La conectividad móvil de quinta generación (5G) ya no es una promesa futura. Es una realidad que está transformando industrias, modelos de negocio y servicios públicos en buena parte del mundo. Europa y Asia lideran el despliegue global con más de 190 redes en conjunto, mientras que África ha superado a América Latina en número de redes activas.
De acuerdo con una análisis de The Competitive Intelligence Unit, nuestra región contabiliza 50 redes 5G, quedando por debajo de África, que ya suma 56. El avance de Africa ha sido posible gracias a regulaciones flexibles, uso temporal de espectro y financiamiento internacional, factores que contrastan con los altos costos y retrasos que enfrentan muchos países latinoamericanos. En ese contexto, Brasil y Chile destacan como excepciones: ambos lanzaron licitaciones en 2021 que detonaron inversiones importantes y aceleraron el despliegue de redes. México, en cambio, opera sin una hoja de ruta clara ni condiciones propicias para competir.
El caso mexicano resulta preocupante. La banda de 3.5 GHz, considerada la principal para servicios 5G, continúa ocupada por concesiones heredadas o procesos de reordenamiento inconclusos. Las bandas medias como la 2.5 y la 3.45 GHz tampoco han sido plenamente aprovechadas. La falta de licitaciones ha limitado a los operadores a ofrecer servicios “5G” anclados en redes 4G, muy lejos de las capacidades reales de esta tecnología.
Más allá de la cobertura, 5G representa una plataforma para habilitar nuevos sectores productivos. En Corea del Sur se enfocaron en experiencias de consumo; en Alemania, en fábricas inteligentes; en Brasil, en agricultura de precisión. ¿Y en México? Tenemos corredores logísticos, zonas automotrices y clústeres manufactureros que podrían beneficiarse de redes privadas y servicios de baja latencia, pero no se ha articulado una política pública que alinee esas necesidades con una planificación del espectro.
La cancelación de la licitación prevista para 2024, debido a los cambios institucionales y legislativos que estamos viviendo, evidencia el desorden en materia de política digital. Esta inacción deja al país sin las herramientas necesarias para una transformación estructural y, lo más grave, nos margina de los beneficios económicos y sociales que otros países ya están capturando.
México necesita una hoja de ruta transparente, con un calendario de subasta inamovible, tarifas de espectro acordes a la realidad del mercado, incentivos a la inversión y adopción de mejores prácticas internacionales. El futuro no esperará a que terminemos de ponernos de acuerdo.
La pregunta ya no es si vamos a desplegar 5G, sino cuándo, cómo y en qué condiciones. De no actuar con visión y urgencia, México puede quedar atrapado en una conectividad a medias, mientras el mundo avanza a toda velocidad.
