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Con el propósito de promover el conocimiento y aplicación de la tecnología espacial en beneficio del desarrollo nacional y en el marco del 130 aniversario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Agencia Espacial Mexicana (AEM), coorganizó, junto con la Cámara de Diputados y el Consejo Técnico de Conocimiento y la Innovación (COTECI), el Foro “Actividades Espaciales en México, oportunidades para el Desarrollo Nacional”.

Con la representación del titular de la SCT, Ing. Civil Jorge Arganis Díaz-Leal, el director general de la AEM, Salvador Landeros Ayala, reconoció el apoyo al tema espacial, y agradeció interés de la Cámara de Diputados a la AEM, a través de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, encabezada por la diputada Marivel Solís Barrera.

Por su parte, la diputada Solís Barrera recordó que, desde octubre de 2020, impulsa una iniciativa de vanguardia, con objeto de que las actividades espaciales devengan en motor del desarrollo nacional, para así poder colocar estas nuevas tecnologías al servicio de la nación, mediante una reforma Constitucional acorde a esta nueva era digital.

A su vez, el Presidente Honorario del COTECI, Javier López Casarín, recordó que el tema espacial es protagonista en la agenda de la Presidencia Pro Tempore de México, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a fin de ampliar la frontera del conocimiento, crear nuevos empleos, e imaginar un futuro innovador, que aproveche el semillero del talento joven del país.
El encuentro subrayó la importancia y relevancia de los recursos espaciales en ámbitos prioritarios relacionados con la industria, energía, telecomunicaciones, agricultura, atención de la salud, protección del medio ambiente y cambio climático, el desarrollo urbano y rural, así como la protección de la población ante desastres por fenómenos naturales, entre otros beneficios sociales.

En ese sentido, el Ejecutivo de Programas de la División de Sistemas Avanzados de Exploración de la NASA y líder mentor del Nanosatélite mexicano AztechSat-1, Andrés Martínez, también reconoció a los líderes visionarios coorganizadores este foro, por su esfuerzo para construir estas nuevas oportunidades de vanguardia tecnológica en beneficio de nuestras nuevas generaciones.

Tras amplio intercambio de ideas entre legisladores, servidores públicos y especialistas, se estableció la pertinencia y viabilidad de la respectiva reforma constitucional, la que permitirá sentar las bases legislativas para que nuestro país y sus jóvenes no se rezaguen, y se coloque a las actividades espaciales como áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

El foro contó con la asistencia virtual de distinguidas personalidades nacionales e internacionales, como el Excmo. Balázs Vass, Consejero Económico de la Embajada de Hungría en México; Benjamín Najar, presidente de la Comisión de Espacio, de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial; y Francisco Valdez Galicia, titular del Programa Espacial de la Universidad Nacional Autónoma de México; entre otros.

ACTIVIDADES ESPACIALES, PRIORITARIAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL

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  • Encabeza “Día del Telegrafista y del Empleado de Telecomunicaciones” el secretario de Comunicaciones y Transportes; invita a “que nos acompañen en esta etapa de transformación”

  • El apoyo de los trabajadores de TELECOMM será determinante para alcanzar nuevos derroteros, enfatizó

  • En 2020, TELECOMM realizó un total de 43.2 millones de operaciones, intermediando un monto de 129 mil 320 millones de pesos, informa directora general del organismo

Durante la celebración del “Día del Telegrafista y del Empleado de Telecomunicaciones”, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Ing. Civil Jorge Arganis Díaz-Leal, reconoció la importancia de su trabajo para el desarrollo nacional, ya que tienen por objetivo comunicar y acercar a todos los mexicanos.

Aseveró que hoy el compromiso del Gobierno de México es fortalecer a las telecomunicaciones a partir de una visión renovada y estratégica.

“A lo largo del tiempo, hemos contado con la valiosa participación de nuestras compañeras y compañeros que han hecho de Telecomm una institución de amplio reconocimiento. Ahora nuevamente recurrimos a su experiencia, capacidad y cariño hacia su institución para que nos acompañen en esta etapa de transformación, sabedores de que su apoyo será determinante para alcanzar nuevos derroteros”, enfatizó.

Tras guardar un minuto de silencio por los 22 trabajadores fallecidos por COVID-19, afirmó que ellos cumplían con su deber, por lo que a sus familias envió “todo nuestro cariño y nuestra solidaridad”.

Asimismo, destacó que “con el trabajo de cada uno de ustedes, estaremos en posibilidad de concretar nuevas oportunidades para ampliar las perspectivas y la vialidad futura de este organismo de tanta tradición y orgullo que representa para los mexicanos”.

En el evento desarrollado en el Museo del Telégrafo y donde estuvo acompañado de la directora general de Telecomunicaciones de México (TELECOMM), Mtra. María del Rocío Mejía Flores y del presidente del Sindicato Único de Trabajadores de TELECOMM, Eutimio Álvarez Ramos, entregó reconocimientos a personal por su trayectoria laboral de 25, 30, 40 y 50 años.

Por su parte, la directora general de TELECOMM, María del Rocío Mejía Flores, afirmó que el organismo a su cargo “va de la mano con la SCT, para que México sea una nación más próspera y con mayor bienestar social que incluya, como nunca, a la población desde hace tanto tiempo marginada, y donde no hay espacio para la corrupción ni para los favoritismos”.

Afirmó que con el apoyo de las más de seis mil personas que laboran en TELECOMM, el objetivo es ofrecer servicios integrales de calidad en telecomunicaciones y servicios financieros básicos, con énfasis en los grupos sociales más vulnerables, para así contribuir a cerrar las brechas digital y financiera, basados en la innovación tecnológica y en servicios de vanguardia.

Para lograrlo, dijo, el organismo se enfocará en los objetivos estratégicos siguientes: operar de manera eficiente el sistema satelital, para ofrecer servicios de telecomunicaciones en apoyo a la ejecución de las políticas públicas en materia de seguridad nacional, gobierno, educación, salud y economía.

Promover el uso de la red pública de fibra óptica, mediante la planeación, diseño y aprovechamiento de la infraestructura nacional, y lograr la conectividad entre comunidades, añadió.

Mejorar y ampliar los servicios financieros básicos que se ofrecen en la red de sucursales, así como apoyar el pago de programas del Gobierno de México, promoviendo la inclusión financiera y la bancarización de la población.

Entre los servicios que actualmente presta TELECOMM destacan: la corresponsalía bancaria (retiro de dinero y depósitos a cuenta, cobro de remesas internacionales, pago y cobranza por cuenta de terceros), el pago de servicios (luz, agua, predial, teléfono, compra de tiempo aire); entrega de apoyos económicos de los programas prioritarios del Gobierno de México, y el envío de telegramas.

En el 2020, un 20 por ciento del Programa de Adultos Mayores se entregó en una de las mil 750 sucursales del organismo y en las mesas de pago que se instalaron en poblados remotos para hacer llegar los apoyos a las personas beneficiarias.

El año pasado, TELECOMM realizó un total de 43.2 millones de operaciones, intermediando un monto de 129 mil 320 millones de pesos.

Para el 2021, se apoya con el pago de más de 900 mil apoyos de Producción para el Bienestar, así como el Programa de Apoyo a Personas con Deudos COVID que opera el DIF Nacional.

FORTALECER LAS TELECOMUNICACIONES, A PARTIR DE UNA VISIÓN ESTRATÉGICA: ARGANIS DÍAZ-LEAL

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por Alberto Esteves Arreola

Como parte del proceso de renovación hacia el futuro, TV Azteca presentó a Rafael Rodríguez Sánchez como su nuevo Director General. 
Rodríguez toma las riendas de TV Azteca para continuar y reforzar  procesos de transformación y alineación dentro de la empresa que inició Benjamín Salinas, e implican profunda transformación estructural, organización y finanzas  para garantizar éxito, vigencia y solvencia de la empresa en el futuro.

Esto permitirá que la televisora supere los  tiempos tan difíciles frente a la emergencia sanitaria y  continúe ofreciendo a su gran audiencia los mejores contenidos de la televisión y más aun llevarlos a nuevas plataformas y públicos televidentes  que representan las nuevas tecnologías. 
Durante 20 años, Rafael ha sido parte esencial de Grupo Salinas, en particular en la construcción de la TV Azteca de hoy, donde su talento como Director Jurídico le ha permitido impulsar procesos de renovación en todas las áreas de la empresa. 
En su Currículum Vitae destaca como Abogado por la Universidad La Salle, con estudios de Telecomunicaciones en el ITAM y de Posgrado adicionales en el Institute of Directors en Inglaterra. 

Designa TV Azteca a Rafael Rodríguez, Director General.

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 by Gonzalo Rojon

La semana pasada, se realizó la octava sesión ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT). En ella, se presentó su Plan de Negocios, el cual tiene como finalidad instalar Internet en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios. Con ello se planea cerrar la brecha digital que afecta a la población más vulnerable.
 
Algunos de los propósitos estratégicos prioritarios de CFE TEIT para el 2025 consisten en habilitar aproximadamente 200 mil puntos de acceso a Internet de forma gratuita, dar atención con servicios de Internet y banda ancha a cerca de 130 mil localidades, y desplegar e iluminar fibra óptica, así como adecuar infraestructura para generar una gran capacidad de transporte de datos en 5 fases que cubrirán todo el territorio nacional.
 
A pesar de que el plan de negocios aún no es público y de que no se dieron a conocer los objetivos específicos de conectividad (número de personas objetivo a conectar) ni los mecanismos de ejecución, sí se mencionó que, para el desarrollo de este plan, se estima una inversión promedio de 11 mil millones de pesos.
 
Al respecto, vale la pena recordar que recientemente la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió el documento “Connecting Humanity - Assessing investment needs of connecting humanity to the Internet by 2030.
 
El documento señala la inversión requerida por país para alcanzar la conectividad universal. Considera los costos para el despliegue de infraestructura, tanto móvil como de fibra óptica, además de los costos de operación y mantenimiento de dichas redes.
 
De acuerdo con el estudio, México se ubica en séptimo lugar de los 25 países con mayores necesidades de inversión, y calcula un monto que asciende a $13.9 mil millones de USD para lograr conectividad para el 100% de la población. Esto ubica al país en niveles cercanos a países de África como Nigeria ($14 mmd) y Etiopía ($12 mmd) y por arriba de Brasil ($11 mmd).
 
Poniéndolo en perspectiva, el presupuesto para el plan de negocios de CFE TEIT representa 4% de la inversión estimada por ITU.
 
Si bien no se espera que toda la inversión requerida sea pública, a todas luces es insuficiente, especialmente ahora que aún se desconocen los detalles de la asignación y ejecución del presupuesto. A ese ritmo de inversión (solo el propuesto por CFE TEIT) tardaríamos alrededor de 25 años en lograr los requerimientos financieros para lograr cobertura universal y eso sin tomar en cuenta la depreciación de la infraestructura.
 
En los últimos meses, se han observado las evidentes desigualdades de acceso a la tecnología y herramientas digitales y sus graves consecuencias. Esta lección nos obliga a maximizar, como sociedad, las inversiones en conectividad destinadas a eliminar la brecha digital. En ello nos jugamos el desarrollo equitativo de México.

Lejos de la Conectividad Universal

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        Aprobó un incremento del 3.5% para la banda de 800 MHz, en lugar del incremento del 56.5% propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

 

        Mantuvo las nuevas cuotas para las bandas de 600 MHz, 1.5 GHz y 3.5 GHz, útiles para la prestación de servicios 5G

 

        Necesario establecer un cambio de política para reducir las cuotas anuales por el uso del espectro en lugar de incrementarlas, para mejorar cobertura, calidad y precio de servicios

 

 

El día de ayer, el Pleno de la Cámara de Diputados, en el marco de la revisión del Paquete Económico y Presupuesto para el año 2021 propuesto el pasado 8 de septiembre por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aprobó modificaciones a la Ley Federal de Derechos, entre ellas, la relativa a una actualización y reestructuración de las cuotas anuales de derechos que pagan al estado mexicano los operadores móviles por las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que tienen concesionadas.

Al respecto, en primera instancia, se reconoce la sensibilidad mostrada por la Cámara de Diputados por haber escuchado la posición fijada formalmente por el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) y por otro tipo de actores involucrados en el sector, y en consecuencia, por no aprobar el desproporcionado incremento del 56.5% propuesto por la SHCP para la Banda de 800 MHz.


No obstante lo anterior, la Banda de 800 MHz, conforme a lo aprobado por la Cámara de Diputados, sufrirá un incremento anual, ahora del orden del 3.5%. Si bien, el ajuste a la baja es positivo, éste sigue representando una barrera para el despliegue de redes móviles más robustas y con mayor presencia a lo largo del territorio nacional.

Por otra parte, la reforma aprobada a la Ley Federal de Derechos mantuvo la creación de nuevas cuotas de derechos para las bandas de 600 MHz, 1500 MHz y 3.5 GHz, que hoy no están sujetas a este régimen de pagos, y que el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha identificado como bandas que resultaran de mucha utilidad para el despliegue de un ecosistema 5G en México.

Es decir, se decidió mantener una política recaudatoria, en lugar de privilegiar el establecimiento de una política que fomente inversiones –como la propuesta realizada formalmente por el propio IFT- para el desarrollo de redes de quinta generación (5G), que permitan que México no se rezague a nivel mundial en materia de redes móviles con menor latencia y mayores capacidades de carga y descarga de información, Internet de las Cosas (IoT) y Ciudades Inteligentes.

La reforma aprobada a la Ley Federal de Derechos, no sólo impactará de manera negativa las futuras licitaciones que busque desarrollar el IFT con el ánimo de colocar en manos de los operadores móviles una mayor cantidad de espectro útil para el fortalecimiento y modernización de sus redes, sino que terminará por afectar a los actuales usuarios mexicanos, los cuales no podrán gozar de servicios de mayor calidad y a precios más asequibles y, peor aún, hará más grande la brecha digital para todos aquellos ciudadanos que aún no pueden acceder a servicios de telecomunicaciones.

En virtud de ello, el IDET reitera su postura y exhorta respetuosamente a la SHCP y al Senado de la República a revisar y ajustar la estructura y nivel de todas las cuotas de derechos por el uso del espectro radioeléctrico hacia la baja, evitando con ello condenar a México a un mayor rezago en conectividad, en momentos en que la pandemia ocasionada por el Covid-19 ha demostrado la importancia que revisten las telecomunicaciones para el desarrollo de nuestras actividades diarias.

Positivo pero insuficiente ajuste de la Cámara de Diputados a las cuotas anuales del espectro radioeléctrico para servicios móviles

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By Ernesto Piedras | Samuel Bautista

La política fiscal de una nación, más allá de ser un simple asiento contable, constituye un instrumento para la promoción del crecimiento económico, del desarrollo, de equidad e inclusión social. Su instrumentación efectiva requiere de la identificación de sus niveles óptimos, así como de las acciones, instituciones y marco legal para alcanzar esos fines.

Más aún, si ella detona la ejecución de políticas públicas ordenadas en nuestra Constitución, como lo es la consecución de la conectividad de la sociedad.

Es decir, se trata de una política fiscal que atiende un mandato constitucional.

Bajo este postulado, el Estado adquiere compromisos u obligaciones de gasto, así como recaudatorias, para sustentar los objetivos sociales y económicos de sus políticas públicas.

En el caso de la determinación de las cuotas anuales por el uso del espectro radioeléctrico, organismos internacionales como la GSMA y el brazo de telecomunicaciones de la ONU, ITU, apuntan a que su determinación se oriente a los costos administrativos por su gestión por parte de las autoridades sectoriales. Asimismo, se sugiere tomen en consideración la escala y estructura competitiva del mercado. De manera que su fijación no imposibilite el pago de derechos por parte de los operadores competidores, ni los disuada de participar en los procesos de licitación.
 
Paquete Económico 2021

El Paquete Económico 2021 entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Poder Legislativo, el pasado 8 de septiembre, contiene la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos que, entre otros aspectos, plantea la actualización (aumento) y adición de cuotas de derechos que deberán pagar al Estado mexicano los operadores móviles que cuenten con concesiones para explotar determinadas bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico.

El espectro radioeléctrico es un recurso natural que resulta esencial para los operadores de telecomunicaciones en la prestación de servicios móviles de telefonía y banda ancha. Al ser este propiedad del Estado mexicano, los concesionarios en México pagan la contraprestación al momento de obtener la concesión y derechos anuales por su aprovechamiento.

El nivel y consecuentemente, cualquier cambio en las cuotas por su uso y explotación impacta sensiblemente el precio que pagan los usuarios finales, los cuales, al contar con una demanda cada vez más inelástica en los servicios de telecomunicaciones, inevitablemente incrementarán su gasto.[1]
 
En particular, la propuesta considera incrementos en las cuotas de derechos para la banda de 800 MHz y nuevas cuotas para las bandas de 600 MHz, 1,500 MHz y 3.5GHz.

De ser aprobada esta iniciativa, el bienestar de usuarios en México se vería afectado negativamente, como resultado de que, al aumentar los costos de inversión y operación de los operadores móviles, estos a su vez, harían el ajuste correspondiente al alza de los precios de sus servicios de telefonía e internet móvil.

Esta circunstancia resultaría a su vez, en una suerte de regresividad de la propuesta, al ser las personas y familias de menor ingreso las más afectadas por este incremento de precios.

Al contrario de lo que se establece en su exposición de motivos, la iniciativa impondría una barrera por la vía de costos para el despliegue de las redes de última generación (5G), al encarecer las bandas que son fundamentales para su desarrollo.
 
Pago de Derechos en el Paquete Económico 2021 vs Ley Federal de Derechos vigente
 
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del Paquete Económico 2021, Ley Federal de Derechos e Instituto Federal de Telecomunicaciones.

De manera igualmente errónea, la SHCP argumenta que el incremento propuesto de 56.5% (nivel 16 veces superior a la inflación proyectada en los Criterios Generales de Política Económica del Paquete Económico 2021) se debe a que las actuales cuotas para el segmento de la banda de 800 MHz destinado originalmente a telefonía celular, pero que ahora es también útil para ofrecer banda ancha móvil, “se encuentran por debajo de sus referencias internacionales”.

De acuerdo con la GSMA, México es un claro ejemplo de la imposición de “altas cuotas anuales” por el uso del espectro, “que van mucho más allá de los niveles requeridos para la recuperación de costos administrativos”. Esta circunstancia no sólo frena las decisiones de participación en los procesos de subasta, sino también encarece la estructura de costos de los operadores y complica el diseño de la licitación por parte del regulador, como sucedió en la asignación de bloques de la banda de AWS en 2016.[2]

A continuación, procederemos a revisar un comparativo internacional del nivel de estos derechos en un conjunto de países, que contradice abrumadoramente esta aseveración de la autoridad hacendaria.
 
Comparativo Internacional de Cobro de Derechos del Espectro

Al considerar los resultados de un reciente estudio comisionado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que explora los derechos pagados por determinadas bandas en otras economías y latitudes, esta actualización y creación de nuevos derechos se encuentra por encima de los referentes internacionales.[3]

En este estudio se identificó una muestra de 44 países, miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y economías latinoamericanas, en los que se realizaron subastas de espectro y los reguladores cobran derechos anuales por el aprovechamiento de este recurso.

Amerita resaltar que este régimen no es propio de toda la muestra de países como son el caso de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, entre otros, por lo cual no fueron considerados en el comparativo.

Por otro lado, los derechos cobrados por el uso de espectro de la muestra fueron ajustados por el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y por la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) para hacerlos comparables con los derechos cobrados de acuerdo con la Ley Federal de Derechos vigente y la iniciativa del Paquete Económico 2021.
 
Comparativo de Derechos Pagados por Espectro:
México frente a Mediana de Muestra de Países
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del Paquete Económico 2021, Ley Federal de Derechos e Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Al considerar lo anterior, se identificó que el cobro de derechos propuesto en su comparativo con la mediana[4] de los costos por un bloque de 20 MHz en la muestra de países es 5.6 veces superior para el caso de la banda de 850 MHz, 13.6 veces más alto en la de 600 MHz y 5.5 mayor en la de 3.5 GHz.

Con respecto a la media (promedio)[5] de los costos de los derechos en la muestra, la propuesta de reforma es 5.8 veces superior para el caso de la banda de 850 MHz, supera en 9.9 veces en la de 600 MHz y es 3 veces mayor en la de 3.5 GHz.
 

 
Comparativo de Derechos Pagados por Espectro: México frente a Media de Muestra de Países
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del Paquete Económico 2021, Ley Federal de Derechos e Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Amerita destacar que, en Perú, los derechos anuales que se cobran por un bloque de 20 MHz en la banda de 850 MHz se encuentran alrededor de $750 millones de pesos mexicanos (al ajustar por PIB per cápita y PPA). Mientras que la iniciativa de derechos pretende que, por la misma porción de espectro en referida banda, los concesionarios en México paguen cuotas anuales de casi el doble, es decir, $1,479 millones de pesos.
 
Comparativo de Derechos Pagados por Espectro: México frente a Muestra de Países
 
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del Paquete Económico 2021, Ley Federal de Derechos e Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Asimismo, en el caso de España, los derechos pagados por un bloque de 20MHz en la banda de 3.5 GHz se encuentran por arriba de los $120 millones de pesos mexicanos, lo cual es, aproximadamente, 41% inferior a la lo que propone la iniciativa del Paquete Económico 2021.

Como es patente, estos nuevos cobros y ajustes al alza propuestos por la SHCP no se encuentran sustentados en las experiencias internacionales en materia de política recaudatoria.

Los derechos establecidos en otros países no se aproximan a aquellos propuestos en la iniciativa propuesta por la SHCP, los cuales constituyen una barrera al despliegue de las redes 5G.

Además, ponen en riesgo la factibilidad e interés de las próximas licitaciones de espectro conducidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Consecuentemente, obstaculizan la satisfacción del derecho el derecho constitucional de acceso a la banda ancha y otras tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a través del alza injustificada de precios de los servicios y al imponer barreras para el despliegue de nueva y mejor infraestructura, resultante del encarecimiento del espectro apto para el desarrollo de 5G.

Es por ello que la GSMA recomienda establecer cuotas anuales moderadas, ante la alta probabilidad de disuadir a los operadores competidores a hacerse de derechos del espectro derivado de su menor escala y obtención de ingresos, así como la dificultad para crear incentivos para que, en general, los jugadores en el mercado buscan expandir su cobertura y mejorar la calidad de los servicios.[6]

De manera concurrente, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés), brazo de telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), apunta que la fijación de cuotas anuales debe orientarse a los costos administrativos asociados a la gestión del espectro radioeléctrico por el órgano regulador, como en el caso de Dinamarca y Reino Unido.[7]

Por lo anterior se insta, en el marco de la discusión del Paquete Económico, a proponer esquemas de derechos que sean conducentes a aproximar a México al anhelado escenario de conectividad universal y no se encuentren supeditados a objetivos recaudatorios del Estado. Estos mecanismos de asignación podrían consistir en una determinación de cuotas de derechos moderados, orientados a los costos de gestión del espectro o la acreditación de inversiones contra las inversiones realizadas, como lo propone el IFT, que incentiven su tenencia y aprovechamiento y que no menoscaben extraordinariamente a la capacidad financiera de los concesionarios para dotar de conectividad a la mayor base de usuarios posible.

Asimismo, se sugiere tomen en consideración la escala y estructura competitiva del mercado. De manera que su fijación no imposibilite el pago de derechos por parte de los operadores competidores, ni los disuada de participar en los procesos de licitación.

Si el objetivo del gobierno es generar mayor bienestar en la población en México debe buscarse impulsar el despliegue de infraestructura que promete un acceso y diseminación de la conectividad y sus beneficios a toda la cadena productiva, con miras a detonar la productividad y el desarrollo de habilidades de individuos y familias en todo el país.

Política de Costos por Derechos de Espectro Radioeléctrico para 5G: Un Comparativo Internacional

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By Ernesto Piedras

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés) es el brazo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargado de facilitar la conectividad de redes de comunicaciones, emite los lineamientos para la eficiente asignación y utilización del espectro radioeléctrico global y las órbitas de los satélites, desarrolla los estándares técnicos que garantizan que las redes y tecnologías se interconecten sin interrupciones y provee recomendaciones para el cierre de la brecha de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

La ITU es el referente internacional para la armonización regulatoria y de política pública sectorial para alcanzar la plena adopción y aprovechamiento de las TIC en todo el mundo.

Al respecto, recientemente esta organización dio a conocer un documento acerca de los requerimientos de inversión para conectar a plenitud a toda la humanidad para 2030.
 
Inversión para la Conectividad Global

En el documento titulado “Connecting Humanity - Assessing Investment Needs of Connecting Humanity to the Internet by 2030”, la ITU estima que se requiere de una ejecución de recursos de $428 mil millones de dólares (USD) para que tres mil millones de personas de 10 años o más cuenten con acceso a Internet hacia 2030.[1]

Este monto incluye la inversión necesaria para el despliegue de infraestrutura móvil y de fibra óptica, los costos de operación y mantenimiento de las redes, la provisión de cobertura en áreas remotas, el gasto para la formación y desarrollo de habilidades digitales, así como las asignaciones presupuestales para la instrumentación de política y regulación.

Es decir, lo necesario para la conectividad universal.

La provisión de conectividad implica dotar de una conexión a una velocidad de descarga de al menos 10 Mbit/s ya sea por cable, fibra, satélites, radio u otras tecnologías, capacidades 4G en redes móviles, así como acceso universal (90% del total) a la banda ancha entre la población de 10 años o más.

Además de estimar este reto en materia de desarrollo de infraestructura, la ITU provee un mapa de ruta para la política pública y regulatoria para detonar condiciones de disponibilidad, asequibilidad, confiabilidad y seguridad en el acceso a las TIC.

En meses recientes, a partir de la pandemia de COVID-19, se han hecho manifiestas las disparidades aun imperantes entre segmentos de la población, países y regiones, siendo la brecha de conectividad una especialmente vigente y necesaria de atender con apremio para continuar con la operación social, productiva, educativa, informativa, cultural y de entretenimiento durante los tiempos presentes.

De acuerdo con la ITU, 85% de la población mundial dispone de redes de banda ancha y 70% de la población conectada se encuentra en área de cobertura de 4G.

El reto, entonces, consiste en conectar al 15% restante que se encuentra en regiones desatendidas o escasamente cubiertas por redes de telecomunicaciones.
 
Recursos Necesarios para México

México se ubica en séptimo lugar, entre los 25 países con mayores necesidades de aplicación de recursos para alcanzar el cometido constitucional de acceso universal a las TIC, con un monto de requerimientos de inversión que asciende a $13.9 mil millones de USD (mmd), ubicándose en niveles cercanos a países de África como Nigeria ($14 mmd) y Etiopía ($12 mmd) y por arriba de Brasil ($11 mmd).

Esta estimación es también superior a la previamente realizada por The Competitive Intelligence Unit (The CIU) quién proyectaba un monto necesario de $8.5 mil millones de USD ($187.5 mil millones de pesos) para cerrar la brecha de conectividad en nuestro país.[2]

La metodología alternativa de cálculo utiliza una muestra de 30 países, a partir de información de la OCDE, para elaborar una senda de formación de capital y así estimar el monto previsible para el caso mexicano para cerrar la brecha digital.

 
Top 25 de Países con Mayores Requerimientos de Inversión para el Cierre de la Brecha de Conectividad
(Miles de Millones de USD)
Fuente: Estimados basados en información de ITU, GSMA, A4AI, operadores y órganos reguladores

Para la realización efectiva de estos requerimientos de inversión en México, la ITU recomienda la implementación de unas ‘reglas de oro’ de política pública y regulatoria, entre las que destacan: la provisión de servicios en condiciones competitivas, la obligación para los operadores de compartir infraestructura y la admisión irrestricta de inversión extranjera.

Varios de estos mecanismos han sido instrumentados en México, apartir de la vasta experiencia de otros países.

No obstante, la asignatura pendiente continúa siendo la falta de competencia y la aplicación de medidas regulatorias eficaces para balancear la estructura de mercado.

He aquí, nuevamente, lecciones desde el ámbito internacional para México.

Inversión, Condición sine qua non para la Conectividad Universal

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  • Las actividades vía remota acrecentaron las problemáticas relacionadas con el servicio, señala la senadora  Lucía Meza 

Con el fin de apoyar las actividades a distancia que se llevan a cabo durante la contingencia sanitaria, es importante que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) continúe diseñando y ejecutando estrategias que permitan ampliar la cobertura y accesibilidad a la población de los servicios de internet, afirmó la senadora Lucía Virginia Meza.  

La legisladora de Morena propuso un punto de acuerdo para exhortar a la dependencia federal a diseñar e implementar estrategias con las empresas distribuidoras del servicio, a fin de que garanticen una mejor experiencia de navegación y respondan a las expectativas de la ciudadanía. 

La SCT también deberá promover que esos servicios sean competitivos, contribuyan al crecimiento de la economía y respondan a las tendencias de la globalización, añadió. 

Indicó que entre los principales problemas que los usuarios mexicanos han señalado al utilizar internet, se encuentran la lentitud en la transferencia de la información, interrupciones en el servicio y exceso de información no deseada.   

La pandemia por Covid-19 provocó que para evitar contagios, se apliquen medidas estrictas de restricción y de permanencia en los hogares, con la implementación del trabajo vía remota, y clases virtuales, entre otras actividades, abundó. 

Señaló que ese hecho generó alta demanda, pero también que los problemas existentes con el servicio de internet se incrementaran. 

Aunque se han registrado avances en la cobertura de Internet en México, la proporción respecto de otras naciones del mundo es menor, ya que en países como Corea del Sur, Reino Unido, Alemania y Suecia, nueve de cada diez personas son usuarias de Internet; mientras que en México la proporción es de siete de cada diez, apuntó. 

La senadora de Morena llamó a considerar el artículo sexto de la Constitución Política de México, en el que se establece que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo cual el Estado deberá garantizar que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 

Urgen estrategias de SCT y empresas de internet para ampliar cobertura y accesibilidad

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  • Es un tema que va más allá de las filiaciones políticas, afirma el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda 

     
  • Empresarios piden revisar propuesta de aumentar el cobro de derechos por uso del espectro radioeléctrico 

 


En el foro de análisis sobre los Criterios Generales de Política Económica 2021 y reformas a la Ley Federal de Derechos, empresarios y especialistas del sector de telecomunicaciones manifestaron sus preocupaciones, respecto al posible aumento en el cobro por el uso del espectro radioeléctrico y pidieron revisar esta propuesta, que se incluye en el Paquete Económico del gobierno federal.  

 

Además, en el encuentro, organizado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, la Concanaco planteó la creación, de manera urgente, de una ley general de reactivación económica y pidió no temer miedo al endeudamiento para enfrentar la actual crisis.  

 

El presidente de la Comisión, Alejandro Armenta Mier, dijo que más allá de filiaciones políticas con estos foros “queremos que haya justicia tributaria y distributiva” para que el que gane más pague más y el que gane menos pague menos”. Además de que se alcance una mayor distribución de la riqueza. 

 

Dijo que en el Senado de la República “entendemos a los sectores productivos como ejes centrales del desarrollo”, por lo que sus aportaciones se harán llegar a la Cámara de Diputados. 

 

“Y, sin subjetividades partidarias; recogemos la preocupación, molestia e inconformidad de empresarios que le han cumplido a México y que no han sentido la reciprocidad del SAT para la devolución del IVA”, expresó el senador. 

 

La senadora Minerva Hernández Ramos, del PAN, agradeció la participación de los sectores productivos del país en este ejercicio, donde -aseguró- la joya de la corona en materia de Ley de Ingresos son las telecomunicaciones, porque en medio de esta crisis sanitaria, de educación, de inseguridad y económica, se realizar acciones que no repercutan en un incremento de precios contra la paupérrima y deteriorada economía de los mexicanos; además de que nuestra economía está prendida con alfileres, señaló. 

 

Carlos Ernesto Molina Chávez, titular de la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó que las modificaciones que se proponen a la Ley Federal de Derechos buscan actualizar las cuotas, hacer un cobro correcto por los servicios públicos y evitar que se desvirtúe el objetivo de cada derecho.  

 

Indicó que en áreas, como la de aguas residuales, minería y telecomunicaciones hay un análisis más complejo, pues se revisa que la prestación de los servicios refleje el costo de lo que le corresponde al Estado y el pago de los particulares por el aprovechamiento de bienes de la nación. 

 

En tanto, Karina Ramírez Arias, titular de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de Hacienda, expuso que el objetivo es establecer cuotas justas. Refirió que las propuestas de actualización se realizaron en conjunto con diversas dependencias federales, donde el principal criterio que se tomó es recuperar los costos por los servicios públicos y hacer un uso racional de los recursos. 

 

Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Público, reconoció que el Gobierno Federal presentó para 2021 un proyecto de Presupuesto de Egresos fiscalmente responsable, pero, acotó, las proyecciones en las que está basado el plan para el cierre de 2020 y 2021 “son demasiado optimistas”. 

 

Los especialistas, agregó, estiman una caída del Producto Interno Bruto del 10 por ciento en este año y para el siguiente prevén un crecimiento de menos del tres por ciento, pero el gobierno estimó una contracción del ocho por ciento en 2020 y un crecimiento del 4.6 por ciento para 2021. 

 

Además, dijo, se fija un precio del petróleo de 42 dólares por barril cuando el promedio ha sido de 33 dólares y la plataforma de producción ha registrado un promedio de mil 670 millones de barriles diarios, peor la proyección es de mil 853 millones de barriles diarios. Estas sobreestimaciones, advirtió Carlos Hurtado, “no traerá los recursos suficientes por la recaudación fiscal y en ingresos en general para 2021”. 

 

Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sugirió que se revise la propuesta del Ejecutivo para no incrementar el cobro de derechos por el uso del espectro radioeléctrico y en el sector de la minería.  

 

Señaló que en el Paquete Económico se identificó un aumento de hasta 55 por ciento para el uso y aprovechamiento de distintas bandas del espectro radioeléctrico, lo que podría ocasionar una reducción en la recaudación del Estado, atentar contra la neutralidad competitiva, impactar de manera diferenciada la red compartida, contravenir los principios de libre mercado establecidos en el T-MEC y poner en riesgo la rentabilidad del sector. 

 

Destacó que este cobro es más alto en México, que en el resto de América Latina y que algunas economías elevadas. Recordó que los altos costos obligaron a uno de los operadores móviles a devolver sus concesiones el año pasado.  

  

Respecto al aumento en los derechos ordinarios, especial y extraordinarios en la minería, Pablo Mendoza lo consideró inadecuado y recomendó revalora la propuesta, pues podría generar un efecto muy importante en el sector y poner en duda “la progresividad y equidad del régimen”.  

 

Edgar Nolasco Estudillo, vicepresidente de Financiamiento al Desarrollo Económico y Empresarial de Concanaco, propuso crear de manera urgente una ley general de reactivación económica, que incluya el establecimiento de un consejo económico. 

 

Planteó que este consejo funcione de manera temporal y tenga la finalidad “de encausar el rumbo” y ayudar a reconformar una política económica contracíclica. Precisó que dicha ley buscaría que se retome la rectoría del Estado, que tiene que ir más allá de una mano invisible, así como promover la inversiones y competitividad del país.  

 

El empresario pidió no tener miedo al endeudamiento, ya que es recomendación de izquierda y de derecha, teórica y conceptual que se está aplicando en todo el mundo. Agregó que la recuperación económica se debe basar en las inversiones y creación de empleo, a través de una intervención estatal, además de aprovechar la nueva inercia de la economía internacional.  

 

Cuestionó que “una propuesta que anda por ahí” de otorgar un salario mínimo, como transferencia directa a toda la población mexicana. “Me parece que eso tampoco es muy viable”, expresó.  

 

Nolasco Estudillo opinó que se debe adecuar el Plan Nacional de Desarrollo a las nuevas circunstancias y que el Presupuesto Público y federalismo fiscal sea discutido en ambas cámaras.  

 

Gabriel Székely, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, advirtió que en la Ley Federal de Derechos se plantea que “los concesionarios móviles paguen más por el espectro, que subirán los costos del servicio de Internet cuando todavía vivimos los efectos de una crisis sanitaria que ha puesto de manifiesto la desigualdad digital y social”. 

 

Urge reducir los derechos en esta materia no subirlos, como se pretende, por ejemplo para la banda de 850 megahertz que registraría el año que viene un incremento del 52 por ciento, que representaría más de tres mil millones de pesos, en contraste con los dos mil millones de pesos que se pagaron en 2018. 

 

Para reducir la desigualdad digital, propuso, los precios del espectro deben ser determinados por el mercado mediante subastas competitivas y no en escritorios. “Se exige a la industria bajar precios y lo han hecho más del 40 por ciento en los últimos cuatro años, pero el costo del espectro se sube por decreto o además tiene un ajuste inflacionario anual”. 

 

Héctor Juan Villarreal Páez, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), urgió establecer un Consejo Digital en el Poder Legislativo porque -dijo- hay muchas inconsistencias en el análisis económico que no se están revisando y con el fin de que no solo la Secretaría de Hacienda hable de proyecciones económicas. Recomendó tomar más en cuenta los pasivos contingentes, como las pensiones, y para ello -indicó- se tiene que aumentar la base recaudatoria para hacerles frente. 

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  • Se reportaron los avances en el despliegue de la Red Compartida y se describieron los otros proyectos de impulso a la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones

En reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, y la subsecretaria de Comunicaciones, Salma Jalife Villalón, el equipo del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL) a cargo de María de Lourdes Coss Hernández, presentó las principales actividades que lleva a cabo dicho organismo.

Entre las acciones que realizan, destacaron las siguientes: el avance en el despliegue de la Red Compartida que, a junio del 2020, es del 54.8%, lo que equivale a extender la cobertura al territorio donde habitan 61.6 millones de personas, y la proyección del hito del 70% que finalizará en 2021 e incluye cobertura social con enfoque en los estados del Sur-Sureste con un alcance de al menos 82 mil 119 localidades de menos de 250 habitantes y 10 mil 592 localidades entre 251 y 5000 habitantes. 

PROMTEL informó además que implementó la Metodología del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para verificar la calidad de la Red.

También ofreció detalle de la asesoría a desarrolladores locales en la búsqueda de financiamiento, para llevar servicios de conectividad de banda ancha a localidades rurales usando la Red Compartida, con la participación del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Economía (SE).

Asimismo, se habló de la promoción ante gobiernos Estatales y Municipales para que participen en la política inmobiliaria impulsada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) para poner a disposición inmuebles públicos en arrendamiento que permitan a los operadores acelerar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión.

El secretario de Comunicaciones y Transportes también fue informado del apego a la política de austeridad, que logró un ahorro y manejo eficiente del presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal 2019, y de la continuidad de esta misma política de austeridad durante este año.


El titular de la SCT reconoció los avances logrados a la fecha e invitó al equipo de PROMTEL a continuar trabajando con austeridad, bajo una óptica de empresa eficiente, a consolidar los programas de financiamiento para desarrolladores locales y a promover que más estados se sumen a la política inmobiliaria para el despliegue de infraestructura en todo el país.

EL SECRETARIO JORGE ARGANIS SE REÚNE CON EL ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES

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• Las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) se congratulan por la entrada en vigor del nuevo tratado de América del Norte porque es una nueva oportunidad de aumentar la competitividad de la región y factor en la recuperación para enfrentar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19



Ya que la modernización del marco comercial del bloque de América del Norte incorporó disposiciones en materia de comercio digital, servicios financieros y de telecomunicaciones, así como elementos fundamentales de combate a la corrupción, se hace indispensable la necesidad de crear una nueva legislación en materia de seguridad privada que sea armónica con el Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

Las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) como el órgano promotor de la Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad (CNIS) y las 32 organizaciones nacionales e internacionales que lo conforman, se congratulan por la entrada en vigor del Tratado como un paso positivo para aumentar la competitividad de nuestra región y sea un factor en la recuperación para enfrentar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19.

Corresponderá al Gobierno de México y a la iniciativa privada, trabajar en conjunto para ofrecer confianza para las inversiones en nuestro país, garantizando condiciones de certeza jurídica y estabilidad en las reglas operativas de los negocios.

ASUME, como cabeza del sector empresarial de la seguridad privada, considera que con la entrada en vigor del T-MEC, se impulsará la creación de negocios, nuevas empresas y empleos, al ofrecer un marco moderno de reglas que brindarán certeza jurídica para invertir y contratar diversos productos y servicios en todas las ramas productivas.

Así, las más de 8 mil empresas que conforman el sector y sus más de 600 mil trabajadores que en conjunto aportan cerca del 2% del PIB Nacional, se alistan para cumplir con las disposiciones legales en las diversas materias que implica el T-MEC.

Para ASUME es importante señalar que para cumplir con varios de los capítulos del T-MEC, entre ellos los de transparencia y anticorrupción, la nueva Legislación deberá ser General para unificar criterios a nivel nacional y distribuir competencias entre la Federación, los Estados y los Municipios.

Como también es fundamental que desde la Secretaría de Economía se agilicen los procesos para la creación de la Cámara de la Industria de la Seguridad, para llevar al sector hacia el desarrollo de un profesionalismo que hoy más que nunca se requiere impulsar para estar a la altura de otros países, como los renovados socios regionales de nuestro país.

Para la industria de la seguridad privada, el T-MEC representa una gran oportunidad de crecimiento del sector, pero al mismo tiempo, ofrece desafíos para su cumplimiento, por lo que ASUME considera que éste es el momento adecuado para dotar a la industria de un marco legal moderno, que apoye la formalización de casi el 40 por ciento de las empresas que hoy ofrecen sus servicios, a fin de darle mayor impulso al crecimiento de esta industria.

Uno de los mayores retos a los que nos enfrentaremos es, sin duda, el capítulo laboral, un elemento que las empresas de seguridad deberemos tomar en cuenta como una oportunidad detonante de negocio e inversión, y que debemos tener claro que será una exigencia cuando las contraten

INDISPENSABLE ARMONIZAR LEYES DE SEGURIDAD PRIVADA CON EL T-MEC: ASUME

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  • El 76.6% de la población urbana es usuaria de Internet. En la zona rural la población usuaria se ubica en 47.7 por ciento
  • De los hogares del país, 44.3% dispone de computadora y 92.5% cuenta con al menos un televisor
  • La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019 proporciona información a nivel nacional, por ámbito urbano y rural y por estrato socioeconómico
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), publica la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019.

La ENDUTIH capta, desde 2015, las respuestas directas de un usuario seleccionado de manera aleatoria en cada hogar, recogiendo su experiencia personal en el uso de las TIC, lo que permite una mayor profundidad y precisión en los usos que la población hace de estas tecnologías.

La ENDUTIH 2019 proporciona información a nivel nacional, por ámbito urbano y rural y por estrato socioeconómico y sus resultados son comparables con los proporcionados por el INEGI a partir de 2015.


INTERNET

En México hay 80.6 millones de usuarios de Internet, que representan el 70.1% de la población de seis años o más. Esta cifra revela un aumento de 4.3 puntos porcentuales respecto de la registrada en 2018 (65.8%) y de 12.7 puntos porcentuales respecto a 2015 (57.4 por ciento).

Se estima en 20.1 millones el número de hogares que disponen de Internet (56.4%), ya sea mediante una conexión fija o móvil, lo que significa un incremento de 3.5 puntos porcentuales con respecto a 2018 y de 17.2 puntos porcentuales en comparación con los resultados de 2015 (39.2 por ciento).

De los 80.6 millones de usuarios de Internet de seis años o más, 51.6% son mujeres y 48.4% son hombres.

Entre 2017 y 2019, los usuarios en la zona urbana pasaron de 71.2% a 76.6%, mientras que en la zona rural el incremento fue de 39.2% a 47.7% de usuarios, de 6 años o más.

Los tres principales medios para la conexión de usuarios a Internet en 2019 fueron: celular inteligente (Smartphone) con 95.3%; computadora portátil con 33.2%, y computadora de escritorio con 28.9 por ciento.

Las principales actividades de los usuarios de Internet en 2019 correspondieron a entretenimiento (91.5%), obtención de información (90.7%) y comunicación (90.6 por ciento).

Los usuarios de Internet identificaron como principales problemas al conectarse a la red la lentitud en la transferencia de la información (50.1%), interrupciones en el servicio (38.6%) y exceso de información no deseada (25.5 por ciento).


TELEFONÍA CELULAR

Según la ENDUTIH 2019, se estima que el país cuenta con 86.5 millones de usuarios de esta tecnología, lo que representa el 75.1% de la población de seis años o más y un incremento de 3.6 puntos porcentuales respecto de 2015.

Nueve de cada diez usuarios de teléfono celular disponen de un celular inteligente (Smartphone).

La proporción de usuarios que sólo dispusieron de un celular inteligente tuvo un crecimiento de 23 puntos porcentuales entre 2015 y 2019 (65.1 contra 88.1%, respectivamente).


COMPUTADORA

El 43.0% de la población de 6 años o más es usuaria de computadora (49.4 millones). La proporción es menor en 8.3% comparada con los usuarios que había en 2015 y menor en 2.0 puntos porcentuales respecto de los registrados en 2018.

La proporción de hogares que disponen de computadora registró un descenso marginal, al pasar de 44.9% en 2015 y 2018 a 44.3% en 2019, lo que significa una reducción de 0.6 puntos porcentuales.


TELEVISIÓN DIGITAL

El 92.5% de los hogares cuenta al menos con un televisor. Con respecto a 2018, se presenta una reducción de casi medio punto porcentual.

Respecto del tipo de televisor disponible en los hogares, 76.5% de ellos cuentan con al menos uno de tipo digital, lo que representó un aumento de 3.6 puntos porcentuales respecto de 2018.

El 96.0% de los hogares del país reciben la señal de televisión digital a partir de televisor digital, señal de televisión de paga o decodificador.

EN MÉXICO HAY 80.6 MILLONES DE USUARIOS DE INTERNET Y 86.5 MILLONES DE USUARIOS DE TELÉFONOS CELULARES: ENDUTIH 2019

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