- El documento fue aprobado con 59 votos y turnado al Ejecutivo Federal
Con 59 votos a favor y 33 en contra, el Senado de la República aprobó el dictamen con la evaluación del primer informe semestral respecto a la facultad conferida al titular del Poder Ejecutivo Federal sobre el uso de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública.
En el documento, las y los legisladores mencionaron que en relación con el análisis del estado que guardan las instituciones de seguridad pública en el país, no se cuenta con información debidamente proporcionada por las y los titulares de los gobiernos de las entidades, que permitan valorar el estado de la fuerza pública en las entidades federativas y municipios.
Agregaron que “no obstante que reconocemos el esfuerzo, la coordinación y el trabajo conjuntos entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios”, no existen condiciones de juicio suficientes para señalar a las entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública.
La toma de decisiones sobre el retiro de la Fuerza Armada Permanente, subrayaron los legisladores, implican un análisis detallado y multidimensional de la situación específica de cada estado, así como una evaluación continua de los resultados y la seguridad a largo plazo.
Por ello, exhortaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en los subsecuentes informes, integre la información con la que cuente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto del cumplimiento de las obligaciones conferidas en el artículo Séptimo Transitorio del Decreto del 26 de marzo de 2019.
También pidieron a las y los gobernadores que, en el plazo máximo de 60 días, contados a partir de la aprobación del presente dictamen, presenten la información relativa al cumplimiento de las obligaciones conferidas en dicho artículo sobre:
El diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de los cuerpos policiales estatales y municipales ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Además, sobre el uso y destino de los recursos previstos en los presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades, sobre la base de la corresponsabilidad, a partir del ejercicio fiscal de 2020.
En el dictamen, las y los senadores también solicitaron que se incluya el seguimiento a la evaluación integral del estado de fuerza, el informe sobre los avances en los objetivos señalados y su cumplimiento, enviado por el titular del Ejecutivo local a la Legislatura de la entidad correspondiente y al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Pidieron la ruta para el retiro gradual de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública; así como la ruta para determinar de forma anual donde ya no es necesaria la presencia de la Fuerza Armada permanente, “otorgando a las policías civiles su papel”; además, del fortalecimiento en materia presupuestal para policías locales, municipios y entidades.
Advirtieron que de no contar con la información requerida en el plazo establecido, la Comisión Bicamaral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de Seguridad Pública, dará cuenta de los titulares de los gobiernos locales que sean omisos de respuesta, para la integración de los siguientes dictámenes de evaluación.
Y exhortaron al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados para que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los años subsecuentes, se destinen recursos específicos al fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios, a fin de fortalecer a las instituciones de seguridad pública en el país.
El presidente de la Comisión Bicamaral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, Cristóbal Arias Solís, consideró que se deben fortalecer los criterios de compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
Advirtió que no existen condiciones de juicio suficiente para señalar a las entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia de la Fuerza Armada permanente en tareas públicas, por lo que se exhorta que en los próximos informes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como las personas titulares de los poderes ejecutivos de los estados presenten la información relativa al cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.
“Nos permitimos evaluar satisfactoriamente este primer ejercicio en el cumplimiento de los criterios de participación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública”, subrayó.
Por Morena, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, dijo que la tarea de las Fuerzas Armadas es fundamental en la construcción de la paz en México y en la lucha contra la delincuencia. Además, aseveró que “México transita hacia la seguridad y la paz de cada uno de los mexicanos”.
El senador Damián Zepeda Vidales, de Acción Nacional, denunció que la seguridad pública se ha militarizado, a pesar de que el Presidente de la República prometió que la Guardia Nacional sería un cuerpo civil. También señaló que este organismo de seguridad sólo es responsable del dos por ciento de las detenciones.
El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, dijo que en los resolutivos del informe se pretende culpar a las entidades federativas de la falta de datos de elementos desplegados; sin embargo, enfatizó que quien tiene la obligación de implementar un esquema de retiro paulatino del Ejército en las tareas de seguridad es el Ejecutivo Federal.
Claudia Edith Anaya Mota, senadora del PRI, pidió votar el dictamen en contra, ya que las omisiones del Senado permitieron la militarización de la seguridad pública, a pesar de que la Constitución establece lo contrario. En ese sentido, hizo un llamado a las y los legisladores a regular correctamente la labor de la Guardia Nacional.
La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del PT, informó que en 651 municipios del país no existe policía municipal, además de que en los lugares que sí hay tienen un bajo nivel de confianza. Por otro lado, agregó, el Ejército y la Guardia Nacional tienen mayor aprobación por parte de la población, de ahí la importancia de su participación.
El senador del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Carlos Ramírez Marín, mencionó que el informe arroja datos muy interesantes, como la acreditación de la Secretaría de Marina a 17 solicitudes de entidades federativas, para que sus elementos permanezcan en tareas de seguridad.
La senadora del PES, Elvia Marcela Mora Arellano, subrayó que se debe insistir a los estados a que envíen información sobre lo que las 32 mesas de seguridad discuten todos los días. Agregó que no puede existir una estrategia para el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles, si las entidades no responden.
Del PRD, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa refirió que el informe hace 24 recomendaciones puntuales al Ejecutivo, y exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que en los subsecuentes informes se integre la información con la que cuenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional y también se pide a los titulares de los poderes ejecutivos para que en un plazo máximo de 60 días se comparta la información que fue solicitada.
La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas recordó que en la creación de la Guardia Nacional se acordó que sería un cuerpo de carácter civil, por lo que la profundización de la militarización de la seguridad pública, acompañado de la desaparición de las policías estatales y municipales, atenta contra la Constitución.
Antes de la discusión, los senadores Mario Zamora Gastélum, del PRI; y Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, presentaron votos particulares.
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