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viernes, 6 de octubre de 2023
jueves, 14 de septiembre de 2023
- A pesar de que la norma que los protege cumplirá una década de vigencia, los delitos contra comunicadores no han cesado, advierte García Yáñez
Nuestro país cuenta con una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; sin embargo, el legislador del PRI advirtió que, a pesar de que la norma cumplirá próximamente una década de vigencia, “prácticamente han sido nulos los resultados, pues las agresiones y asesinatos de periodistas no han cesado”.
Ante la problemática, propuso al Pleno del Senado de la República especificar en la Constitución Política que las autoridades federales persigan de oficio, es decir, que no requiera una denuncia para comenzar investigación, los delitos cometidos contra periodistas.
El legislador sostuvo en tribuna que si bien las leyes mexicanas establecen medidas para garantizar la seguridad de las y los periodistas, en muchos casos éstos rechazan la ayuda, por falta de confianza en las autoridades y el temor fundado de que “supuestamente se les va a proteger”.
“Por ello, debemos generar un verdadero mecanismo que dé certidumbre y confianza en que, de manera profesional, se les brindará la ayuda necesaria”, enfatizó el senador.
García Yáñez destacó que la libertad de expresión y el derecho que tenemos todas y todos los ciudadanos de estar informados está en riesgo, puesto que no se respeta el artículo 6 constitucional que prohíbe sancionar la libre manifestación de ideas, salvo cuando atenten contra la integridad de terceros.
Por otra parte, dijo que el pasado 8 de septiembre se conmemoró el Día Internacional del Periodista, que se estableció durante el Primer Congreso de Periodistas en 1938, “por ello la importancia de la iniciativa: debemos garantizar que el derecho a la información no se vea amenazado, que proteja a los hombres y mujeres que nos informan día tras día”
Su iniciativa fue turnada para análisis y dictaminación a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
martes, 16 de agosto de 2022
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jueves, 28 de julio de 2022
- Reconoce el diputado Aguilar Piña que la persecución y sanción de este delito es complejo, derivado de su diversificación.
El diputado Kevin Ángelo Aguilar Piña propuso una iniciativa para reformar el Código Penal Federal a fin de establecer como agravante que, si el delito de extorsión es cometido desee ell interior de un centro penitenciario por una persona privada de su libertad, la pena a aplicarse deberá ser de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días de multa.
El legislador del PVEM reconoció que delito de extorsión se ha incrementado de forma alarmante en México durante la última década, pues a pesar de encontrase totalmente tipificado en dicho instrumento legal, su persecución y sanción se han vuelto muy complejas derivado de su diversificación.
Por esta situación, asentó, existe la obligación de robustecer los marcos normativos que contemplen tipos penales y sanciones ejemplares para castigar las conductas antisociales que afectan la tranquilidad y la paz social.
Además, reconoció que una de las formas más comunes de extorsionar es a través de llamadas telefónicas, delito que ha incrementado, por lo que las autoridades establecieron medidas especiales debido a que un número importante de llamadas se realiza desde el interior de las diferentes cárceles del país.
Aguilar Piña refirió que diversos estudios en criminología y sociología destacan que el incremento en las penas privativas de la libertad puede contribuir en aminorar el fenómeno delictivo, no obstante, dijo, deben acompañarse de políticas públicas integrales para un resultado altamente efectivo.
Lo anterior, dijo, porque hay una importante cifra negra -delitos que no se denuncian- que impiden conocer de forma real la magnitud del problema y el impacto económico negativo que genera en las víctimas y en la sociedad.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
lunes, 25 de julio de 2022
- Es necesario prevenir cualquier posible error en la integración de las carpetas de investigación derivado de las diferencias que hay entre los códigos penales estatales.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseveró que es urgente homologar el delito de feminicidio en todo el territorio nacional para evitar la obstaculización de la judicialización de estos crímenes e inhibir esta problemática que afecta al país.
Durante la serie de Diálogos Parlamentarios, “Iniciativa de tipo penal de feminicidio”, la senadora aseveró que contar con un tipo penal único, así una como una solución ágil y respetuosa del régimen constitucional que contribuya a la nueva forma de protección de la dignidad de las mujeres, es más que necesario.
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La propuesta reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer criterios que permitan a las autoridades de todos los estados utilizar los mismos parámetros de razonamiento y argumentación para investigar y sancionar este delito.
Además, busca que las autoridades puedan contar con un parámetro de razonamiento y argumentación, es decir, elementos normativos idénticos que les permitan impedir cualquier resquicio de imparcialidad o error en la integración de las carpetas de investigación.
Sánchez Cordero aclaró que no se realiza una reforma constitucional porque es un camino más largo, en el cual se pueden enfrentar a más resistencias. Por ello, dijo, se decidió reformar la Ley General, pues es el camino más adecuado y rápido.
La senadora detalló que los feminicidios aumentaron un 137 por cientos entre 2015 y 2021; de ellos, el 97.7 por ciento no son denunciados, ya que las autoridades se han quedado cortas para hacer justicia debido a que la forma en que se tipifica el delito varía en las entidades federativas.
A su vez, la presidenta de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidio de niñas y adolescentes, senadora Gabriela López Gómez, indicó que este grupo de trabajo tiene el objetivo de promover la homologación de este delito en el marco normativo de las 32 entidades federativas.
La propuesta de reforma, detalló, busca establecer un tipo penal único en la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia que aplique en todo el territorio nacional. Además, busca unificar la pena en todas las entidades federativas para que se establezca una sanción de 40 a 60 años de prisión.
La pena se agravará hasta en una tercera parte cuando la víctima sea menor de edad, cuando el delito fue cometido por dos o más personas o cuando sea cometido en presencia de alguien con quien tenga un vínculo de parentesco.
La legisladora de Morena reconoció que esta reforma no erradicará esta problemática, pero si ayuda a contar con una legislación más robusta y uniforme; “la ley no es suficiente, pero sin ella no es posible empezar a resolver los problemas”. Además, dijo que la educación es el siguiente paso, por lo que confió en que se pueda cambiar la conciencia de la sociedad.
Fabiola Alanís Sámano, comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres señaló que en Gobierno Federal están conscientes que los contextos criminales de cada entidad contribuyen a que se marquen diferencias.
Las diferencias en la tipificación, los protocolos, los manuales y las formas de investigar el feminicidio, denunció la funcionaria, son la base de la desigualdad y de la imposibilidad de acceder a la justicia.
Por ello, celebró la presentación de la iniciativa elaborada por las senadoras Olga Sánchez Cordero y Gabriela López Gómez, ya que erradicar la violencia en contra las mujeres es uno de los grandes desafíos de la sociedad.
Nadine Gasman, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), pidió poner un alto a las agresiones feminicidas y a la impunidad de este crimen en todo el país, toda vez que siete de cada 10 mujeres sufrieron violencia alguna vez en su vida y 73 por ciento se siente insegura al salir a la calle.
“Tan sólo de enero a junio de 2022 se registraron mil 891 muertes violentas de mujeres, de ellas 147 eran niñas y adolescentes”, puntualizó.
La directora del Inmujeres aseguró que se necesita incentivar la permanencia del diálogo y la reflexión crítica y constructiva respecto al feminicidio y su tipificación en cada uno de los estados, además de dotar de presupuesto suficiente y específico a las instituciones públicas encargadas de investigar y atender estos delitos.
A su vez, Pilar Barros, coordinadora del Grupo Interinstitucional de Estrategias Contra la Violencia, de la secretaría de Gobernación, aseveró que es importante que el tipo penal no sea el obstáculo para que las mujeres accedan a la justicia.
Tener una homologación nacional y poder crear todo un cuerpo de sentencias y una metodología de investigación en las entidades es la mejor manera para combatir este flagelo que desgarra el tejido social, mencionó.
domingo, 8 de mayo de 2022
Por Alberto Esteves Arreola
miércoles, 30 de marzo de 2022
Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc, desmintió que exista una carpeta de investigación en su contra por el presunto delito de intento de secuestro y lamentó que se pretenda desvirtuar su imagen con videos del pasado.
Asimismo declaró: si bien hablamos de libertad de expresión, a la que tenemos todos derecho, cuando los ataques se encaminan a afectar no solo la imagen pública del funcionario sino mi imagen personal, se demuestra que esa libertad de expresión rebasa límites.
Se observan, dijo, agresiones más allá de la función pública que represento, pues se direccionan con el ánimo de afectar a mi persona, en mi calidad de mujer, lo cual puede convertirse en agresiones de género, por lo que el tema puede derivar en violencia política en razón de género de conformidad con lo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia.
jueves, 3 de marzo de 2022
- El decreto 848 que reforma diversos artículos del Código Penal del estado, crea delitos declarados inconstitucionales por la SCJN, afirma el senador Miguel Ángel Mancera
El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, presentó ante el Pleno del Senado un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presente una iniciativa de ley para derogar el delito de ultrajes a la autoridad contenido en el artículo 331 Bis del Código Penal de esa entidad.
En el proyecto, turnado a la Comisión de Gobernación, el legislador explicó que el pasado 11 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial del gobierno veracruzano, el decreto número 848 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal del estado, en materia de extorsión, robo, despojo y ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública y contra la seguridad de la comunidad.
El senador consideró que el decreto 848 reforma diversos artículos, para crear dos delitos sumamente cuestionados, e incluso, declarados como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primero de ellos el contenido en el Capítulo VIl, específicamente en el artículo 331 denominado “Ultrajes a la autoridad” dentro del Título XVII.
Mancera Espinosa agregó que otro artículo reformado es el 371 Quinquies, dentro del Título XXII, Delitos contra la Seguridad Pública, Capítulo 1, Delitos Contra las Instituciones de Seguridad Pública.
Éste articulo castiga “a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.
Sin embargo, acotó el senador, ante una eventual derogación del artículo 331, “hace falta también la expulsión del artículo 371 Quinquies, ambos del Código Penal de Veracruz, pues de la simple comparación de ambos artículos se desprende la existencia de una conducta similar, la única diferencia es que en el 331 se refiere: “a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.
viernes, 25 de febrero de 2022
La propuesta busca actualizar la legislación para darle la atención necesaria a este delito
Las comisiones unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron un proyecto de decreto, para que se reconozcan en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los ataques con ácido en contra de las mujeres, como una forma de violencia física.
De esta forma, estos órganos legislativos, que presiden las senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Ana Lilia Rivera Rivera, buscan visibilizar la gravedad de este tipo de violencia en contra de las mujeres, así como brindarles a las víctimas las herramientas jurídicas que les permitan acceder a su derecho a la justicia y ser sujetas a la reparación de los daños correspondientes.
El documento refiere que es necesario actualizar dicha legislación, debido a que aún no considera como violencia contra las mujeres este tipo de ataques.
En este sentido, las reformas plantean que se establezca como violencia física a los ataques con ácido, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones, pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas, o ambas.
La violencia de género a través de ataques con ácido, agrega el proyecto de dictamen, son una forma extrema de violencia contra las mujeres que pretende marcar su cuerpo y prolongar el dolor de éstas, el cual puede incluso provocarles la muerte.
Dicho delito, agrega la propuesta, no está recibiendo la atención necesaria y, por ende, requieren de la atención adecuada, no solo para sancionar a las personas responsables, también para prevenir y garantizar las acciones para la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.
En la misma reunión de trabajo, las y los senadores, también aprobaron establecer en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que la Federación, estados y municipios instauren modelos de atención, prevención y sanción, que permitan la protección de las víctimas de violencia familiar.
Para ello, se plantea instaurar procedimientos que promuevan la atención oportuna y eficaz de las víctimas por medios digitales o remotos, preservando en todo momento su seguridad, confidencialidad y protección de sus datos personales.
Así como establecer medios y canales alternativos de denuncia que garanticen el acceso a la atención oportuna y eficaz de las víctimas que no cuentan con la oportunidad de acceder a servicios de Internet o dispositivos electrónicos, o bien, su acceso a los mismos es limitado.
El dictamen precisa que es indispensable que todas las entidades federativas cuenten con los medios digitales para atención a víctimas de delitos, especialmente las mujeres víctimas de violencia familiar, las cuales tienen realidades diferentes, por las que pueden verse frente a mayores dificultades para denunciar a la persona agresora.
Asimismo, las y los integrantes de las comisiones avalaron reformar la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a efecto de que las autoridades tengan la responsabilidad de diseñar políticas y programas de desarrollo empresarial, industrial y comercial en favor del empoderamiento igualitario.
La igualdad entre géneros no sólo es un derecho humano, sino que representa la base para poder alcanzar una sociedad más equitativa y con mayores oportunidades para las mujeres en todos los ámbitos de desarrollo, coincidieron las y los legisladores.
Posteriormente, en el apartado de asuntos generales, la senadora Martha Lucía Micher Camarena se pronunció en contra de las declaraciones hechas por el comunicador “Chumel Torres”, en contra de la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena.
Burlarse públicamente de ella y de su derecho a una vida libre de violencia, nos agravia a todas, por lo que haré un llamado a la Secretaría de Gobernación, para que no expida permisos a empresas que denostan y atentan contra la dignidad, expresó.
La senadora de Morena, Bertha Alicia Caraveo Camarena manifestó que fue víctima de insultos y de violencia política de género, por lo que presentará en las instancias correspondientes una denuncia en contra de la persona que hizo los comentarios en un medio público.
En su oportunidad, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, también de Morena, dijo que la agresión verbal y la acción de misoginia, es la reacción de un hombre “inculto, inhumano, ignorante y con el poder de expresar en medios públicos pensamientos que denostan la dignidad de la senadora”.
lunes, 14 de febrero de 2022
En algunas entidades esta práctica puede constituir un delito y en otros sólo hay sanciones administrativas: Rocío Abreu.
El Senado ha aprobado reformas importantes, como la de la Ley General de Salud que prohíbe el uso de animales en pruebas de investigación para productos cosméticos, pero se requiere que estos cambios se homologuen en cada entidad federativa, para que se pueda prevenir y sancionar esta práctica de manera eficaz, afirmó la senadora Rocío Abreu Artiñano.
Dijo que cada estado cuenta con su propia normativa, por lo que en algunas entidades las pruebas en animales para productos cosméticos pueden constituir un delito, y en otras sólo hay sanciones administrativas, por lo que es indispensable armonizar la reforma a la Ley General de Salud, que aprobó la Cámara de Senadores.
Abreu Artiñano consideró importante que la sociedad, asociaciones, organismos y legisladores “trabajemos para encontrar puntos de equilibrio, que permitan transitar hacia una sociedad más respetuosa hacia los animales”.
Recordó que ella impulsó una iniciativa para reformar la Constitución y reconocer a los animales como seres vivos, sintientes y sujetos de derechos, que ya aprobó el Senado y fue enviada a la Cámara de Diputados.
En este sentido, hizo un llamado a la colegisladora para que avalen esta propuesta y así incluir, dentro de la legislación federal, el tema del maltrato animal: “es muy importante seguir avanzando en estas acciones desde los congresos locales y desde el Congreso de la Unión”.
Blanca Alicia Mendoza Vera, procuradora Federal de Protección al Ambiente, refirió que la reforma para prohibir el uso de animales en pruebas cosméticas, “nos lleva a reflexionar sobre la obligación que tenemos todos para respetar y cuidar a estos seres vivos”.
Estos cambios, agregó, son trascendentes, porque reconocen un principio fundamental en materia ambiental, en la medida en que avanzan los conocimientos científicos para cuidar y respetar a todos los seres vivos.
Alejandro Arena Barroso, presidente del Patronato del Zoológico de León, Guanajuato, subrayó que los zoológicos en el país no se justifican sólo para brindar un espectáculo o para alimentar a los animales, sino que tienen una misión educativa y científica, para habilitar espacios apropiados para la reproducción de especies que se encuentran en peligro de extinción.
Carlos Fernando Esquivel Lacroix, director general de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, destacó los avances constitucionales de conservación y salvaguarda animal de la capital del país, así como la aplicación del Estado de derecho; por ello, hizo un llamado para conservar los ecosistemas apoyados en la ciencia y la academia.
miércoles, 9 de febrero de 2022
- Solicita que Poder Judicial del estado aplique Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN
La Cámara de Senadores solicitó al Fiscal General de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, un informe respecto su actuación en los procedimientos penales sobre los delitos cometidos en contra de mujeres, en los que ha solicitado la reclasificación de dichos ilícitos, así como los argumentos con perspectiva de género en los cuales se ha basado para dicha determinación.
Exhortaron a la Fiscalía General de ese estado para que se actúe con la debida diligencia y desde una perspectiva de género, en la Carpeta de Investigación C.I.68977/2021 iniciada por el delito de violación en contra de “Jorge N”, y se respeten, en todo momento, los derechos humanos de la víctima “María José N”.
Además, le hicieron un llamado para que garantice la participación activa de las víctimas en ese procedimiento penal y les permita a las víctimas el acceso a la carpeta de investigación.
El Senado también solicitó que el Poder Judicial de Guanajuato informe sobre sus actuaciones con perspectiva de género en los casos de delitos de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, y que aplique el Protocolo correspondiente que mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al presentar el dictamen, aprobado en votación económica, la senadora Martha Lucía Micher Camarena destacó que el acuerdo tiene como base la denuncia por violación de “Regina N”, en contra de “Jorge N”, y que motivó que un juez de control lo vinculara a proceso, acusado de dicho delito.
Sin embargo, denunció que el inculpado se inconformó y solicitó al Juzgado de Oralidad Penal reclasificar el delito de violación por el de abuso sexual, con lo cual el imputado pudiera enfrentar el proceso en libertad, por lo que “Jorge N” fue puesto en libertad.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género reiteró que el actuar de la Fiscalía de Guanajuato les inquieta, porque dicha autoridad debe proteger y garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia.
En este sentido, dijo, el actuar de las autoridades deben sustanciar los procedimientos con perspectiva de género, apegada a los estándares internacionales, y en respeto pleno a los derechos humanos de las víctimas, para crear un verdadero acceso a la justicia y evitar la impunidad.
Micher Camarena asentó que, la atención a las denuncias se realiza sin perspectiva de género, lo que implica que las autoridades actúan e incurren en la revictimización y esto desincentiva la denuncia, por el trato humillante y degradante que se recibe en los Ministerios Públicos.
Faustino López Vargas, senador de Morena, afirmó que la justicia no debe ser viciada ni selectiva, pues no se puede privilegiar al agresor ni permitir la impunidad. “La violencia institucional contra las mujeres, tiene que parar”.
La senadora Xóchitl Gálvez Ruíz, del PAN, dijo que no van a tolerar ningún tipo de violencia hacia las mujeres, trátese de quien se trate, “vamos a ser congruentes y debemos creerles a las víctimas; creo que aquí, indistintamente del partido que gobierne, siempre nos debemos de pronunciar contra cualquier tipo de abuso”.
lunes, 7 de febrero de 2022
- Niñas, niños y adolescentes que son forzados a delinquir son prioritariamente víctimas, subraya senador Miguel Ángel Mancera
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa propuso tipificar como delito penal el reclutamiento de niñas, niños o adolescentes, para la comisión de actividades delictivas o para formar parte de grupos criminales, y sancionar a quien cometa este ilícito hasta con 30 años de prisión.
Sin embargo, pese a que se tiene conocimiento de estos casos, hasta el momento se carece de un diagnóstico sobre esta problemática, que permita la caracterización del fenómeno y la respuesta institucional del Estado mexicano con base en los instrumentos normativos vigentes.
Ante la prevalencia del reclutamiento forzado de niños y adolescentes, así como el incremento de la violencia criminal ejercida en su contra, agregó el senador, la Red por los Derechos de la Infancia en México urgió al Estado mexicano a tipificar como delito penal está práctica.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, del 1 de enero al 31 de octubre de 2021 se registraron dos mil 37 homicidios de menores de 17 años; mientras que, en el mismo periodo, la cifra de fallecimientos violentos fue de mil 973 personas.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, en tanto, reportó cuatro mil 328 menores como desaparecidos, del 1 de enero al 7 de diciembre de 2021.
En este contexto, Miguel Ángel Mancera presentó una iniciativa para establecer en el Código Penal Federal que comete el ilícito de reclutamiento, la persona física o moral que aliste o utilice a niñas, niños o adolescentes para cometer cualquiera de los delitos referidos en este ordenamiento o en alguna ley especial, o para formar parte de una asociación delictuosa.
Por la comisión de estas conductas, el senador planteó una sanción penal de 10 a 20 años de prisión, que podría aumentar en una mitad cuando sea cometida por servidores públicos o cuando dicho reclutamiento recaiga sobre niñas, niños o adolescentes con algún tipo de discapacidad.
Además, en la iniciativa que fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, propuso que a dichos funcionarios también se les destituya e inhabilite para desempeñar cualquier cargo o comisión pública.
Mancera Espinosa también sugirió reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para establecer como agravante el reclutamiento de menores para cometer cualquiera de los delitos a que se refiere dicha ley, así como cuando dichos menores de edad tengan algún tipo de discapacidad.
Destacó que niñas, niños y adolescentes reclutados son prioritariamente víctimas, situación que “no excluye de la responsabilidad penal o de otras formas de rendición de cuentas, pero sí ayuda a promover una lógica de restitución de derechos en la desvinculación, la recuperación física, psicológica y en la reinserción”.
lunes, 3 de enero de 2022
Buscan promover, proteger, respetar y garantizar los derechos ambientales de verdad, la reparación integral del daño y de no repetición de las víctimas
En aras de otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho y que contribuya a combatir los delitos ambientales y su disminución, el senador Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del PAN, propuso una iniciativa con el objetivo de impulsar la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales.
Dicho órgano tendrá como fines la investigación de los ilícitos relacionados y el esclarecimiento de los hechos; la prevención del delito; procurar que no exista impunidad; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos ambientales de verdad, la reparación integral del daño y de no repetición de las víctimas.
Además, la Fiscalía propuesta deberá contar con el personal policial, técnico, pericial, y en general, el relativo a la operación sustantiva, asignados de forma directa para el cumplimiento de los fines de la función fiscal y del Plan de Persecución Penal, de conformidad con el Servicio Profesional de Carrera.
El titular de la Fiscalía General de la República designará a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales con base a sus méritos y capacidades para ejercer el cargo y con un perfil previamente establecido, establece el documento.
El Senado, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, podrá objetar dicha designación o remoción en un plazo máximo de veinte días hábiles, para dichos efectos, el fiscal general enviará una comunicación donde expondrá las razones que sustentan la designación o la remoción de la persona titular de dicha Fiscalía.
Por ello, explica el senador Paz Alonzo, dicha institución deberá estar dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, y estar a cargo de un Fiscal, quien establecerá una política criminal y un plan de trabajo acorde a las necesidades del país.
Asimismo, agrega, deberá contar con un modelo de investigación orientado a la realidad y será el encargado de su conducción y desempeño, de conformidad con la normatividad aplicable y será superior jerárquico de todo el personal integrante de la misma.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el quinto párrafo del Apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.
domingo, 18 de julio de 2021
Lilly Téllez busca proporcionar elementos para el combate de la red de abuso sexual de menores en el país
El abuso sexual infantil es un problema grave en México y el ámbito escolar es un espacio que no es ajeno a esta situación, por lo que es necesario que se atienda y erradique con urgencia, aseguró la senadora Lilly Téllez.
La legisladora del PAN presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de crear el Registro Nacional de Agresores Sexuales de niñas, niños y adolescentes en escuelas públicas y privadas de educación básica.
Se trata de una base de datos sobre los delincuentes sexuales que se encuentren en proceso o que hayan sido sentenciados, cuya consulta de directores de centros educativos podría evitar que se contrate a quién tenga alguna imputación por delitos de este tipo.
El informe “Es un secreto. La explotación sexual infantil en escuelas”, revela casos de explotación infantil en 18 instituciones públicas y privadas de siete estados: Oaxaca, San Luis Potosí, Morelos, Estado de México, Baja California, Ciudad de México y Jalisco.
Lilly Téllez también destacó que, en 2019, de las 18 mil 520 lesiones en niñas, niños y adolescentes que se registraron, 30 por ciento corresponden a violencia sexual; y de las cinco mil 575 lesiones por violencia sexual a menores de 17 años, tres mil 892 ocurrieron en el entorno del hogar y 199 en escuelas.
Señaló que, por cada mil casos de abuso sexual a menores de edad, únicamente se denuncian cien, de los cuales, 10 van a juicio y sólo uno llega a condena.
Aunado a ello, advirtió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que, en 2019, se detectaron 827 mil 898 usuarios de pornografía infantil, 60 por ciento de este contenido, producido en México, se realiza con fines de trata de menores.
Sin embargo, destacó que estos datos sólo representan estimaciones, ya que únicamente el dos por ciento de este tipo de delitos se denuncian, debido a que los niños se quedan callados por miedo, culpa o temor.
Las y los legisladores, expresó, debemos hacer todo lo que está en nuestras manos para garantizar los derechos de este sector de la población, así como proteger su integridad y proporcionar elementos para el combate de la red de abuso sexual de menores en el país.
La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos.
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