La reconfiguración reciente y en curso del corpus institucional de las telecomunicaciones en México, tras la próxima extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), da cause a una transición hacia un modelo fragmentado entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y un nuevo organismo de competencia económica.
Este cambio, resultado de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica y las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), promete transformar digitalmente a nuestro país, pero también plantea serios desafíos estructurales y operativos.
Nuevo Panorama Regulatorio. La reforma constitucional aprobada recientemente establece un nuevo marco institucional que redistribuye las funciones previamente concentradas en el IFT.
A partir de enero de 2025, la ATDT asumirá la responsabilidad de la política pública en telecomunicaciones, mientras que la SICT será la encargada de las licitaciones y supervisión del espectro radioeléctrico, así como de las concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones.
Este enfoque difuso de facultades podría generar incertidumbre e incrementar los costos entre los agentes regulados, quienes se enfrentarán a una “doble o triple ventanilla” para realizar sus trámites y cumplir con sus obligaciones regulatorias.
Desafíos del Rediseño Institucional. Uno de los principales riesgos de este rediseño es la potencial carencia de coordinación entre las nuevas entidades.
Los conflictos de competencia y la duplicidad de esfuerzos podrían convertirse en barreras adicionales, al incrementar los costos administrativos y mermar la eficiencia operativa del sector.
Otro aspecto preocupante de esta transición es la posible pérdida de capital humano especializado. El IFT, durante su existencia ha formado y acumulado una considerable cantidad de experiencia y conocimientos técnicos que resultan en una condición sine qua non para una regulación eficaz.
La falta de continuidad del personal competente podría impactar negativamente en la capacidad de las nuevas entidades para abordar los retos del sector.
Presupuesto: Contrastes y Retos. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2025 apunta a una drástica reducción de 70.2% en los recursos destinados al IFT, dejando al órgano regulador con $500 millones de pesos (mdp) para concluir sus operaciones y liquidar a su personal.
En contraste, la ATDT se inaugura con un presupuesto robusto de $3,010 mdp, lo que enfatiza la
intención del gobierno de centralizar funciones relacionadas con la transformación digital y la inclusión tecnológica.
No obstante, la redistribución de funciones también recae sobre entidades ya existentes, como la SICT, que recibirá un aumento presupuestal de 4.8% para asumir responsabilidades críticas en telecomunicaciones y radiodifusión. Este incremento podría resultar insuficiente frente a las crecientes demandas regulatorias y operativas.
Hacia una Legislación Secundaria Sólida. El eventual éxito de esta reestructuración institucional dependería en gran medida de una legislación secundaria que se emita para dar cauce al nuevo modelo.
Es imperativo, entonces, que esta legislación sea integral y esté respaldada por un análisis técnico sesudo. De lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar la incertidumbre y dificultar la transición hacia un sistema más eficiente.
Aunque el rediseño institucional puede ofrecer una oportunidad para abordar temas clave como la transformación digital, la ciberseguridad y la inclusión tecnológica, también introduce riesgos significativos que podrían comprometer el desarrollo del sector. La fragmentación de competencias, la falta de coordinación y la pérdida de capital humano son retos que deben ser atendidos con urgencia.
En un momento en el que la conectividad y la innovación son esenciales para el crecimiento económico y social, el futuro de las telecomunicaciones en México está en juego. La pregunta clave es si el nuevo modelo logrará cumplir con las expectativas de modernización o si, por el contrario, representará un retroceso en los avances alcanzados en la última década.
viernes, 20 de diciembre de 2024
lunes, 22 de julio de 2024
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jueves, 20 de julio de 2023
Ernesto Piedras
El espectro radioeléctrico es un recurso esencial para la provisión de servicios de telecomunicaciones, pero los operadores enfrentan una onerosa carga por su uso y aprovechamiento México.
Además, es un insumo esencial por el que viajan nuestra voz y datos de telecomunicaciones. Ha quedado demostrada su relevancia para dotar de continuidad y ubicuidad en la realización de actividades diversas de comunicación, productividad, educación, entretenimiento, culturales, seguridad, entre otras por parte de toda nuestra sociedad.
Desde hace varios años, ha sido objeto de controversia e inconformidad generalizada el régimen gravoso existente por el uso del espectro radioeléctrico en México, especialmente con respecto a los derechos que se fijan por la autoridad fiscal y la Cámara de Diputados cada año.
Costos del Espectro en la Métrica Internacional. Los operadores incurren en dos pagos por la tenencia de espectro, el valor inicial que definen al momento de ganar una licitación (conocido como ‘guante’) y derechos anuales.
En el comparativo internacional, el caso de México destaca por fijar un pago de cuotas anuales de alrededor de 85% del valor total que deben pagar los operadores por su uso. De acuerdo con la GSMA, esto representa 4 veces más (20%) de lo que se registra en el promedio de países de Latinoamérica.
Adicionalmente, el costo total por el espectro supera en todas las bandas los niveles fijados a nivel internacional, lo que evidencia su elevada carga no sólo entre los países de la región, sino también alrededor del mundo.
Una de las principales críticas a la fijación de derechos anuales es que no se alinean a las condiciones y evolución sectorial, sino que persiguen objetivos y necesidades recaudatorias, imponen barreras artificiales a la incursión y desarrollo de operadores competidores, así como obstaculizan la mayor disponibilidad y mejor calidad de los servicios.
Daños y Perjuicios por la Política Onerosa. Los altos costos por espectro en México constituyen un escenario de pérdidas económicas para el sector de telecomunicaciones. Pierden los operadores al enfrentar una carga onerosa que les impide proveer servicios en mejores condiciones para los usuarios, pierden estos también al verse impedidos a acceder a más y mejores ofertas. Asimismo, pierde el gobierno al recaudar menos por el espectro, ante las recientes devoluciones, frecuencias desiertas y manifestaciones de no participar en licitaciones futuras a menos que bajen los derechos anuales.
Particularmente, este régimen equivocado es gravoso para los operadores competidores y lesivo para la competencia del mercado móvil. Precisamente, esa fue la razón por la que el Estado incurrirá en pérdidas de alrededor de 13.6 mil millones de pesos (mmp) entre 2020 y 2023, por la devolución de frecuencias completa por parte de Movistar y parcial por AT&T, aunado a aquellas que no fueron asignadas en licitaciones previas.
En 2023, se proyecta que se recaudarán $17.4 mil millones de pesos (mmp), 5.5% menos que en 2022, circunstancia que indica una contribución cada vez menor por concepto de cuotas anuales por el espectro.
Con todo, México ha incurrido en enormes pérdidas al tener una estructura onerosa de derechos anuales por el uso del espectro radioeléctrico, que merma los incentivos a la participación en los procesos licitatorios, pero también frena la entrada y desarrollo de los proveedores de servicios móviles. Ello debe ser considerado en la próxima definición de los derechos anuales para 2024 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
jueves, 22 de septiembre de 2022
Ernesto Piedras
sábado, 24 de octubre de 2020
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domingo, 11 de octubre de 2020
By Ernesto Piedras | Samuel Bautista
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jueves, 17 de septiembre de 2020
- Es un tema que va más allá de las filiaciones políticas, afirma el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda
- Empresarios piden revisar propuesta de aumentar el cobro de derechos por uso del espectro radioeléctrico
En el foro de análisis sobre los Criterios Generales de Política Económica 2021 y reformas a la Ley Federal de Derechos, empresarios y especialistas del sector de telecomunicaciones manifestaron sus preocupaciones, respecto al posible aumento en el cobro por el uso del espectro radioeléctrico y pidieron revisar esta propuesta, que se incluye en el Paquete Económico del gobierno federal.
Además, en el encuentro, organizado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, la Concanaco planteó la creación, de manera urgente, de una ley general de reactivación económica y pidió no temer miedo al endeudamiento para enfrentar la actual crisis.
El presidente de la Comisión, Alejandro Armenta Mier, dijo que más allá de filiaciones políticas con estos foros “queremos que haya justicia tributaria y distributiva” para que el que gane más pague más y el que gane menos pague menos”. Además de que se alcance una mayor distribución de la riqueza.
Dijo que en el Senado de la República “entendemos a los sectores productivos como ejes centrales del desarrollo”, por lo que sus aportaciones se harán llegar a la Cámara de Diputados.
“Y, sin subjetividades partidarias; recogemos la preocupación, molestia e inconformidad de empresarios que le han cumplido a México y que no han sentido la reciprocidad del SAT para la devolución del IVA”, expresó el senador.
La senadora Minerva Hernández Ramos, del PAN, agradeció la participación de los sectores productivos del país en este ejercicio, donde -aseguró- la joya de la corona en materia de Ley de Ingresos son las telecomunicaciones, porque en medio de esta crisis sanitaria, de educación, de inseguridad y económica, se realizar acciones que no repercutan en un incremento de precios contra la paupérrima y deteriorada economía de los mexicanos; además de que nuestra economía está prendida con alfileres, señaló.
Carlos Ernesto Molina Chávez, titular de la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó que las modificaciones que se proponen a la Ley Federal de Derechos buscan actualizar las cuotas, hacer un cobro correcto por los servicios públicos y evitar que se desvirtúe el objetivo de cada derecho.
Indicó que en áreas, como la de aguas residuales, minería y telecomunicaciones hay un análisis más complejo, pues se revisa que la prestación de los servicios refleje el costo de lo que le corresponde al Estado y el pago de los particulares por el aprovechamiento de bienes de la nación.
En tanto, Karina Ramírez Arias, titular de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de Hacienda, expuso que el objetivo es establecer cuotas justas. Refirió que las propuestas de actualización se realizaron en conjunto con diversas dependencias federales, donde el principal criterio que se tomó es recuperar los costos por los servicios públicos y hacer un uso racional de los recursos.
Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Público, reconoció que el Gobierno Federal presentó para 2021 un proyecto de Presupuesto de Egresos fiscalmente responsable, pero, acotó, las proyecciones en las que está basado el plan para el cierre de 2020 y 2021 “son demasiado optimistas”.
Los especialistas, agregó, estiman una caída del Producto Interno Bruto del 10 por ciento en este año y para el siguiente prevén un crecimiento de menos del tres por ciento, pero el gobierno estimó una contracción del ocho por ciento en 2020 y un crecimiento del 4.6 por ciento para 2021.
Además, dijo, se fija un precio del petróleo de 42 dólares por barril cuando el promedio ha sido de 33 dólares y la plataforma de producción ha registrado un promedio de mil 670 millones de barriles diarios, peor la proyección es de mil 853 millones de barriles diarios. Estas sobreestimaciones, advirtió Carlos Hurtado, “no traerá los recursos suficientes por la recaudación fiscal y en ingresos en general para 2021”.
Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sugirió que se revise la propuesta del Ejecutivo para no incrementar el cobro de derechos por el uso del espectro radioeléctrico y en el sector de la minería.
Señaló que en el Paquete Económico se identificó un aumento de hasta 55 por ciento para el uso y aprovechamiento de distintas bandas del espectro radioeléctrico, lo que podría ocasionar una reducción en la recaudación del Estado, atentar contra la neutralidad competitiva, impactar de manera diferenciada la red compartida, contravenir los principios de libre mercado establecidos en el T-MEC y poner en riesgo la rentabilidad del sector.
Destacó que este cobro es más alto en México, que en el resto de América Latina y que algunas economías elevadas. Recordó que los altos costos obligaron a uno de los operadores móviles a devolver sus concesiones el año pasado.
Respecto al aumento en los derechos ordinarios, especial y extraordinarios en la minería, Pablo Mendoza lo consideró inadecuado y recomendó revalora la propuesta, pues podría generar un efecto muy importante en el sector y poner en duda “la progresividad y equidad del régimen”.
Edgar Nolasco Estudillo, vicepresidente de Financiamiento al Desarrollo Económico y Empresarial de Concanaco, propuso crear de manera urgente una ley general de reactivación económica, que incluya el establecimiento de un consejo económico.
Planteó que este consejo funcione de manera temporal y tenga la finalidad “de encausar el rumbo” y ayudar a reconformar una política económica contracíclica. Precisó que dicha ley buscaría que se retome la rectoría del Estado, que tiene que ir más allá de una mano invisible, así como promover la inversiones y competitividad del país.
El empresario pidió no tener miedo al endeudamiento, ya que es recomendación de izquierda y de derecha, teórica y conceptual que se está aplicando en todo el mundo. Agregó que la recuperación económica se debe basar en las inversiones y creación de empleo, a través de una intervención estatal, además de aprovechar la nueva inercia de la economía internacional.
Cuestionó que “una propuesta que anda por ahí” de otorgar un salario mínimo, como transferencia directa a toda la población mexicana. “Me parece que eso tampoco es muy viable”, expresó.
Nolasco Estudillo opinó que se debe adecuar el Plan Nacional de Desarrollo a las nuevas circunstancias y que el Presupuesto Público y federalismo fiscal sea discutido en ambas cámaras.
Gabriel Székely, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, advirtió que en la Ley Federal de Derechos se plantea que “los concesionarios móviles paguen más por el espectro, que subirán los costos del servicio de Internet cuando todavía vivimos los efectos de una crisis sanitaria que ha puesto de manifiesto la desigualdad digital y social”.
Urge reducir los derechos en esta materia no subirlos, como se pretende, por ejemplo para la banda de 850 megahertz que registraría el año que viene un incremento del 52 por ciento, que representaría más de tres mil millones de pesos, en contraste con los dos mil millones de pesos que se pagaron en 2018.
Para reducir la desigualdad digital, propuso, los precios del espectro deben ser determinados por el mercado mediante subastas competitivas y no en escritorios. “Se exige a la industria bajar precios y lo han hecho más del 40 por ciento en los últimos cuatro años, pero el costo del espectro se sube por decreto o además tiene un ajuste inflacionario anual”.
Héctor Juan Villarreal Páez, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), urgió establecer un Consejo Digital en el Poder Legislativo porque -dijo- hay muchas inconsistencias en el análisis económico que no se están revisando y con el fin de que no solo la Secretaría de Hacienda hable de proyecciones económicas. Recomendó tomar más en cuenta los pasivos contingentes, como las pensiones, y para ello -indicó- se tiene que aumentar la base recaudatoria para hacerles frente.
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martes, 16 de octubre de 2018
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martes, 28 de agosto de 2018
Planificar la modernización de la red inalámbrica es vital para maximizar los beneficios y evitar gastos innecesarios
La inminente llegada de 5G, el incremento exponencial del número de dispositivos conectados a la red y la necesidad de mayor ancho de banda han obligado a lo proveedores de servicios a buscar mejores soluciones para los usuarios. Al estar disponibles nuevas bandas de frecuencia, como las de 700, 800, 1400MHz, los operadores deben revisar las formas más inteligentes de actualizar su red inalámbrica, especialmente cuando se trata de desplegar un nuevo espectro en las antenas de estación base. “Aunque el dominio de radiofrecuencia (RF) está cambiando rápidamente, es mejor planificar cuidadosamente la modernización de red para maximizar los beneficios y minimizar los costos a largo plazo”, mencionó Elie Kanakri, technical marketing manager - EMEA / APAC en CommScope. Además del diseño, la planificación que los proveedores de redes móviles deben hacer incluye la selección de nuevas antenas, ante lo cual Elie Kanakri describe 5 pasos que pueden ayudarlos a tomar esta decisión: Paso 1: Comprender la matriz del espectro de radio Resulta fundamental comprender las bandas de frecuencia actuales y futuras que el operador planea usar, al menos durante los próximos cinco años, y saber cuándo estas bandas estarán disponibles, de tal forma que esta información sirva como una guía para la selección de BSA. Paso 2: Agregar tecnologías a la matriz de frecuencia “Teniendo en cuenta la generación de tecnología, el orden MIMO, las funciones utilizadas como la dirección del haz, y los tipos de módulos de radio, el paso siguiente deberá ser vincular las tecnologías a las bandas de frecuencia enumeradas, lo que permitirá maximizar los beneficios”, añadió Elie Kanakri. Paso 3: Utilizar combinadores Los combinadores se utilizan principalmente para reducir el número de cables y puentes en ejecución y compartir dos, tres o cuatro bandas o tecnologías de frecuencia en los mismos puertos de antena. El uso de combinadores hará que el operador comparta la misma configuración de inclinación electrónica con todas las secciones combinadas. De esta forma, al ingresar a la matriz de frecuencia y agregar los combinadores, se identifica la cantidad total de puertos RF necesarios. Paso 4: Comprobar las antenas de red actuales Verificar el inventario de la red actual, el almacén y las antenas instaladas será de vital importancia para corroborar si éstas son adecuadas para soportar la modernización. Algunas preguntas que se deben hacer son: ¿Sus antenas son compatibles con todas las bandas de frecuencia mencionadas o solo con algunas de ellas? ¿Cuántas antenas se necesitan para cubrir todas estas bandas y puertos? Paso 5: Categorizar con estructuras de torre De acuerdo a las estructuras de torre y su capacidad de carga, se deben categorizar los sitios y seleccionar la mejor solución de antena para ellos. “Por ejemplo, para nuevos sitios se usará una nueva antena de 22 puertos; para sitios de estructura media se usarán 2 antenas existentes, de 14 puertos con 8 puertos de antenas; mientras que para sitios de estructuras de servicio pesado será mejor utilizar nuevos 6 puertos con 8 puertos existentes, y antenas de 8 puertos con control de haz. Si se siguen estos pasos se deberá tener un plan para la implementación y modernización de las redes inalámbricas preciso y eficiente”, finalizó Elie Kanakri, technical marketing manager - EMEA / APAC en CommScope. |