- El presidente de la Junta de Coordinación Política y las senadoras Beatriz Paredes y Celeste Sánchez se reunieron con senadores de República Dominicana
En México son bienvenidos quienes actuarán como observadores internacionales en los primeros comicios con un gobierno democrático de izquierda en nuestro país, expresó el senador Ricardo Monreal Ávila.
El presidente de la Junta de Coordinación Política informó en redes sociales que sostuvo un encuentro con senadores de República Dominicana, que actuarán como observadores durante la próxima jornada electoral.
En la reunión estuvieron la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, Beatriz Paredes Rangel, y la senadora María Celeste Sánchez Sugía, de Morena.
Monreal Ávila les dio la bienvenida a los legisladores dominicanos Iván Silva, Carlos Gómez, Franklin Romero y Santiago Zorrilla, quienes fueron invitados al Senado mexicano por la senadora Beatriz Paredes.
También asistieron el embajador de República Dominicana en México, Fausto Rafael Liz Quiñones, el cónsul general, Leonardo Adames Tejada, y el ministro consejero de la Embajada de ese país, Freddy Espinosa.
“Hoy tuvimos la visita de senadores de República Dominicana, que actuarán como observadores durante la próxima jornada electoral. Bienvenidos los ojos del mundo a los primeros comicios en un gobierno democrático de izquierda en México”, escribió el senador.
Monreal Ávila ha destacado que el próximo 6 de junio se llevará a cabo la elección más grande de la historia de México:
Más de 100 mil aspirantes se disputan 20 mil 292 cargos de elección popular, locales y federales, y 92 millones de electoras y electores podrán sufragar en 163 mil 244 casillas.
En las 32 entidades federativas habrá comicios, al menos para un cargo de elección popular, federal y local. Se eligen 15 gubernaturas, 300 diputaciones federales, 30 congresos locales (mil 63 diputaciones) y mil 926 ayuntamientos en 30 entidades federativas, lo que representa 78 por ciento de los dos mil 457 de todo el país.
Mostrando las entradas con la etiqueta Senado. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Senado. Mostrar todas las entradas
viernes, 4 de junio de 2021
jueves, 20 de mayo de 2021
- La iniciativa fue turnada a las comisiones de Economía y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado
Con el objeto de implementar una plataforma digital para la promoción, difusión y comercialización de artesanías, el senador Marco Trejo Pureco propuso adicionar una fracción VI al artículo 7 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.
La propuesta, dijo el legislador del PRD, sienta las bases para proteger el patrimonio de nuestros artesanos, al fomentar su creación; además, fomenta los canales para su comercialización y exhibición.
En 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que el sector de la cultura alcanzó un Producto Interno Bruto de 724 mil 453 millones de pesos, es decir, el 3.1 por ciento del PIB del país.
Esto significa que tanto el sector de la cultura y, particularmente, la elaboración de artesanías es fundamental para el desarrollo económico, al ser una herramienta que fomenta el potencial de cada una de las regiones del país, para dar a conocer nuestra riqueza cultural y una forma de promoción turística.
La tecnología, destacó el legislador, ha demostrado que el comercio electrónico es una “tabla de salvación” para diversos productos, como las artesanías.
Trejo Pureco señaló que colocar los productos de artesanos mexicanos de las 32 entidades federativas en el mercado nacional e internacional, es clave en la innovación, pues en cada artesanía va un poco del alma de su creador, así como un pedazo de la patria.
- El objetivo, que no obtengan libertad preparatoria y no se resuelva de manera simple para quien caiga en falta
La senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo propuso reformar el Código Penal Federal, con la finalidad de que aquellos funcionarios que hayan cometido delitos de peculado no tengan libertad preparatoria.
Indicó que su propuesta busca que el peculado no se resuelva con una solución simple, que contemple únicamente la reparación de daños, como se establece actualmente, sino que el hecho de cometer un delito de esta naturaleza implique la aplicación de castigos más severos.
Por ello, planteó que cuando este ilícito se lleve a cabo con recursos destinados a la atención de grupos vulnerables, se aplique la sanción máxima que corresponda.
La legisladora de Morena consideró que este tipo de medidas ayudarán a cambiar las formas y modos en cómo deben actuar los funcionarios al servicio de la nación.
Destacó que con esta reforma se ayudará a recuperar los recursos desviados, obligará a cumplir los castigos penales en contra de los funcionarios que afectaron la integridad de la población y se evitará que aquellos ciudadanos, que ocupen cargos de tipo honorífico, queden impunes ante actos de esta naturaleza.
La ejecución de una sentencia que obligue a cumplir tiempo en prisión y, además, resarcir el daño, servirá para dar un fuerte mensaje en contra de la corrupción y marcar un hito para esta Legislatura y esta administración en la erradicación del peculado.
Sánchez Arredondo comentó que uno de los actos que más dañan a los mexicanos tienen que ver con la malversación de fondos, el desvío de recursos y el enriquecimiento ilícito a costa del presupuesto federal.
Recordó que en gobiernos anteriores, tanto federales como estatales, los desvíos de fondos programados para atender poblaciones en situación de vulnerabilidad se convirtieron en un blanco fácil de servidores públicos.
Usaron los recursos que están destinados a resolver situaciones focalizadas y que requieren de atención especializada o programas únicos, indicó.
La senadora recordó los casos de niños con cáncer, pueblos y comunidades indígenas, mujeres víctimas de violencia, grupos de campesinos, migrantes, así como aquellos programas que maneja el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia directamente y su equivalente en las entidades federativas.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores.
jueves, 13 de mayo de 2021
- Estos dispositivos pueden duplicar el riesgo de un ataque cardíaco
El Senado insistió a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que pongan en marcha campañas de concientización sobre los problemas de salud asociados a los cigarros electrónicos y vaporizadores.
En un dictamen que aprobaron en la sesión del 29 de abril, senadoras y senadores alertaron que la utilización de estos dispositivos genera inflamación de las vías respiratorias y su uso a largo plazo aumenta el riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón y posiblemente afecciones cardiovasculares.
Además, agregaron las y los legisladores, estos productos pueden duplicar el riesgo de un ataque cardíaco en una persona.
El vapor de los cigarros electrónicos contiene una gran cantidad de sustancias tóxicas con efectos sobre la salud, que inducen a una variedad de cambios patológicos significativos.Si bien, estos compuestos generalmente están presentes en niveles mucho más bajos que en el humo del cigarro convencional, la complejidad de las mezclas, en los líquidos y aerosoles de los vaporizadores, pueden causar efectos toxicológicos.
El Senado también pidió un informe sobre los resultados obtenidos en los diversos centros de salud sobre los casos detectados de enfermedad pulmonar inducida por vapeo, asociada al uso de cigarrillos electrónicos.
Es de la mayor relevancia impulsar campañas de concientización referente a estos productos, precisó, ya que, si bien en México se cuenta con campañas sobre los riesgos del tabaco, es necesario enfatizar en los problemas de salud asociados tanto a los cigarros electrónicos como a los vaporizadores.
- El senador Noé Castañón considera que se trata de una forma de crueldad animal
A fin de derogar el estatus legal de la caza deportiva y poner fin a toda actividad que atente contra la vida de los animales o que incite a conductas violentas, el senador Noé Castañón impulsa una iniciativa para reformar la Ley General de Vida Silvestre.
El proyecto fue turnado a las comisiones unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis de dictamen correspondiente.
Noé Castañón advirtió que la crueldad mostrada por las personas que consideran la cacería como una disciplina deportiva, es una señal de alarma para la construcción de una sociedad sana.
Además, conduce a una peligrosa insensibilización respecto al sufrimiento de terceros y, de acuerdo con investigaciones en psicología y criminología, las personas que maltratan animales tienen cinco veces más probabilidades de cometer agresiones contra los humanos.
Refirió que en México la caza deportiva está regulada, se desarrolla en áreas protegidas durante algunos meses del año, en los que se permite la caza de especies como el ciervo rojo, el alce, el ciervo de cola blanca o el antílope negro.
La cacería de deporte es considerada como un gran negocio en diversos lugares, pero el 40 por ciento de los cazadores también matan y hieren a millones de animales en terrenos públicos cada año.
El senador también destacó que esta práctica representa el uno por ciento del total de la industria turística en nuestro país, crece 8.8 por ciento anual y tiene mayor auge en los programas de desarrollo turísticos en Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, donde existen 12 mil 503 áreas autorizadas para dicho fin.
La mayoría de los organismos federales y estatales que gestionan refugios de vida silvestre, bosques nacionales, parques estatales y otros terrenos públicos, son financiados por las actividades de caza y pesca en una proporción, por lo que suelen alentar la actividad, en lugar de regularla o vigilarla.
miércoles, 12 de mayo de 2021
- La senadora Lucía Trasviña advirtió que sólo en marzo de este año se registraron un total de dos mil 20 violaciones
Para reforzar el diseño de políticas públicas que permitan prevenir y proteger a víctimas de abusos sexuales, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, planteó a la Comisión Permanente, la creación de un Registro Nacional de Agresores Sexuales.
En la Iniciativa, la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena considera que esta base de datos tiene que ser pública, en términos de lo dispuesto en la legislación en materia de acceso a la información y a la protección de datos personales.
Trasviña Waldenrath propuso también un registro específico de agresores sexuales para niñas, niños y adolescentes, con el propósito de contar con esta información para prevenir las agresiones en contra de menores.
Aseveró que la violencia sexual en contra de mujeres, niñas y adolescentes se ha incrementado en los últimos años, sobre todo durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mencionan que en enero de 2021 se realizaron 90 mil 528 llamadas de emergencia al 911, de las cuales se reportaron 357 llamadas por abuso sexual; 563 relacionadas al acoso u hostigamiento sexual y 226 por violación.
De enero del 2019 al mismo mes de 2020 aumentaron 14.56 por ciento las llamadas por acoso y hostigamiento sexual, se incrementaron 6.32 los incidentes por abuso sexual y 1.51 por ciento por violación.
La senadora de Morena refirió que a marzo de este año se tiene el registro de 234 presuntos delitos de feminicidio y que los estados con mayor número de casos son el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Jalisco y Chiapas.
Expuso que, con relación al delito de violación, tan sólo en marzo se registró el mayor número de casos con respecto a meses anteriores, con un total de dos mil 20 violaciones.
Apuntó que en lo que va de este año han ocurrido cuatro mil 808 presuntos delitos de violación; y durante enero, febrero y marzo hubo un crecimiento de 8.3 por ciento, del total de presuntos delitos de violación en comparación al mismo periodo de 2020.
El proyecto de decreto, que modifica el artículo 21, y adiciona un artículo 121 bis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para crear el Registro Nacional de Agresores Sexuales, y modifica el artículo 23, fracción II de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, se turnó a las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores.
- El senador Eduardo Ramírez instruyó a iniciar los trabajos a la brevedad
El Pleno de la Comisión Permanente aprobó un acuerdo por el que se integran las Comisiones de Trabajo durante el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.
El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, giró instrucciones para que los grupos de trabajo pudieran iniciar a la brevedad sus tareas correspondientes.
La Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, será presidida por el senador Martí Batres Guadarrama, de Morena; el senador Manuel Añorve Baños, PRI, y otro integrante de Morena fungirán como secretarios; mientras que la diputada Alejandra García Morlan, del PAN, se desempeñará como secretaria.
Serán integrantes de esa Comisión, las senadoras y senadores Mónica Fernández Balboa, Ana Lilia Rivera Rivera y José Ramón Enríquez Herrera, de Morena; Damián Zepeda Vidales, del PAN; Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel Lucero Olivas, del PT; e Israel Zamora Guzmán, del PVEM.
También forman parte las diputadas Adriana Paulina Teissier Zavala, del PES; y Claudia Pastor Badilla, del PRI; además de dos integrantes de Morena.
En tanto, la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, será presidida por la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu; la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI; el senador Horario González Delgadillo, del PAN; y otro legislador de Morena se desempeñarán como secretarios.
Como integrantes estarán las senadoras y senadores Nancy Sánchez Arredondo, de Morena; Marcela Mora Arellano, del PES; José Narro Céspedes, de Morena; Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Israel Zamora Guzmán, del PVEM; así como la diputada María Roselia Jiménez Pérez, del PT; el diputado Marco Antonio Adame Castillo, del PAN; además de cuatro legisladores más de Morena.
En la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, la presidencia estará a cargo de la senadora Kenia López Rabadán, del PAN.
Fueron designadas como secretarias la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena; y las diputadas Mariana Rodríguez Mier y Terán, del PRI, y Josefina Salazar Báez, del PAN.
Fungirán con integrantes las senadoras y senadores Martí Batres Guadarrama, José Narro Céspedes y Nancy Sánchez Arredondo, de Morena; las diputadas Dulce María Sauri Riancho, del PRI; Zulma Espinoza Mata, del PVEM; y Adriana Paulina Teissier Zavala, del PES; así como el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT; tres legisladores más de Morena y uno de Movimiento Ciudadano.
- El senador y el general Francisco Jesús Leana Ojeda revisaron temas de interés nacional
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Higinio Martínez Miranda, y el comandante de la 22 Zona Militar con sede en Santa María Rayón, general Francisco Jesús Leana Ojeda, analizaron temas de seguridad en el Estado de México.
En un mensaje que publicó en sus redes sociales, el senador informó que esta mañana conversó con el general sobre temas de interés nacional, sobre todo relativos a la seguridad en la entidad.
El pasado 28 de abril, Martínez Miranda e integrantes del órgano legislativo que preside sostuvieron un encuentro con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.
En esa reunión, las y los legisladores abordaron asuntos migratorios, las Operaciones de Paz y la relación bilateral militar con Estados Unidos.
Además, reconocieron el profesionalismo, compromiso y entrega del Ejército Mexicano en tareas como la atención de la población en desastres naturales.
Con este tipo de encuentros, los senadores que forman parte de la Comisión de Defensa Nacional tienen la oportunidad de fortalecer los lazos institucionales entre el Senado y los integrantes de las Fuerzas Armadas, así como conocer información valiosa sobre las actividades del Ejército y la Fuerza Aérea.
sábado, 24 de abril de 2021
- 24 candidatas y candidatos presentaron este viernes su programa de trabajo ante la Comisión de Derechos Humanos
En reunión a distancia, la Comisión de Derechos Humanos, que preside la senadora Kenia López Rabadán, inició con el desahogo de las comparecencias de las personas candidatas a integrar el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Cabe recordar que se deberán elegir nueve integrantes para el Consejo Consultivo: seis vacantes por falta absoluta y tres por renovación anual.
Este organismo tiene entre sus principales facultades establecer los lineamientos generales de actuación que guían la labor de la CNDH; la aprobación de su Reglamento interno y demás instrumentos normativos, así como las modificaciones o adiciones que se requieran.
Durante el primer día comparecieron 24 aspirantes, quienes presentaron sus programas de trabajo y describieron las razones para justificar su idoneidad para el cargo ante las y los integrantes de la Comisión.
Senadoras y senadores, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, cuestionaron a las y los aspirantes sobre los mecanismos para fortalecer al Consejo Consultivo, la promoción de los derechos humanos, los cambios o propuestas que realizarían a la CNDH en caso de ser seleccionados.
En este día asistieron Adalberto Méndez López, Adán Maldonado Sánchez, Alejandra Jazmín Simental Franco, Alejandro Rosillo Martínez, Alfredo Leal César, José Ángel Trinidad Zaldívar, Antonio Sorela Castillo, Antonio Márquez Murrieta, Beatriz Sánchez Estrada, Bernardo Romero Vázquez, Claudia Arianne Martínez Zaragoza y Cuauhtémoc Rueda Luna.
También, David Ricardo Benítez López, Eduardo de la Teja Ángeles, Eliseo Muro Ruiz, Elsa Verónica Jiménez Jiménez, Fernando Jorge Castro Trenti, Florentino Jaimes Hernández, Georgina Diédhiou Bello, Gloria Ramírez Hernández, Graciela Casas Torres, Hilda Olivia Pérez Ramírez, Irery Krystal Rebollar de los Santos y Jorge Alejandro Saavedra López.
Las comparecencias públicas se reanudarán el próximo lunes 26 de abril con la participación de 24 aspirantes más.
Una vez concluida esta etapa, se elaborará un dictamen por el que se propondrá al Pleno, a través de la Mesa Directiva, las nueve ternas de candidaturas a ocupar los cargos honorarios al Consejo Consultivo, de las que resultará, en su caso, la elección de cuatro consejeras y cinco consejeros, en observancia del principio de paridad de género.
miércoles, 17 de febrero de 2021
- El Comité tiene facultad para proponer políticas anticorrupción y vigilar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, tomó la protesta de ley correspondiente a seis de los ocho integrantes que avaló el Senado para la Comisión de Selección, que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Miguel Ángel Vázquez Placencia, Adán Córdova Trujillo, Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Armando Hernández Cruz, Mónica María del Rosario Barrera Rivera y Mauricio Reyna Lara, asistieron, de manera presencial, al acto protocolario que se llevó a cabo en la Sala Ifigenia Martínez, el 15 de febrero pasado.
Cabe recordar que, el 10 de diciembre de 2020, el Pleno del Senado de la República aprobó, por unanimidad, el nombramiento de estos ciudadanos, además de María de los Ángeles Estrada González y Pablo Armando González Ulloa Aguirre.
Aún queda un puesto pendiente de las propuestas de las instituciones de educación superior; cuya convocatoria para dicha designación se encuentra vigente desde hoy y hasta el 19 de febrero.
La Comisión de Selección se integra con cinco personas propuestas por instituciones de educación superior e investigación y cuatro por organizaciones de la sociedad civil vinculadas a materias de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Las y los integrantes de este organismo, los cuales cuentan con un cargo honorífico, se encargarán de designar a los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana, rector del Sistema Nacional Anticorrupción y canal de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno.
El Comité tiene facultad para proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y, principalmente, vigilar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Miguel Ángel Vázquez Placencia, Adán Córdova Trujillo, Armando Hernández Cruz y María de los Ángeles Estrada González, fueron propuestos por las instituciones de educación superior y de investigación.
Y Mauricio Reyna Lara, Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Mónica María del Rosario Barrera Rivera y Pablo Armando González Ulloa Aguirre, son perfiles presentados por las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Los nuevos integrantes de la Comisión de Selección iniciarán de manera inmediata los trabajos para elegir los perfiles que conformarán a dicho Comité.
domingo, 31 de enero de 2021
- Inicia Periodo Ordinario con sesión presencial
El Senado de la República se prepara para retomar sus trabajos legislativos, con todas las medidas sanitarias que eviten la propagación del SARS-CoV-2 y garanticen la salud de las y los legisladores, así como del personal que labora en este recinto parlamentario.
Ante la apertura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, del Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, que se llevará a cabo este 1 de febrero, por instrucciones de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, que presiden los senadores Ricardo Monreal Ávila y Eduardo Ramírez, la Cámara de Senadores reforzó las acciones para mitigar los contagios.
Además, de la desinfección de todos los inmuebles del recinto; lavado exhaustivo con cloro de todas las áreas; tapetes sanitizantes en los accesos y áreas comunes, como elevadores, salas de juntas, Salón del Pleno y otros espacios en los que hay mayor tránsito y permanencia de personas.
Así como racks con lámpara de rayos UV en los ductos del Salón de Sesiones, para eliminar gérmenes y desinfectar el flujo de aire de inyección; filtros para el ingreso que incluyen la toma de temperatura a la entrada de las instalaciones, así como la entrega de gel antibacterial y dispensadores con este producto en pasillos y en las diferentes áreas de la Cámara.
El personal de seguridad y resguardo tienen la instrucción de detectar a las personas que no porten cubrebocas, a fin de exhortarlas a que lo hagan, así como para dispersar reuniones en áreas comunes en las que no se observe la sana distancia requerida.
De acuerdo con la bitácora para estas acciones, supervisada por la Secretaría General de Servicios Administrativos, a cargo de Mauricio Farah, las personas que sean detectadas con fiebre pasarán al servicio médico para su revisión, de acuerdo con el protocolo establecido.
Estas disposiciones se suman a las acciones previamente establecidas en el Plan Mínimo de Operaciones, que fue ratificado por la Mesa Directiva, y que establece las acciones del Senado de la República para lograr el distanciamiento social y la mitigación del virus.
martes, 5 de enero de 2021
La iniciativa propuesta en el Senado de la República para reformar la Ley del Banco de México (Banxico), pondría en riesgo la autonomía de éste así como la garantía de la estabilidad en la economía del país, consideró el Dr. Luis Güemez, Docente de la CETYS Graduate School of Business en el Campus Mexicali.
Si bien la discusión de dicha iniciativa al ser turnada al Congreso de la Unión, quedó pospuesta hasta febrero de 2021, detalló, en caso aprobarse podría forzar a Banxico a comprar divisas que carezcan de la posibilidad de comprobar su origen.
Esto porque la iniciativa plantea que el Banco de México se obligue a ser, en última instancia, el comprador del dinero extranjero que ingresa al país y que no pudo ser repatriado, es decir, hacerse con los activos que no cuenten con respaldo legal para verificar su procedencia. 
De acuerdo con el docente, en caso de que la reforma pase todos los filtros necesarios para promulgarse, se entraría en una disonancia de discurso, pues esto violentaría la autonomía y razón de ser del Banco de México, poniendo en riesgo la reputación del país ante organismos internacionales que otorgan créditos monetarios.
Sin embargo, la justificación del Senado sobre la propuesta de modificación es la pretensión de apoyar a los mexicanos que radican en Estados Unidos de América y envían remesas a sus familias, así como los turistas extranjeros que visitan el país.
“Esta necesidad como tal no existe, puesto que ya hay mecanismos para ello, ese dinero que llega de los paisanos ingresa de manera legal y se pueden cambiar en los tan conocidos Money Order o bien a través de bancos que están regulados para la compra de dólares”, indicó el académico.
Recordó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el año 2019 se recibieron 470 millones de dólares en el país, de los cuales 77 millones se vendieron en casas de cambio e ingresaron directamente en efectivo, es decir, menos del 1%.
“En las próximas semanas habrá que estar al pendiente de la decisión e impacto de la resolución que emitan quienes representan a la población mexicana en la Cámara de Diputados”, concluyó el experto.
martes, 29 de diciembre de 2020
- No obstante las restricciones sanitarias por la pandemia, se espera que miles de familias retornen con motivo del fin de año en México: Sasil de León
Ante los abusos que sufren las y los connacionales que en temporada decembrina regresan de Estados Unidos a México, la senadora Sasil de León Villard pidió al Gobierno Federal que, en coordinación con las autoridades de los estados, prevenga y garantice la integridad y el derecho al libre tránsito de esas personas.
La legisladora de Encuentro Social señaló que no obstante que las restricciones sanitarias por la pandemia inhibirán la cantidad, se espera que miles de familias migrantes pasen el fin de año en México; por lo que urgió a establecer mecanismos efectivos de denuncia y sanciones para los servidores públicos que transgredan los derechos humanos de estos mexicanos.
Mencionó que en esta época del año las personas migrantes se encuentran en el trayecto con diversas dificultades, como extorsiones, asaltos y violaciones a sus derechos por parte de funcionarios de gobierno, debido a que traen consigo dinero u objetos de valor.
Dijo que para evitar esos abusos, se han llevado a cabo diversos programas, impulsados por líderes de organizaciones sociales, empresariales, políticas y religiosas de la comunidad mexicana y mexicano-americana residentes en los Estados Unidos.
Refirió que, por su parte, el Gobierno Federal lanzó un programa integral que incluye a la Guardia Nacional para atender y proteger de abusos a los mexicanos que residen en Estados Unidos y que regresan al país en esta temporada del año.
Pero es fundamental también, apuntó, propiciar una coordinación intersectorial e intergubernamental para que las políticas públicas, además de garantizar seguridad, también les proporcionen alimentación, servicios médicos, alojamiento, vestido, asistencia jurídica, orientación social y, en su caso, servicios de transportación y funerarios.
En ese sentido, manifestó la senadora Sasil de León, el gobierno puede hacerlo de forma directa o a través del apoyo monetario a asociaciones civiles y escuelas de educación media superior o en especie, cuando sean asociaciones religiosas que apoyen a los migrantes, pero que rindan cuentas a las autoridades sobre la ayuda que otorguen a ese sector.
Para esto, los diferentes niveles de gobierno, las dependencias y entidades donde se encuentren los migrantes, deberán promover el otorgamiento de incentivos, en los términos de las disposiciones legales aplicables, a quienes realicen actividades a favor de ellos, indicó.
domingo, 11 de octubre de 2020
- Lamentó que en el contexto actual, de la pandemia por Covid-19, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el servicio a casi 700 mil hogares por impago.
A fin de establecer como derecho humano el servicio de suministro eléctrico, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, propuso modificar el Artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica y el Artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Al fundamentar la propuesta, la legisladora señaló que con este cambio se busca obligar al Estado a mejorar el acceso a este recurso que debe ser regulado por un régimen especial de derecho público y con subsidios de oferta para los sectores de menores recursos económicos, además de establecer mínimos vitales gratuitos.
Del mismo modo, su propuesta determina que los servicios públicos, como el agua potable, energía eléctrica, alumbrado y alcantarillado deben ser proporcionados de manera regular y continua sin interrupciones, a pesar de la falta de pago.
“Estos servicios se tratan de las condiciones sustentables mínimas para la dignidad en la vida de los habitantes de nuestro país, por ello, resulta imprescindible que el Estado cumpla un rol activo de manera de garantizar el acceso universal a estos recursos, aún cuando su prestación se encuentre delegada en manos de empresas privadas”, apuntó la legisladora por Nayarit.
La integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo destacó que la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución 65/151, reseñó que el Estado tiene la obligación de asegurar la entrega del servicio eléctrico como parte de un piso de derechos mínimos que tiene que garantizar a toda la población.
“La energía está relacionada con prácticamente todas las actividades de la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, en México 35 mil hogares no gozan de energía; según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), estos son los hogares con las condiciones más extremas de pobreza energética”, mencionó.
Y lamentó que en el contexto actual, de la pandemia por Covid-19, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el servicio a casi 700 mil hogares por impago.
“En abril, la medida afectó a 329.668 usuarios domésticos y en mayo a 362.986, un incremento del 10%, según datos proporcionados por la empresa. Si bien se trata de cifras menores a las de los dos meses previos al inicio del confinamiento, los cortes se dan cuando una gran parte de la población está trabajando desde casa y otra ha perdido su empleo”, detalló la legisladora.
Cora Cecilia Pinedo, aseveró que la situación actual ya es de por si demasiado grave, en México, pues existen más de 500 mil viviendas sin electricidad, principalmente en comunidades indígenas y rurales; por lo que resulta fundamental establecer un marco regulatorio que permita a toda persona tener acceso a este servicio de manera suficiente, equitativa y sustentable.
“Prevenir la afectación de los grupos más vulnerables y garantizar el derecho de acceso a los servicios públicos básicos es precisamente el motivo del presente proyecto”, concluyó.
jueves, 8 de octubre de 2020
• El IBD firma convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Nuevo León A.C.
• Se generarán instrumentos para la reforma al sistema de justicia que en estos momentos se encuentra en proceso de análisis en el Senado.
Cuando se escuchan todas las visiones podemos construir leyes que funcionen y beneficien a todos, afirmó el senador Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).
Durante la firma del convenio del convenio de colaboración entre el Colegio de Abogados de Nuevo León, el senador Osorio Chong expresó que “cuando se escucha a la evidencia científica los proyectos son más exitosos y con servidores públicos capacitados, el gobierno y el congreso funcionan mejor”.
El presidente del IBD señaló que, en los últimos dos años, el Instituto ha abierto sus puertas a las entidades, las universidades y la sociedad como nunca se había logrado, con el fin de que su trabajo rinda mejores frutos.
Dijo que el conocimiento del Colegio de Abogados de Nuevo León vendrá a sumar en el análisis de la reforma al sistema de justicia y el mejoramiento del sistema penal acusatorio, para seguir avanzando en una justicia más expedita en nuestro país.
El maestro José Manuel Cardona Monreal, presidente-rector del Colegio de Abogados, manifestó que la firma del convenio con el IBD permitirá a ambas instituciones seguir creciendo juntos.
El senador Samuel García Sepúlveda felicitó al Instituto por su labor impecable y apartidista, mientras que el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís destacó la importancia del convenio suscrito para el análisis de las decisiones de las autoridades jurisdiccionales. Ambos senadores, representantes del estado de Nuevo León, participaron en el evento como invitados especiales.
La directora general de Difusión y Publicaciones del IBD, Martha Patricia Patiño Fierro, apuntó que la colaboración con el Colegio de Abogados de Nuevo León abrirá nuevas rutas para la comprensión de los problemas jurídicos del país, la promoción de la cultura de la legalidad y el fortalecimiento del Estado democrático de derecho.
La funcionaria reafirmó el compromiso del Instituto con la producción e intercambio de conocimientos de cara a los retos que enfrentamos como país.
lunes, 5 de octubre de 2020
- Estamos planteando un sistema jurídico de alto nivel, en el que se consideren nuevas herramientas para la impartición de justicia y un sistema moderno, apunta Ricardo Monreal.
El Grupo Parlamentario de Morena garantizará que todas y todos los ciudadanos tengan acceso al derecho humano de la justicia y, por su naturaleza, los medios alternativos de solución de controversia que privilegien de manera regulada su participación en la solución de sus conflictos, sin que necesariamente tengan que acudir ante los órganos jurisdiccionales, afirmó Ricardo Monreal.
Lo anterior, en el marco de una reunión a distancia con presidentas y presidentes de los tribunales superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para revisar los resultados de los trabajos sobre la iniciativa de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y la reforma al artículo 116 Constitucional, en la que también participó el presidente de la Comisión de Justicia, senador Julio Menchaca Salazar.
Ricardo Monreal Ávila señaló que, desde el 2014, los medios alternativos de solución de controversias son una realidad en nuestro país, sin embargo, indicó que esto sucede exclusivamente en materia penal, ámbito en el que ha dado un resultado benéfico, por lo que consideró necesario su uso en otras materias como la familiar, civil, mercantil y administrativa.
En este sentido, informó que la bancada de Morena ante el Pleno del Senado la iniciativa para crear Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias, la cual busca brindar a la ciudadanía una opción de acercamiento a la justicia.
El legislador insistió que entre los objetivos de la propuesta se encuentra que todas y todos los ciudadanos tengan acceso al derecho humano de la justicia y, por su naturaleza, los medios alternativos de solución de controversia privilegian de manera regulada su participación en la solución de sus conflictos, sin que necesariamente tengan que acudir ante los órganos jurisdiccionales.
Además, agregó, facilita la despresurización de la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y establece una nueva forma de impartición de justicia, lo cual fortalecerá al sistema jurídico mexicano, marcando un antes y un después en el acceso a la justicia.
Afirmó que con la iniciativa se sentarán las bases y principios para la distribución de competencias en los tres ámbitos de Gobierno y, en consecuencia, para su aplicación por autoridades federales, estatales y municipales. “Si no existe uniformidad en la aplicación de los mecanismos alternativos, se genera discrepancia jurídica en todos los niveles de gobierno, situación que queremos evitar con la expedición de esta ley general”, sentenció.
Asimismo, Monreal Ávila puntualizó que la pandemia por Covid-19 ha expuesto la necesidad de recurrir a mecanismos alternativos de solución de controversias para garantizar el acceso a la impartición de justicia y poder evitar la sobresaturación de la carga de trabajo en los tribunales.
“Por eso es que estamos planteando este sistema jurídico de alto nivel, en el que se consideren nuevas herramientas para la impartición de justicia, y un sistema moderno y acorde a las necesidades de las nuevas generaciones”, aseveró.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Julio Menchaca, explicó que, con la Ley General de Medios Alternativos en la Solución de Controversias, se espera propiciar un cambio de chip en la sociedad y que no todo se concentre en la demanda y saturación de juzgados.
La participación de los magistrados y magistradas en este foro, detalló el legislador por Morena, es importante porque cuentan con Centros de Mediación que les permite mayor expertis y conocimiento para aportar a la nueva ley.
En este sentido, agregó que es fundamental homologar la ruta para establecer las mismas condiciones para los facilitadores en los estados. Es necesario tener control de las personas acreditadas a nivel nacional para que tengan la misma posibilidad de acceso y de desarrollo profesional, acotó.
Agregó que el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), es una institución que puede participar con los centros estatales de mediación dependientes de los poderes judiciales.
Respecto al tema de presupuesto, precisó que se tendrá una reunión en parlamento abierto con gobernadores, porque efectivamente hay desproporciones en las entidades. No obstante, aseveró, se cuidará que el presupuesto sea irreductible.
Adicionalmente, Menchaca Salazar recalcó que para el Senado es un reto la modificación al Artículo 116 Constitucional y otras legislaciones y medidas para fortalecer no solamente a los tribunales de justicia, sino también de justicia administrativa, agrarios y laborales.
Para ello, señaló, el senador Ricardo Monreal realiza el Foro Desafíos de la Justicia Mexicana, para que todas las personas tengan acceso a la justicia.
En su participación, el presidente del Tribunal Superior de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Rafael Guerra Álvarez, aseguró que el equilibrio y la colaboración de los poderes, representa mucho más que una convivencia política. “Representa el ciclo en el que el poder soberano emana del pueblo y regresa al pueblo. Representa dinamismo, pan y orden”, apuntó.
El magistrado agradeció al Senado de la República por permitir la participación de los integrantes de los tribunales, ya que finalmente son las juzgadoras y los juzgadores los que aplicarán las leyes que se emitan. “Qué mejor con esa coordinación que nos escuche, que nos tomen en cuenta con los puntos de vista; ténganlo por seguro que vamos a tener una mejor impartición de justicia para todo el país”, acotó.
Enrique Inzunza Cázarez, magistrado presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa, propuso que antes de atender los temas de la agenda de la justicia nacional, se debe fortalecer el presupuesto destinado a los poderes judiciales de los estados.
Indicó que la centralización del sistema de justicia ha generado una asimetría en la asignación de recursos públicos. Actualmente, explicó, los presupuestos de los poderes judiciales locales juntos no alcanza siquiera la mitad de lo que se asigna al Poder Judicial de la Federación, algo que es anormal.
El magistrado consideró que esta situación es contradictoria, pues la Federación tiene una competencia “residual” porque, apenas una cuarta parte de todos los asuntos que ingresan en materia de justicia, son de esa jurisdicción.
A su vez, Martha Laura Garza, titular del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias de Nuevo León, dijo que la falta de presupuesto, material, recursos humanos y de espacios necesarios, podrían ocasionar un “cuello de botella” en la aplicación de este tipo de mecanismos.
Por ello, dijo, es importante fortalecer los recursos y estipular que la entrada en vigor de la ley sea de manera gradual y paulatina. Con los recursos humanos que se tienen actualmente no se podría dar abasto y generaría un cuello de botella, advirtió.
En la discusión también participaron el presidente del Tribunal de Nuevo León, Francisco Javier Mendoza Torres; el titular de el de Tamaulipas, Horacio Ortiz Renán; de Puebla, Héctor Sánchez Sánchez; y de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup.
.jpg)
