(CODICS).- El Presidente de la Unión Nacional
Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social, Javier López
Macías, que aglutina a pequeños y medianos productores agrícolas, consideró
positiva la conciliación que propone, para los próximos seis años, el Gobierno del
virtual Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, y lo conminó iniciar acciones coordinadas con
las organizaciones campesinas en el combate a la inseguridad, el abandono del
campo, la migración, la aplicación de la justicia social y el financiamiento
rural.
Esto implicaría, dijo, instaurar un Sistema Nacional de Financiamiento
y cambios en la Reforma Agraria para que se ubique al agricultor en el plano
competitivo de alimentos básicos para frenar las importaciones a través de una
política de economía social y solidaria que tenga como objetivo la generación
de valor y la justa distribución de las ganancias entre los actores de la
cadena alimentaria.
Argumentó que la reunión con diversas organizaciones sociales,
agrarias y de productores agrícolas, pecuarios y de minería social que existen
en el país tiene la misma relevancia que hacerlo con las cúpulas empresariales
del Consejo Mexicano de Negocios, Consejo Coordinador Empresarial, CONCAMIN y
COPARMEX, pues son los que producen alimentos para el consumo nacional.
En declaraciones a medios de información, el dirigente de
UNIMOSS, recordó que durante su campaña el ahora candidato triunfador habló de
apoyar primordialmente a las comunidades indígenas pues, al igual que el campo
mexicano, han estado en el olvido presupuestal en programas y en general de la
política gubernamental.
Igualmente, el ahora Virtual Presidente Electo habló que
ya no habrá migrantes para irse a trabajar a Estados Unidos por lo que propuso
establecer con el sector un Plan Permanente de Empleo Agrícola en México donde
se garantice el freno al trabajo
infantil agrícola en el noroeste y occidente del país.
“La demanda de trabajo de jornaleras y jornaleros en los
campos agrícolas aunado a la falta de oportunidades laborales en las
comunidades de origen de estos trabajadores, generan flujos migratorios,
principalmente internos” de tal suerte que, propuso, es necesario abrir las
fuentes de empleo pero sin subsidios a los empleadores.
Además dijo que ante la existencia de violaciones a la legislación
laboral en los campos agrícolas, urgen acciones correctivas y, en su caso, la
imposición de sanciones económica contra quienes incumplan las garantías
laborales de salario digno, prestaciones y seguridad en el empleo.
En este sentido, Javier Eduardo López Macías, expuso que
de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, a
diciembre de 2015, la población de 15 años y más, ocupada en actividades
agrícolas es de 5.5 millones, de las cuales, 56 por ciento son personas
agricultoras y 44 por ciento personas trabajadoras agrícolas de apoyo
(peones jornaleros).
El 45.2 por ciento de las y los trabajadores agrícolas de
apoyo tiene entre 15 y 29 años de edad y de cada 100, 15 son mujeres, agregó.
En cuanto a los ingresos, comentó, que 25.7 por ciento
gana hasta un salario mínimo, 33.5 por ciento más de uno y hasta dos salarios
mínimos, 8.2 por ciento más de dos o hasta más de cinco salarios mínimos y el
32.6 por ciento no recibe ninguna retribución.
Sobre la posición en el trabajo, de cada 100 personas
trabajadoras agrícolas de apoyo, 68 son subordinadas y remuneradas y 32 son
trabajadoras no remuneradas.
Las trabajadoras y los trabajadores agrícolas se
distribuyen por toda la geografía nacional, especialmente en las entidades de
Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, que, en conjunto,
concentran el 58.7 por ciento de las personas que se ocupan en esto en el país.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, las personas trabajadoras
agrícolas cuentan con 5.9 años de escolaridad en promedio, lo que equivale a
tener casi terminada la primaria.
Las mujeres trabajadoras agrícolas están ligeramente por
debajo del promedio con 5.5 años de escolaridad y en los hombres este promedio
es de 5.9 años.
El Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares señala que de cada 100 personas
trabajadoras agrícolas, 24 hablan alguna lengua indígena.
De ellos, 91.5% hablan también el español, por lo que se
puede decir que de cada 10 agricultores hablantes de una lengua indígena, uno
es monolingüe.
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