Presentan proyecto para eliminar estatus legal de la caza deportiva en México.

• El senador Noé Castañón considera que se trata de una forma de crueldad animal  

 

 

A fin de derogar el estatus legal de la caza deportiva y poner fin a toda actividad que atente contra la vida de los animales o que incite a conductas violentas, el senador Noé Castañón impulsa una iniciativa para reformar la Ley General de Vida Silvestre.  

 

El proyecto fue turnado a las comisiones unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis de dictamen correspondiente. 

 

Noé Castañón advirtió que la crueldad mostrada por las personas que consideran la cacería como una disciplina deportiva, es una señal de alarma para la construcción de una sociedad sana.  

 

Además, conduce a una peligrosa insensibilización respecto al sufrimiento de terceros y, de acuerdo con investigaciones en psicología y criminología, las personas que maltratan animales tienen cinco veces más probabilidades de cometer agresiones contra los humanos.  

 

En ese sentido, el legislador de Movimiento Ciudadano enfatizó que este tipo de violencia debe ser considerada como un problema de salud pública.  

 

Refirió que en México la caza deportiva está regulada, se desarrolla en áreas protegidas durante algunos meses del año, en los que se permite la caza de especies como el ciervo rojo, el alce, el ciervo de cola blanca o el antílope negro. 

 

La cacería de deporte es considerada como un gran negocio en diversos lugares, pero el 40 por ciento de los cazadores también matan y hieren a millones de animales en terrenos públicos cada año. 

 

El senador también destacó que esta práctica representa el uno por ciento del total de la industria turística en nuestro país, crece 8.8 por ciento anual y tiene mayor auge en los programas de desarrollo turísticos en Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, donde existen 12 mil 503 áreas autorizadas para dicho fin. 

 

La mayoría de los organismos federales y estatales que gestionan refugios de vida silvestre, bosques nacionales, parques estatales y otros terrenos públicos, son financiados por las actividades de caza y pesca en una proporción, por lo que suelen alentar la actividad, en lugar de regularla o vigilarla.