Puebla es la primera entidad mexicana en criminalizar la violencia ácida en su Código Penal y es ejemplo para que otros estados analicen sus legislaciones y sancionen esta forma atroz de ejercer violencia, señala Experta CETYS
Al respecto, recientemente se reformó el artículo 6 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se describen las formas de ejercer violencia contra la mujer, para incluir además del uso de la fuerza física, los daños causados con ácido o cualquier sustancia corrosiva, cáustica, irritante, o tóxica, en gran medida a partir del caso sufrido por la saxofonista oaxaquense María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido presuntamente por orden de su ex pareja.
La violencia ejercida a través de agentes químicos encierra una gran carga simbólica, debido a que la intención del agresor es ocasionar un daño permanente a través de las quemaduras que esas sustancias de libre acceso pueden ocasionar a la víctima, consideró la Dra. Amanda Real Beltrán, docente de la Escuela de Derecho de CETYS Universidad Campus Mexicali.
Dichas lesiones requieren de atención médica especializada, misma que implica atravesar por costosos y dolorosos (física y emocionalmente) procedimientos reconstructivos, y que en algunos casos involucran la pérdida de la visión, de alguna extremidad y en ocasiones ponen en riesgo su vida. “Como consecuencia, las víctimas pueden sufrir, a largo plazo, discriminación laboral, social e incluso familiar, ocasionando no solamente daños físicos permanentes, si no también psicológicos”.
En México no existen cifras oficiales sobre personas lesionadas con agentes químicos corrosivos. Sin embargo, María del Carmen Sánchez, sobreviviente de un ataque producido por ácido y vocera de la fundación Carmen Sánchez MX, señala que en las últimas dos décadas se conocen 28 ataques contra mujeres, de los cuales 22 mujeres lograron sobrevivir.
Indica también que la edad de las víctimas oscila entre los 20 y 30 años, que en el 85% de los casos el autor del ataque fue un hombre; 5 de ellos eran parejas y 11 de ellos ex parejas sentimentales de las afectadas. El 90% de los ataques fueron dirigidos al rostro y en el 96% de los casos no se ha dictado una sentencia.
Las entidades federativas con mayores índices de violencia ácida son Ciudad de México, Puebla y Estado de México.
“En un gesto de valentía y sororidad, algunas víctimas han compartido su experiencia para visibilizar esta forma de ejercer violencia y sus graves consecuencias, con la intención lograr captar la atención de las autoridades para impulsar la creación de normas que protejan la integridad física y emocional de las mujeres y que se castigue severamente a los autores de este tipo de conductas violentas”, destacó la docente.
Entre las iniciativas de ley que se han elaborado al respecto se encuentra el Proyecto de Decreto por el que adiciona un artículo 297 bis del Código Penal Federal, el cual propone tipificar el delito de lesiones provocadas por ácido en contra de las mujeres y agravar la pena si existe una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza. Esta iniciativa se aprobó en la Cámara de Senadores el 3 de noviembre del 2022 y fue remitida en esa misma fecha a la Cámara de Diputados para su revisión.
El 31 de enero del 2023 se presentó ante el Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Proyecto de Decreto por la que se Reforman, Derogan y Adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Violencia Ácida, denominada Ley Malena.
En el primer ordenamiento, se busca reconocer a la violencia ácida como una forma de ejercer violencia física, dejando en claro la carga simbólica que esto conlleva, mientras que la Ley Malena busca agravar las sanciones a quienes cometan agredan usando agentes químicos corrosivos, teniendo como agravantes cuando se produzca un daño permanente, como deformidad en el rostro, pérdida de una extremidad, la pérdida total o parcial del oído, vista o el habla.
Pero el principal precedente en la materia quedó sentado el jueves 2 de marzo del 2023 en Puebla, cuando esta entidad se convirtió en la primera a nivel nacional en reconocer como forma de violencia física la ejercida a través de agentes químicos corrosivos, dentro de su Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que también se aprobó criminalizar estos ataques en el Código Penal del Estado del Estado Libre y Soberano de Puebla.
“Sin duda, este hecho ha sido un gran paso que contribuye a la erradicación de la violencia y es ejemplo para que otras entidades federativas analicen sus legislaciones, para reconocer, visibilizar y sancionar esta y otras formas atroces de ejercer violencia”, concluyó la profesora.
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