- Al rendir su sexto informe, el senador afirma que en México se agudizó la crisis de derechos humanos
Es fundamental aclarar que el actuar de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación se encuentra regido por el marco legal vigente, el cual establece criterios claros y procedimientos específicos para la toma de decisiones judiciales. Dichas decisiones son producto de un análisis riguroso y exhaustivo de las pruebas y argumentos presentados por todas las partes involucradas en cada caso, incluyendo al Ministerio Público Federal que se encuentra presente en todo momento, con el objetivo primordial de garantizar el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de todas las personas y el interés social. Por ello, se exhorta a las y los trabajadores a mantenerse atentos al desarrollo de estos acontecimientos y de acciones futuras.
* Violenta instrumentos internacionales como el Pacto de San José que tutela las “debidas garantías” | ||
| Ciudad de México a 30 de abril de 2024
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La senadora Marybel Villegas Canché condenó la violencia obstétrica que persiste en México y que sufren algunas mujeres durante el embarazo, parto y posparto, ya que enfrentan humillaciones, abuso de poder y negligencia por parte del personal de salud, que desencadenan consecuencias fatales para su salud física y mental.
Villegas Canché presentó una iniciativa para reconocer explícitamente, en el marco legal, a la violencia obstétrica como una forma de violencia que sufren las mujeres, definir claramente sus conductas y establecer protocolos para su identificación e investigación.
Recordó que se trata de un tipo de agresión que se genera en los servicios de salud pública o privada, que consiste en cualquier acción u omisión, por parte del personal de salud, que cause daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y posparto.
La legisladora de Morena destacó que su propuesta adiciona el artículo 6 y 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer mecanismos de prevención, identificación y atención adecuada, con el fin de garantizar una experiencia de maternidad segura y respetuosa de los derechos humanos de las mujeres.
Explicó que entre las conductas que se deben condenar, por parte del personal de salud, están el trato deshumanizado, insensible o que tiende a estereotipar o denigrar; realizar prácticas que no cuenten con el conocimiento consciente e informado de las mujeres; practicar procedimientos innecesarios como cortes, revisiones u obligarlas a parir en una posición en específico.
Además de omitir información sobre los procedimientos médicos, causas de alguna enfermedad o tratamientos que sean requeridos por la mujer; así como no brindar información sobre métodos anticonceptivos; alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante medicamentos o técnicas de aceleración o inducción del parto.
También, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con la madre, negarle la posibilidad de cargarlo o amamantarlo inmediatamente; negarse a administrar analgésicos cuando no existe impedimento médico; y cualquier acto que atente contra la autonomía de las mujeres a ejercer sus derechos reproductivos y sexuales.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2021, las mujeres de entre 15 y 49 años han presentado violencia obstétrica, cuyos casos se registran en todas las entidades federativas, principalmente en San Luis Potosí, Tlaxcala y Ciudad de México.
La legisladora agregó que el grupo de edad de 15 a 24 años es el más afectado, con un porcentaje de 35.5 por ciento, seguido por el rango de 25 a 34 años, con 31.4 por ciento.
Además, de 2016 a 2021, 33.4 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años, que dieron a luz, mediante cesárea y 29.6 por ciento, que lo hicieron por parto natural experimentaron maltrato durante la atención obstétrica, principalmente en forma de violencia psicológica y/o física
Villegas Canché comentó que, con la presente iniciativa, que fue inscrita en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente del pasado 29 de enero, se busca dar certeza jurídica en estos casos, así como proteger los derechos de las mujeres, garantizar una atención médica digna y respetuosa durante el embarazo y el parto.
El Poder Judicial de la Federación es uno de los tres poderes de la Unión que ha tenido cambios en su integración, en su función jurisdiccional y en los montos presupuestales, los cuales no se pueden entender sin los cambios democráticos de México, así como por la obligación de armonizar el marco legal derivado de los compromisos adquiridos, en el 2011, por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, de acuerdo con un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).
El documento titulado “El Poder Judicial de la Federación. Cambios jurisdiccionales y estructurales”, elaborado por la investigadora María Cristina Sánchez Ramírez, destaca que las reformas más importantes en las últimas décadas han sido la de 1994, que hizo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un tribunal constitucional, y la de 2021, que entre otras modificaciones creó el sistema de jurisprudencia por precedentes, fortaleció al Instituto de la Defensoría Pública y ordenó medidas para combatir el nepotismo y la corrupción en el Poder Judicial.
La investigación también analiza algunas de las propuestas que se han hecho desde la academia para mejorar la designación de las y los ministros, entre las que se encuentran escuchar la opinión del Poder Judicial de la Federación, la sociedad civil, universidades y centros de investigación jurídica.
En cuanto al presupuesto del Poder Judicial, el estudio del IBD recupera algunos datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), como el hecho de que desde 2017 hasta la fecha, el porcentaje del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Federación ha ido disminuyendo, representando actualmente el 0.9% del presupuesto total.
Vale precisar que antes de arribar a la Villa se realizó a la una de la tarde, los familiares, estudiantes normalistas y organizaciones sociales caminaron desde la Glorieta de Peralvillo a la Basílica.
En su avance sobre calzada de los Misterios, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, reiteraron también que no permitirán que se les divida. “Hemos visto que de parte de las autoridades y del Ejecutivo federal no quieren que se toquen a elementos del Ejército, por eso hemos visto recientemente en las conferencias que han dado, en las famosas mañaneras, solamente se ha dedicado a desprestigiar a las organizaciones que a lo largo de nueve años han acompañado a los padres y madres de los 43”, dijo Isidoro Vicario, abogado de los familiares y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Al final una de mas madres dijo “tratan de buscar la división de los padres y madres de los 43, pero desde este espacio decimos que los padres y madres de manera conjunta han caminado a lo largo de estos nueve años y que ningún gobierno podrá dividir el movimiento de los padres, tampoco podrá alejar a las organizaciones y demás colectivos que han acompañado en esta lucha”, concluyeron.
El pasado 14 de diciembre, la Comisión de Estudios Legislativos Primera, que preside la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, aprobó un dictamen para que los menores de edad puedan presentar denuncias o quejas de manera directa cuando se atente contra sus derechos humanos.
Los y las legisladoras consideraron que las garantías de las niñas, niños y adolescentes estarán mejor protegidas cuando no se establezcan restricciones sobre quién puede presentar una denuncia o queja.
El proyecto modifica los artículos 4 y 25 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Establece que para la defensa y promoción de los derechos humanos también se observarán los principios de igualdad de género, de accesibilidad e interés superior de la niñez.
Y plantea que “cuando las presuntas violaciones de derechos humanos sean en contra de niñas, niños o adolescentes, las denuncias o quejas podrán ser presentadas por sí mismos, sin necesidad de representantes, salvo que por alguna circunstancia no estén en posibilidades de hacerlo”.
Además, el dictamen sugiere que la Comisión Nacional emita los mecanismos accesibles y eficaces para tal fin y que cuando la CNDH tenga conocimiento de presuntas violaciones de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, pueda iniciar denuncia o queja de oficio.
En el documento, los senadores detallaron que en diciembre de 2011, la agencia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), puso en marcha el III Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Agregaron que dicho instrumento refrenda el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, lo que permite el acceso a un mecanismo internacional para denunciar casos de violencia, explotación o discriminación que no se resuelvan a nivel nacional.
“Esto significa que las niñas, niños y adolescentes pueden presentar denuncias individuales ante el Comité de Derechos del Niño si sufren una vulneración de sus derechos y han agotado las vías legales en su país de origen”.
Cabe recordar que este proyecto también se aprobó por la Comisión de Derechos Humanos, en una reunión que se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2023.
Integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, que preside la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, refrendaron su compromiso de revisar la legislación para garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de las y los migrantes que transitan por México.
Además, consideraron fundamental asegurar el respeto de los derechos humanos para todas aquellas personas migrantes que deciden quedarse y vivir en México, para buscar una forma honesta de vivir y brindar un futuro mejor a su familia.
En su Programa Anual de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, la Comisión destacó que por ello es menester revisar y, de ser necesario, adecuar nuestras normas en materia migratoria para lograr la consecución de dichos objetivos.
En el documento, que presentaron el pasado 11 de octubre, los integrantes de este órgano legislativo dieron a conocer que tienen como objetivos generales celebrar reuniones con las autoridades relacionadas con la implementación de la política migratoria en nuestro país; así como con organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa y protección de los derechos de las personas migrantes.
Así como conocer, a través de visitas presenciales, los principales problemas que se presentan en las fronteras norte y sur de México y, de así considerarse, nuestras fronteras marítimas; además de conocer la situación actual que se vive en las Estaciones Migratorias, los albergues, y los Centros de Asistencia Social del país, que atienden y apoyan a ese sector.
De esta manera, durante el Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura del Senado de la República, la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios buscará llevar a cabo visitas de campo a las fronteras norte y sur de México, para conocer las problemáticas comunes que en materia migratoria se presentan en ellas, pero, sobre todo, los problemas complejos que las distingue y caracteriza.
Así como visitar las principales ciudades fronterizas del país, tanto en el norte como en el sur, con el objeto de conocer de primera mano las principales problemáticas que en ellas se suscitan
Y visitar algunas Estaciones Migratorias operadas por el Instituto Nacional de Migración, para conocer la situación en la que están alojadas las personas migrantes, así como los albergues, públicos y privados, que atienden y apoyan a las personas migrantes y Centros de Asistencia Social que brindan atención especial a niñas, niños y adolescentes migrantes.
El Gobierno de Jalisco a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos; la Dirección de Juventudes, y con el apoyo de la Dirección General de Reinserción y Prevención Social de la Comisaría de Atención a Preliberados y Liberados, llevaron a cabo la “Feria de Reintegración Social 2023” del “Programa de Apoyo a la Reintegración Social de Jóvenes en Riesgo”. Programa que tiene como principal objetivo vincular a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) con las juventudes que se encuentran con medidas de sanción en externamiento, a fin de que dichas Organizaciones lleven a cabo proyectos que fomenten una reintegración social efectiva de esta población. En la inauguración de estuvieron presentes: Fabiola Loya Hérnandez, Subsecretaria de Derechos Humanos, quien encabezó el evento protocolario, José Luis Navarro Vargas, Comisario de Atención a Preliberados y Liberados de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y Keila Jochebed Juárez González, Directora de Juventudes del Estado de Jalisco. La Feria de Reintegración que tuvo lugar en la “Casa Ocampo” de la Comisaría de Atención a Preliberados y Liberados surge con el propósito de ser un espacio donde las Organizaciones de la Sociedad Civil que fueron seleccionadas como beneficiarias del “Programa de Apoyo a la Reintegración Social de Jóvenes en Riesgo”, puedan llevar a las juventudes en conflicto con la ley las ofertas, la información necesaria sobre programas y mecanismos de prevención y reintegración a los que podrán tener acceso. Aunado a esto, se les dará seguimiento mediante actividades como cursos de capacitación en serigrafía, talleres de ingeniería de sonido, acompañamiento técnico para desarrollar habilidades para el dibujo orientado al tatuaje, orientación financiera para cálculo de costos, habilidades para el emprendimiento, desarrollos de proyectos, cursos de computo, cursos de barbería, así como atención psicológica y capacitaciones en materia laboral, educativa y cultural.
En esta tercera edición de la Feria participaron las Asociaciones de la Sociedad Civil que fueron seleccionadas por el Consejo Técnico Dictaminador para ser beneficiadas con el recurso económico que otorga este programa para el ejercicio 2023, siendo las siguientes: CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCIÓN TERAPÉUTICA, CEDAT. A.C; DELIBERA A.C.; PROSOCIEDAD, HACER BIEN EL BIEN, A.C.; FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, A.C y CORPOCREATIVO, CULTURA EN MOVIMIENTO, A.C. Durante su intervención, la Directora de Juventudes Jalisco, Keila Juárez, destacó la importancia de que las juventudes sean consideradas como grupo prioritario en las acciones de gobierno como sucede en Jalisco, ya que este grupo poblacional juega un papel muy importante en la construcción de una verdadera cultura de paz. Concluyó reconociendo la importancia de seguir construyendo espacios como este para que sirvan como punto de encuentro entre gobierno, sociedad civil y poblaciones vulnerables. Las personas jóvenes asistentes además de haber elegido participar en algún programa ofertado por las OSC participantes, también recibirán una beca económica de $10,000.00 mxn que tendrá como objetivo impulsar la construcción de su nuevo proyecto de vida y dignificar su proceso de reintegración. | |
Durante la reunión de trabajo denominada “Salud sexual y reproductiva; resolución de amparo en revisión 267/2023 SCJN”, la legisladora subrayó que esta resolución es un tema importante que impacta directamente en la vida de las mujeres, adolescentes y niñas de nuestro país.
Agregó que el derecho a decidir de las mujeres es el resultado de una combinación particular de diferentes derechos y principios asociados a la intrínseca libertad de la persona, a autodeterminarse y a escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme a sus convicciones.
Además, la legisladora de Morena hizo un llamado a no ignorar las observaciones realizadas por organismos internacionales en la materia, como el caso de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), donde se pidió a los Estados adoptar medidas para impedir que las mujeres sean coaccionadas en su fecundidad.
En tanto, la senadora Eunice Renata Romo Molina, presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, aseveró que las organizaciones civiles tienen aliadas en el Congreso, que están en constante trabajo para difundir y legislar sobre los derechos reproductivos de las mujeres.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PES dijo que, más allá de las banderas políticas, este es un asunto jurídico, por lo que es necesario impulsar su difusión para que la ciudadanía conozca la resolución de la Suprema Corte, pues aún existen muchas dudas sobre lo que se puede hacer con esta decisión.
En tanto, Isabel Fulda Graue, subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), aseguró que esta resolución es un paso importante para el acceso al aborto en las instituciones de salud pública, pues su criminalización, incluida en el Código Penal Federal, hacía que el personal de salud no quisiera otorgar este servicio.
A su vez, Melisa Ayala, coordinadora de Litigio y Documentación de GIRE, explicó que, una vez que fue notificada la sentencia de la Corte, el Congreso de la Unión está obligado a derogar el articulado que criminaliza a las mujeres que abortan y al personal médico que les asistan, además de que las instituciones de salud tienen la obligación de prestar el servicio.
Francisco Cué Martínez, responsable de vinculación legislativa del GIRE, indicó que los Congresos locales están obligados a reformar su legislación penal para derogar los delitos de aborto; “lo que está diciendo la Corte es que se abandone el uso del derecho penal para regular quién, en qué momento y bajo qué circunstancias puede acceder o no a un aborto”, acotó.
· La interrupción del embarazo con medicamentos a través de la telemedicina es una opción segura, con una tasa de 98% de éxito al tener un acompañamiento médico y guiado con organizaciones como Telefem.
Ciudad de México, septiembre 2023.- La despenalización del aborto en México es un logro histórico en favor de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, la lucha de la equidad de género y contra la discriminación, dijo Paula Rita Rivera Núñez, gerente de operaciones de Telefem.
Añadió que la despenalización es resultado de la lucha social de años, de alzar la voz por mujeres que perdieron la vida debido a condiciones poco favorables para la interrupción del embarazo o que fueron encarceladas, pero que ahora podrán tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre el ejercicio de su maternidad.
Cabe destacar, que luego de la sentencia sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en el Código Penal de Coahuila que se resolvió por unanimidad en septiembre del 2021, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), presentó un amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal por haber emitido una regulación que criminalizaba el aborto.
Sin embargo, la tarde del 6 de septiembre la Corte analizó el amparo y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto ya no tendrá efectos, y, por lo tanto, ninguna mujer o persona gestante, ni al personal de salud, se le podrá castigar por realizarse un aborto.[1]
El aborto es un derecho de salud, un derecho humano reconocido como tal a nivel internacional, el que se hay despenalizado en México, impactará positivamente en la reducción de la mortalidad materna, al evitar complicaciones que se puedan registrar al realizar abortos inseguros o por personal no capacitado. Dentro de las complicaciones están las hemorragias obstétricas, infecciones, casos de sepsis y la muerte materna como tal.
“Recibimos la noticia de la despenalización con regocijo, ya que marca un antecedente histórico para México en aras de mejorar la salud para todas aquellas personas que se embarazan y se ven en la necesidad de llevar a cabo una interrupción voluntaria, agradecemos la labor de las mujeres que alzan su voz y de organizaciones como GIRE, que gracias a su ardua lucha es que se da este gran paso en el territorio mexicano”, dijo el doctor Eduardo López Ceh, integrante del cuerpo médico de Telefem.
La interrupción del embarazo ya había sido legalizada en 12 estados del país. En días pasados, por cuatro votos a favor del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional la penalización del aborto en Aguascalientes, luego de un amparo promovido por los colectivos feministas: Cultivando Género, Morras Help Morras, Cecadec, Terfu y GIRE.
Finalmente, los especialistas señalaron la importancia de la educación sexual, el acceso a los métodos anticonceptivos como medidas preventivas para no tener embarazos no planeados.
● Por primera vez se brindará apoyo a 10 OSC’s que luchan por los derechos de la comunidad LGBTQ+ con un monto total de inversión de $1,500,000.00 pesos.
● Durante el presente año, la inversión en programas sociales supera los 25 millones de pesos.
● En total se beneficiarán a 42 organizaciones civiles, así como a casi 1 mil 500 estudiantes indígenas a través de los programas sociales.
Durante el presente año, la inversión en programas sociales supera los 25 millones de pesos, con los que se beneficiarán a 42 organizaciones civiles, así como a casi 1 mil 500 estudiantes indígenas a través de los programas sociales:
● Por la Prevención de las Juventudes: Ruta 12, de la Dirección de Juventudes, cuyo objetivo es reducir los factores de riesgo asociados con la violencia y la delincuencia en jóvenes, a través de proyectos de prevención.
● Apoyo a la Reintegración Social de Jóvenes en Riesgo, de la Dirección de Juventudes, cuyo objetivo es reducir la reincidencia de jóvenes en conflicto con la ley y contribuir a su reintegración social efectiva.
● Por la Inclusión de Personas con Discapacidad, de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es ampliar las oportunidades de acceso efectivo a los derechos humanos de las personas con discapacidad.
● Fortalecimiento a OSC’s LGBT+ Rumbo a un Jalisco de Iguales, de la Dirección de Diversidad Sexual, cuyo objetivo es desarrollar proyectos enfocados en la erradicación de las barreras de desigualdad hacia las personas LGBTTTIQ+.
● Becas por la Interculturalidad, cuyo objetivo es contribuir a la reducción del rezago educativo por razones económicas de estudiantes indígenas.
El acto protocolario fue encabezado por el Mtro. Juan Enrique Ibarra Pedroza, Secretario General de Gobierno, acompañado de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Fabiola Loya Hernández y las y los titulares de las áreas encargadas de los programas sociales que atienden grupos prioritarios como Isaura García de la Comisión Estatal Indígena; Andrés Treviño de la Dirección de Diversidad Sexual; Bernardo Álvarez de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad y Keila Juárez de la Dirección de Juventudes.
Durante el evento, el Secretario General de Gobierno, destacó la importante labor que se ha llevado a cabo desde la Subsecretaría, reconociendo la forma en que estos programas acompañan a la ciudadanía. Además, señaló “el ejercicio de este presupuesto dirigido hacia las diversas expresiones es una muestra de que formamos parte de un gobierno humanista y que pone a las personas en el centro de las políticas públicas guiados por el Gobernador Enrique Alfaro, que ha hecho buena política con corazón, inteligencia y carácter”.
Por otro lado, la Subsecretaria de Derechos Humanos, felicitó a las y los representantes que recibieron el reconocimiento, resaltando: “esta es la primera vez que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, hacemos este merecido reconocimiento a la enorme labor que realiza la sociedad civil en la construcción de paz y en el fortalecimiento de los derechos humanos en Jalisco, principalmente de los grupos históricamente vulnerados (…) Desde el principio, hemos caminado lado a lado con los organismos de la sociedad civil, porque el destino que visualizamos para las y los jaliscienses es el mismo: uno de respeto, con igualdad de posibilidades y alternativas de desarrollo. Forjar un Jalisco de Iguales era una promesa y hoy es un compromiso”.
Importante mencionar que, de 2021 a la fecha, se ha logrado aumentar en un 115 por ciento el apoyo de becas a estudiantes indígenas, llegando por primera vez a las comunidades indígenas de mayor marginación en la Zona Norte, contribuyendo así al derecho a la educación de las y los estudiantes indígenas de nuestro estado; además se fortaleció el Programa Por la Inclusión de Personas con Discapacidad, para incluir en los beneficios a las personas cuidadoras; y se creó el primer programa social dirigido a fortalecer a OSC´s que trabajan por los derechos de la comunidad LGBT+ en Jalisco.
Es significativo además destacar que, durante la presente administración se han apoyado a:
- Más de 3 mil estudiantes indígenas con el programa de Becas por la interculturalidad;
- 199 jóvenes y 7 OSC’s beneficiadas con el programa de Apoyo a la Reintegración Social de los Jóvenes en Riesgo;
- Casi 7 mil personas y 65 OSC’s beneficiadas con el programa Por la Inclusión de Personas con Discapacidad;
- 2,260 jóvenes y 37 OSC’s beneficiadas con el programa Por la Prevención de las Juventudes: ruta 12.
Señalar que, las organizaciones civiles, se han convertido en aliadas de enorme relevancia para el Gobierno de Jalisco que en conjunto actúan para atender las principales problemáticas de los grupos históricamente vulnerados, como lo son la violencia, la discriminación, la inaccesibilidad y desigualdad, entre otras, desde un enfoque de cultura de paz, fortaleciendo esquemas de gobernanza e impulsando la transversalidad de los derechos humanos como un cambio cultural y una nueva forma de atender estos problemas sociales.
Además en el evento de protocolario estuvieron presentes el Secretario de Hacienda Pública, Juan Partida Morales ; La secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo Corvera y la titular de la secretaría de Cultura Lourdes Ariadna González Pérez.