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sábado, 10 de agosto de 2024

 
  • La senadora Alejandra Lagunes afirmó que, en México, 5.4 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual cada año
 
 
Para visibilizar los impactos de la violencia sexual y exigir a los gobiernos medidas para la prevención y reparación de daños, cada 9 de agosto, distintos países de América Latina conmemoran el Día de la Solidaridad con Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual.
 
Este viernes, el Senado de la República se sumó a esta causa con la realización del foro por el “Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en contra de la Violencia Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes”, con el objetivo de visibilizar y combatir la violencia sexual infantil, un flagelo que sitúa a México en el primer lugar a nivel mundial en este tipo de agresiones.
 
Al inaugurar el evento, la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz, secretaria de la Mesa Directiva, detalló que en el país cada año 5.4 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual y, al menos, una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños han sido víctimas de agresiones de este tipo, antes de cumplir los 18 años.
 
“Seis de cada 10 de estas violaciones se cometen en casa y el 74 por ciento de los casos, el agresor es un familiar o pertenece al círculo cercano de la familia. La impunidad es un común denominador, porque de cada mil casos de abuso sexual infantil se denuncian sólo 100, de estos, 10 por ciento llega a presentarse ante un juez y únicamente uno por ciento recibe sentencia condenatoria”, señaló la legisladora.
 
Agregó que, según la OCDE, México es el primer país en el mundo en abuso sexual infantil, el principal productor y el segundo consumidor de pornografía de menores, por lo que se pronunció porque este tema deje de ser un tabú.
 
Es necesario, dijo, que se visibilice esta situación para que se pueda erradicar y crear los mecanismos de prevención y de respuesta adecuados para niños, niñas y familias que hayan sufrido estas agresiones.
 
En este sentido, la senadora del PVEM hizo un llamado a la sociedad a “no cerrar los ojos ante estas atrocidades”, porque es nuestro deber proteger a quienes son más vulnerables, garantizar que se escuchen sus voces y que se les brinde el apoyo necesario para sanar y buscar justicia.
 
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, señaló que nuestro país es el primer lugar en turismo sexual infantil del mundo, lo que deja ver que la corrupción está del lado de “quienes destruyen”, pues sólo uno de cada cien víctimas denuncia y tan sólo 0.2 por ciento encuentra justicia.
 
Es necesario tener “mayor empatía, solidaridad y amor”, para que las niñas y los niños sepan que nadie los puede tocar para lastimarlos, expresó.
 
Dijo que los infantes no tienen partidos, porque ellos sólo tienen “derecho al amor, a jugar, a vivir sin miedo” y a que México sea el mejor lugar para nacer y crecer, por lo que es fundamental romper el silencio, ya que eso reduce “la impunidad y el oscurantismo” que alienta y acompaña a los pederastas.
 
Eduardo Cruz Moguel, presidente de Fundación Paz, dijo que hace 15 años trabaja en torno a la prevención del abuso sexual infantil y gracias a la colaboración de la senadora Josefina Vázquez Mota y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se creó la línea virtual de reporte de material de abuso y explotación sexual de menores, “Te protejo México”, en la cual, dijo, colaboran 46 países, a fin de evitar que menores sufran abuso sexual.
 
Ana Paola Villegas, sobreviviente de este delito y fundadora del blog “Mamá Gallina”, explicó que su proyecto tiene como fin brindar asesoría a los padres y madres para crear una “armonía con los hijos” y también ofrece la información necesaria para la protección de los infantes en la sociedad.

Senado, comprometido con erradicar violencia sexual infantil, aseguran legisladoras

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jueves, 8 de agosto de 2024


 
  • Primera Comisión también aprueba proyecto para que Segob establezca espacios de atención especializada para la comunidad LGBTIQ+
 
La Primera Comisión aprobó un dictamen para solicitar a las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con las 32 entidades federativas, refuercen el diseño e implementación de estrategias y programas para prevenir y erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada y de grupos de autodefensa comunitaria.
 
Además, esta instancia de la Permanente, que preside el senador Navor Alberto Rojas Mancera, pidió que se lleven a cabo acciones para garantizar el derecho de acceso a una vida libre de violencia, integridad personal, derecho a la vida, paz, supervivencia y desarrollo de la niñez.
 
En el documento, los y las legisladoras subrayaron que el reclutamiento de menores de 18 años, por parte de grupos armados, es una de las peores formas de violencia y explotación a las que puede estar expuesto este sector de la población, ya que afecta su integridad y vulnera sus derechos a la supervivencia, desarrollo, protección, salud, educación, recreación, entre otros.
 
Las consecuencias por este tipo de reclutamiento -agregaron-, pueden ser sumamente graves para los menores, tanto física como emocionalmente, ya que están expuestos a la violencia y se les priva del goce y ejercicio de sus derechos.
 
En ese contexto, enfatizaron que niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos contra esa práctica, ya que es una obligación del Estado mexicano, derivada del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
 
La Primera Comisión también aprobó un dictamen para pedir a la Secretaría de Gobernación que, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y a la Secretaría de Salud, a fortalecer o establecer espacios de atención especializados para la comunidad LGBTIQ+, en donde ofrezcan apoyo psicológico, asesoría legal, campañas de sensibilización y capacitación en derechos humanos y diversidad sexual.
 
El documento también solicita a los gobiernos de las 32 entidades federativas que promuevan la creación de espacios de atención para esa comunidad, de acuerdo con las necesidades específicas y contextos regionales, así como garantizar que todos los servicios sean accesibles e incluyentes y que respeten plenamente los derechos y la dignidad de este grupo.
 
En el documento, se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través del CONAPRED y de manera coordinada con otras dependencias e instituciones de gobierno, implemente una campaña nacional de información y sensibilización, que promueva la no discriminación y el respeto hacia la diversidad sexual, y que fortalezca la visibilidad y el entendimiento sobre la importancia de la creación de estos espacios especializados.

Avalan dictamen para erradicar reclutamiento de menores por la delincuencia organizada y autodefensas comunitarias

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  • Denuncian que en las escuelas mexicanas se enfrentan a fracturas educativas, administrativas, sociales, culturales, psicológicas y lingüísticas que se traducen en una situación de discriminación
 
La Segunda Comisión de la Permanente, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, la cual preside el senador José Erandi Bermúdez Méndez, aprobó diversos dictámenes derivados de asuntos que le fueron turnados por la Mesa Directiva para su análisis y deliberación.
 
Entre ellos, destaca un exhorto a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a sus homólogas en las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus competencias, fortalezcan las acciones y programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes migrantes que estudiaron en el extranjero, con el fin de facilitar su integración.
 
La propuesta denuncia que, en las escuelas mexicanas, las niñas, niños y adolescentes migrantes se enfrentan a fracturas educativas, administrativas, sociales, culturales, psicológicas y lingüísticas que se traducen en una situación de discriminación.
 
Se trata de una situación de vida cada vez más prevalente entre las y los menores de nuestro país que ha estado pasando desapercibida, para la cual no existen leyes, políticas, ni acciones oficiales al respecto, lo cual tiene fuertes repercusiones negativas en la vida de los menores migrantes.
 
En ese sentido, el texto establece que las y los legisladores tienen el deber constitucional de velar en todo momento por el interés superior de la niñez, de ahí la urgencia de poner fin a esta situación discriminatoria que afecta la vida de niñas, niños y adolescentes, y que, de no visibilizarse y atenderse, seguirá afectando el futuro de este sector de la población.
 
También, se aprobó otro dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reconocer como lesionados a la totalidad de menores expuestos al incendio de la Guardería ABC, que presenten secuelas permanentes.
 
La propuesta busca apoyar a la totalidad de los menores expuestos que cuenten con dictamen o evaluación médica elaborada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se acredite la existencia de una secuela permanente derivada de la inhalación de humo o tóxicos producidos por el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la "Guardería ABC, Sociedad Civil", en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
 
El documento denuncia que existen al menos 15 menores expuestos que no fueron reconocidos como lesionados pero que cuentan con dictámenes médicos elaborados por el Área de Salud en el Trabajo del IMSS en 2009, mismos dictámenes que les fueron ocultados a sus madres hasta julio de 2019.
 
En ese sentido, el texto afirma que la postura del IMSS revictimiza a los menores afectados, ya que se les continúa negando el acceso a los apoyos destinados a ellos como víctimas lesionadas del incendio ocurrido en la Guardería ABC.

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jueves, 25 de julio de 2024


 
  • También solicita que policía cibernética haga un “patrullaje web” para identificar “desafíos” que pongan en riesgo a niñas, niños y adolescentes
 
La Comisión Permanente exhortó a las secretarías de Educación Pública federal y de las 32 entidades federativas, a reforzar las campañas de concientización sobre los riesgos que implica para niñas, niños y adolescentes la realización de “retos virales” de redes sociales que puedan poner en riesgo su integridad y su vida.
 
A través de un punto de acuerdo aprobado por su Pleno, este órgano del Congreso de la Unión también solicitó que la Policía Cibernética federal y sus homólogas en los estados de la República Mexicana realicen un “patrullaje web” permanente, para identificar “retos” en redes sociales que pongan en peligro a los menores de edad.
 
El documento que sustenta la proposición explica que los retos virales, también conocidos en inglés como “challenges”, consisten en imitar una acción que se graba con un dispositivo digital y se sube a alguna red social; posteriormente, se «nomina» a otras personas para que hagan lo mismo, de modo que en unas horas haya miles de publicaciones sobre ese mismo reto en Internet.
 
“Los retos virales en redes sociales pueden cautivar a los adolescentes que de por sí tienden a ser impulsivos y sentirse atraídos por comportamientos que llaman la atención”, apunta el dictamen con punto de acuerdo.
 
Algunos retos, como el del “balde de agua helada” para sensibilizar por la esclerosis lateral amiotrófica, pueden ser divertidos y hasta ser actividades positivas, explica el documento; sin embargo, otros que aparecen en el internet llegan a ser peligrosos y pueden ocasionar daños duraderos.
 
Por ejemplo, desafíos como el de la cápsula de detergente, el de la asfixia, el del “apagón”, el desafío de la canela, el de la sal y otros en los que se usan medicamentos, pueden causar lesiones graves, envenenamiento o incluso ser fatales.
 
En México, enfatiza el punto de acuerdo, 50 por ciento de las niñas y niños de entre 6 y 11 años son usuarios de internet o de una computadora, porcentaje que está entre el 80 y 94 en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, por lo que ser consciente de estos desafíos y comprender por qué atraen a los adolescentes, es importante para todos los padres.
 
Al fundamentar el punto de acuerdo en tribuna, la diputada de Morena, Karla Yuritzi Almazán Burgos, advirtió que, en la actualidad, cada vez más niños y adolescentes pasan la mayor parte de su tiempo conectados a internet, sin la supervisión de un adulto.
 
Lo anterior, consideró, representa un grave peligro debido a que los menores están expuestos a hechos ilícitos y de violencia, entre los que destacan los retos virales, los cuales llevan a cabo para ganar popularidad dentro de un grupo de amigos, sin dejar ver que ponen en riesgo su integridad física y emocional.

Exhorta la Permanente a autoridades de educación a concientizar de peligros en retos de redes sociales

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sábado, 6 de abril de 2024

                                                    

  • Senadores del PT consideran que se requieren acciones concretas para combatir la violencia y fortalecer el tejido social

 


Los senadores del Partido del Trabajo presentaron una iniciativa para modificar el articulo 4 de la Constitución, a fin de que el Estado establezca un Programa Nacional del Deporte para el Bienestar, que fomente la actividad física y los valores de respeto, compañerismo y amistad, pero que también impulse lazos de unión entre niñas, niños y adolescentes.

 

En el contenido de la propuesta, que enlistaron en la Gaceta Parlamentaria del 3 de abril, las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia Pinedo Alonso, así como el senador Joel Padilla Peña, pidieron que la Cámara de Diputados establezca, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos necesarios para cumplir con este proyecto.

 

Además, consideraron necesario construir las instalaciones adecuadas para la impartición de diversos deportes, con acceso gratuito, continuo y permanente.

 

Los legisladores plantearon que este programa se establezca en horarios donde los menores puedan integrarse a alguna actividad deportiva, tomar un alimento y, de esta forma, integrar una comunidad con los valores de respeto, compañerismo, amistad y, en específico, crear lazos de unión.

 

En el documento, que fue turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, Bañuelos de la Torre, Pinedo Alonso y Padilla Peña consideraron que, para poner en marcha el Programa Nacional de Deporte para el Bienestar, los centros o sitios deportivos deben contar con, al menos, tres profesores de educación física o, en su caso, de formación deportiva, así como dos trabajadores sociales.

 

El país, advirtieron, enfrenta un grave problema en el que hay niñas, niños y adolescentes que delinquen o que se unen a las filas del crimen organizado.

 

Sólo en 2021, señalaron, había 30 mil menores que integraban los cuerpos de la delincuencia organizada, una cifra alarmante para cualquier Estado, pues exhibe la precariedad con la que se abordan los temas de los menores afectados por los grupos criminales y visibiliza las debilidades de una nación.

 

Además, mencionaron que en 2020 se registraron mil 388 denuncias, por delitos cometidos por adolescentes; y en 2021 se presentaron dos mil 166 denuncias por los mismos ilícitos. Además, la Fiscalía General de la República informó que los delitos con más recurrencia en los jóvenes es el robo en sus diferentes modalidades, a mano armada y con violencia.

 

Ante la ola de violencia, los senadores mencionaron que se requieren acciones concretas y especificas que ataquen los factores de la violencia, y promuevan el respeto y amor por el prójimo, así como el fortalecimiento del tejido social, a través del compañerismo.

 

El Programa Nacional de Deporte para el Bienestar, aseguraron, contribuirá a cambiar la realidad de miles de niñas, niños y adolescentes.

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sábado, 9 de marzo de 2024


  • Senadoras del PT consideran que niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad se enfrentan a desafíos que pueden afectar su desarrollo físico, emocional y social

 

 

En 2022, el INEGI dio a conocer que había más de un millón 600 mil niños, niñas y jóvenes menores de edad que vivían sin sus padres por diversas circunstancias, por lo que es menester que el Estado les garantice la posibilidad de conocer con exactitud y certeza cuáles son sus derechos al quedar en estado de indefensión, consideraron senadoras del PT.

 

Para atender esta situación, las legisladoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Martha Cecilia Márquez Alvarado presentaron una iniciativa que tiene como objetivo reformar el artículo 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

 

Con ello, buscan que las autoridades administrativas y jurisdiccionales a nivel nacional y estatal, brinden apoyo legal a las y los menores que hayan perdido a su padre o madre, con asesoría, orientación y seguimiento a las personas que ejercerán la patria potestad, la tutela, guarda o custodia y con la finalidad de dar certeza jurídica a sus derechos.

 

“Las niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad se enfrentan a una serie de desafíos únicos que pueden afectar su desarrollo físico, emocional y social. Brindarles asesoría especializada en materia jurídica es fundamental, pues resulta de suma importancia la familia para el desarrollo de ellos”.

 

La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria del pasado 6 de marzo, fue turnado a las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.

 

Las legisladoras mencionaron que, por sus propias características, los niños, niñas y adolescentes son un grupo vulnerable, pero derivado de la orfandad se encuentran en doble vulnerabilidad y desprotección.

 

“La orfandad modifica por completo la vida de quienes la sufren, pues al romper los vínculos familiares, se afecta la esfera social de las niñas, niños y adolescentes, y en la mayoría de los casos aumenta la necesidad del cuidado de la salud mental y propicia la deserción escolar, ya que el estado de vulnerabilidad al que se enfrentan es mayor”, subrayaron.

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martes, 27 de febrero de 2024

 

  • Cada una de las obras es un testimonio del sufrimiento de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de este crimen

 

La senadora María Antonia Cárdenas Mariscal inauguró la exposición “Sombras invisibles”, del artista jalisciense Ángelo Gutiérrez, que aborda la oscura realidad de la explotación sexual infantil.

 

Cada una de las nueve obras, elaboradas con la técnica del carboncillo y que destacan el contraste entre el blanco y negro, es un testimonio del sufrimiento de niñas, niños y adolescentes afectados.

 

María Antonia Cárdenas, quien es legisladora por Morena, dijo que a través de estos cuadros se busca reflexionar sobre la necesidad de erradicar esta atrocidad y que es un recordatorio de la responsabilidad colectiva para proteger a los menores.

 

La senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, consideró que esta exposición es una oportunidad para sensibilizar a las y los legisladores sobre la importancia de combatir el abuso sexual y la trata de menores en nuestro país.

 

En tanto, el artista Ángelo Gutiérrez destacó que en “Sombras invisibles”, que se exhibirá hasta el 1 de marzo en el Motor Lobby, trata de plasmar cómo el niño o niña, pese al sufrimiento que implica la explotación sexual, imagina un mundo muy diferente, “fuera de este sufrimiento brutal”. 

 

Anastasia Sergeevna, curadora de las obras de la exposición, enfatizó que el arte en su esencia más profunda no sólo busca embellecer, sino también comunicar y sensibilizar a la sociedad y “hoy nos encontramos frente a un desafío que pocos están dispuestos abordar”.

 

“Necesitamos artistas que se atrevan a levantar el velo de la complacencia y la apatía, necesitamos más artistas como Ángelo, que se atrevan a utilizar su lienzo como un grito de protesta ante la injusticia, como un eco de las voces silenciadas, como un recordatorio de nuestra humanidad compartida”.

 

Dijo que muchos pintores optan por eludir aquellos temas que podrían incomodar o desafiar las normas establecidas; sin embargo, donde reside el verdadero poder del arte, es su capacidad de confrontarnos, de hacernos cuestionar nuestra realidad y nuestras convicciones.

Exhiben “Sombras invisibles”, muestra que aborda la oscura realidad de la explotación sexual infantil

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martes, 13 de febrero de 2024

 

  • Los cambios al artículo 2 de la Carta Magna ayudarían a combatir matrimonios forzados de niñas, niños y adolescentes

 

La Cámara de Senadores avaló una reforma a la Constitución Política para establecer en su artículo 2 el respeto al interés superior de las niñas, niños y adolescentes que vivan en pueblos y comunidades indígenas, para que no pueda justificarse el ejercicio de los usos y costumbres de esas regiones alguna práctica que vaya contra los derechos de los menores.

 

En el documento, avalado por 76 votos y turnado a la Cámara de Diputados, las y los senadores advirtieron que las niñas y adolescentes que pertenecen a comunidades indígenas, donde la convivencia se rige esencialmente por usos y costumbres, corren mayor riesgo de sufrir actos que violen sus derechos, como es el caso de los matrimonios forzados.

 

Si bien es preciso garantizar el respeto de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, como la misma Carta Magna lo establece y de acuerdo con diversos tratados internacionales de los que es parte México, enfatizaron, también se debe precisar que tales prácticas no pueden estar por encima de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

 

“Con esta reforma constitucional se pretende contribuir a una protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que pertenecen a las comunidades indígenas del país, considerando de suma relevancia el respeto a su interés superior, sin perjuicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios”, subrayaron los legisladores.

 

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, expuso que los matrimonios y uniones infantiles forzados tienen muchas causas, pero principalmente son impulsadas por normas de género que privan a las niñas y adolescentes de sus derechos sexuales y reproductivos.

 

Lo anterior, continuó, limita sus opciones en la vida, al igual que el factor de pobreza que afecta especialmente a pueblos indígenas de América Latina y México, donde los niveles alcanzan cifras demasiado altas, particularmente entre los menores de 18 años, por lo que cobra relevancia proteger constitucionalmente a estos sectores.  

 

Al fijar la postura de Morena, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez confió en que ningún grupo parlamentario en el Senado se opondría a aprobar esta enmienda por mera “politiquería”, pues no se puede aceptar que haya niñas de 13 o 14 años casadas con sujetos de más de 35 años.

 

“Imagínense su día, imagínense su noche; es de dar miedo, un miedo social que no se nos debe de olvidar”, por lo que reiteró que su bancada respalda esta reforma al artículo 2 de la Constitución por unanimidad y sin cuestionarla.  “Estamos con las niñas y los niños de México”, destacó.

 

La senadora Josefina Vázquez Mota, de Acción Nacional, advirtió que nuestro país ocupa uno de los primeros ocho lugares en el mundo en materia de matrimonio forzado infantil, hecho que se da en no pocas comunidades y que no obedece a los usos y costumbres, sino que es consecuencia de que no se reconozca a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.

 

Con ello, por ejemplo, se ha alertado que en algunas zonas de Zacatecas “es más cara una vaca que la vida de una niña, niño o adolescente”, narró la senadora presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y lamentó que aquellas que se revelan en contra de los matrimonios forzados sufren de una violencia todavía mayor, con encarcelamientos, castigos y torturas.

 

Del PVEM, la senadora Gabriela Benavides Cobos subrayó que esta reforma constitucional robustece y reitera lo que se ha aprobado durante las últimas legislaturas en el Senado de la República.

 

Con la erradicación de la unión entre menores y adultos, añadió, no se recurrirá a los usos y costumbres como un atenuante o excluyente de responsabilidad. “No más maltrato infantil, no más matrimonios infantiles, no más embarazos producto de creencias o permiso de padres o familiares”, concluyó.

 

En representación del PT, la senadora Geovanna Bañuelos lamentó que, en localidades de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, persistan prácticas que atenten contra la libertad de decisión y trasgredan los derechos humanos de las niñas y adolescentes indígenas con lo que, tan sólo en esta última entidad, se tenga registro de que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio.

 

“Desafortunadamente no contamos con mayor información, pues no existen estadísticas para determinar este delito en otras regiones del país donde suceden”, añadió; ante ello, exigió que las niñas, adolescentes y mujeres en México dejen de ser “intercambiables”, pues son personas cuya dignidad debe ser respetada.

 

El Pleno también rechazó dos reformas a la Constitución Política, la primera a su artículo 8 con el que se incluiría a los medios electrónicos -entre los que podrían estar las páginas oficiales de redes sociales- como parte de los canales a los que puede recurrir la ciudadanía para hacer peticiones de información a funcionarios y empleados públicos.

 

Dicho proyecto no alcanzó la mayoría calificada que necesitaba para aprobarse, al obtener 50 votos a favor, 9 votos en contra y 22 votos en abstención.

 

La segunda reforma fue al artículo 27, con el que se establecería la soberanía de nuestro país sobre las aguas en estado líquido o de vapor en forma natural que se encuentren en los yacimientos geotérmicos hidrotermales en territorio nacional.

 

El asunto tuvo una votación de 47 votos a favor, 13 votos en contra y 23 votos en abstención, por lo que no obtuvo mayoría calificada.

 

Además, la asamblea conoció un tercer dictamen para reformar el artículo 123 de la Constitución, a efecto de crear un régimen de protección para los agentes del ministerio público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los municipios en los casos en que sean separados de sus cargos de manera injustificada.

 

Sin embargo, en el momento de votación la propuesta no alcanzó el quórum reglamentario, por lo que se levantó la sesión.

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jueves, 8 de febrero de 2024

 

  • Proyecto plantea garantizar desarrollo de niñas, niños y adolescentes en un entorno libre de violencia

 

El Pleno del Senado de la República aprobó una minuta para duplicar las penas que sancionan el abuso sexual contra menores, cuando este delito sea cometido por algún profesionista que se desempeñe al servicio de niñas, niños y adolescentes.

 

En el dictamen avalado con 69 votos, se indica que las reformas, que tienen su origen en el Senado, fueron aprobadas y enviadas a la Cámara de Diputados el pasado 10 de diciembre de 2019.

 

Sin embargo, la colegisladora realizó modificaciones al proyecto que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal Federal, las cuales se encuentran encaminadas a garantizar una pena mayor para quienes tengan la responsabilidad de estar a cargo de una niña, niño o adolescente y abuse del menor.

 

La propuesta enviada al Ejecutivo Federal también plantea que se constituya una instancia multidisciplinaria que establezca mecanismos para el caso de violencia sexual, así como de cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite o detecte en los centros educativos.

 

Las y los senadores señalaron que las reformas buscan salvaguardar el desarrollo de las infancias en un entorno libre de violencia en todas sus formas, incluso de los abusos de índole sexual.

 

Posteriormente, el Pleno aprobó con 68 votos, un dictamen que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que cualquier delito cometido en contra de personas menores de edad, el Ministerio Público deba aplicar las medidas urgentes de protección especial, para garantizar su interés superior, la prevalencia de sus derechos y su protección integral.

 

Las reformas, enviadas a la Cámara de Diputados, tienen el objetivo de salvaguardar de manera inmediata la vida de las y los afectados, así como el interés superior de las víctimas y ofendidos.

 

Finalmente, las y los senadores aprobaron con 67 votos, reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para incorporar a la movilidad al catálogo de derechos de las infancias, así como las acciones que garanticen la protección a su vida e integridad física a través de un enfoque de sistemas viales seguros.

 

En el dictamen remitido a la Cámara de Diputados, se precisa que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, se les deberá garantizar el traslado por vías públicas del país, a través de un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo y la incidencia de lesiones graves.

 

De este modo, la Federación, estados, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México deberán llevar a cabo, entre otras, acciones para tener entornos escolares seguros; infraestructura urbana con características y necesidades específicas para este sector de la población.

 

Además de limitar velocidad de vehículos en dichos entornos; crear espacios y zonas de juego, deportivas y recreativas seguras.

 

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, expresó que las reformas buscan garantizar y proteger el normal desarrollo físico y emocional de los menores, así como castigar todo abuso y violencia en contra de este sector de la población, pues ello puede generar la “destrucción de sus vidas y alteraciones a nivel emocional y físico”.

 

En tanto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña dijo que la protección de las infancias es un deber fundamental de la sociedad, por eso, cuando un profesionista tenga a su cargo un menor y cometa abuso sexual debe enfrentar consecuencias proporcionales a su conducta.

 

Por su parte, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del PRI, señaló que los accidentes viales representan la segunda causa de muerte de niñas, niños y jóvenes, de cinco a 29 años, y que cada 24 segundos una persona muere en nuestro país a causa de un siniestro vial, por ello dijo que es fundamental garantizar espacios seguros para la movilidad de los menores de edad.

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sábado, 27 de enero de 2024


  • Es necesario evitar que los menores que se encuentran en dichas regiones sean reclutados por el crimen organizado, subrayan senadores del PT

 

Es fundamental salvaguardar los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país, sobre todo de aquellos que se encuentran en zonas con altos índices de incidencia delictiva, ya que se encuentra en riesgo su desarrollo, aseguraron senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

 

Las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Martha Cecilia Márquez Alvarado y el senador Joel Padilla Peña hicieron un llamado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que incremente los esfuerzos que permitan disminuir y que sean castigados los delitos de homicidio, secuestros, reclutamiento y desapariciones de las infancias en el país.

 

En el punto de acuerdo, también exhortan a la Fiscalía General de la República y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para que den celeridad a las carpetas de investigación relativas a dichos delitos.

 

De la misma forma, las y los senadores del PT plantearon que todas las dependencias de la Administración Pública Federal redoblen esfuerzos para salvaguardar y respetar los derechos de este sector de la población que se encuentra en zonas con altos índices de incidencia delictiva.

 

Refirieron que, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México es el segundo país en el mundo donde se cometen el mayor número de agravios en contra de niñas, niños y adolescentes.

 

Señalaron que, durante 2023, las infancias en nuestro país vieron menoscabados sus derechos, pues fueron víctimas de asesinatos, secuestros, reclutamiento al crimen organizado, desapariciones y otras graves violaciones que atentaron contra sus derechos.

 

Los legisladores precisaron que la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) apuntó que el año pasado, dos mil 95 menores de edad fueron asesinados, de los cuales, 490 eran mujeres y mil 605 hombres.

 

Advirtieron que los estados con mayor cantidad de homicidios fueron Michoacán, Guanajuato y Jalisco.

 

Aunado a ello, subrayaron que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia se puede dar mediante formas de violencia física, psicológica, económica y conductas delictivas, como el secuestro, la extorsión, la trata y tráfico de menores, chantaje, intimidación y maltrato.

 

Bañuelos de la Torre, Pinedo Alonso, Márquez Alvarado y Padilla Peña agregaron que los delincuentes también captan a los menores mediante engaños, ofertas económicas o laborales, ante sus necesidades económicas.

 

Consideraron que los factores que facilitan dichos reclutamientos son la pobreza, marginación, abandono, falta de oportunidades, violencia familiar, inseguridad, tráfico de menores, explotación infantil y difusión de la narcocultura.

 

De acuerdo con estimaciones, al menos 30 mil menores de edad integran las filas de la delincuencia organizada y alrededor de 250 mil se encuentran en riesgo de ser reclutados por el narcotráfico, señalaron en el punto de acuerdo que inscribieron en la Gaceta de la Comisión Permanente del 24 de enero.

 

Por ello, puntualizaron, a este grupo de la población se le debe reconocer como eje fundamental su dignidad humana, y siempre velar por su bienestar y desarrollo, así como garantizar que vivan en un entorno seguro donde sean respetados sus derechos y una vida libre de cualquier violencia.

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