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miércoles, 7 de agosto de 2024

                                                    

  • Al rendir su sexto informe, el senador afirma que en México se agudizó la crisis de derechos humanos 
 
En la presentación de su Sexto Informe de Actividades Legislativas, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria aseguró que en México se agudizó la crisis de derechos humanos y se traicionó a las víctimas.
 
Dijo que actualmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está caracterizada por su omisión y sumisión, pues “más que defender al pueblo, defiende el puesto y le aplaude al gobierno”.
 
“La política pública en materia de derechos humanos es de una extraordinaria mediocridad y de una indignidad ofensiva, este sexenio no solamente tiene un rotundo fracaso en materia de seguridad, sino también la política migratoria nos avergüenza ante el mundo”, expresó.
 
De igual forma, el senador del PRD consideró que hay temas importantes por atender como la degradación y retroceso de las instituciones, la militarización y el militarismo que se vive desde hace unos años en el país.
 
También hizo un llamado a la sociedad civil a aprender a trabajar con los partidos políticos, ya que creer que la sociedad civil es buena y los grupos políticos son malos, es un error costoso.
 
Agregó que los partidos políticos tienen que postular a liderazgos ciudadanos, abrirse y postular causas, ya que estas hacen sumas potentes que dan legitimidad y proyectos.
 
Álvarez Icaza destacó que presentó 39 iniciativas propias y 66 en colaboración con asociaciones civiles, entre ellas y una de las primeras fue la erogación de la Ley de Seguridad Interior, además ofreció 240 conferencias de prensa durante los seis años que estuvo en el Senado.
 
José Antonio Guevara Bermúdez, experto en derechos humanos dijo que desde el inicio de su mandato el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, proporcionó una plataforma y abrió las puertas del Senado para que las víctimas y sociedad civil fueran escuchados e hicieran visibles sus principales problemas relacionados con la seguridad, derechos humanos y la justicia.
 
De la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo agradeció al senador por su valentía y compromiso con las causas ciudadanas, con la democracia y los derechos humanos.
 
También reconoció al legislador del PRD por la organización de las mesas de diálogo con colectivos, organizaciones y personas que trabajan de diversas maneras frente a la pobreza y desigualdad.
 
Por su parte, Lisa María Sánchez, de la organización México Unido Contra la Delincuencia, destacó que la sociedad civil encontró un espacio de diálogo con el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, además fue un interlocutor con autoridades electas que tienen una responsabilidad de trabajo legislativo y de representación.
 
 

Llama Emilio Álvarez Icaza a la sociedad a trabajar con partidos y postular perfiles ciudadanos

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viernes, 26 de julio de 2024


 
  •  Participantes analizan temas de cambio climático, comercio y seguridad internacional, derechos humanos y desarrollo tecnológico
 
Hoy se realizó en el Senado de la República el segundo día de la Cumbre 2024 de la Universidad UNIPOL, evento que en dos días reunió a alrededor de 100 asistentes como, estudiantes, expertos y profesionales del ámbito de la seguridad pública, para debatir y fortalecer sobre la cooperación internacional en esta materia.
 
En este segundo y último día del evento, se realizaron mesas de trabajo donde se discutió sobre la relación del cambio climático con la seguridad pública, el comercio y la seguridad internacional, los derechos humanos, y el desarrollo tecnológico responsable.
 
Uno de los puntos más importantes abordados fue el tema de cómo el cambio climático está afectando la seguridad pública a nivel global. Al respecto, los expertos señalaron que los desastres naturales y la escasez de recursos están generando nuevas dinámicas de conflicto y migración, que requieren una respuesta coordinada y efectiva entre países.
 
Otro tema clave fue el comercio y la seguridad internacional, pues se destacó la importancia de mantener fronteras seguras y, al mismo tiempo, facilitar el comercio legal y fluido entre naciones. La cooperación en esta área se consideró vital para combatir el tráfico ilícito de mercancías y personas, así como para fomentar el desarrollo económico y la estabilidad.
 
Los participantes destacaron, además, la necesidad de garantizar que las estrategias de seguridad no vulneren los derechos fundamentales de las personas, y se enfatizó en la importancia de la capacitación en esta materia para todos los agentes de seguridad pública.
 
El desarrollo tecnológico responsable también se discutió como una herramienta esencial para la modernización de las fuerzas de seguridad; se subrayó que la implementación de nuevas tecnologías debe realizarse con responsabilidad y ética, a fin de asegurar la protección de los datos personales y así evitar el uso indebido de la información.

Realizan segundo debate en el Senado sobre temas de seguridad pública, en la Cumbre UNIPOL 2024

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miércoles, 24 de julio de 2024

 

El día de hoy, en el sexto foro nacional entorno a la reforma judicial realizado en la Ciudad de Puebla, fue cancelada la participación de la Directora Nacional de JUFED, Jueza Juana Fuentes Velázquez, lo que contradice el ofrecimiento de apertura y diálogo democrático ofrecidos al inicio de los mismos. Procesar una reforma que puede afectar la división de poderes, vulnerar los derechos humanos y desconocer los tratados internacionales, cancelando el diálogo de los principales actores del sistema de justicia, no puede más que generar sospechas sobre una ruta ya definida hacia la disolución del Poder Judicial Federal y su papel de contrapeso. Si bien se ha aclarado que las acciones emprendidas para acelerar la aprobación de los dictámenes de las reformas, no incluirá a la judicial, limitar las participaciones de los juzgadores federales conlleva a la duda. En ese mismo sentido se inscriben las aseveraciones del Ejecutivo Federal de esta mañana en las cuales se señala a 26 jueces federales por liberar personas privadas de la libertad durante los fines de semana. Afirmaciones que son no solo inexactas, sino también parciales y descontextualizadas, y representan un intento claro de deslegitimar la función judicial y el debido proceso que debe imperar en nuestra sociedad. Estos ataques desde la presidencia, en los momentos en los que se busca reformar al Poder Judicial, tienen la clara finalidad de predisponer a la ciudadanía y crear un contexto adverso que dañe la confianza en los juzgadores.

Es fundamental aclarar que el actuar de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación se encuentra regido por el marco legal vigente, el cual establece criterios claros y procedimientos específicos para la toma de decisiones judiciales. Dichas decisiones son producto de un análisis riguroso y exhaustivo de las pruebas y argumentos presentados por todas las partes involucradas en cada caso, incluyendo al Ministerio Público Federal que se encuentra presente en todo momento, con el objetivo primordial de garantizar el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de todas las personas y el interés social. Por ello, se exhorta a las y los trabajadores a mantenerse atentos al desarrollo de estos acontecimientos y de acciones futuras.

Reforma judicial afecta la división de poderes, vulnera los derechos humanos y desconoce los tratados internacionales... Poder Judicial de la Federación” Directiva Nacional

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lunes, 1 de julio de 2024

  • Esta medida cautelar viola principios del sistema penal acusatorio y atenta contra derechos humanos reconocidos en el orden jurídico nacional y tratados ratificados por el Estado mexicano.
  • En nuestro país hay 61 mil 328 personas privadas de su libertad sin una sentencia.
 
Durante los tres años, en el Congreso de la Unión se presentaron 23 iniciativas de reforma Constitucional que proponen eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa, para cumplir con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que han condenado al Estado mexicano por la violación de derechos que esta medida cautelar implica, según un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El estudio titulado “Adecuación del ordenamiento jurídico respecto de la figura de Prisión Preventiva Oficiosa en la Carta Magna y en leyes secundarias: una asignatura pendiente”, elaborado por la investigadora Carla Angélica Gómez Macfarland, apunta que por otro lado, se han presentado 33 iniciativas que no están en sintonía con las sentencias de la Corte IDH, algunas de las cuales proponen ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa en delitos como el secuestro, la defraudación fiscal y la deforestación.
De acuerdo con los Principales Resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, había 220.5 mil personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país, de las cuales, 61 mil 328, es decir, el 29.6% aún no contaba con una sentencia.
En este tenor, la investigación concluye que la discusión de la adecuación del marco jurídico nacional en torno a la prisión preventiva oficiosa es un tema pendiente que urge resolver, tanto para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, como de las víctimas de los delitos.

Prisión preventiva oficiosa, asignatura pendiente del Congreso, señala estudio del IBD

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miércoles, 1 de mayo de 2024


* Violenta instrumentos internacionales como el Pacto de San José que tutela las “debidas garantías”

 




Ciudad de México a 30 de abril de 2024


La International Chamber of Commerce México (ICC México) considera que la aprobación de la iniciativa de Reforma a la Ley de Amparo por el Poder Legislativo, en materia de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales, reducirá en forma importante la vigencia y eficacia de derechos humanos frente a actos presuntamente arbitrarios de las autoridades. Asimismo, la Reforma violenta instrumentos internacionales a los cuales se ha adherido nuestro país, como es el Pacto de San José que tutela las “debidas garantías” judiciales.

Se hace un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, una vez que lleguen a su ámbito las acciones de inconstitucionalidad de esta Reforma, vele por la seguridad jurídica de las y los mexicanos y del ecosistema económico-financiero del país, que se verá gravemente afectado por esta modificación a la ley.

En ICC México tenemos la convicción de que el máximo tribunal de México velará por la defensa de la Constitución y los tratados internacionales, y pondrá un alto a esta reforma que afecta, principalmente, a las personas que menos tienen al eliminar, tratándose de juicios de amparo, los efectos generales de la suspensión del acto reclamado para la inconstitucionalidad de normas generales.

Una manifestación específica de las “garantías judiciales” es la posibilidad de impedir que la duración del proceso judicial se traduzca en un daño grave para quien lo inicia. La suspensión del acto reclamado es una institución que tiene el gobernado para conservar viva la materia del juicio amparo mientras dure el procedimiento, y cuando se considere prima facie que los actos de autoridad vulneran sus derechos fundamentales.

Respecto de ciertas normas generales y ciertos derechos fundamentales violados, por su propia naturaleza, para que la suspensión pueda cumplirse y realmente se preserve la materia del juicio de amparo, es necesario que no solo se suspenda la aplicación de la norma respecto de quien promueve el juicio, sino de forma general. Esta posibilidad, además, beneficia a las personas que se ven afectadas por el acto de autoridad, pero no tienen los medios para promover un juicio de amparo. Hasta ahora, los jueces habían tenido la facultad de analizar y determinar en cada caso si la suspensión debe ser particular o general, pero la Reforma a la Ley de Amparo aprobada elimina de manera absoluta la posibilidad de que las suspensiones puedan tener efectos generales.

Además, la Reforma impide que se concedan suspensiones en los casos que la Ley de Amparo califica como de orden público. Sin embargo, el orden público no puede ser un pretexto para reducir legislativamente el ámbito de la suspensión como se establece en la Reforma; es el juez quien debe ponderar caso por caso las consideraciones y posibles afectaciones al orden público e interés social, tal como lo establecía el texto anterior de la Ley de Amparo.

Si no se concede una suspensión efectiva y suficiente en un juicio de amparo, éste podría ser ineficaz. La consecuencia de ello es que la ejecución del acto de autoridad combatido pueda generar daños irremediables o que difícilmente el gobierno quiera o pueda reparar.

Para la ICC México, lo que pretende la Reforma es atar de manos a los jueces para que ellos ya no sean quienes determinen cuál debe ser el alcance de la suspensión y cuándo hay una afectación al orden público y cuándo no, y que sea el legislativo quien lo decida; de manera que dicho poder se convierta en juez y parte.

Hasta antes de esta Reforma, la Ley de Amparo ha sido un eficaz instrumento de defensa de ciudadanos y empresas para combatir la desigualdad entre quienes tienen mayores medios para defenderse y quienes no, así como afectaciones a la libre competencia entre empresas.

La International Chamber of Commerce México, da un voto de confianza a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y les hace un llamado para que declaren inconstitucional esta modificación a la Ley de Amparo, porque consideramos que afecta a todos los ciudadanos y a la competitividad de las empresas y el país..

ICC MÉXICO SOLICITA A LA SCJN DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA A LA LEY DE AMPARO

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martes, 30 de enero de 2024

 

  • Garantizar una experiencia de maternidad segura y respetuosa de los derechos humanos de las mujeres, el objetivo de la senadora Villegas Canché

 

La senadora Marybel Villegas Canché condenó la violencia obstétrica que persiste en México y que sufren algunas mujeres durante el embarazo, parto y posparto, ya que enfrentan humillaciones, abuso de poder y negligencia por parte del personal de salud, que desencadenan consecuencias fatales para su salud física y mental.

 

Villegas Canché presentó una iniciativa para reconocer explícitamente, en el marco legal, a la violencia obstétrica como una forma de violencia que sufren las mujeres, definir claramente sus conductas y establecer protocolos para su identificación e investigación.

 

Recordó que se trata de un tipo de agresión que se genera en los servicios de salud pública o privada, que consiste en cualquier acción u omisión, por parte del personal de salud, que cause daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y posparto.

 

La legisladora de Morena destacó que su propuesta adiciona el artículo 6 y 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer mecanismos de prevención, identificación y atención adecuada, con el fin de garantizar una experiencia de maternidad segura y respetuosa de los derechos humanos de las mujeres.

 

Explicó que entre las conductas que se deben condenar, por parte del personal de salud, están el trato deshumanizado, insensible o que tiende a estereotipar o denigrar; realizar prácticas que no cuenten con el conocimiento consciente e informado de las mujeres; practicar procedimientos innecesarios como cortes, revisiones u obligarlas a parir en una posición en específico.

 

Además de omitir información sobre los procedimientos médicos, causas de alguna enfermedad o tratamientos que sean requeridos por la mujer; así como no brindar información sobre métodos anticonceptivos; alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante medicamentos o técnicas de aceleración o inducción del parto.

 

También, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con la madre, negarle la posibilidad de cargarlo o amamantarlo inmediatamente; negarse a administrar analgésicos cuando no existe impedimento médico; y cualquier acto que atente contra la autonomía de las mujeres a ejercer sus derechos reproductivos y sexuales.

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2021, las mujeres de entre 15 y 49 años han presentado violencia obstétrica, cuyos casos se registran en todas las entidades federativas, principalmente en San Luis Potosí, Tlaxcala y Ciudad de México.

 

La legisladora agregó que el grupo de edad de 15 a 24 años es el más afectado, con un porcentaje de 35.5 por ciento, seguido por el rango de 25 a 34 años, con 31.4 por ciento.

 

Además, de 2016 a 2021, 33.4 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años, que dieron a luz, mediante cesárea y 29.6 por ciento, que lo hicieron por parto natural experimentaron maltrato durante la atención obstétrica, principalmente en forma de violencia psicológica y/o física

 

Villegas Canché comentó que, con la presente iniciativa, que fue inscrita en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente del pasado 29 de enero, se busca dar certeza jurídica en estos casos, así como proteger los derechos de las mujeres, garantizar una atención médica digna y respetuosa durante el embarazo y el parto.

Persiste violencia obstétrica; piden en el Senado definir marco legal para prevenirla

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domingo, 28 de enero de 2024

 

  • Reformas de 1994 y de 2021 han sido las más importantes en las últimas décadas.
  • De acuerdo con algunos estudios, desde 2017 el presupuesto del Poder Judicial Federal ha venido disminuyendo.

 

El Poder Judicial de la Federación es uno de los tres poderes de la Unión que ha tenido cambios en su integración, en su función jurisdiccional y en los montos presupuestales, los cuales no se pueden entender sin los cambios democráticos de México, así como por la obligación de armonizar el marco legal derivado de los compromisos adquiridos, en el 2011, por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, de acuerdo con un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).

El documento titulado “El Poder Judicial de la Federación. Cambios jurisdiccionales y estructurales”, elaborado por la investigadora María Cristina Sánchez Ramírez, destaca que las reformas más importantes en las últimas décadas han sido la de 1994, que hizo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un tribunal constitucional, y la de 2021, que entre otras modificaciones creó el sistema de jurisprudencia por precedentes, fortaleció al Instituto de la Defensoría Pública y ordenó medidas para combatir el nepotismo y la corrupción en el Poder Judicial.

La investigación también analiza algunas de las propuestas que se han hecho desde la academia para mejorar la designación de las y los ministros, entre las que se encuentran escuchar la opinión del Poder Judicial de la Federación, la sociedad civil, universidades y centros de investigación jurídica.

En cuanto al presupuesto del Poder Judicial, el estudio del IBD recupera algunos datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), como el hecho de que desde 2017 hasta la fecha, el porcentaje del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Federación ha ido disminuyendo, representando actualmente el 0.9% del presupuesto total.

Compromisos en materia de derechos humanos han dado forma al Poder Judicial en México, destaca nota del IBD

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viernes, 29 de diciembre de 2023


By Carlos Garcia de Balzac

Padres y madres de los 43 jovenes normalistas desparecidos en Iguala Guerrero, urgieron al presidente AMLO llevar a cabo  una reunión de trabajo  para hablar sobre el avance de las investigaciones y los señalamientos que ha emitido en contra de las organizaciones que los acompañan, principalmente el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al cumplirse 9 años de estos sucesos, este 26 de diciembre del año en curso. Al celebrar una misa en la Basilica de Guadalupe, este martes.


Vale detallar que el vocero Meliton Ortega, resalto “Nosotros estamos en las mejores condiciones, como siempre lo hemos dicho. Una cosa es que se haga la crítica, porque vemos que hace falta, no se están haciendo las cosas, pero no somos los que nos oponemos a la política del gobierno. Nos oponemos a la política de impunidad, a que no haya justicia para los chavos”. A la par exigió que “el Presidente no falle a su palabra, que no se eche para atrás en los compromisos que hizo con nosotros”, de dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.  Asi mismo y como  parte de la conmemoración, la homilia  fue presidida por el obispo emérito Raúl Vera, quien convocó a los padres y madres de los normalistas a no desanimarse en su lucha por la verdad y justicia. Indico “Personas del Estado son las responsables de esa desaparición. Y es una vergüenza el tipo de autoridades que tenemos en México, que aumenta la criminalidad en lugar de rebajarla y ustedes son para nosotros un baluarte, son custodios y custodias de nuestra seguridad”. Secundo Luchar por la justicia, dijo, “es de valientes, es de gente honesta, es la construcción verdadera de la sociedad”. A su vez el padre Vera igualmente oró para suplicarle (a la virgen de Guadalupe) que se remuevan todas las dificultades que tienen (los padres y madres de los normalistas). Todo el desprecio que hay por parte de las autoridades que no tienen el menor asombro de mentir y hacer el ridículo, no solo a nivel nacional sino internacional en este caso de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa”.

Vale precisar que antes de arribar a la Villa   se realizó a la una de la tarde, los familiares, estudiantes normalistas y organizaciones sociales caminaron desde la Glorieta de Peralvillo a la Basílica.

En su avance sobre calzada de los Misterios, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, reiteraron también que no permitirán que se les divida. “Hemos visto que de parte de las autoridades y del Ejecutivo federal no quieren que se toquen a elementos del Ejército, por eso hemos visto recientemente en las conferencias que han dado, en las famosas mañaneras, solamente se ha dedicado a desprestigiar a las organizaciones que a lo largo de nueve años han acompañado a los padres y madres de los 43”, dijo Isidoro Vicario, abogado de los familiares y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Al final una de mas madres dijo  “tratan de buscar la división de los padres y madres de los 43, pero desde este espacio decimos que los padres y madres de manera conjunta han caminado a lo largo de estos nueve años y que ningún gobierno podrá dividir el movimiento de los padres, tampoco podrá alejar a las organizaciones y demás colectivos que han acompañado en esta lucha”, concluyeron.


Padres y madres de los 43 exigen dialogo a AMLO.

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  • Senadores consideran necesario eliminar las restricciones para presentar quejas  

 

El pasado 14 de diciembre, la Comisión de Estudios Legislativos Primera, que preside la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, aprobó un dictamen para que los menores de edad puedan presentar denuncias o quejas de manera directa cuando se atente contra sus derechos humanos.  

 

Los y las legisladoras consideraron que las garantías de las niñas, niños y adolescentes estarán mejor protegidas cuando no se establezcan restricciones sobre quién puede presentar una denuncia o queja. 

 

El proyecto modifica los artículos 4 y 25 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Establece que para la defensa y promoción de los derechos humanos también se observarán los principios de igualdad de género, de accesibilidad e interés superior de la niñez. 

 

Y plantea que “cuando las presuntas violaciones de derechos humanos sean en contra de niñas, niños o adolescentes, las denuncias o quejas podrán ser presentadas por sí mismos, sin necesidad de representantes, salvo que por alguna circunstancia no estén en posibilidades de hacerlo”.  

 

Además, el dictamen sugiere que la Comisión Nacional emita los mecanismos accesibles y eficaces para tal fin y que cuando la CNDH tenga conocimiento de presuntas violaciones de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, pueda iniciar denuncia o queja de oficio. 

 

En el documento, los senadores detallaron que en diciembre de 2011, la agencia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), puso en marcha el III Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

Agregaron que dicho instrumento refrenda el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, lo que permite el acceso a un mecanismo internacional para denunciar casos de violencia, explotación o discriminación que no se resuelvan a nivel nacional. 

 

“Esto significa que las niñas, niños y adolescentes pueden presentar denuncias individuales ante el Comité de Derechos del Niño si sufren una vulneración de sus derechos y han agotado las vías legales en su país de origen”. 

 

Cabe recordar que este proyecto también se aprobó por la Comisión de Derechos Humanos, en una reunión que se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2023. 

Avalan proyecto para que menores puedan presentar denuncias contra violación de sus derechos

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domingo, 5 de noviembre de 2023

 

  • Garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de las y los migrantes que transitan por México, el objetivo   

 

 

Integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, que preside la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, refrendaron su compromiso de revisar la legislación para garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de las y los migrantes que transitan por México.  

   

Además, consideraron fundamental asegurar el respeto de los derechos humanos para todas aquellas personas migrantes que deciden quedarse y vivir en México, para buscar una forma honesta de vivir y brindar un futuro mejor a su familia.  

 

En su Programa Anual de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, la Comisión destacó que por ello es menester revisar y, de ser necesario, adecuar nuestras normas en materia migratoria para lograr la consecución de dichos objetivos.  

 

En el documento, que presentaron el pasado 11 de octubre, los integrantes de este órgano legislativo dieron a conocer que tienen como objetivos generales celebrar reuniones con las autoridades relacionadas con la implementación de la política migratoria en nuestro país; así como con organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa y protección de los derechos de las personas migrantes.  

 

Así como conocer, a través de visitas presenciales, los principales problemas que se presentan en las fronteras norte y sur de México y, de así considerarse, nuestras fronteras marítimas; además de conocer la situación actual que se vive en las Estaciones Migratorias, los albergues, y los Centros de Asistencia Social del país, que atienden y apoyan a ese sector. 

 

De esta manera, durante el Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura del Senado de la República, la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios buscará llevar a cabo visitas de campo a las fronteras norte y sur de México, para conocer las problemáticas comunes que en materia migratoria se presentan en ellas, pero, sobre todo, los problemas complejos que las distingue y caracteriza.  

  

Así como visitar las principales ciudades fronterizas del país, tanto en el norte como en el sur, con el objeto de conocer de primera mano las principales problemáticas que en ellas se suscitan 

 

Y visitar algunas Estaciones Migratorias operadas por el Instituto Nacional de Migración, para conocer la situación en la que están alojadas las personas migrantes, así como los albergues, públicos y privados, que atienden y apoyan a las personas migrantes y Centros de Asistencia Social que brindan atención especial a niñas, niños y adolescentes migrantes.  

Comisión del Senado refrenda compromiso para revisar legislación en materia migratoria

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jueves, 28 de septiembre de 2023

 

El Gobierno de Jalisco a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos; la Dirección de Juventudes, y con el apoyo de la Dirección General de Reinserción y Prevención Social de la Comisaría de Atención a Preliberados y Liberados, llevaron a cabo la “Feria de Reintegración Social 2023” del “Programa de Apoyo a la Reintegración Social de Jóvenes en Riesgo”. Programa que tiene como principal objetivo vincular a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) con las juventudes que se encuentran con medidas de sanción en externamiento, a fin de que dichas Organizaciones lleven a cabo proyectos que fomenten una reintegración social efectiva de esta población.


En la inauguración de estuvieron presentes: Fabiola Loya Hérnandez, Subsecretaria de Derechos Humanos, quien encabezó el evento protocolario, José Luis Navarro Vargas, Comisario de Atención a Preliberados y Liberados de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y Keila Jochebed Juárez González, Directora de Juventudes del Estado de Jalisco.

La Feria de Reintegración que tuvo lugar en la “Casa Ocampo” de la Comisaría de Atención a Preliberados y Liberados surge con el propósito de ser un espacio donde las Organizaciones de la Sociedad Civil que fueron seleccionadas como beneficiarias del “Programa de Apoyo a la Reintegración Social de Jóvenes en Riesgo”, puedan llevar a las juventudes en conflicto con la ley las ofertas, la información necesaria sobre programas y  mecanismos de prevención y reintegración a los que podrán tener acceso. Aunado a esto, se les dará seguimiento mediante actividades como cursos de capacitación en serigrafía, talleres de ingeniería de sonido, acompañamiento técnico para desarrollar habilidades para el dibujo orientado al tatuaje, orientación financiera para cálculo de costos, habilidades para el emprendimiento, desarrollos de proyectos, cursos de computo, cursos de barbería, así como atención psicológica y capacitaciones en materia laboral, educativa y cultural.

 

En esta tercera edición de la Feria participaron  las Asociaciones de la Sociedad Civil que fueron seleccionadas por el Consejo Técnico Dictaminador para ser beneficiadas con el recurso económico que otorga este programa para el ejercicio 2023, siendo las siguientes: CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCIÓN TERAPÉUTICA, CEDAT. A.C; DELIBERA A.C.; PROSOCIEDAD, HACER BIEN EL BIEN, A.C.; FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, A.C y CORPOCREATIVO, CULTURA EN MOVIMIENTO, A.C.

Durante su intervención, la Directora de Juventudes Jalisco, Keila Juárez, destacó la importancia de que las juventudes sean consideradas como grupo prioritario en las acciones de gobierno como sucede en Jalisco, ya que este grupo poblacional juega un papel muy importante en la construcción de una verdadera cultura de paz. Concluyó reconociendo la importancia de seguir construyendo espacios como este para que sirvan como punto de encuentro entre gobierno, sociedad civil y poblaciones vulnerables.

Las personas jóvenes asistentes además de haber elegido participar en algún programa ofertado por las OSC participantes, también recibirán una beca económica de $10,000.00 mxn que tendrá como objetivo impulsar la construcción de su nuevo proyecto de vida y dignificar su proceso de reintegración. 

Dirección de Juventudes Jalisco arranca la Feria de Reintegración 2023

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viernes, 22 de septiembre de 2023

 

  • El Congreso de la Unión está obligado a derogar el articulado que criminaliza a las mujeres que abortan, destacan especialistas 

     


La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Martha Lucía Micher Camarena, afirmó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para despenalizar el aborto a nivel nacional es una parte importante del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. 

 

Durante la reunión de trabajo denominada “Salud sexual y reproductiva; resolución de amparo en revisión 267/2023 SCJN”, la legisladora subrayó que esta resolución es un tema importante que impacta directamente en la vida de las mujeres, adolescentes y niñas de nuestro país. 

 

Agregó que el derecho a decidir de las mujeres es el resultado de una combinación particular de diferentes derechos y principios asociados a la intrínseca libertad de la persona, a autodeterminarse y a escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme a sus convicciones. 

 

Además, la legisladora de Morena hizo un llamado a no ignorar las observaciones realizadas por organismos internacionales en la materia, como el caso de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), donde se pidió a los Estados adoptar medidas para impedir que las mujeres sean coaccionadas en su fecundidad. 

 

En tanto, la senadora Eunice Renata Romo Molina, presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, aseveró que las organizaciones civiles tienen aliadas en el Congreso, que están en constante trabajo para difundir y legislar sobre los derechos reproductivos de las mujeres. 

 

La legisladora del Grupo Parlamentario del PES dijo que, más allá de las banderas políticas, este es un asunto jurídico, por lo que es necesario impulsar su difusión para que la ciudadanía conozca la resolución de la Suprema Corte, pues aún existen muchas dudas sobre lo que se puede hacer con esta decisión. 

 

En tanto, Isabel Fulda Graue, subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), aseguró que esta resolución es un paso importante para el acceso al aborto en las instituciones de salud pública, pues su criminalización, incluida en el Código Penal Federal, hacía que el personal de salud no quisiera otorgar este servicio. 

 

A su vez, Melisa Ayala, coordinadora de Litigio y Documentación de GIRE, explicó que, una vez que fue notificada la sentencia de la Corte, el Congreso de la Unión está obligado a derogar el articulado que criminaliza a las mujeres que abortan y al personal médico que les asistan, además de que las instituciones de salud tienen la obligación de prestar el servicio. 

 

Francisco Cué Martínez, responsable de vinculación legislativa del GIRE, indicó que los Congresos locales están obligados a reformar su legislación penal para derogar los delitos de aborto; “lo que está diciendo la Corte es que se abandone el uso del derecho penal para regular quién, en qué momento y bajo qué circunstancias puede acceder o no a un aborto”, acotó. 

Despenalización del aborto en el país, reconocimiento a derechos de las mujeres: Micher Camarena

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martes, 12 de septiembre de 2023

·       La interrupción del embarazo con medicamentos a través de la telemedicina es una opción segura, con una tasa de 98% de éxito al tener un acompañamiento médico y guiado con organizaciones como Telefem.


Ciudad de México, septiembre 2023.- La despenalización del aborto en México es un logro histórico en favor de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, la lucha de la equidad de género y contra la discriminación, dijo Paula Rita Rivera Núñez, gerente de operaciones de Telefem.

Añadió que la despenalización es resultado de la lucha social de años, de alzar la voz por mujeres que perdieron la vida debido a condiciones poco favorables para la interrupción del embarazo o que fueron encarceladas, pero que ahora podrán tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre el ejercicio de su maternidad.

Cabe destacar, que luego de la sentencia sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en el Código Penal de Coahuila que se resolvió por unanimidad en septiembre del 2021, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), presentó un amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal por haber emitido una regulación que criminalizaba el aborto.

Sin embargo, la tarde del 6 de septiembre la Corte analizó el amparo y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto ya no tendrá efectos, y, por lo tanto, ninguna mujer o persona gestante, ni al personal de salud, se le podrá castigar por realizarse un aborto.[1]

El aborto es un derecho de salud, un derecho humano reconocido como tal a nivel internacional, el que se hay despenalizado en México, impactará positivamente en la reducción de la mortalidad materna, al evitar complicaciones que se puedan registrar al realizar abortos inseguros o por personal no capacitado.  Dentro de las complicaciones están las hemorragias obstétricas, infecciones, casos de sepsis y la muerte materna como tal. 

“Recibimos la noticia de la despenalización con regocijo, ya que marca un antecedente histórico para México en aras de mejorar la salud para todas aquellas personas que se embarazan y se ven en la necesidad de llevar a cabo una interrupción voluntaria, agradecemos la labor de las mujeres que alzan su voz y de organizaciones como GIRE, que gracias a su ardua lucha es que se da este gran paso en el territorio mexicano”, dijo el doctor Eduardo López Ceh, integrante del cuerpo médico de Telefem.

El doctor López Ceh, explicó que la interrupción del embarazo con medicamentos es una opción segura y sencilla, con una tasa de 98% de efectividad al tener un acompañamiento médico y guiado con organizaciones sin fines de lucro como Telefem, que han luchado por llevar información a la población gestante de México y acercado la ILE a través de la telemedicina.

La interrupción del embarazo ya había sido legalizada en 12 estados del país. En días pasados, por cuatro votos a favor del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional la penalización del aborto en Aguascalientes, luego de un amparo promovido por los colectivos feministas: Cultivando Género, Morras Help Morras, Cecadec, Terfu y GIRE.

Finalmente, los especialistas señalaron la importancia de la educación sexual, el acceso a los métodos anticonceptivos como medidas preventivas para no tener embarazos no planeados.

Telefem celebra la despenalización del aborto en México

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sábado, 26 de agosto de 2023


●  Por primera vez se brindará apoyo a 10 OSC’s que luchan por los derechos de la comunidad LGBTQ+ con un monto total de inversión de $1,500,000.00 pesos.

●  Durante el presente año, la inversión en programas sociales supera los 25 millones de pesos.

●  En total se beneficiarán a 42 organizaciones civiles, así como a casi 1 mil 500 estudiantes indígenas a través de los programas sociales.

 


La Subsecretaría de Derechos Humanos, perteneciente a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, entregó de manera simbólica el recurso que se destina a apoyar el derecho a la educación de las y los estudiantes pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas de la entidad. A su vez, reconoció a las organizaciones de la sociedad civil que resultaron beneficiarias de los programas sociales que se impulsan desde esta dependencia, para fortalecer el acceso efectivo a los derechos humanos de los grupos prioritarios de Jalisco.

Durante el presente año, la inversión en programas sociales supera los 25 millones de pesos, con los que se beneficiarán a 42 organizaciones civiles, así como a casi 1 mil 500 estudiantes indígenas a través de los programas sociales:

 

●  Por la Prevención de las Juventudes: Ruta 12, de la Dirección de Juventudes, cuyo objetivo es reducir los factores de riesgo asociados con la violencia y la delincuencia en jóvenes, a través de proyectos de prevención.

●  Apoyo a la Reintegración Social de Jóvenes en Riesgo, de la Dirección de Juventudes, cuyo objetivo es reducir la reincidencia de jóvenes en conflicto con la ley y contribuir a su reintegración social efectiva.

●  Por la Inclusión de Personas con Discapacidad, de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es ampliar las oportunidades de acceso efectivo a los derechos humanos de las personas con discapacidad.

 

●  Fortalecimiento a OSC’s LGBT+ Rumbo a un Jalisco de Iguales, de la Dirección de Diversidad Sexual, cuyo objetivo es desarrollar proyectos enfocados en la erradicación de las barreras de desigualdad hacia las personas LGBTTTIQ+.

●  Becas por la Interculturalidad, cuyo objetivo es contribuir a la reducción del rezago educativo por razones económicas de estudiantes indígenas.

 

 

El acto protocolario fue encabezado por el Mtro. Juan Enrique Ibarra Pedroza, Secretario General de Gobierno, acompañado de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Fabiola Loya Hernández y las y los titulares de las áreas encargadas de los programas sociales que atienden grupos prioritarios como Isaura García de la Comisión Estatal Indígena; Andrés Treviño de la Dirección de Diversidad Sexual; Bernardo Álvarez de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad y Keila Juárez de la Dirección de Juventudes.

Durante el evento, el Secretario General de Gobierno, destacó la importante labor que se ha llevado a cabo desde la Subsecretaría, reconociendo la forma en que estos programas acompañan a la ciudadanía. Además, señaló “el ejercicio de este presupuesto dirigido hacia las diversas expresiones es una muestra de que formamos parte de un gobierno humanista y que pone a las personas en el centro de las políticas públicas guiados por el Gobernador Enrique Alfaro, que ha hecho buena política con corazón, inteligencia y carácter”.

 

Por otro lado, la Subsecretaria de Derechos Humanos, felicitó a las y los representantes que recibieron el reconocimiento, resaltando: “esta es la primera vez que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, hacemos este merecido reconocimiento a la enorme labor que realiza la sociedad civil en la construcción de paz y en el fortalecimiento de los derechos humanos en Jalisco, principalmente de los grupos históricamente vulnerados (…) Desde el principio, hemos caminado lado a lado con los organismos de la sociedad civil, porque el destino que visualizamos para las y los jaliscienses es el mismo: uno de respeto, con igualdad de posibilidades y alternativas de desarrollo. Forjar un Jalisco de Iguales era una promesa y hoy es un compromiso”.

Importante mencionar que, de 2021 a la fecha, se ha logrado aumentar en un 115 por ciento el apoyo de becas a estudiantes indígenas, llegando por primera vez a las comunidades indígenas de mayor marginación en la Zona Norte, contribuyendo así al derecho a la educación de las y los estudiantes indígenas de nuestro estado; además se fortaleció el Programa Por la Inclusión de Personas con Discapacidad, para incluir en los beneficios a las personas cuidadoras; y se creó el primer programa social dirigido a fortalecer a OSC´s que trabajan por los derechos de la comunidad LGBT+ en Jalisco.

Es significativo además destacar que, durante la presente administración se han apoyado a:

- Más de 3 mil estudiantes indígenas con el programa de Becas por la interculturalidad;

- 199 jóvenes y 7 OSC’s beneficiadas con el programa de Apoyo a la Reintegración Social de los Jóvenes en Riesgo;

- Casi 7 mil personas y 65 OSC’s beneficiadas con el programa Por la Inclusión de Personas con Discapacidad;

- 2,260 jóvenes y 37 OSC’s beneficiadas con el programa Por la Prevención de las Juventudes: ruta 12.

 

Señalar que, las organizaciones civiles, se han convertido en aliadas de enorme relevancia para el Gobierno de Jalisco que en conjunto actúan para atender las principales problemáticas de los grupos históricamente vulnerados, como lo son la violencia, la discriminación, la inaccesibilidad y desigualdad, entre otras, desde un enfoque de cultura de paz, fortaleciendo esquemas de gobernanza e impulsando la transversalidad de los derechos humanos como un cambio cultural y una nueva forma de atender estos problemas sociales.

Además en el evento de protocolario estuvieron presentes el Secretario de Hacienda Pública, Juan Partida Morales ; La secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo Corvera y la titular de la secretaría de Cultura Lourdes Ariadna González Pérez. 


Reconocen a estudiantes indígenas, a organizaciones civiles y personas de la diversidad que trabajan por los derechos humanos en Jalisco con apoyos económicos

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