Analizan avances y limitaciones de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos

• Estamos planteando un sistema jurídico de alto nivel, en el que se consideren nuevas herramientas para la impartición de justicia y un sistema moderno, apunta Ricardo Monreal. 
  
   
  

 

El Grupo Parlamentario de Morena garantizará que todas y todos los ciudadanos tengan acceso al derecho humano de la justicia y, por su naturaleza, los medios alternativos de solución de controversia que privilegien de manera regulada su participación en la solución de sus conflictos, sin que necesariamente tengan que acudir ante los órganos jurisdiccionales, afirmó Ricardo Monreal. 

 

Lo anterior, en el marco de una reunión a distancia con presidentas y presidentes de los tribunales superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos,  para revisar los resultados de los trabajos sobre la iniciativa de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y la reforma al artículo 116 Constitucional, en la que también participó el presidente de la Comisión de Justicia, senador Julio Menchaca Salazar. 

 

Ricardo Monreal Ávila señaló que, desde el 2014, los medios alternativos de solución de controversias son una realidad en nuestro país, sin embargo, indicó que esto sucede exclusivamente en materia penal, ámbito en el que ha dado un resultado benéfico, por lo que consideró necesario su uso en otras materias como la familiar, civil, mercantil y administrativa. 

 

En este sentido, informó que la bancada de Morena ante el Pleno del Senado la iniciativa para crear Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias, la cual busca brindar a la ciudadanía una opción de acercamiento a la justicia.  

 

El legislador insistió que entre los objetivos de la propuesta se encuentra que todas y todos los ciudadanos tengan acceso al derecho humano de la justicia y, por su naturaleza, los medios alternativos de solución de controversia privilegian de manera regulada su participación en la solución de sus conflictos, sin que necesariamente tengan que acudir ante los órganos jurisdiccionales. 

 

Además, agregó, facilita la despresurización de la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y establece una nueva forma de impartición de justicia, lo cual fortalecerá al sistema jurídico mexicano, marcando un antes y un después en el acceso a la justicia. 

 

Afirmó que con la iniciativa se sentarán las bases y principios para la distribución de competencias en los tres ámbitos de Gobierno y, en consecuencia, para su aplicación por autoridades federales, estatales y municipales. “Si no existe uniformidad en la aplicación de los mecanismos alternativos, se genera discrepancia jurídica en todos los niveles de gobierno, situación que queremos evitar con la expedición de esta ley general”, sentenció. 

 

Asimismo, Monreal Ávila puntualizó que la pandemia por Covid-19 ha expuesto la necesidad de recurrir a mecanismos alternativos de solución de controversias para garantizar el acceso a la impartición de justicia y poder evitar la sobresaturación de la carga de trabajo en los tribunales. 

 

“Por eso es que estamos planteando este sistema jurídico de alto nivel, en el que se consideren nuevas herramientas para la impartición de justicia, y un sistema moderno y acorde a las necesidades de las nuevas generaciones”, aseveró. 

 

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Julio Menchaca, explicó que, con la Ley General de Medios Alternativos en la Solución de Controversias, se espera propiciar un cambio de chip en la sociedad y que no todo se concentre en la demanda y saturación de juzgados. 

 

La participación de los magistrados y magistradas en este foro, detalló el legislador por Morena, es importante porque cuentan con Centros de Mediación que les permite mayor expertis y conocimiento para aportar a la nueva ley. 

 

En este sentido, agregó que es fundamental homologar la ruta para establecer las mismas condiciones para los facilitadores en los estados. Es necesario tener control de las personas acreditadas a nivel nacional para que tengan la misma posibilidad de acceso y de desarrollo profesional, acotó. 

 

Agregó que el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), es una institución que puede participar con los centros estatales de mediación dependientes de los poderes judiciales. 

 

Respecto al tema de presupuesto, precisó que se tendrá una reunión en parlamento abierto con gobernadores, porque efectivamente hay desproporciones en las entidades. No obstante, aseveró, se cuidará que el presupuesto sea irreductible. 

 

Adicionalmente, Menchaca Salazar recalcó que para el Senado es un reto la modificación al Artículo 116 Constitucional y otras legislaciones y medidas para fortalecer no solamente a los tribunales de justicia, sino también de justicia administrativa, agrarios y laborales. 

 

Para ello, señaló, el senador Ricardo Monreal realiza el Foro Desafíos de la Justicia Mexicana, para que todas las personas tengan acceso a la justicia. 

 

En su participación, el presidente del Tribunal Superior de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Rafael Guerra Álvarez, aseguró que el equilibrio y la colaboración de los poderes, representa mucho más que una convivencia política. “Representa el ciclo en el que el poder soberano emana del pueblo y regresa al pueblo. Representa dinamismo, pan y orden”, apuntó. 

 

El magistrado agradeció al Senado de la República por permitir la participación de los integrantes de los tribunales, ya que finalmente son las juzgadoras y los juzgadores los que aplicarán las leyes que se emitan. “Qué mejor con esa coordinación que nos escuche, que nos tomen en cuenta con los puntos de vista; ténganlo por seguro que vamos a tener una mejor impartición de justicia para todo el país”, acotó. 

 

Enrique Inzunza Cázarez, magistrado presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa, propuso que antes de atender los temas de la agenda de la justicia nacional, se debe fortalecer el presupuesto destinado a los poderes judiciales de los estados. 

 

Indicó que la centralización del sistema de justicia ha generado una asimetría en la asignación de recursos públicos. Actualmente, explicó, los presupuestos de los poderes judiciales locales juntos no alcanza siquiera la mitad de lo que se asigna al Poder Judicial de la Federación, algo que es anormal. 

 

El magistrado consideró que esta situación es contradictoria, pues la Federación tiene una competencia “residual” porque, apenas una cuarta parte de todos los asuntos que ingresan en materia de justicia, son de esa jurisdicción. 

 

A su vez, Martha Laura Garza, titular del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias de Nuevo León, dijo que la falta de presupuesto, material, recursos humanos y de espacios necesarios, podrían ocasionar un “cuello de botella” en la aplicación de este tipo de mecanismos. 

 

Por ello, dijo, es importante fortalecer los recursos y estipular que la entrada en vigor de la ley sea de manera gradual y paulatina. Con los recursos humanos que se tienen actualmente no se podría dar abasto y generaría un cuello de botella, advirtió. 

 

En la discusión también participaron el presidente del Tribunal de Nuevo León, Francisco Javier Mendoza Torres; el titular de el de Tamaulipas, Horacio Ortiz Renán; de Puebla, Héctor Sánchez Sánchez; y de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup.