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miércoles, 11 de octubre de 2023
jueves, 10 de agosto de 2023
- Todavía hay mucho por hacer para combatir la discriminación y la pobreza que enfrentan estas comunidades, coinciden integrantes de Comisión de Asuntos Indígenas
Integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, que preside la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, reconocieron que, a pesar de los avances para garantizar sus derechos, todavía hay mucho por hacer para combatir la discriminación, el atraso y la pobreza que enfrentan estas comunidades.
Gálvez Ruiz mencionó que en México los pueblos originarios representan la quinta parte de la población, de éstos, 23.2 millones son indígenas, 2.6 millones son afromexicanos y 7.3 millones hablan por lo menos una de las 68 lenguas originarias.
Sin embargo, lamentó que 15 millones dejaron de usar su lengua nativa, debido a las políticas públicas de castellanización y la discriminación de una sociedad, que desconoce o ignora su aportación a la construcción de la nación pluricultural que tenemos.
Los integrantes de este órgano legislativo conmemoraron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con la aprobación de seis minutas que buscan avanzar en el marco normativo en beneficio de este sector.
Xóchitl Gálvez se pronunció por continuar la lucha por el derecho a la consulta libre, previa e informada, por lo que aseguró que la Comisión está lista para dictaminar la iniciativa de Consulta, una vez que la Comisión de Gobernación así lo decida.
Aceptó que los pueblos indígenas reclaman con urgencia su reconocimiento como sujetos de derechos “y exigen la libertad de seguir siendo indígenas y afromexicanos”, pero con mejores condiciones de vida, educación, justicia y salud.
“Es una deuda histórica, pero, a pesar de los avances, no se ha hecho lo necesario para revertir esta situación ni para erradicar las condiciones de pobreza, marginación, discriminación y desigualdad.
No podemos ceder en la demanda de reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con recursos presupuestales suficientes para su desarrollo económico, expresó.
Además, la senadora del PAN hizo un llamado al Gobierno federal a no desaparecer el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que se extingan las lenguas originarias.
Por su parte, la senadora Nuvia Mayorga Delgado se pronunció por realizar campañas de información en las comunidades indígenas, para dar a conocer los avances en la legislación que protege a la mujer, a fin de que ellas conozcan sus derechos, no sean víctimas de ataques y rompan con la normalización de la violencia.
Noé Castañón Ramírez, senador de Movimiento Ciudadano, consideró necesario avanzar en los temas que permitan el reconocimiento de los pueblos indígenas y fomenten su desarrollo, porque “debemos aprender de estos pueblos en vez de menospreciarlos”.
A su vez, la senadora de Morena, Nestora Salgado García, aceptó que estos pueblos originarios son víctimas de discriminación, por lo que invitó a los senadores y senadoras a generar el marco jurídico que garantice la defensa y protección de este sector de la población.
En su reunión de trabajo, los y las legisladoras de la Comisión escucharon algunas propuestas y preocupaciones de representantes de comunidades indígenas, quienes les pidieron acceso a Internet para atender el rezago educativo, acciones para prevenir la violencia contra la mujer, leyes para evitar el plagio de sus diseños y políticas públicas que les permitan tener acceso a la salud, entre otras.
viernes, 22 de julio de 2022
- La versión final del proyecto será presentada a la Junta Directiva de la Comisión de Justicia del Senado, que será la Cámara de origen.
La Comisión de Justicia, que preside el senador Rafael Espino de la Peña, instaló el grupo técnico que se encargará de revisar y redactar el proyecto para expedir el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, integrado por 20 asesores especialistas en derecho, 10 propuestos por la Cámara de Diputados y 10 por el Senado de la República.
Además, cuenta con un coordinador técnico adscrito a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, quien apoyará en la organización, planificación y conducción de los trabajos.
Detalló que la versión final de la propuesta será presentada a la Junta Directiva de la Comisión de Justicia del Senado, para su respectiva valoración y validación. Además, comentó que, junto con la Cámara de Diputados, se acordó que el Senado de la República será la Cámara de origen en la discusión y aprobación de este nuevo cuerpo normativo.
En tanto, la diputada Aleida Alavez Ruíz, quien se desempeñará como secretaria de dicho grupo, reconoció la voluntad de las fracciones parlamentarias en las Cámaras del Congreso, para que este nuevo Código se expida para establecer procedimientos más rápidos y expeditos en beneficio de la población.
Celebró la colaboración de los integrantes de este grupo e hizo un llamado a trabajar en la elaboración de un proyecto de ley, “vamos a darle a nuestro país una herramienta jurídica eficaz para la justicia cotidiana”.
El senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, dijo que en México se necesita sensibilizar la justicia civil, familiar y mercantil, para que los jueces analicen las primeras necesidades de las personas y que no se dejen influenciar por temas políticos, estatales, delincuenciales, intereses económicos y privilegios sociales.
La diputada del PRI, Sue Ellen Bernal Bolnik, consideró que, por la relevancia que implica expedir un nuevo código sobre procedimientos civiles y familiares, se requiere de un trabajo preciso y cuidado, por lo que los legisladores pondrán atención en los avances a fin de diseñar la mejor versión de esta legislación.
El coordinador del grupo técnico, Felipe Alejandro Zegbe Camarena, dijo que la tarea encomendada por diputados y senadores implica técnica y especialización, para consolidar un proyecto que sirva para la dictaminación y expedición de una legislación única procesal en materia civil y familiar, que tome en cuenta la supletoriedad, presupuesto, entre otros aspectos.
jueves, 10 de marzo de 2022
Acusa embestida del sistema patriarcal contra la progresividad de los derechos de las mujeres
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, dijo que es fundamental romper los techos de cristal en todos los ámbitos, a efecto de que las mujeres alcancen las posiciones de poder que estaban vedadas para ellas.
“Nosotras, que hemos llegado a posiciones de poder, tenemos el compromiso” para que las jóvenes puedan ocupar más espacios de toma de decisiones, expresó la senadora durante el foro “Rompiendo el techo de cristal: oportunidades para niñas y mujeres”.
Aseguró que hay un embate de la derecha, los conservadores y del sistema patriarcal en contra de la progresividad de los derechos de las mujeres, pero esa progresividad “es irrenunciable, por lo que tenemos que continuar con la lucha”.
En este sentido, dijo que un claro ejemplo de la embestida en contra de los derechos de las mujeres, es la legislación que expidió el Congreso de Nuevo León, pues trata de “echar atrás e ignorar” el principio constitucional de paridad.
“No lo podemos permitir, tenemos que presentar una acción de inconstitucionalidad, a través de los partidos políticos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y ante todas las instancias que pueden presentar esta controversia”.
Expresó que las mujeres entienden que el poder no es la capacidad de subordinar a otros, y que el liderazgo femenino comprende que es el ejercicio de la voluntad colectiva y la capacidad de hacer una diferencia en la vida de las personas.
Porque una mujer que se encuentra en una posición de liderazgo, intenta transformar los conceptos de autoridad que históricamente han prevalecido, aseguró.
La senadora recordó que cuando asumió el cargo como titular de la Secretaría de Gobernación, lo primero que hizo fue quitar las vallas metálicas, para abrir las puertas, así como crear el grupo interinstitucional en contra de las violencias de género de todas las instancias del Gobierno Federal.
“Decidí que la política era diálogo y no represión, tener una concepción distinta del poder de la propia Secretaría de Gobernación”. ¿Y qué me llevé?, la idea de que era muy débil, nuevamente el estereotipo de debilidad en mis decisiones, muy suave, porque quería privilegiar el diálogo, que no se reprimiera y no se tuviera una prensa con censura previa”.
Manifestó que ella tenía un diálogo con todos los gobernadores, una relación de respeto irrestricto, “pero eso se entendió como una Secretaría débil, suave”.
Pilar Barros, de la Secretaría de Gobernación, dijo que existe una imperiosa necesidad de romper el techo de cristal, a efecto de que la igualdad quede arraigada en la norma, para que existan las oportunidades y los accesos a los espacios de toma de decisiones.
En tanto, Ana Cecilia Noguez Garrido, quien obtuvo el Premio Nacional de Ciencia y Artes 2016, agregó que es necesario emprender una serie de acciones afirmativas que se enfoquen en crear espacios que garanticen igualdad y seguridad a las mujeres, en el ámbito educativo, laboral, social, o en el que ellas quieran desempeñarse.
Por su parte, María de Jesús Saveche Martínez, presidenta municipal de Santa Inés Yatzeche, Oaxaca, dijo que es necesario recorrer los municipios marginados e indígenas a efecto de apoyar y visibilizar a las mujeres que viven de sus productos y sus artesanías.
miércoles, 9 de marzo de 2022
Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc, anunció la instauración de los días 8 de cada mes con acciones que protejan los derechos de la mujer en Cuauhtémoc, impulsando políticas públicas y garantizando la equidad de género en la demarcación.
Lo anterior se suma a diversas acciones que realiza el gobierno de la Alcaldía, cada mes, enfocadas a empoderar a las mujeres que viven o visitan la demarcación:
En enero de este año se llevó a cabo la acción “Comida Calientita” para tu Familia donde pueden desayunar y/o comer con una cuota de recuperación de $20.00 pesos; garantizando el derecho a la alimentación de las mujeres así como de su familia.
Marzo: inauguramos la Sala de Lactancia de la demarcación para mujeres a fin de garantizarles su derecho a la lactancia en condiciones dignas.
Se busca atender a la comunidad la cual solicitó un Lactario desde hace seis años y con ello contribuir a prevenir el cáncer de mama, la diabetes y mejorar la nutrición de los recién nacidos.
Asimismo en este mes de marzo estableció la acción denominada “Una hora para la base trabajadora” en la que la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas escuchará, lunes y viernes, las necesidades personales y laborales de las mujeres trabajadoras de la demarcación a fin de ayudarles a mejorar su vida y actividad laboral.
También se establecerá el 8MC, el Refugio para Mujeres, la Casa de Rescate para tratar Adicciones y el Programa Tolerancia Cero contra la Violencia de Género.
Con lo anterior, la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que el reconocimiento a la mujer será permanente y el día 8 de cada mes es para enaltecer las acciones en favor de este sector en Cuauhtémoc por lo que se estableció el calendario anual de atención a la mujer.
domingo, 28 de noviembre de 2021
La Alcaldía Cuauhtémoc sí contempla presupuesto para cultura en 2022 por lo que se desmiente la postura de 200 creadores, colectivos y espacios culturales que recientemente, sin consultar o convocar a un diálogo abierto con la autoridad competente, aseguraron se carecía de recursos para este rubro en agravio de los derechos culturales de habitantes y visitantes de la demarcación.
Asimismo, la Alcaldía Cuauhtémoc se reitera abierta a proporcionar información que se le requiera para que tanto los representantes de los medios de comunicación como las organizaciones o los particulares puedan comparar datos.
Que el ejercicio presupuestal para el rubro de Cultura, se ejerce a través de diversas partidas presupuestales contempladas en el Clasificador por Objeto del Gasto de la CDMX entre las cuales se encuentra la partida 3821 “Espectáculos culturales”.
Si bien es cierto que dicha partida (la partida presupuestal 3821) por nombre coincide con el rubro en comento, también es cierto que existe un programa presupuestario (que se denomina E126 “Contenido Cultural y Artístico” que agrupa un enorme número de partidas para el desarrollo cultural de la Alcaldía Cuauhtémoc.
Por otra parte, en el Proyecto de Presupuesto 2022 para el programa presupuestario E126 “Contenido Cultural y Artístico” planteado por la Alcaldía Cuauhtémoc, se contemplan las partidas 2211 (Alimentos y Bebidas), 3993 (Subrogaciones) y 5291 (mobiliario educacional y recreativo) por un monto de $15,083,773.00 (Quince millones ochenta y tres mil setecientos setenta y tres pesos 00/100 m.n.), ello sin contar con el presupuesto participativo, ni con la partida que coincide por nombre con el programa presupuestario.
Este presupuesto se ampliará de acuerdo a las decisiones que los ciudadanos tengan a bien tomar respecto al presupuesto participativo.
Con ello se demuestra que las declaraciones recientes son falsas ya que para el 2022 se plantea un incremento en el gasto para el Programa Presupuestario de Contenido Cultural y Artístico de hasta el 55 por ciento.
Finalmente, la Alcaldía Cuauhtémoc reitera su compromiso con los ciudadanos de respetar sus derechos culturales y de contar con un ejercicio presupuestal claro, transparente y honesto.
domingo, 21 de noviembre de 2021
- Otorgar certidumbre jurídica ante los nuevos esquemas productivos, demanda senadora Margarita Valdez
Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, reveló que al menos cinco de cada 10 repartidores, que se emplean bajo alguna plataforma digital, han sufrido algún accidente y que empresas como Uber Eats, DiDI Food y Rappi ni siquiera cuentan con protocolos para mitigar este tipo de riesgos laborales.
En este contexto, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez consideró fundamental que este tipo de empresas sean reguladas, ya que, en promedio, una familia gasta siete mil pesos mensuales por atención médica, pero un repartidor obtiene ingresos aproximados por cuatro mil 451 pesos mensuales y trabajan alrededor de 65 horas a la semana.
Valdez Martínez enfatizó la necesidad de reformar la Ley Federal del Trabajo para reconocer los derechos a la seguridad social, pensión y atención médica de quienes ejercen una actividad productiva mediante dichas plataformas, siempre y cuando sus servicios no impliquen la administración o dirección de la empresa.
Sugirió definir como trabajador de plataforma digital a choferes, repartidores y mensajeros a quienes se les asignen tareas a través de cualquier herramienta tecnológica o algoritmo, sin importar que sean contratados por uno o varios empleadores, por lo que gozarán de los derechos establecidos en el Apartado A del artículo 123 de la Constitución.
Además, planteó, los empleadores tienen que establecer por escrito las condiciones de trabajo y, en el caso del salario, estipular si será por viaje realizado, entrega, por unidad de obra o en otro término, el cual deberá acordarse entre las partes, siempre que no contravengan sus derechos.
En la iniciativa, que se turnó a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Margarita Valdez consideró que dicha retribución sea cubierta semanalmente, a través de transferencia electrónica a la cuenta de la institución financiera que el trabajador desee, y que se incluyan las propinas otorgadas por los clientes.
La senadora también destacó que en España, Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia y Uruguay han sentado precedentes y fallos a favor de regular el trabajo que se realiza con apoyo de las plataformas digitales.
- Del 20 de noviembre 2021 al 6 de enero de 2022, niñas, niños y adolescentes expresarán sus preocupaciones y cómo es que viven sus derechos en México.
- En febrero de 2022 niñas, niños y adolescentes de México presentarán un informe alternativo al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
El Comité “Por tus Derechos” está compuesto por niñas, niños y adolescentes de diferentes edades, contextos y estados del país, y son acompañados por el colectivo “UnidasXlaNiñez”, conformado por ChildFund y otras cuatro organizaciones internacionales de la sociedad civil enfocadas en la protección de la niñez y adolescencia, para desarrollar el informe que se enviará al CDN en febrero de 2022.
A partir del 20 de noviembre 2021 y hasta el 6 de enero de 2022, niños, niñas y adolescentes podrán compartir si se respetan sus derechos como: acceso a la educación, salud, alimentación, agua, medio ambiente, libertar de expresión y protección ante cualquier tipo de violencia. Con el apoyo de las organizaciones acompañantes se recabarán las opiniones de niñez migrante, indígena, cuidados alternativos y que no tenga acceso al internet.
“La creación de este informe, busca dar voz a la niñez y adolescencia de todos los contextos, para que ellas y ellos examinen sí es que en el país se garantizan sus derechos; son sus voces las que queremos se escuchen el Comité de Derechos del Niño. La participación de niñas, niños y adolescentes es la forma más poderosa para que conozcan sus derechos, se atiendan sus necesidades y se de seguimiento a los compromisos en todos los niveles"., expresó Ana Lilia García, especialista de ChildFund México.
Niñas, niños y adolescentes podrán participar ingresando a la página, ninezlibredeviolencia.org/
Acerca de Comité “Por tus Derechos”:
Conformado por 10 niñas, niños y adolescentes de edades entre 12 y 17años. Originarios de distintas regiones del país considerando, norte, sur, este, oeste y centro. Su participación es completamente voluntaria y cada uno de ellos cuenta con el respaldo de alguna de las organizaciones miembro de” UnidasXlaNiñez” que se encarga de garantizar los procesos de salvaguarda.
lunes, 19 de julio de 2021
*Acusan haber sido burlados y ofendidos hasta en tres ocasiones por los funcionarios de la SEMOVI que dirige Andrés Lajous, quien se ha convertido en otro protector más del fraude en su contra junto con Armando Quintero, Rufino H. León Tovar y Héctor Serrano.
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Y le pidieron que, “ante los ojos de los ciudadanos tome la decisión de ordenar, de forma inmediata y contundente a su Secretario de Movilidad, Andrés Lajous, se nos restituyan nuestros derechos como legítimos socios fundadores de la empresa SAJJ y así se impida la venta de esta empresa que tanto esfuerzo, sacrificios económicos y humanos nos ha costado”.
“Nos sentimos burlados y ofendidos por el gobierno de la señora Claudia Sheinbaum que se parece, si no es que supera en la burla hacia nosotros a los gobiernos de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera”, dijeron los transportistas en voz de sus voceros.
“Seguramente recordarán que el pasado día 8 de julio les enviamos un boletín para adelantar a ustedes que, a solicitud de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, sería hasta el lunes 12 de julio, la fecha en la que, nos aseguraron el hasta el jueves subsecretario de Transporte, Brando Flores, y el director de operación y licencias de Transporte de Ruta y Especializado, Edgar Doroteo García, nos darían a conocer una propuesta para encontrar solución al conflicto con la actual administración de la empresa Transportes SAJJ”, dieron a conocer en la rueda de prensa de esta mañana.
Afirman que les expresaron que no se preocuparan pues prácticamente todo estaba listo y les llegaron a “adelantar”, así, entrecomillado, que la decisión venía a su favor. “Pero resulta que incumplieron por segunda ocasión y nos ofrecieron una nueva fecha: el jueves 14, la cual incumplieron por tercera ocasión, lo que parece ser, al menos para nosotros, una constante en la Secretaría de Movilidad que dirige Andrés Lajous Loaeza”.
Los 52 concesionarios de la Ruta 11 recordaron cómo acudieron al llamado del gobierno de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, para acogerse al programa de mejoramiento del transporte público colectivo concesionado para crear una empresa concesionaria de la Línea 2 del Metrobús.
Sin embargo, Armando Quintero Martínez se convirtió en cómplice de un fraude en contra del grupo de concesionarios, que han pretendido continuar los posteriores secretarios de Movilidad, Rufino H. León Tovar, Héctor Serrano y ahora Andrés Lajous, pues aceptaron una empresa que incumplió los requisitos que se impusieron en la convocatoria.
Esos requisitos decían que los socios de la empresa debían ser los concesionarios a quienes que se les dio el visto bueno para chatarrizar su unidad y se les entregó el bono correspondiente para poder pagar los enganches de las unidades con las que comenzó a operar la concesionaria.
Pero en la empresa sólo aparecieron dos personas, José Juan Sánchez Armas, socio mayoritario con 45 acciones y José Eric Torres Donat, su incondicional, con 5, ambos sin contar con concesiones dentro de la Ruta 11.
Y desde el 16 de marzo de 2012 cuando falleció José Juan Sánchez Armas, su hijo José Juan Sánchez Rodríguez se apoderó de la empresa diciendo que la concesión STV/METROBUS/005/2008 es suya y hoy está en negociaciones para venderla en 150 millones de pesos para pelarse hacia España, donde con dinero de nuestra empresa ya compró casas y demás.
Todo esto, subrayan los concesionarios, es un acto de corrupción consentido por Armando Quintero Martínez en 2008 y reafirmado por Rufino H. León Tovar, Héctor Serrano y ahora Andrés Lajous, “quienes se han prestado al fraude en contra nuestra”.
Que la Jefa de Gobierno tenga presente que estamos dispuestos a todo con tal de recuperar lo que es nuestro, fue el grito de uno de los concesionarios.
domingo, 25 de abril de 2021
- Miguel Ángel Mancera consideró que suspender los derechos políticos de estas personas vulnera la presunción de inocencia
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa asentó que mientras no exista una sentencia condenatoria, las personas que enfrentan un proceso penal no deben ser suspendidas de sus derechos políticos, particularmente el de sufragio.
Por ello, propuso derogar la fracción 11, del artículo 38 de la Constitución, que establece suspender los derechos o prerrogativas de los ciudadanos cuando estén sujetos a un proceso criminal, por delitos que merezcan pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal de prisión.
Detalló que en el artículo 20 de la Constitución se establece el derecho de toda persona a la presunción de inocencia, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez.
Aunado a ello, en el artículo primero constitucional que señala que “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplía”.
Agregó que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos indica que las personas a quienes se prive de la libertad, pero que no hayan sido condenadas, no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar, por lo tanto, debe permitirse su alta en el Padrón Electoral y la expedición de la credencial de elector.
martes, 29 de diciembre de 2020
- No obstante las restricciones sanitarias por la pandemia, se espera que miles de familias retornen con motivo del fin de año en México: Sasil de León
Ante los abusos que sufren las y los connacionales que en temporada decembrina regresan de Estados Unidos a México, la senadora Sasil de León Villard pidió al Gobierno Federal que, en coordinación con las autoridades de los estados, prevenga y garantice la integridad y el derecho al libre tránsito de esas personas.
La legisladora de Encuentro Social señaló que no obstante que las restricciones sanitarias por la pandemia inhibirán la cantidad, se espera que miles de familias migrantes pasen el fin de año en México; por lo que urgió a establecer mecanismos efectivos de denuncia y sanciones para los servidores públicos que transgredan los derechos humanos de estos mexicanos.
Mencionó que en esta época del año las personas migrantes se encuentran en el trayecto con diversas dificultades, como extorsiones, asaltos y violaciones a sus derechos por parte de funcionarios de gobierno, debido a que traen consigo dinero u objetos de valor.
Dijo que para evitar esos abusos, se han llevado a cabo diversos programas, impulsados por líderes de organizaciones sociales, empresariales, políticas y religiosas de la comunidad mexicana y mexicano-americana residentes en los Estados Unidos.
Refirió que, por su parte, el Gobierno Federal lanzó un programa integral que incluye a la Guardia Nacional para atender y proteger de abusos a los mexicanos que residen en Estados Unidos y que regresan al país en esta temporada del año.
Pero es fundamental también, apuntó, propiciar una coordinación intersectorial e intergubernamental para que las políticas públicas, además de garantizar seguridad, también les proporcionen alimentación, servicios médicos, alojamiento, vestido, asistencia jurídica, orientación social y, en su caso, servicios de transportación y funerarios.
En ese sentido, manifestó la senadora Sasil de León, el gobierno puede hacerlo de forma directa o a través del apoyo monetario a asociaciones civiles y escuelas de educación media superior o en especie, cuando sean asociaciones religiosas que apoyen a los migrantes, pero que rindan cuentas a las autoridades sobre la ayuda que otorguen a ese sector.
Para esto, los diferentes niveles de gobierno, las dependencias y entidades donde se encuentren los migrantes, deberán promover el otorgamiento de incentivos, en los términos de las disposiciones legales aplicables, a quienes realicen actividades a favor de ellos, indicó.
lunes, 14 de septiembre de 2020
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- En 2019 hubo más de 23 mil carpetas de investigación en contra de personas morosas, señala la senadora Cora Cecilia Pinedo
La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso propuso modificar el artículo 38 de la Constitución, con el objetivo de que pierdan el derecho a postularse a un cargo de elección popular u ocupar espacios de responsabilidad pública, aquellas personas deudoras alimentarias, que han sido declaradas judicialmente morosas.
Mediante una iniciativa, que se encuentra en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, la legisladora precisó que esta propuesta se fundamenta en el hecho de que el incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia tiene como efecto que se vulnere uno de los derechos humanos fundamentales: el interés superior de la niñez.
Consideró que, en todo momento, la ley debe prever que en el ejercicio de una responsabilidad pública no se dañen otros derechos o se vulnere, amparándose en el fuero que le otorga.
La senadora del PT recordó que la pensión alimenticia es una obligación económica, ordenada por un tribunal judicial, para proporcionar manutención a las niñas, niños y adolescentes en caso de separación o divorcios de los padres.
Dicho pago no sólo debe comprender el sustento básico, sino también otro tipo de necesidades como la educación, recreación, vestido y salud, aclaró.
Pinedo Alonso refrió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía infirmó que hasta el pasado 11 de julio de 2020 se han registrado 113 mil divorcios de matrimonios o uniones con hijos; de ellos, en más de 34 mil casos los hijos no reciben pensión alimenticia.
Asimismo, informó que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 hubo poco más de 23 mil carpetas de investigación abiertas por falta de pago de la pensión alimenticia.
Cora Cecilia Pinedo Alonso señaló que la falta en el cumplimiento de esta obligación se encuentra sancionado en el Código Penal Federal y genera también la suspensión de los derechos políticos.
Dijo que los vicios del sistema y una cultura machista en el ejercicio de la procuración de justicia, lleva a que estas disposiciones rara vez se apliquen.
jueves, 13 de febrero de 2020
(CODICS).- La Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional anunció que, debido a que campesinos e indígenas tienen derecho a defender sus recursos naturales y territorios de los megaproyectos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) analiza la posibilidad de presentar un recurso de amparo contra la ley que busca eliminar el derecho de amparo contra los abusos de autoridad.
En caso de que el Senado de la República avale la iniciativa de ley que impulsa el Senador Ricardo Monreal Avila, la Ombudsman Nacional, Rosario Piedra Ibarra cuenta con la alternativa de impugnarla aseguró Jesús Gutiérrez Valencia al dar a conocer que ello fue el resultado del encuentro de trabajo entre la titular de la CNDH y la dirigencia de la CNPA MN.
Detalló que dicho encuentro se registró el mes pasado y responde a que son muchos los temas de violaciones a derechos humanos en contra de quienes habitan en el medio rural por defender sus territorio de tal suerte que la CNPA MN aún otorga un “voto de confianza” a la CNDH para que cumpla con su función y demuestre que no está al servicio del Estado.
En conferencia de prensa donde anunció que la Coordinadora, en los próximos días llevarán a cabo un mitin frente al Senado de la República para hacer valer su derecho de audiencia con el Senador Ricardo Monreal Ávila a quien desde el pasado 20 de enero le pidieron una reunión de trabajo y a la fecha los ha ignorado.
La reforma planteada, sostuvo Jesús Gutiérrez Valencia, es incongruente e innecesaria, en tanto que pretende regular normativamente una materia que la jurisprudencia ya reglamenta.
Por otra parte, resulta importante destacar que en la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, se eliminó del artículo 107, la fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo referente a la difícil reparación de los daños.
La reforma privilegió la discrecionalidad de los jueces y estableció su obligación de realizar un análisis ponderado entre la no afectación del interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho, por lo que se fortaleció el rol protector de la suspensión.
Así, la reforma que propone el senador suprime, la discrecionalidad de los jueces de ponderar entre la no afectación del interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho.
También, convierte el juicio de amparo en un medio de defensa infructuoso, ante actos de autoridad que tengan como objetivo la ejecución de obra pública e infraestructura.
No debe perderse de vista que la obra pública, puede ser aquella que se ejecuta con inversión pública o mixta, pero también tiene el carácter de obra pública, el otorgamiento de una concesión a particulares para construir, explotar, conservar o mantener proyectos de infraestructura, lo cual pone en evidencia que la intención de la reforma propuesta por el senador Ricardo Monreal es abrirle paso franco a la iniciativa privada, anulando y/o restringiendo los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, principalmente.
Es preciso señalar que diversas comunidades indígenas y campesinas así como organizaciones indígenas y sociales, nos hemos opuesto resueltamente al despojo de nuestras tierras, territorio, recursos y bienes naturales, así como a la imposición de megaproyectos que benefician a empresas privadas nacionales y trasnacionales.
Sostenemos que el actual gobierno profundiza el modelo neoliberal, generando un marco jurídico acorde a las exigencias del capital monopolista nacional y trasnacional como lo hicieron los gobiernos anteriores que impusieron por la vía parlamentaria las denominadas reformas estructurales, entre ellas, la energética y sus leyes secundarias, Ley minera, etc las cuales sentaron el marco legal para el saqueo de la riqueza nacional en favor de particulares.
Este gobierno, no se quiere quedar atrás en cuanto a servilismo hacia la oligarquía se refiere, particularmente, el senador por Morena Ricardo Monreal presentó el 23 de octubre de 2018 su iniciativa de “Ley de Desarrollo Agrario” que no es más que la continuidad del marco legal de la reforma energética y ahora anuncia las reformas antes citadas que pretende realizar.
Es preocupante que se estén impulsando reformas regresivas, mientras que sigue pendiente la Ley que regule el derecho a la consulta y otras leyes que el Estado mexicano ante instancias internacionales se ha comprometido legislar.
No obstante, seguiremos insistiendo en la necesidad de materializar los derechos de los pueblos indígenas y para ello es importante, entre otros elementos lo siguiente:
Armonizar las leyes nacionales con los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos; concretar una Ley sobre el derecho de los pueblos indígenas y afrodescedientes, concretar una Ley de consulta para pueblos y comunidades indígenas.
Por ello la CNPA MN está en contra de la propuesta del Grupo Parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena y de su Coordinador, Ricardo Monreal, que busca la aprobación del Pleno de la Comisión Permanente, reformas a la Constitución y a la Ley Federal de Amparo, específicamente, que se reformen el artículo 25 constitucional adicionándole un párrafo; y el artículo 129 de la Ley de Amparo agregándole la fracción XIV.
Las dos propuestas tienen como propósito “que obras públicas que representan un beneficio para la comunidad no sean frenadas por amparos”; abunda el documento, que “el coordinador del Grupo Parlamentario refiere, en su propuesta, que el actual gobierno federal ha impulsado desde su inicio importantes proyectos, los cuales han sido frenados por suspensiones concedidas a través de amparos, ocasionando un perjuicio en el progreso económico y social.”
Las reformas de los artículos 25 constitucional y 129 de la Ley de Amparo, son regresivas, en tanto que, ante casos concretos pueden anular y/o restringir el derecho a la propiedad colectiva e individual, el derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas; el derecho a la consulta pública, el derecho al agua, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a los recursos naturales, entre otros; bajo el argumento de que estos derechos entran en colisión con la obra pública e infraestructura que impacta directamente en el bienestar de las personas.
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