana Harp Iturribarría, presidenta de la Comisión de Cultura, expresó que las tecnologías de la información cambian constantemente e impactan nuestras vidas, por eso es necesario que las leyes se adapten para proteger los derechos fundamentales. Además, se requiere un amplio debate para escuchar todas las voces y legislar con cautela para evitar cruzar la línea de la censura.
“Estamos en una nueva era del desarrollo de los derechos digitales en la que es necesario poner sobre la mesa las necesidades de que el acceso a la información online sea seguro y transparente, por lo que se requiere un nuevo marco de regulación y crear proyectos legislativos que coadyuven a la protección de los derechos digitales”, abundó.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Educación, senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, consideró importante esta discusión, porque permitirá llegar a la conclusión de productos legislativos que realmente otorguen derechos digitales.
Con este tipo de eventos, dijo, podremos empezar a trabajar en una ley que nos permita garantizar los derechos digitales que requiere la sociedad, así como regular las plataformas.
John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, hizo un llamado a democratizar las redes sociales para que sean espacios libres, plurales y participativos ciudadanos, que fortalezcan en lugar de que dañen a la democracia.
Lamentó que en los últimos años las redes sociales se han convertido en un espacio de intereses de poderes, de control, violencia y desinformación, que se fomenta y facilita por grandes empresas transnacionales.
Al enlistar el decálogo, dijo que este proyecto consiste en una especie de configuración de los derechos digitales, que abarca las responsabilidades de los intermediarios en la libertad de expresión; datos personales y políticas de contenido; protocolos de combate a la desinformación.
Así como el derecho de las infancias al uso seguro de las plataformas; defensa constitucional y legal de los derechos fundamentales frente a las plataformas; derecho a la transparencia en materia de contenidos y propaganda electoral; protocolos de moderación y transparencia; derecho a la no discriminación y a la vida libre de violencia en las redes sociales, derecho a la ciber seguridad; y, derecho a las identidades.
Julián Atilano Morales, del laboratorio digital para la democracia “Tlatelolco Lab”, consideró que en México y en Latinoamérica la regulación de las redes sociales es urgente, debido a que estas plataformas son poderosos medios capaces de influir en la opinión pública y en la forma de pensar de las personas.
Por lo cual, el Poder Legislativo debe establecer medidas que promuevan la veracidad y la transparencia informativa y asegurar que las plataformas asuman su responsabilidad en la difusión de contenidos.
Esta regulación, subrayó, debe garantizar un acceso equitativo a las redes sociales tanto para las comunidades rurales indígenas y grupos vulnerables.
El decálogo, agregó, propone más de 200 modificaciones a leyes secundarias que protejan los derechos humanos de las personas.
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