Cofepris hace oídos sordos ante una crisis que genera irregularidades médicas, desgasta a trabajadores y pone en gran riesgo a los pacientes
Ciudad de México, a 23 de enero de 2024
En el Sanatorio Trinidad, el miedo y la intimidación han pasado a ser parte del mobiliario cotidiano porque este centro hospitalario, que en sus mejores días fue un referente en traumatología y ortopedia, hoy se encuentra sumido en una crisis que afecta tanto a sus trabajadores como a los pacientes que confían en sus servicios, ya que la administración encabezada por los doctores Jesús Torán Sierra, Juan Beltrán Arriaga, Eduardo Rocha Pérez y Javier Alfonso Ortega Alonso, con la dirección administrativa de la actuaria Adriana Beltrán Mallén y Alma Alicia Sígales Chicas, ha instaurado un ambiente de terror que erosiona la salud física y mental de su personal.
En un documento interno del 29 de julio del año pasado, Angélica Clairín Pantoja denunció que Adriana Beltrán Mallén generó junto con la Jefa de Recursos Humanos, Alma Sígales, una estrategia de fabricación de pruebas y argumentos en su contra a través de las propias colaboradoras de Clairín a las que “compraron”, mientras que el doctor Jesús Torán Sierra le gritó, humillándola ante el personal que ella lideraba como jefa de intendencia, luego de que como tal había reclamado que les generaron exceso de trabajo durante su jornada laboral, y les estaban restringiendo material para cumplir correctamente con sus labores de limpieza e higiene del sanatorio. Finalmente, renunció.
Los testimonios de otros trabajadores confirman que este ambiente hostil no es un caso aislado. Enfermeros, camilleros, administrativos y personal de intendencia se quejan de acoso constante, vigilancia excesiva (incluso con programas espía en las computadoras) y desinformación. Muchos aseguran que se les presionó para firmar declaraciones falsas contra antiguos directivos, como el ex administrador Alfredo Gutiérrez del Ángel, bajo la amenaza de perder sus empleos.
Han intentado fabricarles pruebas para correrlos y, a través del acoso y la intimidación, buscar que ellos mismos decidan renunciar, muchos con bastantes años en la empresa, de acuerdo con documentos mostrados. Prefieren quedar en el anonimato a la espera de cumplir el tiempo conveniente para jubilarse, aguantando el acoso y la intimidación diarios.
Además, los pagos de salarios y prestaciones como el Fondo de Ahorro y vales de despensa se los han retrasado injustificadamente, así como los bonos de productividad que les daban trimestralmente, simplemente han desaparecido desde la llegada de la actual administración. Incluso, comentan, carecen totalmente del apoyo de su sindicato Federación de Sindicatos Autónomos de México (FESAM), que está totalmente del lado de los liderados por Jesús Torán y Adriana Beltrán.
En la más reciente negociación de salarios, a los que ganan el mínimo les subieron el 12%, pero al resto apenas el 5.5%, porque el Sindicato no quiso apoyarlos. Mientras tanto, el incremento en vales fue de apenas 20 pesos. “A diferencia de la anterior administración del doctor Arturo Gutiérrez, quien decía que su personal era lo primero y más importante del Sanatorio, hoy medran con nuestros salarios y prestaciones”, porque, afirman, “recursos económicos entran al hospital”.
La situación se agrava con la falta de insumos y condiciones laborales dignas. Los empleados denuncian que los quirófanos están clausurados, las terapias carecen de agua caliente y los medicamentos esenciales como omeprazol y paracetamol, entre otros, brillan por su ausencia. Incluso los procedimientos de quimioterapia, que antes eran transferidos a hospitales mejor equipados, ahora se realizan con recursos limitados y sin remuneración adicional para el personal que asume el riesgo. En urgencias, los pacientes deben enfrentarse a la falta de materiales y medicamentos mientras los trabajadores intentan hacer milagros con lo poco que tienen a su disposición, mientras corren a la farmacia de la esquina a comprar lo que necesitan.
“Estamos trabajando con miedo”, confiesa un enfermero que prefiere permanecer en el anonimato. Las jornadas laborales son interminables, sin pagos extra, sin tiempo para comer ni beber agua. En Navidad y Año Nuevo, el personal de enfermería tuvo que asumir funciones de intendencia y camilleros, debido a la ausencia de los nuevos contratados. Las quejas de los pacientes y sus familias también se acumulan: habitaciones en mal estado, falta de ropa de cama y toallas, y un trato que deja mucho que desear.
“Los pacientes y sus familiares van y nos gritan, y con justa razón. Lo que están haciendo es hartarnos para que nos vayamos. Nos dicen, ‘a ver, tú, tú, tú, tú, ve y dile al paciente, no hay toallas para que se bañe’. No lo hacen ellos, nos mandan a nosotros. ¿Quién recibe las malas caras? Los regaños y todo. Y por eso queda la impresión de que las enfermeras son malas”, expresó una de ellas.
La gestión financiera del hospital también está en tela de juicio. Los empleados denuncian irregularidades en los pagos al SAT, IMSS, Infonavit y Fonacot. Mientras tanto, la administración parece enfocarse más en aumentar el número de vigilantes y personal administrativo que en mejorar las condiciones de trabajo o garantizar la calidad de atención a los pacientes.
“Ha sido difícil y humillante para nosotros trabajar con esta administración; nos están hartando para que renunciemos”, afirma otra trabajadora cansada de las humillaciones constantes. El doctor Erick Ramírez Arias se la pasa gritando a los trabajadores. A su personal médico les dice que se callen cuando le informan que un procedimiento está mal porque, afirma, él tiene mayor jerarquía y deben mostrarle respeto. “Piden respeto, pero no lo dan”.
La situación alcanzó su punto álgido a inicios de enero de 2024, cuando a un directivo lo acusaron de robo y fue despedido de manera irregular. Este evento marcó el inicio de una purga sistemática contra empleados vinculados a la administración anterior. Las sospechas y rumores, fomentados desde la administración, han creado una atmósfera de paranoia que paraliza al personal y lo somete a una constante vigilancia.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pese a haber identificado irregularidades graves, no ha clausurado el hospital de manera definitiva. Esto permite que el Trinidad siga operando, pero a costa del bienestar de sus empleados y, sobre todo, de sus pacientes, quienes han sufrido de maltrato, como uno de ellos que tiraron los paramédicos durante el traslado al hospital San Luis el reciente viernes. Las denuncias de maltrato, intimidación y falta de recursos siguen acumulándose, mientras la administración parece más interesada en mantener una fachada de normalidad que en resolver las graves carencias estructurales, aún hoy después de la suspensión urgente de actividades realizadas entre la tarde del jueves y madrugada del viernes pasado.
Con más de cien familias afectadas y un personal agotado física y emocionalmente, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué hace falta para que las autoridades intervengan de manera decisiva? Los trabajadores del Sanatorio Trinidad necesitan más que promesas y discursos; necesitan justicia, apoyo y una garantía de que sus derechos económicos y laborales serán respetados. Mientras tanto, el terror y la precariedad siguen siendo los protagonistas de este drama cotidiano.
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