Por Alberto Estevez Arreola
sábado, 22 de mayo de 2021
jueves, 13 de mayo de 2021
- El senador Noé Castañón considera que se trata de una forma de crueldad animal
A fin de derogar el estatus legal de la caza deportiva y poner fin a toda actividad que atente contra la vida de los animales o que incite a conductas violentas, el senador Noé Castañón impulsa una iniciativa para reformar la Ley General de Vida Silvestre.
El proyecto fue turnado a las comisiones unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis de dictamen correspondiente.
Noé Castañón advirtió que la crueldad mostrada por las personas que consideran la cacería como una disciplina deportiva, es una señal de alarma para la construcción de una sociedad sana.
Además, conduce a una peligrosa insensibilización respecto al sufrimiento de terceros y, de acuerdo con investigaciones en psicología y criminología, las personas que maltratan animales tienen cinco veces más probabilidades de cometer agresiones contra los humanos.
En ese sentido, el legislador de Movimiento Ciudadano enfatizó que este tipo de violencia debe ser considerada como un problema de salud pública.
Refirió que en México la caza deportiva está regulada, se desarrolla en áreas protegidas durante algunos meses del año, en los que se permite la caza de especies como el ciervo rojo, el alce, el ciervo de cola blanca o el antílope negro.
La cacería de deporte es considerada como un gran negocio en diversos lugares, pero el 40 por ciento de los cazadores también matan y hieren a millones de animales en terrenos públicos cada año.
El senador también destacó que esta práctica representa el uno por ciento del total de la industria turística en nuestro país, crece 8.8 por ciento anual y tiene mayor auge en los programas de desarrollo turísticos en Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, donde existen 12 mil 503 áreas autorizadas para dicho fin.
La mayoría de los organismos federales y estatales que gestionan refugios de vida silvestre, bosques nacionales, parques estatales y otros terrenos públicos, son financiados por las actividades de caza y pesca en una proporción, por lo que suelen alentar la actividad, en lugar de regularla o vigilarla.
jueves, 12 de octubre de 2017
Una de las más fuertes –dijo- fue el fallo que emitió la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) y como Primero el Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito (TCC) y en la Ciudad de México, en su contra donde fue nulo el reconocimiento a la reinstalación de su fuente de trabajo y el pago de sus pretensiones, a pesar de aportar los elementos suficientes de prueba necesarios.
“Como es evidente, esta contienda no me fue favorable por varias razones, pues estuvo contra mí persona de manera jurídica todo el poder del ejecutivo estatal, el Titular de la Delegación Iztapalapa, desde su despido injustificado, pasando por un procedimiento el TFCA, pues no suplió las deficiencias de la demanda de manera oficiosa y de orden público, a que tiene derecho todo trabajador.
“El TCC no aplicó la Suplencia de la Queja que también es de interés social para la base trabajadora, tal y como se muestra en su expediente”.
Sólo el presidente de México Enrique Peña Nieto, -añadió- puede modificar el Laudo del expediente 175/2013 radicado en la séptima sala entablado en el TFCA, así como la sentencia definitiva con número de expediente 147/2017 en el TCC, donde le niegan la reinstalación, los sueldos caídos y las horas extras, entre otras prestaciones que por derecho corresponden.
Sin embargo, la incoherencia se hace presente ya que sólo quieren pagar las aportaciones ante el ISSSTE, SAR y Fovissste, con lo que demuestra que sí era de la base trabajadora y no de confianza, como argumentan distintas autoridades gubernamentales.
En cuanto a las otras arbitrariedades del ejecutivo local, expresó que de víctima del delito de robo de obras de arte, despojo de su vivienda y privación ilegal de la libertad, ahora pasó a ser probable responsable por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pasando por alto la Ley General de Víctimas.
El constante ataque que estuvo padeciendo su familia con cargos fabricados de ultraje y alterar la paz pública, robo y resistencia civil sin parte acusadora, más que de los propios policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, sin petición de parte, sin orden de aprehensión y sin orden de cateo, todo lo anterior una actuación anticonstitucional declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.