Mostrando las entradas con la etiqueta Espectro Radioeléctrico. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Espectro Radioeléctrico. Mostrar todas las entradas

viernes, 20 de diciembre de 2024

by  Ernesto Piedras

La reconfiguración reciente y en curso del corpus institucional de las telecomunicaciones en México, tras la próxima extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), da cause a una transición hacia un modelo fragmentado entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y un nuevo organismo de competencia económica.

Este cambio, resultado de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica y las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), promete transformar digitalmente a nuestro país, pero también plantea serios desafíos estructurales y operativos.

Nuevo Panorama Regulatorio. La reforma constitucional aprobada recientemente establece un nuevo marco institucional que redistribuye las funciones previamente concentradas en el IFT.

A partir de enero de 2025, la ATDT asumirá la responsabilidad de la política pública en telecomunicaciones, mientras que la SICT será la encargada de las licitaciones y supervisión del espectro radioeléctrico, así como de las concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones.

Este enfoque difuso de facultades podría generar incertidumbre e incrementar los costos entre los agentes regulados, quienes se enfrentarán a una “doble o triple ventanilla” para realizar sus trámites y cumplir con sus obligaciones regulatorias.

Desafíos del Rediseño Institucional. Uno de los principales riesgos de este rediseño es la potencial carencia de coordinación entre las nuevas entidades.

Los conflictos de competencia y la duplicidad de esfuerzos podrían convertirse en barreras adicionales, al incrementar los costos administrativos y mermar la eficiencia operativa del sector.

Otro aspecto preocupante de esta transición es la posible pérdida de capital humano especializado. El IFT, durante su existencia ha formado y acumulado una considerable cantidad de experiencia y conocimientos técnicos que resultan en una condición sine qua non para una regulación eficaz.

La falta de continuidad del personal competente podría impactar negativamente en la capacidad de las nuevas entidades para abordar los retos del sector.

Presupuesto: Contrastes y Retos. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2025 apunta a una drástica reducción de 70.2% en los recursos destinados al IFT, dejando al órgano regulador con $500 millones de pesos (mdp) para concluir sus operaciones y liquidar a su personal.

En contraste, la ATDT se inaugura con un presupuesto robusto de $3,010 mdp, lo que enfatiza la
intención del gobierno de centralizar funciones relacionadas con la transformación digital y la inclusión tecnológica.

No obstante, la redistribución de funciones también recae sobre entidades ya existentes, como la SICT, que recibirá un aumento presupuestal de 4.8% para asumir responsabilidades críticas en telecomunicaciones y radiodifusión. Este incremento podría resultar insuficiente frente a las crecientes demandas regulatorias y operativas.

Hacia una Legislación Secundaria Sólida. El eventual éxito de esta reestructuración institucional dependería en gran medida de una legislación secundaria que se emita para dar cauce al nuevo modelo.

Es imperativo, entonces, que esta legislación sea integral y esté respaldada por un análisis técnico sesudo. De lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar la incertidumbre y dificultar la transición hacia un sistema más eficiente.

Aunque el rediseño institucional puede ofrecer una oportunidad para abordar temas clave como la transformación digital, la ciberseguridad y la inclusión tecnológica, también introduce riesgos significativos que podrían comprometer el desarrollo del sector. La fragmentación de competencias, la falta de coordinación y la pérdida de capital humano son retos que deben ser atendidos con urgencia.

En un momento en el que la conectividad y la innovación son esenciales para el crecimiento económico y social, el futuro de las telecomunicaciones en México está en juego. La pregunta clave es si el nuevo modelo logrará cumplir con las expectativas de modernización o si, por el contrario, representará un retroceso en los avances alcanzados en la última década.


Reconfiguración Institucional en Telecomunicaciones: Oportunidades y Desafíos

Read More

lunes, 22 de julio de 2024

 



22 al 26 de julio, 10:00 hrs, Conferencias en línea


Evento organizado por 5G Americas que reúne a los principales expertos de la región quienes compartirán sus perspectivas y experiencias en torno a la gestión del espectro radioeléctrico en América Latina y el Caribe, en el escenario de avance hacia 5G y otras tecnologías


¡Conéctate a la web del evento o al canal de YouTube y asiste a todas las conferencias!
#ForoEspectro5GA

La emisión comenzará el LUNES 22 DE JULIO  
Horario: 9:00 MXT / 10:00 COT / 11:00 ET / 12:00 ART

Conoce más detalles de la agenda y los conferencistas invitados en la página oficial del Foro de Espectro Radioeléctrico de 5G Americas

Foro Virtual 2024: Espectro Radioeléctrico la Ruta Hacia 5G y otras Tecnologías

Read More

jueves, 20 de julio de 2023

 


Ernesto Piedras

El espectro radioeléctrico es un recurso esencial para la provisión de servicios de telecomunicaciones, pero los operadores enfrentan una onerosa carga por su uso y aprovechamiento México.

Además, es un insumo esencial por el que viajan nuestra voz y datos de telecomunicaciones. Ha quedado demostrada su relevancia para dotar de continuidad y ubicuidad en la realización de actividades diversas de comunicación, productividad, educación, entretenimiento, culturales, seguridad, entre otras por parte de toda nuestra sociedad.

Desde hace varios años, ha sido objeto de controversia e inconformidad generalizada el régimen gravoso existente por el uso del espectro radioeléctrico en México, especialmente con respecto a los derechos que se fijan por la autoridad fiscal y la Cámara de Diputados cada año.

Costos del Espectro en la Métrica Internacional. Los operadores incurren en dos pagos por la tenencia de espectro, el valor inicial que definen al momento de ganar una licitación (conocido como ‘guante’) y derechos anuales.

En el comparativo internacional, el caso de México destaca por fijar un pago de cuotas anuales de alrededor de 85% del valor total que deben pagar los operadores por su uso. De acuerdo con la GSMA, esto representa 4 veces más (20%) de lo que se registra en el promedio de países de Latinoamérica.

Adicionalmente, el costo total por el espectro supera en todas las bandas los niveles fijados a nivel internacional, lo que evidencia su elevada carga no sólo entre los países de la región, sino también alrededor del mundo.

Una de las principales críticas a la fijación de derechos anuales es que no se alinean a las condiciones y evolución sectorial, sino que persiguen objetivos y necesidades recaudatorias, imponen barreras artificiales a la incursión y desarrollo de operadores competidores, así como obstaculizan la mayor disponibilidad y mejor calidad de los servicios.

Daños y Perjuicios por la Política Onerosa. Los altos costos por espectro en México constituyen un escenario de pérdidas económicas para el sector de telecomunicaciones. Pierden los operadores al enfrentar una carga onerosa que les impide proveer servicios en mejores condiciones para los usuarios, pierden estos también al verse impedidos a acceder a más y mejores ofertas. Asimismo, pierde el gobierno al recaudar menos por el espectro, ante las recientes devoluciones, frecuencias desiertas y manifestaciones de no participar en licitaciones futuras a menos que bajen los derechos anuales.

Particularmente, este régimen equivocado es gravoso para los operadores competidores y lesivo para la competencia del mercado móvil. Precisamente, esa fue la razón por la que el Estado incurrirá en pérdidas de alrededor de 13.6 mil millones de pesos (mmp) entre 2020 y 2023, por la devolución de frecuencias completa por parte de Movistar y parcial por AT&T, aunado a aquellas que no fueron asignadas en licitaciones previas.

En 2023, se proyecta que se recaudarán $17.4 mil millones de pesos (mmp), 5.5% menos que en 2022, circunstancia que indica una contribución cada vez menor por concepto de cuotas anuales por el espectro.

Con todo, México ha incurrido en enormes pérdidas al tener una estructura onerosa de derechos anuales por el uso del espectro radioeléctrico, que merma los incentivos a la participación en los procesos licitatorios, pero también frena la entrada y desarrollo de los proveedores de servicios móviles. Ello debe ser considerado en la próxima definición de los derechos anuales para 2024 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Espectro: Daños y Perjuicios por Costos Desproporcionados

Read More

jueves, 22 de septiembre de 2022

 


Ernesto Piedras 

En días recientes, se dieron a conocer dos propuestas que buscan contribuir al desarrollo de la cobertura, asequibilidad y calidad de los servicios de telecomunicaciones.
 
En primer lugar, la publicación del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2023 contempla en el Proyecto de Reforma a la Ley Federal de Derechos (LFR) la no actualización de los costos del espectro radioeléctrico para las frecuencias utilizadas para la provisión de telecomunicaciones móviles.
 
Se publicó también una iniciativa de reforma a la LFD de diversos senadores del Partido del Trabajo (PT) que propone un esquema alternativo que busca ajustar a la baja los derechos de las bandas para uso de 5G, modificar la estructura de cobro de derechos de las bandas de 800/850 MHz, así como incorporar un esquema de acreditamiento de erogaciones en materia de cobertura social.
 
SHCP Sensible a Impactos en Precios de Servicios. Con la propuesta de no aumentar las cuotas del espectro radioeléctrico con base en la inflación, la SHCP reconoce no sólo que esta generaría presiones adicionales sobre los precios de los hogares, sino que impactaría más a aquellos menos favorecidos, que se encuentran en esquemas de servicios móviles de prepago y que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos para acceder a estos.
 
Por ello, propone mantener los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de frecuencias relacionadas con la prestación de servicios de telecomunicaciones, a los valores del año pasado.
 
Iniciativa Novedosa para Recaudación por Uso del Espectro. La Iniciativa de Reforma a la LFD de los senadores del PT, recogió propuestas como las emitidas por el IFT, The Competitive Intelligence Unit (The CIU) y la GSMA, basadas en los manifiestos y reiterados altos costos por el uso del espectro radioeléctrico en el país.
 
Con el fin de impulsar la cobertura móvil en el país y la transición a servicios de nueva generación, propone ajustar a la baja los costos de bandas de frecuencias que aún no se asignan o que aún no se autoriza su uso y que son óptimas para dotar de conectividad de quinta generación (5G). Estos son los casos de las bandas de 600 MHz, banda L y la porción del espectro de 3.3-3.45 GHz y de 3.45-3.6 GHz.
 
Asimismo, contempla la modificación de la estructura de cobros de derechos en la banda de 800/850 MHz, con base a los niveles económicos de la zona a cubrir y no por las 9 regiones celulares definidas. Su objetivo es incentivar la entrada de nuevos operadores a nivel local, que hoy encuentran una barrera económica artificial para dotar de servicios a zonas de menor dimensión geográfica y densidad poblacional.
 
Adicionalmente propone promover la inversión en localidades que carecen de cobertura de servicios móviles, a partir de incorporar un esquema de acreditamiento de erogaciones en materia de cobertura social contra el pago de derechos por el espectro radioeléctrico.
 
Ambas propuestas buscan detonar la disponibilidad y asequibilidad de los servicios móviles en el país y se contraponen a la trayectoria alcista y onerosa que registran los costos del espectro radioeléctrico en México.
 
Reconocen que el aumento en los costos del espectro presiona al alza los precios de finales a los consumidores e impacta en mayor magnitud a aquellos en la base de la pirámide.
 
Amerita un reconocimiento este esfuerzo innovador en el campo fiscal, para impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país, como un paso previo a la revisión a la baja los derechos de bandas ya asignadas.
 
Implícitamente, reconocen que los tan necesarios ingresos fiscales, deben recaudarse a partir del uso efectivo de los servicios de la conectividad, no de la asignación del recurso esencial que constituye el espectro radioeléctrico.

Innovación para la Recaudación por el Uso del Espectro Radioeléctrico

Read More

sábado, 24 de octubre de 2020



By Ernesto Piedras | Samuel Bautista

Uno de los aspectos más controvertidos de la Ley Federal de Derechos propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es el incremento en los cobros y el establecimiento de nuevos derechos sobre el espectro radioeléctrico.

El debate radica en que este recurso natural es un insumo esencial para el despliegue de redes de telecomunicaciones de última generación (5G) y para la provisión de cobertura para alcanzar el escenario de pleno acceso a internet que se vuelve infranqueable con una política fiscal que privilegia fines recaudatorios.

Recientemente, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados dictaminó la propuesta de la SHCP que, a su vez, fue aprobada por el Pleno del órgano legislativo y fue turnada al Senado de la República.

Este proyecto de ley escuchó y con mucha atención las voces de la sociedad civil organizada, de los operadores de telecomunicaciones y de autoridades sectoriales, tal que sufrió una modificación en el costo anual de los derechos para el uso de la banda de 800MHz que, a diferencia de la propuesta de la SHCP que estipulaba un incremento de 56.5%, estableció un aumento de 3.5%, prácticamente al mismo nivel que la inflación general de la economía.

Si bien esta decisión de la Cámara Diputados demuestra entendimiento sobre el impacto del cobro de derechos en el acceso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), es insuficiente, al menos desde la perspectiva internacional.

Al analizar los cobros de derechos por el uso de espectro establecidos por otras economías, a partir de un estudio reciente en la materia y compararlos con los montos aprobados por los diputados, estos últimos, en el caso de la banda de 850 MHz, se encuentran 4 veces por encima de la media internacional.[1]
 
 
 
Pago de Derechos Aprobado en C. de Diputados y Ley Federal de Derechos 2020:
Banda 850 MHz, 600 MHz y 3.5 GHz
 
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del dictamen aprobado
por Comisión de Hacienda y Crédito Púbico de la C. de Diputados

Por otro lado, los nuevos derechos creados quedaron intactos en el dictamen de la Comisión y, por lo tanto, continúan siendo extraordinariamente superiores que sus referentes internacionales. De forma tal que, en la banda de 600 MHz, los derechos se encuentran 10 veces por encima de la media de países del referente internacional.

Asimismo, en la banda de 3.5 GHz, los derechos son 3 veces mayores.

A pesar de los ajustes a la baja definidos por la C. de Diputados, un esquema de derechos como el propuesto incrementará el costo de llevar cobertura en los lugares donde es escasa o inexistente, es decir, los operadores destinarían un monto excesivo por el pago de derechos por el uso de espectro que acotaría la capacidad financiera para invertir en despliegues de redes de nueva generación.

Ello bajo un contexto en el que 52% de las localidades del país, donde habitan 12 millones de mexicanos, aún se encuentran sin cobertura de internet fijo o de redes móviles 3G y 4G, de acuerdo con el Programa de Cobertura Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Sin duda, es un error supeditar el derecho de acceso a las TIC a las necesidades recaudatorias del poder Ejecutivo. Es imperativo reconocer que la política fiscal de una nación, más allá de ser un simple asiento contable, constituye un instrumento para la promoción del crecimiento económico, del desarrollo, de equidad e inclusión social que, en el contexto de la pandemia por COVID-19, requiere más que nunca incluir mecanismos aceleradores para alcanzar una sociedad ampliamente conectada.

Espectro Radioeléctrico para la Cobertura Universal

Read More

domingo, 11 de octubre de 2020

   
By Ernesto Piedras | Samuel Bautista

La política fiscal de una nación, más allá de ser un simple asiento contable, constituye un instrumento para la promoción del crecimiento económico, del desarrollo, de equidad e inclusión social. Su instrumentación efectiva requiere de la identificación de sus niveles óptimos, así como de las acciones, instituciones y marco legal para alcanzar esos fines.

Más aún, si ella detona la ejecución de políticas públicas ordenadas en nuestra Constitución, como lo es la consecución de la conectividad de la sociedad.

Es decir, se trata de una política fiscal que atiende un mandato constitucional.

Bajo este postulado, el Estado adquiere compromisos u obligaciones de gasto, así como recaudatorias, para sustentar los objetivos sociales y económicos de sus políticas públicas.

En el caso de la determinación de las cuotas anuales por el uso del espectro radioeléctrico, organismos internacionales como la GSMA y el brazo de telecomunicaciones de la ONU, ITU, apuntan a que su determinación se oriente a los costos administrativos por su gestión por parte de las autoridades sectoriales. Asimismo, se sugiere tomen en consideración la escala y estructura competitiva del mercado. De manera que su fijación no imposibilite el pago de derechos por parte de los operadores competidores, ni los disuada de participar en los procesos de licitación.
 
Paquete Económico 2021

El Paquete Económico 2021 entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Poder Legislativo, el pasado 8 de septiembre, contiene la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos que, entre otros aspectos, plantea la actualización (aumento) y adición de cuotas de derechos que deberán pagar al Estado mexicano los operadores móviles que cuenten con concesiones para explotar determinadas bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico.

El espectro radioeléctrico es un recurso natural que resulta esencial para los operadores de telecomunicaciones en la prestación de servicios móviles de telefonía y banda ancha. Al ser este propiedad del Estado mexicano, los concesionarios en México pagan la contraprestación al momento de obtener la concesión y derechos anuales por su aprovechamiento.

El nivel y consecuentemente, cualquier cambio en las cuotas por su uso y explotación impacta sensiblemente el precio que pagan los usuarios finales, los cuales, al contar con una demanda cada vez más inelástica en los servicios de telecomunicaciones, inevitablemente incrementarán su gasto.[1]
 
En particular, la propuesta considera incrementos en las cuotas de derechos para la banda de 800 MHz y nuevas cuotas para las bandas de 600 MHz, 1,500 MHz y 3.5GHz.

De ser aprobada esta iniciativa, el bienestar de usuarios en México se vería afectado negativamente, como resultado de que, al aumentar los costos de inversión y operación de los operadores móviles, estos a su vez, harían el ajuste correspondiente al alza de los precios de sus servicios de telefonía e internet móvil.

Esta circunstancia resultaría a su vez, en una suerte de regresividad de la propuesta, al ser las personas y familias de menor ingreso las más afectadas por este incremento de precios.

Al contrario de lo que se establece en su exposición de motivos, la iniciativa impondría una barrera por la vía de costos para el despliegue de las redes de última generación (5G), al encarecer las bandas que son fundamentales para su desarrollo.
 
Pago de Derechos en el Paquete Económico 2021 vs Ley Federal de Derechos vigente
 
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del Paquete Económico 2021, Ley Federal de Derechos e Instituto Federal de Telecomunicaciones.

De manera igualmente errónea, la SHCP argumenta que el incremento propuesto de 56.5% (nivel 16 veces superior a la inflación proyectada en los Criterios Generales de Política Económica del Paquete Económico 2021) se debe a que las actuales cuotas para el segmento de la banda de 800 MHz destinado originalmente a telefonía celular, pero que ahora es también útil para ofrecer banda ancha móvil, “se encuentran por debajo de sus referencias internacionales”.

De acuerdo con la GSMA, México es un claro ejemplo de la imposición de “altas cuotas anuales” por el uso del espectro, “que van mucho más allá de los niveles requeridos para la recuperación de costos administrativos”. Esta circunstancia no sólo frena las decisiones de participación en los procesos de subasta, sino también encarece la estructura de costos de los operadores y complica el diseño de la licitación por parte del regulador, como sucedió en la asignación de bloques de la banda de AWS en 2016.[2]

A continuación, procederemos a revisar un comparativo internacional del nivel de estos derechos en un conjunto de países, que contradice abrumadoramente esta aseveración de la autoridad hacendaria.
 
Comparativo Internacional de Cobro de Derechos del Espectro

Al considerar los resultados de un reciente estudio comisionado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que explora los derechos pagados por determinadas bandas en otras economías y latitudes, esta actualización y creación de nuevos derechos se encuentra por encima de los referentes internacionales.[3]

En este estudio se identificó una muestra de 44 países, miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y economías latinoamericanas, en los que se realizaron subastas de espectro y los reguladores cobran derechos anuales por el aprovechamiento de este recurso.

Amerita resaltar que este régimen no es propio de toda la muestra de países como son el caso de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, entre otros, por lo cual no fueron considerados en el comparativo.

Por otro lado, los derechos cobrados por el uso de espectro de la muestra fueron ajustados por el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y por la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) para hacerlos comparables con los derechos cobrados de acuerdo con la Ley Federal de Derechos vigente y la iniciativa del Paquete Económico 2021.
 
Comparativo de Derechos Pagados por Espectro:
México frente a Mediana de Muestra de Países
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del Paquete Económico 2021, Ley Federal de Derechos e Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Al considerar lo anterior, se identificó que el cobro de derechos propuesto en su comparativo con la mediana[4] de los costos por un bloque de 20 MHz en la muestra de países es 5.6 veces superior para el caso de la banda de 850 MHz, 13.6 veces más alto en la de 600 MHz y 5.5 mayor en la de 3.5 GHz.

Con respecto a la media (promedio)[5] de los costos de los derechos en la muestra, la propuesta de reforma es 5.8 veces superior para el caso de la banda de 850 MHz, supera en 9.9 veces en la de 600 MHz y es 3 veces mayor en la de 3.5 GHz.
 

 
Comparativo de Derechos Pagados por Espectro: México frente a Media de Muestra de Países
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del Paquete Económico 2021, Ley Federal de Derechos e Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Amerita destacar que, en Perú, los derechos anuales que se cobran por un bloque de 20 MHz en la banda de 850 MHz se encuentran alrededor de $750 millones de pesos mexicanos (al ajustar por PIB per cápita y PPA). Mientras que la iniciativa de derechos pretende que, por la misma porción de espectro en referida banda, los concesionarios en México paguen cuotas anuales de casi el doble, es decir, $1,479 millones de pesos.
 
Comparativo de Derechos Pagados por Espectro: México frente a Muestra de Países
 
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del Paquete Económico 2021, Ley Federal de Derechos e Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Asimismo, en el caso de España, los derechos pagados por un bloque de 20MHz en la banda de 3.5 GHz se encuentran por arriba de los $120 millones de pesos mexicanos, lo cual es, aproximadamente, 41% inferior a la lo que propone la iniciativa del Paquete Económico 2021.

Como es patente, estos nuevos cobros y ajustes al alza propuestos por la SHCP no se encuentran sustentados en las experiencias internacionales en materia de política recaudatoria.

Los derechos establecidos en otros países no se aproximan a aquellos propuestos en la iniciativa propuesta por la SHCP, los cuales constituyen una barrera al despliegue de las redes 5G.

Además, ponen en riesgo la factibilidad e interés de las próximas licitaciones de espectro conducidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Consecuentemente, obstaculizan la satisfacción del derecho el derecho constitucional de acceso a la banda ancha y otras tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a través del alza injustificada de precios de los servicios y al imponer barreras para el despliegue de nueva y mejor infraestructura, resultante del encarecimiento del espectro apto para el desarrollo de 5G.

Es por ello que la GSMA recomienda establecer cuotas anuales moderadas, ante la alta probabilidad de disuadir a los operadores competidores a hacerse de derechos del espectro derivado de su menor escala y obtención de ingresos, así como la dificultad para crear incentivos para que, en general, los jugadores en el mercado buscan expandir su cobertura y mejorar la calidad de los servicios.[6]

De manera concurrente, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés), brazo de telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), apunta que la fijación de cuotas anuales debe orientarse a los costos administrativos asociados a la gestión del espectro radioeléctrico por el órgano regulador, como en el caso de Dinamarca y Reino Unido.[7]

Por lo anterior se insta, en el marco de la discusión del Paquete Económico, a proponer esquemas de derechos que sean conducentes a aproximar a México al anhelado escenario de conectividad universal y no se encuentren supeditados a objetivos recaudatorios del Estado. Estos mecanismos de asignación podrían consistir en una determinación de cuotas de derechos moderados, orientados a los costos de gestión del espectro o la acreditación de inversiones contra las inversiones realizadas, como lo propone el IFT, que incentiven su tenencia y aprovechamiento y que no menoscaben extraordinariamente a la capacidad financiera de los concesionarios para dotar de conectividad a la mayor base de usuarios posible.

Asimismo, se sugiere tomen en consideración la escala y estructura competitiva del mercado. De manera que su fijación no imposibilite el pago de derechos por parte de los operadores competidores, ni los disuada de participar en los procesos de licitación.

Si el objetivo del gobierno es generar mayor bienestar en la población en México debe buscarse impulsar el despliegue de infraestructura que promete un acceso y diseminación de la conectividad y sus beneficios a toda la cadena productiva, con miras a detonar la productividad y el desarrollo de habilidades de individuos y familias en todo el país.

Política de Costos por Derechos de Espectro Radioeléctrico para 5G: Un Comparativo Internacional

Read More

jueves, 17 de septiembre de 2020

 

 

  • Es un tema que va más allá de las filiaciones políticas, afirma el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda 

     
  • Empresarios piden revisar propuesta de aumentar el cobro de derechos por uso del espectro radioeléctrico 

 


En el foro de análisis sobre los Criterios Generales de Política Económica 2021 y reformas a la Ley Federal de Derechos, empresarios y especialistas del sector de telecomunicaciones manifestaron sus preocupaciones, respecto al posible aumento en el cobro por el uso del espectro radioeléctrico y pidieron revisar esta propuesta, que se incluye en el Paquete Económico del gobierno federal.  

 

Además, en el encuentro, organizado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, la Concanaco planteó la creación, de manera urgente, de una ley general de reactivación económica y pidió no temer miedo al endeudamiento para enfrentar la actual crisis.  

 

El presidente de la Comisión, Alejandro Armenta Mier, dijo que más allá de filiaciones políticas con estos foros “queremos que haya justicia tributaria y distributiva” para que el que gane más pague más y el que gane menos pague menos”. Además de que se alcance una mayor distribución de la riqueza. 

 

Dijo que en el Senado de la República “entendemos a los sectores productivos como ejes centrales del desarrollo”, por lo que sus aportaciones se harán llegar a la Cámara de Diputados. 

 

“Y, sin subjetividades partidarias; recogemos la preocupación, molestia e inconformidad de empresarios que le han cumplido a México y que no han sentido la reciprocidad del SAT para la devolución del IVA”, expresó el senador. 

 

La senadora Minerva Hernández Ramos, del PAN, agradeció la participación de los sectores productivos del país en este ejercicio, donde -aseguró- la joya de la corona en materia de Ley de Ingresos son las telecomunicaciones, porque en medio de esta crisis sanitaria, de educación, de inseguridad y económica, se realizar acciones que no repercutan en un incremento de precios contra la paupérrima y deteriorada economía de los mexicanos; además de que nuestra economía está prendida con alfileres, señaló. 

 

Carlos Ernesto Molina Chávez, titular de la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó que las modificaciones que se proponen a la Ley Federal de Derechos buscan actualizar las cuotas, hacer un cobro correcto por los servicios públicos y evitar que se desvirtúe el objetivo de cada derecho.  

 

Indicó que en áreas, como la de aguas residuales, minería y telecomunicaciones hay un análisis más complejo, pues se revisa que la prestación de los servicios refleje el costo de lo que le corresponde al Estado y el pago de los particulares por el aprovechamiento de bienes de la nación. 

 

En tanto, Karina Ramírez Arias, titular de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de Hacienda, expuso que el objetivo es establecer cuotas justas. Refirió que las propuestas de actualización se realizaron en conjunto con diversas dependencias federales, donde el principal criterio que se tomó es recuperar los costos por los servicios públicos y hacer un uso racional de los recursos. 

 

Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Público, reconoció que el Gobierno Federal presentó para 2021 un proyecto de Presupuesto de Egresos fiscalmente responsable, pero, acotó, las proyecciones en las que está basado el plan para el cierre de 2020 y 2021 “son demasiado optimistas”. 

 

Los especialistas, agregó, estiman una caída del Producto Interno Bruto del 10 por ciento en este año y para el siguiente prevén un crecimiento de menos del tres por ciento, pero el gobierno estimó una contracción del ocho por ciento en 2020 y un crecimiento del 4.6 por ciento para 2021. 

 

Además, dijo, se fija un precio del petróleo de 42 dólares por barril cuando el promedio ha sido de 33 dólares y la plataforma de producción ha registrado un promedio de mil 670 millones de barriles diarios, peor la proyección es de mil 853 millones de barriles diarios. Estas sobreestimaciones, advirtió Carlos Hurtado, “no traerá los recursos suficientes por la recaudación fiscal y en ingresos en general para 2021”. 

 

Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sugirió que se revise la propuesta del Ejecutivo para no incrementar el cobro de derechos por el uso del espectro radioeléctrico y en el sector de la minería.  

 

Señaló que en el Paquete Económico se identificó un aumento de hasta 55 por ciento para el uso y aprovechamiento de distintas bandas del espectro radioeléctrico, lo que podría ocasionar una reducción en la recaudación del Estado, atentar contra la neutralidad competitiva, impactar de manera diferenciada la red compartida, contravenir los principios de libre mercado establecidos en el T-MEC y poner en riesgo la rentabilidad del sector. 

 

Destacó que este cobro es más alto en México, que en el resto de América Latina y que algunas economías elevadas. Recordó que los altos costos obligaron a uno de los operadores móviles a devolver sus concesiones el año pasado.  

  

Respecto al aumento en los derechos ordinarios, especial y extraordinarios en la minería, Pablo Mendoza lo consideró inadecuado y recomendó revalora la propuesta, pues podría generar un efecto muy importante en el sector y poner en duda “la progresividad y equidad del régimen”.  

 

Edgar Nolasco Estudillo, vicepresidente de Financiamiento al Desarrollo Económico y Empresarial de Concanaco, propuso crear de manera urgente una ley general de reactivación económica, que incluya el establecimiento de un consejo económico. 

 

Planteó que este consejo funcione de manera temporal y tenga la finalidad “de encausar el rumbo” y ayudar a reconformar una política económica contracíclica. Precisó que dicha ley buscaría que se retome la rectoría del Estado, que tiene que ir más allá de una mano invisible, así como promover la inversiones y competitividad del país.  

 

El empresario pidió no tener miedo al endeudamiento, ya que es recomendación de izquierda y de derecha, teórica y conceptual que se está aplicando en todo el mundo. Agregó que la recuperación económica se debe basar en las inversiones y creación de empleo, a través de una intervención estatal, además de aprovechar la nueva inercia de la economía internacional.  

 

Cuestionó que “una propuesta que anda por ahí” de otorgar un salario mínimo, como transferencia directa a toda la población mexicana. “Me parece que eso tampoco es muy viable”, expresó.  

 

Nolasco Estudillo opinó que se debe adecuar el Plan Nacional de Desarrollo a las nuevas circunstancias y que el Presupuesto Público y federalismo fiscal sea discutido en ambas cámaras.  

 

Gabriel Székely, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, advirtió que en la Ley Federal de Derechos se plantea que “los concesionarios móviles paguen más por el espectro, que subirán los costos del servicio de Internet cuando todavía vivimos los efectos de una crisis sanitaria que ha puesto de manifiesto la desigualdad digital y social”. 

 

Urge reducir los derechos en esta materia no subirlos, como se pretende, por ejemplo para la banda de 850 megahertz que registraría el año que viene un incremento del 52 por ciento, que representaría más de tres mil millones de pesos, en contraste con los dos mil millones de pesos que se pagaron en 2018. 

 

Para reducir la desigualdad digital, propuso, los precios del espectro deben ser determinados por el mercado mediante subastas competitivas y no en escritorios. “Se exige a la industria bajar precios y lo han hecho más del 40 por ciento en los últimos cuatro años, pero el costo del espectro se sube por decreto o además tiene un ajuste inflacionario anual”. 

 

Héctor Juan Villarreal Páez, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), urgió establecer un Consejo Digital en el Poder Legislativo porque -dijo- hay muchas inconsistencias en el análisis económico que no se están revisando y con el fin de que no solo la Secretaría de Hacienda hable de proyecciones económicas. Recomendó tomar más en cuenta los pasivos contingentes, como las pensiones, y para ello -indicó- se tiene que aumentar la base recaudatoria para hacerles frente. 

Busca el Senado que haya justicia tributaria y distributiva; que pague más el que gane más

Read More

 



 
By Ernesto Piedras
El espectro radioeléctrico es un recurso esencial para la transmisión de las comunicaciones móviles (voz y datos) que hoy se encuentran en la víspera de evolucionar a una nueva generación de capacidades y velocidades de transmisión, la 5G.

En días recientes, se dio a conocer una iniciativa de la SHCP para actualizar y establecer nuevas cuotas anuales por el uso y explotación del espectro radioeléctrico en las bandas de 600 MHz, 800 MHz, 1,500 MHz y 3.5 GHz. Precisamente, estas bandas son fundamentales para el desarrollo de redes 5G.

La propuesta de reforma a la Ley Federal de Derechos contempla un alza de 56.5% en las cuotas anuales aplicables a diferentes bloques correspondientes a la banda de 800 MHz y propone la creación de erogaciones para bandas que no estaban sujetas a este régimen de pago de derechos. Todo, por arriba de los estándares internacionales para las mismas bandas.

Recurso Esencial para los Operadores. De aprobarse esta iniciativa, se estaría encareciendo la estructura de costos para el despliegue de 5G para los operadores de telecomunicaciones móviles, quiénes ya desde hace mucho tiempo han denunciado como desmedida la política recaudatoria del Estado, por un insumo esencial para sus operaciones.

Incluso esta ha propiciado la devolución de espectro por parte de Movistar, quien han optado mejor por no contar con espectro y mejor adquirir capacidades de otros jugadores para proveer servicios.

No obstante, al ser parte de la función de producción, será inevitable para los operadores móviles desembolsar más recursos para hacerse de este recurso esencial y acceder a sus capacidades que se suma a la pesada estructura impositiva que tienen que enfrentar para ofrecer servicios en el mercado.

Consecuentemente, se anticipa un alza en los precios finales de estos, resultante del aumento en costos, a pesar de las eficiencias generadas por el despliegue de una nueva generación de redes.

Inelasticidad de la Demanda por Conectividad Móvil. En la actualidad, el uso intensivo que hacemos de conectividad móvil para fines sociales, profesionales, educativos, informativos, de entretenimiento y mucho más, resulta para nosotros, los consumidores en que nuestra función de demanda por estos servicios sea crecientemente inelástica.

Es decir que, ante aumentos en sus precios, no podremos bajar nuestra cantidad demandada de esos servicios. Las estadísticas muestran que, como usuarios, hoy preferimos recortar el gasto en otros bienes y servicios, que prescindir de nuestra conectividad móvil.

Este evidente acto de desesperación fiscal, resultará simultáneamente en afectaciones para los consumidores en términos de pérdidas en el bienestar social a partir del alza (injustificada) de precios de los servicios móviles, resultante del encarecimiento en términos de la estructura de costos de los operadores móviles para el despliegue de redes 5G.

Así, el gobierno actual ha entrado en una franca contradicción, al prometer mayor bienestar entre la población y acceso universal a las telecomunicaciones, a la vez que propone una onerosa política fiscal para la conectividad de nueva generación.

Si efectivamente el gobierno de la 4T busca alcanzar el escenario de cobertura universal, se requiere promover por todos los medios el despliegue y desarrollo de más y mejor infraestructura que alcance a todos los rincones del país, con mejoradas capacidades de conectividad para el aprovechamiento eficaz del acceso a sus herramientas y aplicaciones.

He aquí la promesa de 5G que hoy enfrenta barreras a su materialización al quedar supeditada a fines recaudatorios.

Espectro Encarecido para 5G

Read More

martes, 16 de octubre de 2018


by Gonzalo Rojon
El espectro radioeléctrico es un recurso esencial para la provisión de servicios de telecomunicaciones inalámbricas de última generación. En otras palabras, el papel del espectro en las comunicaciones contemporáneas es equivalente al de las calles y carreteras para los automóviles o las vías para los trenes.

Es importante tener en consideración dos elementos muy importantes: El espectro radio eléctrico es un recurso finito y las comunicaciones inalámbricas se vuelven cada vez más ubicuas y utilizadas por la población mundial. Dado lo anterior, es necesaria una eficiente y constante reasignación del espectro para poder asegurar una continua demanda de servicios móviles de última generación.

Conocer las políticas en la administración del espectro radioeléctrico que se efectúan en México es importante ya que de ello dependerá que contemos, o no, con las tecnologías que van siendo desarrolladas por las empresas y utilizadas alrededor del mundo como el internet de las cosas, telemetría, autos autónomos, etc.

Al respecto, la semana pasada el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó la culminación de la liberación de la banda de 600 MHz. Dicha banda, que anteriormente servía para transportar señales de Televisión (Analógica y Digital), fue reasignada para permitir la explotación de Banda Ancha Móvil (BAM) a través de tecnologías de quinta generación (5G).

Con esto, México se convierte en el primer país del mundo en culminar con esta política de reorganización que permitirá reusar estas frecuencias para la próxima generación de  servicios móviles.

Es de celebrar que este proceso se haya hecho en tiempo y forma ya que en otras ocasiones una mala planeación y ejecución de la reorganización del espectro ha derivado en un subóptimo aprovechamiento del mismo. Tal es el caso de la banda de 2.5 GHz. la cual, además de haber tardado más de siete años desde el anuncio de su reorganización hasta que fue licitada nuevamente, una buena proporción de la misma terminó en manos de una sola familia para después venderla a America Móvil (Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones) afectando al proceso de competencia en el sector.

Si bien el peor escenario para una nación es poseer espectro ocioso, la subutilización o uso ineficiente del mismo representa un costo neto para el país que de ninguna manera será compensado por los beneficios que pueda proveer al estado mediante su explotación y a la sociedad mediante el uso de los servicios ofrecidos a través de este.

Así que no queda más que celebrar este acontecimiento, ya que una eficiente asignación del espectro alineada a las políticas públicas para el desarrollo y crecimiento de Mexico, tendrá a su vez un mayor impacto en la sociedad en su conjunto.

Reasignación de la Banda de 600 MHz

Read More

martes, 28 de agosto de 2018


Planificar la modernización de la red inalámbrica es vital para maximizar los beneficios y evitar gastos innecesarios

La inminente llegada de 5G, el incremento exponencial del número de dispositivos conectados a la red y la necesidad de mayor ancho de banda han obligado a lo proveedores de servicios a buscar mejores soluciones para los usuarios. Al estar disponibles nuevas bandas de frecuencia, como las de 700, 800, 1400MHz, los operadores deben revisar las formas más inteligentes de actualizar su red inalámbrica, especialmente cuando se trata de desplegar un nuevo espectro en las antenas de estación base.

“Aunque el dominio de radiofrecuencia (RF) está cambiando rápidamente, es mejor planificar cuidadosamente la modernización de red para maximizar los beneficios y minimizar los costos a largo plazo”, mencionó Elie Kanakri, technical marketing manager - EMEA / APAC en CommScope.

Además del diseño, la planificación que los proveedores de redes móviles deben hacer incluye la selección de nuevas antenas, ante lo cual Elie Kanakri describe 5 pasos que pueden ayudarlos a tomar esta decisión:

Paso 1: Comprender la matriz del espectro de radio 
Resulta fundamental comprender las bandas de frecuencia actuales y futuras que el operador planea usar, al menos durante los próximos cinco años, y saber cuándo estas bandas estarán disponibles, de tal forma que esta información sirva como una guía para la selección de BSA.


Paso 2: Agregar tecnologías a la matriz de frecuencia
“Teniendo en cuenta la generación de tecnología, el orden MIMO, las funciones utilizadas como la dirección del haz, y los tipos de módulos de radio, el paso siguiente deberá ser vincular las tecnologías a las bandas de frecuencia enumeradas, lo que permitirá maximizar los beneficios”, añadió Elie Kanakri.
Paso 3: Utilizar combinadores
Los combinadores se utilizan principalmente para reducir el número de cables y puentes en ejecución y compartir dos, tres o cuatro bandas o tecnologías de frecuencia en los mismos puertos de antena. El uso de combinadores hará que el operador comparta la misma configuración de inclinación electrónica con todas las secciones combinadas. De esta forma, al ingresar a la matriz de frecuencia y agregar los combinadores, se identifica la cantidad total de puertos RF necesarios.
Paso 4: Comprobar las antenas de red actuales
Verificar el inventario de la red actual, el almacén y las antenas instaladas será de vital importancia para corroborar si éstas son adecuadas para soportar la modernización. Algunas preguntas que se deben hacer son: ¿Sus antenas son compatibles con todas las bandas de frecuencia mencionadas o solo con algunas de ellas? ¿Cuántas antenas se necesitan para cubrir todas estas bandas y puertos?
Paso 5: Categorizar con estructuras de torre
De acuerdo a las estructuras de torre y su capacidad de carga, se deben categorizar los sitios y seleccionar la mejor solución de antena para ellos.
“Por ejemplo, para nuevos sitios se usará una nueva antena de 22 puertos; para sitios de estructura media se usarán 2 antenas existentes, de 14 puertos con 8 puertos de antenas; mientras que para sitios de estructuras de servicio pesado será mejor utilizar nuevos 6 puertos con 8 puertos existentes, y antenas de 8 puertos con control de haz. Si se siguen estos pasos se deberá tener un plan para la implementación y modernización de las redes inalámbricas preciso y eficiente”, finalizó Elie Kanakri, technical marketing manager - EMEA / APAC en CommScope.

5 pasos para la modernización de la red inalámbrica

Read More

Copyright © News Informanet | Designed With By Blogger Templates
Scroll To Top