* Para la International Chamber of Commerce México (ICC México) está demostrado cómo la penetración de energías limpias ha permitido reducir el costo de las tarifas que pagan los hogares y empresas mexicanas | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* Para la International Chamber of Commerce México (ICC México) está demostrado cómo la penetración de energías limpias ha permitido reducir el costo de las tarifas que pagan los hogares y empresas mexicanas | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
La electromovilidad sigue ganando terreno a medida que los consumidores buscan opciones de transporte más sostenibles. Pues este último es de los sectores que más emisiones de carbono (CO2) genera a nivel mundial, produciendo el 15% del total en 2018, solo por detrás de la industria eléctrica.[i] Mientras que los vehículos eléctricos (EV) producen hasta menos de la mitad de las emisiones que los autos de gasolina, desde su fabricación hasta su eliminación.[ii]
Sin embargo, a pesar de sus grandes atributos, el cambio a un EV ha tardado en cobrar impulso, y la principal preocupación de los consumidores se debe a la falta de infraestructura de carga pública que actualmente existe.[iii] En México solo hay un total de 2,089 estaciones de carga públicas para dichos vehículos.[iv]
Si tomamos en cuenta que 43% de los consumidores mexicanos planea comprar un auto eléctrico,[v] hay una necesidad latente de disponer una mayor cantidad de instalaciones de carga.
Los esfuerzos por mitigar este problema comienzan a convertirse en una prioridad para los fabricantes, tal es el caso de la compañía holandesa EVBox que anunció una alianza con Covestro, empresa líder en la producción de polímeros de alto rendimiento, para comercializar un novedoso cargador de pared hecho a partir de biorresiduos y materiales residuales, y, de esta forma, ofrecer una alternativa a la falta de infraestructura que existe actualmente.
Dicha aplicación es única en su clase debido a que el impacto ambiental es más significativo, pues logra que los recursos fósiles no solo se ahorren cuando se conduce un vehículo eléctrico, sino también durante la fabricación de las estaciones de carga.
Makrolon® RE de Covestro es el material encargado de esta innovación, pues sus compuestos son idénticos a sus equivalentes de origen fósil y tienen las mismas propiedades de resistencia a humedad, el calor y el frío, puede estabilizarse contra la radiación UV y es anticorrosivo. Además, esta estación de carga cuenta con aislante eléctrico, por lo que su resistencia al impacto lo hace seguro contra el vandalismo, por ejemplo.
La huella de carbono de la estación de carga se reduce en aproximadamente 10 kilogramos equivalentes de CO2. Si todas las carcasas de las estaciones de recarga del mundo se fabricaran con Makrolon® RE en lugar de con materiales convencionales, se podrían emitir un total de 450 mil toneladas métricas menos entre 2022 y 2030.
Cabe destacar que este nuevo cargador de pared ya se encuentra disponible y listo para hacer que la carga sea lo más fácil posible para que se despierte con un vehículo eléctrico completamente cargado, todos los días.
A fin de establecer como derecho humano el servicio de suministro eléctrico, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, propuso modificar el Artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica y el Artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Al fundamentar la propuesta, la legisladora señaló que con este cambio se busca obligar al Estado a mejorar el acceso a este recurso que debe ser regulado por un régimen especial de derecho público y con subsidios de oferta para los sectores de menores recursos económicos, además de establecer mínimos vitales gratuitos.
“Estos servicios se tratan de las condiciones sustentables mínimas para la dignidad en la vida de los habitantes de nuestro país, por ello, resulta imprescindible que el Estado cumpla un rol activo de manera de garantizar el acceso universal a estos recursos, aún cuando su prestación se encuentre delegada en manos de empresas privadas”, apuntó la legisladora por Nayarit.
La integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo destacó que la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución 65/151, reseñó que el Estado tiene la obligación de asegurar la entrega del servicio eléctrico como parte de un piso de derechos mínimos que tiene que garantizar a toda la población.
“La energía está relacionada con prácticamente todas las actividades de la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, en México 35 mil hogares no gozan de energía; según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), estos son los hogares con las condiciones más extremas de pobreza energética”, mencionó.
Y lamentó que en el contexto actual, de la pandemia por Covid-19, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el servicio a casi 700 mil hogares por impago.
“En abril, la medida afectó a 329.668 usuarios domésticos y en mayo a 362.986, un incremento del 10%, según datos proporcionados por la empresa. Si bien se trata de cifras menores a las de los dos meses previos al inicio del confinamiento, los cortes se dan cuando una gran parte de la población está trabajando desde casa y otra ha perdido su empleo”, detalló la legisladora.
Cora Cecilia Pinedo, aseveró que la situación actual ya es de por si demasiado grave, en México, pues existen más de 500 mil viviendas sin electricidad, principalmente en comunidades indígenas y rurales; por lo que resulta fundamental establecer un marco regulatorio que permita a toda persona tener acceso a este servicio de manera suficiente, equitativa y sustentable.
“Prevenir la afectación de los grupos más vulnerables y garantizar el derecho de acceso a los servicios públicos básicos es precisamente el motivo del presente proyecto”, concluyó.