- El Comité tiene facultad para proponer políticas anticorrupción y vigilar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, tomó la protesta de ley correspondiente a seis de los ocho integrantes que avaló el Senado para la Comisión de Selección, que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Miguel Ángel Vázquez Placencia, Adán Córdova Trujillo, Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Armando Hernández Cruz, Mónica María del Rosario Barrera Rivera y Mauricio Reyna Lara, asistieron, de manera presencial, al acto protocolario que se llevó a cabo en la Sala Ifigenia Martínez, el 15 de febrero pasado.
Cabe recordar que, el 10 de diciembre de 2020, el Pleno del Senado de la República aprobó, por unanimidad, el nombramiento de estos ciudadanos, además de María de los Ángeles Estrada González y Pablo Armando González Ulloa Aguirre.
Aún queda un puesto pendiente de las propuestas de las instituciones de educación superior; cuya convocatoria para dicha designación se encuentra vigente desde hoy y hasta el 19 de febrero.
La Comisión de Selección se integra con cinco personas propuestas por instituciones de educación superior e investigación y cuatro por organizaciones de la sociedad civil vinculadas a materias de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Las y los integrantes de este organismo, los cuales cuentan con un cargo honorífico, se encargarán de designar a los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana, rector del Sistema Nacional Anticorrupción y canal de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno.
El Comité tiene facultad para proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y, principalmente, vigilar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Miguel Ángel Vázquez Placencia, Adán Córdova Trujillo, Armando Hernández Cruz y María de los Ángeles Estrada González, fueron propuestos por las instituciones de educación superior y de investigación.
Y Mauricio Reyna Lara, Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Mónica María del Rosario Barrera Rivera y Pablo Armando González Ulloa Aguirre, son perfiles presentados por las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Los nuevos integrantes de la Comisión de Selección iniciarán de manera inmediata los trabajos para elegir los perfiles que conformarán a dicho Comité.
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- Inicia Periodo Ordinario con sesión presencial
El Senado de la República se prepara para retomar sus trabajos legislativos, con todas las medidas sanitarias que eviten la propagación del SARS-CoV-2 y garanticen la salud de las y los legisladores, así como del personal que labora en este recinto parlamentario.
Ante la apertura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, del Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, que se llevará a cabo este 1 de febrero, por instrucciones de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, que presiden los senadores Ricardo Monreal Ávila y Eduardo Ramírez, la Cámara de Senadores reforzó las acciones para mitigar los contagios.
Además, de la desinfección de todos los inmuebles del recinto; lavado exhaustivo con cloro de todas las áreas; tapetes sanitizantes en los accesos y áreas comunes, como elevadores, salas de juntas, Salón del Pleno y otros espacios en los que hay mayor tránsito y permanencia de personas.
Así como racks con lámpara de rayos UV en los ductos del Salón de Sesiones, para eliminar gérmenes y desinfectar el flujo de aire de inyección; filtros para el ingreso que incluyen la toma de temperatura a la entrada de las instalaciones, así como la entrega de gel antibacterial y dispensadores con este producto en pasillos y en las diferentes áreas de la Cámara.
El personal de seguridad y resguardo tienen la instrucción de detectar a las personas que no porten cubrebocas, a fin de exhortarlas a que lo hagan, así como para dispersar reuniones en áreas comunes en las que no se observe la sana distancia requerida.
De acuerdo con la bitácora para estas acciones, supervisada por la Secretaría General de Servicios Administrativos, a cargo de Mauricio Farah, las personas que sean detectadas con fiebre pasarán al servicio médico para su revisión, de acuerdo con el protocolo establecido.
Estas disposiciones se suman a las acciones previamente establecidas en el Plan Mínimo de Operaciones, que fue ratificado por la Mesa Directiva, y que establece las acciones del Senado de la República para lograr el distanciamiento social y la mitigación del virus.
La iniciativa propuesta en el Senado de la República para reformar la Ley del Banco de México (Banxico), pondría en riesgo la autonomía de éste así como la garantía de la estabilidad en la economía del país, consideró el Dr. Luis Güemez, Docente de la CETYS Graduate School of Business en el Campus Mexicali.
Si bien la discusión de dicha iniciativa al ser turnada al Congreso de la Unión, quedó pospuesta hasta febrero de 2021, detalló, en caso aprobarse podría forzar a Banxico a comprar divisas que carezcan de la posibilidad de comprobar su origen.
Esto porque la iniciativa plantea que el Banco de México se obligue a ser, en última instancia, el comprador del dinero extranjero que ingresa al país y que no pudo ser repatriado, es decir, hacerse con los activos que no cuenten con respaldo legal para verificar su procedencia. 
De acuerdo con el docente, en caso de que la reforma pase todos los filtros necesarios para promulgarse, se entraría en una disonancia de discurso, pues esto violentaría la autonomía y razón de ser del Banco de México, poniendo en riesgo la reputación del país ante organismos internacionales que otorgan créditos monetarios.
Sin embargo, la justificación del Senado sobre la propuesta de modificación es la pretensión de apoyar a los mexicanos que radican en Estados Unidos de América y envían remesas a sus familias, así como los turistas extranjeros que visitan el país.
“Esta necesidad como tal no existe, puesto que ya hay mecanismos para ello, ese dinero que llega de los paisanos ingresa de manera legal y se pueden cambiar en los tan conocidos Money Order o bien a través de bancos que están regulados para la compra de dólares”, indicó el académico.
Recordó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el año 2019 se recibieron 470 millones de dólares en el país, de los cuales 77 millones se vendieron en casas de cambio e ingresaron directamente en efectivo, es decir, menos del 1%.
“En las próximas semanas habrá que estar al pendiente de la decisión e impacto de la resolución que emitan quienes representan a la población mexicana en la Cámara de Diputados”, concluyó el experto.
- No obstante las restricciones sanitarias por la pandemia, se espera que miles de familias retornen con motivo del fin de año en México: Sasil de León
Ante los abusos que sufren las y los connacionales que en temporada decembrina regresan de Estados Unidos a México, la senadora Sasil de León Villard pidió al Gobierno Federal que, en coordinación con las autoridades de los estados, prevenga y garantice la integridad y el derecho al libre tránsito de esas personas.
La legisladora de Encuentro Social señaló que no obstante que las restricciones sanitarias por la pandemia inhibirán la cantidad, se espera que miles de familias migrantes pasen el fin de año en México; por lo que urgió a establecer mecanismos efectivos de denuncia y sanciones para los servidores públicos que transgredan los derechos humanos de estos mexicanos.
Mencionó que en esta época del año las personas migrantes se encuentran en el trayecto con diversas dificultades, como extorsiones, asaltos y violaciones a sus derechos por parte de funcionarios de gobierno, debido a que traen consigo dinero u objetos de valor.
Dijo que para evitar esos abusos, se han llevado a cabo diversos programas, impulsados por líderes de organizaciones sociales, empresariales, políticas y religiosas de la comunidad mexicana y mexicano-americana residentes en los Estados Unidos.
Refirió que, por su parte, el Gobierno Federal lanzó un programa integral que incluye a la Guardia Nacional para atender y proteger de abusos a los mexicanos que residen en Estados Unidos y que regresan al país en esta temporada del año.
Pero es fundamental también, apuntó, propiciar una coordinación intersectorial e intergubernamental para que las políticas públicas, además de garantizar seguridad, también les proporcionen alimentación, servicios médicos, alojamiento, vestido, asistencia jurídica, orientación social y, en su caso, servicios de transportación y funerarios.
En ese sentido, manifestó la senadora Sasil de León, el gobierno puede hacerlo de forma directa o a través del apoyo monetario a asociaciones civiles y escuelas de educación media superior o en especie, cuando sean asociaciones religiosas que apoyen a los migrantes, pero que rindan cuentas a las autoridades sobre la ayuda que otorguen a ese sector.
Para esto, los diferentes niveles de gobierno, las dependencias y entidades donde se encuentren los migrantes, deberán promover el otorgamiento de incentivos, en los términos de las disposiciones legales aplicables, a quienes realicen actividades a favor de ellos, indicó.
- Lamentó que en el contexto actual, de la pandemia por Covid-19, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el servicio a casi 700 mil hogares por impago.
A fin de establecer como derecho humano el servicio de suministro eléctrico, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, propuso modificar el Artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica y el Artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Al fundamentar la propuesta, la legisladora señaló que con este cambio se busca obligar al Estado a mejorar el acceso a este recurso que debe ser regulado por un régimen especial de derecho público y con subsidios de oferta para los sectores de menores recursos económicos, además de establecer mínimos vitales gratuitos.
Del mismo modo, su propuesta determina que los servicios públicos, como el agua potable, energía eléctrica, alumbrado y alcantarillado deben ser proporcionados de manera regular y continua sin interrupciones, a pesar de la falta de pago.
“Estos servicios se tratan de las condiciones sustentables mínimas para la dignidad en la vida de los habitantes de nuestro país, por ello, resulta imprescindible que el Estado cumpla un rol activo de manera de garantizar el acceso universal a estos recursos, aún cuando su prestación se encuentre delegada en manos de empresas privadas”, apuntó la legisladora por Nayarit.
La integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo destacó que la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución 65/151, reseñó que el Estado tiene la obligación de asegurar la entrega del servicio eléctrico como parte de un piso de derechos mínimos que tiene que garantizar a toda la población.
“La energía está relacionada con prácticamente todas las actividades de la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, en México 35 mil hogares no gozan de energía; según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), estos son los hogares con las condiciones más extremas de pobreza energética”, mencionó.
Y lamentó que en el contexto actual, de la pandemia por Covid-19, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el servicio a casi 700 mil hogares por impago.
“En abril, la medida afectó a 329.668 usuarios domésticos y en mayo a 362.986, un incremento del 10%, según datos proporcionados por la empresa. Si bien se trata de cifras menores a las de los dos meses previos al inicio del confinamiento, los cortes se dan cuando una gran parte de la población está trabajando desde casa y otra ha perdido su empleo”, detalló la legisladora.
Cora Cecilia Pinedo, aseveró que la situación actual ya es de por si demasiado grave, en México, pues existen más de 500 mil viviendas sin electricidad, principalmente en comunidades indígenas y rurales; por lo que resulta fundamental establecer un marco regulatorio que permita a toda persona tener acceso a este servicio de manera suficiente, equitativa y sustentable.
“Prevenir la afectación de los grupos más vulnerables y garantizar el derecho de acceso a los servicios públicos básicos es precisamente el motivo del presente proyecto”, concluyó.
• El IBD firma convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Nuevo León A.C.
• Se generarán instrumentos para la reforma al sistema de justicia que en estos momentos se encuentra en proceso de análisis en el Senado.
Cuando se escuchan todas las visiones podemos construir leyes que funcionen y beneficien a todos, afirmó el senador Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).
Durante la firma del convenio del convenio de colaboración entre el Colegio de Abogados de Nuevo León, el senador Osorio Chong expresó que “cuando se escucha a la evidencia científica los proyectos son más exitosos y con servidores públicos capacitados, el gobierno y el congreso funcionan mejor”.
El presidente del IBD señaló que, en los últimos dos años, el Instituto ha abierto sus puertas a las entidades, las universidades y la sociedad como nunca se había logrado, con el fin de que su trabajo rinda mejores frutos.
Dijo que el conocimiento del Colegio de Abogados de Nuevo León vendrá a sumar en el análisis de la reforma al sistema de justicia y el mejoramiento del sistema penal acusatorio, para seguir avanzando en una justicia más expedita en nuestro país.
El maestro José Manuel Cardona Monreal, presidente-rector del Colegio de Abogados, manifestó que la firma del convenio con el IBD permitirá a ambas instituciones seguir creciendo juntos.
El senador Samuel García Sepúlveda felicitó al Instituto por su labor impecable y apartidista, mientras que el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís destacó la importancia del convenio suscrito para el análisis de las decisiones de las autoridades jurisdiccionales. Ambos senadores, representantes del estado de Nuevo León, participaron en el evento como invitados especiales.
La directora general de Difusión y Publicaciones del IBD, Martha Patricia Patiño Fierro, apuntó que la colaboración con el Colegio de Abogados de Nuevo León abrirá nuevas rutas para la comprensión de los problemas jurídicos del país, la promoción de la cultura de la legalidad y el fortalecimiento del Estado democrático de derecho.
La funcionaria reafirmó el compromiso del Instituto con la producción e intercambio de conocimientos de cara a los retos que enfrentamos como país.
- Estamos planteando un sistema jurídico de alto nivel, en el que se consideren nuevas herramientas para la impartición de justicia y un sistema moderno, apunta Ricardo Monreal.
El Grupo Parlamentario de Morena garantizará que todas y todos los ciudadanos tengan acceso al derecho humano de la justicia y, por su naturaleza, los medios alternativos de solución de controversia que privilegien de manera regulada su participación en la solución de sus conflictos, sin que necesariamente tengan que acudir ante los órganos jurisdiccionales, afirmó Ricardo Monreal.
Lo anterior, en el marco de una reunión a distancia con presidentas y presidentes de los tribunales superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para revisar los resultados de los trabajos sobre la iniciativa de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y la reforma al artículo 116 Constitucional, en la que también participó el presidente de la Comisión de Justicia, senador Julio Menchaca Salazar.
Ricardo Monreal Ávila señaló que, desde el 2014, los medios alternativos de solución de controversias son una realidad en nuestro país, sin embargo, indicó que esto sucede exclusivamente en materia penal, ámbito en el que ha dado un resultado benéfico, por lo que consideró necesario su uso en otras materias como la familiar, civil, mercantil y administrativa.
En este sentido, informó que la bancada de Morena ante el Pleno del Senado la iniciativa para crear Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias, la cual busca brindar a la ciudadanía una opción de acercamiento a la justicia.
El legislador insistió que entre los objetivos de la propuesta se encuentra que todas y todos los ciudadanos tengan acceso al derecho humano de la justicia y, por su naturaleza, los medios alternativos de solución de controversia privilegian de manera regulada su participación en la solución de sus conflictos, sin que necesariamente tengan que acudir ante los órganos jurisdiccionales.
Además, agregó, facilita la despresurización de la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y establece una nueva forma de impartición de justicia, lo cual fortalecerá al sistema jurídico mexicano, marcando un antes y un después en el acceso a la justicia.
Afirmó que con la iniciativa se sentarán las bases y principios para la distribución de competencias en los tres ámbitos de Gobierno y, en consecuencia, para su aplicación por autoridades federales, estatales y municipales. “Si no existe uniformidad en la aplicación de los mecanismos alternativos, se genera discrepancia jurídica en todos los niveles de gobierno, situación que queremos evitar con la expedición de esta ley general”, sentenció.
Asimismo, Monreal Ávila puntualizó que la pandemia por Covid-19 ha expuesto la necesidad de recurrir a mecanismos alternativos de solución de controversias para garantizar el acceso a la impartición de justicia y poder evitar la sobresaturación de la carga de trabajo en los tribunales.
“Por eso es que estamos planteando este sistema jurídico de alto nivel, en el que se consideren nuevas herramientas para la impartición de justicia, y un sistema moderno y acorde a las necesidades de las nuevas generaciones”, aseveró.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Julio Menchaca, explicó que, con la Ley General de Medios Alternativos en la Solución de Controversias, se espera propiciar un cambio de chip en la sociedad y que no todo se concentre en la demanda y saturación de juzgados.
La participación de los magistrados y magistradas en este foro, detalló el legislador por Morena, es importante porque cuentan con Centros de Mediación que les permite mayor expertis y conocimiento para aportar a la nueva ley.
En este sentido, agregó que es fundamental homologar la ruta para establecer las mismas condiciones para los facilitadores en los estados. Es necesario tener control de las personas acreditadas a nivel nacional para que tengan la misma posibilidad de acceso y de desarrollo profesional, acotó.
Agregó que el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), es una institución que puede participar con los centros estatales de mediación dependientes de los poderes judiciales.
Respecto al tema de presupuesto, precisó que se tendrá una reunión en parlamento abierto con gobernadores, porque efectivamente hay desproporciones en las entidades. No obstante, aseveró, se cuidará que el presupuesto sea irreductible.
Adicionalmente, Menchaca Salazar recalcó que para el Senado es un reto la modificación al Artículo 116 Constitucional y otras legislaciones y medidas para fortalecer no solamente a los tribunales de justicia, sino también de justicia administrativa, agrarios y laborales.
Para ello, señaló, el senador Ricardo Monreal realiza el Foro Desafíos de la Justicia Mexicana, para que todas las personas tengan acceso a la justicia.
En su participación, el presidente del Tribunal Superior de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Rafael Guerra Álvarez, aseguró que el equilibrio y la colaboración de los poderes, representa mucho más que una convivencia política. “Representa el ciclo en el que el poder soberano emana del pueblo y regresa al pueblo. Representa dinamismo, pan y orden”, apuntó.
El magistrado agradeció al Senado de la República por permitir la participación de los integrantes de los tribunales, ya que finalmente son las juzgadoras y los juzgadores los que aplicarán las leyes que se emitan. “Qué mejor con esa coordinación que nos escuche, que nos tomen en cuenta con los puntos de vista; ténganlo por seguro que vamos a tener una mejor impartición de justicia para todo el país”, acotó.
Enrique Inzunza Cázarez, magistrado presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa, propuso que antes de atender los temas de la agenda de la justicia nacional, se debe fortalecer el presupuesto destinado a los poderes judiciales de los estados.
Indicó que la centralización del sistema de justicia ha generado una asimetría en la asignación de recursos públicos. Actualmente, explicó, los presupuestos de los poderes judiciales locales juntos no alcanza siquiera la mitad de lo que se asigna al Poder Judicial de la Federación, algo que es anormal.
El magistrado consideró que esta situación es contradictoria, pues la Federación tiene una competencia “residual” porque, apenas una cuarta parte de todos los asuntos que ingresan en materia de justicia, son de esa jurisdicción.
A su vez, Martha Laura Garza, titular del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias de Nuevo León, dijo que la falta de presupuesto, material, recursos humanos y de espacios necesarios, podrían ocasionar un “cuello de botella” en la aplicación de este tipo de mecanismos.
Por ello, dijo, es importante fortalecer los recursos y estipular que la entrada en vigor de la ley sea de manera gradual y paulatina. Con los recursos humanos que se tienen actualmente no se podría dar abasto y generaría un cuello de botella, advirtió.
En la discusión también participaron el presidente del Tribunal de Nuevo León, Francisco Javier Mendoza Torres; el titular de el de Tamaulipas, Horacio Ortiz Renán; de Puebla, Héctor Sánchez Sánchez; y de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup.
- Revisarán las fallas y ayudará a fortalecer la legislación reglamentaria, revela la senadora Martha Guerrero
La Comisión Especial que da seguimiento a los casos de feminicidios de niñas y adolescentes, que preside la senadora Martha Guerrero Sánchez, busca reunirse con autoridades de 10 estados del país que registran mayores índices de feminicidios, para ver qué está fallando, cómo ayudan a fortalecer la legislación reglamentaria; revisar los protocolos preventivos y las debilidades jurídicas, entre otros aspectos.
La legisladora de Morena presentó la propuesta durante la Reunión Ordinaria de ese órgano legislativo, donde sólo quedó pendiente si los encuentros con autoridades locales serían presenciales o virtuales, las fechas y horarios, por las medidas establecidas por la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.
Al darse a conocer el calendario, se dijo que el primer estado a visitar será el Estado de México, por ocupar el primer lugar en feminicidios; segundo lugar en homicidios dolosos; primero en lesiones dolosas, y también ocupa el primer lugar en feminicidios de niñas y adolescentes. Continuará Veracruz, segundo lugar; Ciudad de México, en tercero, y Guanajuato, en cuarto lugar.
“Es donde vemos vacíos legales y por eso tenemos que ver qué podemos hacer para poder ayudar a fortalecer leyes reglamentarias; poder fortalecer protocolos, a revisar debilidades en las diferentes entidades federativas. ¿Por qué ir a cada una de ellas? Por que cada una tiene una interpretación propia de lo que es el feminicidio. No es lo mismo en el estado de Guerrero que en Chiapas o el Estado de México”, señaló.
Es una tarea ambiciosa, dijo, pero consideró que con el interés que tienen sobre el tema lo van a lograr:
“Aclaro que no iríamos en un plan de fiscalización o escrutinio, es simplemente revisar qué se está haciendo en cada estado; qué programas de prevención están implementando; de qué forma están trabajando las Fiscalías Estadales, porque también no es lo mismo en la Ciudad de México que en el Estado de México. Solo así podremos recoger con precisión un diagnóstico sobre el problema de los feminicidios de niñas y adolescentes”, precisó.
Los indicadores refieren, abundó, que de enero a julio pasados, respecto al índice con mayor violencia de género, de los mencionados se repiten cuatro estados: Estado de México, Veracruz, Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Querétaro, Sonora, Baja California, Aguascalientes y Oaxaca.
Agregó que en los indicadores de enero a junio del presente año, el Estado de México ocupa el primer lugar en feminicidios y también tiene un indicador bastante interesante con problemas de menores de edad en feminicidios de cero a 17 años; y nuevamente aparecen Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Morelos, Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí y Chiapas.
“Ahí podemos apreciar cómo hay estados que se vuelven a empalmar no solamente en violencia de género, sino también ya en feminicidios en un rango de edad de cero a 17 años y también con feminicidios con rangos de edad de los 18 a los 25 o 30 años de edad”, subrayó.
Otro caso, dijo, es el de las mujeres con lesiones dolosas, donde el Estado de México vuelve a aparecer en primer lugar, seguido de Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Baja California, Oaxaca, Veracruz, Jalisco y Querétaro.
Mientras que en el delito de homicidio doloso aparece en primer lugar Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Michoacán, Baja California, Jalisco, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, concluyó la senadora Guerrero Sánchez.
* baja calidad del agua y el nulo saneamiento afectan la salud de las personas más vulnerables, revela el senador García Conejo.
El senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, a fin de que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) establezca como prioridad el uso eficiente, reúso y reciclaje del líquido en la formulación y actualización del Programa Nacional Hídrico (PNH).
El Programa deberá basarse en el bienestar social y el desarrollo económico, atendiendo el equilibrio ecológico y la sustentabilidad de los procesos involucrados, explicó el legislador en su iniciativa.
Apuntó que el PNH fue aprobado en marzo de 2019 por el Gobierno Federal, con la función de establecer las políticas públicas y lineamientos base, para una mejor gestión y manejo de los recursos hídricos del país, con el fin de ejercerlos de la manera más correcta posible.
Desafortunadamente, dijo el legislador, las políticas públicas no han sido suficientes para su correcta aplicación, por lo que no se han generado los resultados esperados, hasta el momento.
Señaló que a pesar de los esfuerzos que se hacen a nivel mundial para abastecer a la población, tres de cada 10 personas no cuentan con agua potable, y seis de cada 10 no tienen acceso a servicios de saneamiento seguros, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Además, abundó, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer que más de dos mil millones de personas viven en países que sufren una fuerte escases de agua, y aproximadamente cuatro mil millones de personas la padecen de manera grave durante, al menos, un mes al año.
A lo anterior se suman las afectaciones a las poblaciones más vulnerables que ocasionan la baja calidad, y el nulo saneamiento del mismo, apuntó.
García Conejo indicó que se requiere de una política hídrica sustentable, inclinada a considerar la inversión e infraestructura de los servicios del agua, así como su saneamiento, uso y reciclaje.
Lo anterior, apuntó, representaría una disminución no solo en enfermedades por la contaminación y la carencia de tratamiento del agua, sino también en los gastos de salud pública y atención médica hospitalaria.
La iniciativa para reformar el artículo 15 de la Ley de Aguas Nacionales, se turnó a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, y de Estudios Legislativos Primera.
· Indispensable considerarla como un nuevo mecanismo que ayude a las nuevas generaciones a entender cualquier problemática que se presente.
· El Covid-19 es una crisis de salud física, cuyo impacto en la salud mental es significativo y podría generar mayores dificultades si no se le hace frente correctamente.
La senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud y a la Ley General de Educación con el propósito de fomentar e incluir la educación psicológica, como eje transversal dentro de los planes y programas de estudio.
Pese a que la Secretaría de Educación Pública impulsa las habilidades socioemocionales en el logro educativo, en nuestro país sólo existen poco más de 4 mil 600 unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, las cuales brindan asesoría técnica pedagógica especializada tanto a docentes, padres de familia y estudiantes con discapacidad, rezago escolar, aptitudes sobresalientes y problemas socioafectivos, señala Mayorga en su iniciativa.
Además, añade, mientras que en México hay más de 200 mil escuelas de educación básica, sólo estas 4 mil 600 Unidades cuentan con personal especializado para atender el desarrollo emocional y en su mayoría están ubicadas en entornos urbanos.
“Esto evidencia la necesidad de generar una estrategia de acompañamiento de docentes más efectiva para la capacitación en educación socioemocional, sobre todo en este periodo de emergencia sanitaria en la que los niños, niñas y jóvenes han experimentado todo tipo de sentimientos y vivencias como consecuencia del confinamiento” subrayó.
Dijo que aunque el Covid-19 es una crisis de salud física, el impacto en la salud mental es significativo y podría generar mayores dificultades si no se le hace frente correctamente.
Sostuvo que esta pandemia va a seguir trayendo consecuencias emocionales para los estudiantes y aunque ahora se les ha puesto mayor atención a las habilidades socioemocionales, falta un acompañamiento más esquematizado para los maestros para acompañar su labor didáctica para que puedan detectar los cambios de comportamiento.
Desde hace algunos años, añadió, el concepto de resiliencia apareció en la palestra de posturas psicológicas para poder afrontar problemáticas personales y grupales, haciendo énfasis, sobre todo, en niñas, niños y adolescentes, como un esquema educativo que les circunstancias y de las cuales pueden salir más fuertes y seguros de sí mismos.
En ese sentido, es indispensable considerar la educación psicológica, como un nuevo mecanismo que ayude a las nuevas generaciones a entender cualquier problemática que se presente. “Ahora, estamos viviendo la pandemia del covid-19, pero en un futuro puede ser algún fenómeno natural, por tal motivo, es indispensable dotar a nuestras niñas y niños de herramientas necesarias para enfrentar estas situaciones”, puntualizó.
Por todo lo anterior, presentó esta iniciativa para fomentar e incluir la educación psicológica, como un eje transversal dentro de los planes y programas de estudio, propuesta que fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud y Educación Pública, para su estudio y dictamen.
- El Estado mexicano ha fallado en su obligación de garantizar el derecho a la vida, la integridad física y libre desarrollo de las mujeres, lamenta Geovanna Bañuelos
Ante la violencia en contra de mujeres en el país, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre urgió a los gobiernos Federal, de los estados, municipios y alcaldías a que implementen un Plan Nacional Contra la Violencia Feminicida, a fin de capacitar a las personas servidoras públicas, fomentar la perspectiva de género en sus actos y combatir este delito.
Pidió al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a las fiscalías de las 32 entidades federativas a que homologuen la metodología para contabilizar los casos de feminicidio, con el objetivo de visibilizar la dimensión de esta problemática y elaborar un diagnóstico integral.
De la misma manera, llamó al Gobierno de México para que instale una mesa de trabajo permanente, en donde participen los colectivos feministas y brindar recomendaciones para establecer políticas públicas efectivas que combatan las violencias contra las mujeres.
La senadora aseveró que las instituciones de procuración e impartición de justicia, de todos los órdenes de gobierno, se encuentran completamente rebasadas para prevenir, erradicar y combatir las violencias contra las mujeres.
“Es momento de reconocerlo, el Estado mexicano ha fallado en su obligación constitucional de garantizar el derecho a la vida, a la integridad física y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, de las mujeres mexicanas”, expresó.
Indicó que la violencia feminicida no ha terminado, pues en días recientes se cometieron arteros asesinatos en contra de niñas y mujeres en diversos estados de la República, que han vuelto a conmocionar a la opinión pública.
Geovanna Bañuelos refirió que los datos oficiales muestran un incremento en los feminicidios, pues de 2015 a julio de 2020 han sido asesinadas en el país, por razones de género, 18 mil 51 mujeres.
Sin embargo, mencionó que sólo de enero a julio de este año, aproximadamente 2 mil 240 mujeres fueron asesinadas, lo que representa un incremento de 3.1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Cuántas más son parte de la cifra negra de casos no registrados?, cuestionó.
Por otro lado, la legisladora explicó que el feminicidio es un delito del fuero común, por lo que corresponde a las autoridades locales implementar las medidas necesarias para prevenirlo, combatirlo y erradicarlo.
En este sentido, expuso que actualmente las procuradurías y fiscalías tienen problemas para acreditar algunos elementos de este tipo penal; algo que no solamente se debe a la complejidad del tipo, sino también a la falta de recursos humanos y materiales para integrar de manera adecuada las carpetas de investigación.
Por ello, consideró fundamental que se destine una mayor cantidad de recursos y se creen unidades especializadas, bien capacitadas y equipadas, para investigar e imputar a los presuntos feminicidas.
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben asumir su obligación constitucional de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de las mujeres mexicanas e implementar un Plan Nacional contra la Violencia Feminicida para atender esta problemática, insistió.
Aunado a ello, indicó que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero y agosto de 2020, se han registrado en el Estado de México 97 casos de feminicidio; en Veracruz 63; Ciudad de México 51; Nuevo León 42, y en Puebla 40, lo que las hace las entidades con más casos.
Geovanna Bañuelos de la Torre señaló que se trata de un gravísimo problema en México que no se puede ignorar; la violencia machista y el grado de sadismo que vemos a diario no puede ser normalizado. Aún falta por garantizar el derecho a la vida de nuestras mujeres. Al no proteger su integridad física y su vida, falla el Estado, falla la familia, falla la sociedad, fallamos todos, puntualizó.
“En la ANEI estamos para servir a Nuevo León y a México”, Fernando Turner Dávila, fundador de esa asociación que representa a las Pymes a nivel nacional. Durante la conferencia “Nuevo León Frente a la Pandemia” ante miembros de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI), el senador Samuel García, afirmó que México es el único país que no cuenta con un plan fiscal, financiero ni económico para enfrentar el impacto de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
“No se hizo nada, no hubo plan fiscal, financiero, ni económico. México es el único país en el mundo que no tuvo plan fiscal. Países como Colombia, Brasil, Francia, España, China, India y EUA,bajaron tasas de interés, pospusieron el cobro de impuestos, se reestructuraron deudas y se otorgaron estímulos fiscales”, sostuvo.
devoluciones de impuestos.
“Y no se diga la persecución fiscal del SAT, están advirtiendo sobre un terrorismo, la cancelación de Sellos Digitales, no devuelven el IVA, muy mal el Gobierno Federal en materia fiscal”, enfatizó. Enseguida refirió que ante el impacto por la pandemia, el decrecimiento económico y la parálisis
productiva de alrededor de 20 millones de empleos en México, presentó una propuesta al Ejecutivo Federal que consiste en reducir el IVA y regresar a la tasa del 10 por ciento en forma gradual en los próximos tres años, así como bajar el ISR del 35 al 25 por ciento. Además planteó eliminar impuestos digitales, acelerar las devoluciones y crear un plan financiero que incluya un gran acuerdo con los bancos para frenar las penalizaciones sobre deudores de la banca, reestructurar líneas de crédito y aplicar un programa de créditos para las PYMES.
Nuevo León enfrentará varias crisis en 2021
El senador Samuel García, advirtió que en 2021 Nuevo León enfrentará varias crisis, debido a la reducción del presupuesto y la falta de recursos para hacer frente a las problemáticas en la entidad.
“Los diputados de Morena son unos borregos sumisos, van a votar a favor para que ahora lleguen solamente 69 mil millones de pesos a Nuevo León en 2021”, señaló. Estimó que Nuevo León podría contar con recursos por 118 mil millones de pesos al año si se sale del Pacto Fiscal, al recaudar el ISR e IVA
Mencionó que hay muchas alternativas para generar una mayor recaudación y contar con recursos para invertir en infraestructura.
Sin embargo, “a Nuevo León le va a caer una bomba con ese presupuesto de 69 mil millones de pesos para el 2020, no vamos hacer nada en la entidad”, ya que alrededor de 9 mil millones de pesos ya están comprometidos para mantener la deuda. El panorama será muy complicado para Nuevo León en 2021, ya que se vienen las crisis de pensiones, del agua, calidad del aire, seguridad, basura, agua y drenaje, por ello, la gran batalla de Nuevo León se llama salir del Convenio Fiscal, expresó el presidente de la Comisión de Federalismo en el Senado.
“En la ANEI estamos para servir a Nuevo León y a México”, aseguró el empresario Fernando Turner Dávila, fundador de esa asociación.
Se pronunció a favor de la Convención Nacional Hacendaria para que se dé la unión y fuerza necesaria para impulsar los cambios que demanda el país para impulsar el crecimiento, recuperar los empleos y apoyar a las Pymes.
El senador Samuel García, advirtió que en 2021 Nuevo León enfrentará varias crisis, debido a la reducción del presupuesto y la falta de recursos para hacer frente a las problemáticas en la entidad.
“Los diputados de Morena son unos borregos sumisos, van a votar a favor para que ahora lleguen solamente 69 mil millones de pesos a Nuevo León en 2021”, señaló. Estimó que Nuevo León podría contar con recursos por 118 mil millones de pesos al año si se sale del Pacto Fiscal, al recaudar el ISR e IVA
Mencionó que hay muchas alternativas para generar una mayor recaudación y contar con recursos para invertir en infraestructura.
Sin embargo, “a Nuevo León le va a caer una bomba con ese presupuesto de 69 mil millones de pesos para el 2020, no vamos hacer nada en la entidad”, ya que alrededor de 9 mil millones de pesos ya están comprometidos para mantener la deuda. El panorama será muy complicado para Nuevo León en 2021, ya que se vienen las crisis de pensiones, del agua, calidad del aire, seguridad, basura, agua y drenaje, por ello, la gran batalla de Nuevo León se llama salir del Convenio Fiscal, expresó el presidente de la Comisión de Federalismo en el Senado.
“En la ANEI estamos para servir a Nuevo León y a México”, aseguró el empresario Fernando Turner Dávila, fundador de esa asociación.
Se pronunció a favor de la Convención Nacional Hacendaria para que se dé la unión y fuerza necesaria para impulsar los cambios que demanda el país para impulsar el crecimiento, recuperar los empleos y apoyar a las Pymes.
- Para presentar una queja los consumidores tienen que trasladarse a Tlaquepaque, Jalisco, e invertir tiempo y dinero, denuncian
La senadora Gabriela Benavides Cobos presentó un punto de acuerdo, donde hace un exhorto a la Secretaría de Economía reconsidere el haber retirado las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) del Puerto de Manzanillo y de la capital de Colima, debido a que un número importante de ciudadanos se han visto afectados para presentar sus quejas y ha provocado un impacto negativo en los derechos de los consumidores de toda la entidad.
La legisladora del PVEM afirmó que a la austeridad emprendida por el gobierno actual, la dependencia decidió retirar las unidades de atención en el estado de Colima en 2019, y para presentar una queja de manera presencial ante la PROFECO, los consumidores tienen que trasladarse hasta la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco.
Benavides Cobos explicó que un ciudadano de dicha capital tiene que invertir alrededor de seis horas de su tiempo y cerca de mil 200 pesos en el pago de gasolina y castas para acudir a la dependencia, utilizando su automóvil particular; en caso de usar transporte público, el tiempo y costo aumenta.
Del puerto de Manzanillo, se estiman ocho horas de traslado y mil 500 pesos, de inversión comentó la senadora.
Al no existir ventanillas de la Procuraduría, dijo, las cifras de quejas en Colima han disminuido radicalmente, puesto que muy pocas personas han tenido las posibilidades de soportar un gasto económico y de tiempo.
Refirió que bajo el argumento de cumplir con las medidas de austeridad, también fueron cerradas de manera definitiva dos delegaciones, ocho subdelegaciones y cuatro unidades de servicio de la Profeco.
La senadora recordó que la Procuraduría tiene las funciones de proteger y defender los derechos de las y los consumidores; generar una cultura de consumo responsable; proporcionar información oportuna, objetiva y útil para definir las compras, así como implementar métodos de atención rápida y accesible para la población, a través de las tecnologías de la información.
De no rectificar, la propia dependencia estaría violentando la Ley Federal de Protección al Consumidor, que señala la obligación del Estado de ofrecer protección a los consumidores un mecanismo fácil, inmediato, así como un ente cercano a la gente, concluyó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Economía, para su estudio.
- Se benefició al Ejido Santa María del Municipio de San Juan de Sabinas
El Senador Coahuilense Armando Guadiana, entregó un pozo de agua más, ahora fue en la Región Carbonífera del Estado.
Este pozo dará 88 litros por minutos para uso doméstico y que beneficiará a más de mil habitantes del Ejido Santa María.
Se realizó el equipamiento completo del sistema de bombeo, tuberías e instalación de paneles solares para el funcionamiento de mencionado pozo.
“Continuamos realizando estas acciones en favor de los coahuilenses que más lo necesitan, reiteramos que en estas obras se invierten recursos de índole privado”, puntualizó el Senador Guadiana.
“Mi Hermano José Luis y un Servidor hemos estado invirtiendo de manera personal en estas obras que buscan acabar con la falta de agua, que hoy en día representa un grave problema de salud que debe mitigarse lo más pronto posible”, finalizó el Legislador Coahuilense.
