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sábado, 14 de diciembre de 2024

 by Daniel Cabrera

  • Con la llegada del nuevo gobierno, el sector de las telecomunicaciones enfrenta una transformación de su corpus institucional y regulatorio
  • La reforma constitucional en materia de simplificación orgánica y las modificaciones a la LOAPF inauguran un nuevo capítulo para la regulación y la competencia económica sectorial
  • Las funciones hasta ahora otorgadas al IFT se dividirán entre la SICT, la ATDT y un nuevo organismo de competencia económica, lo que podría generar incertidumbre y mayores costos administrativos para los agentes regulados
  • A pesar del potencial para modernizar servicios y reducir brechas digitales, el éxito del nuevo modelo dependerá de una legislación secundaria integral y técnicamente sólida

Con la llegada de la nueva administración, el sector convergente de las telecomunicaciones y radiodifusión se enfrenta a una transformación institucional y regulatoria.

Con la aprobación de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica y las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), se inaugura un nuevo capítulo para la regulación y la competencia económica sectorial.

Al comienzo del año 2025, comenzará a operar la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una nueva dependencia al nivel de una secretaría de Estado que absorverá las facultades de política pública en materia de telecomunicaciones.

En lo que toca, a la licitación y supervisión del aprovechamiento del espectro radioeléctrico, así como el otorgamiento, revocación y autorización de cambios en el control accionario de concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones, las facultades serán transferidas a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT).

Mientras que en materia de competencia económica, queda pendiente la conformación de la entidad que velará por nivelar el terreno de juego entre los jugadores del mercado.
 
Transición Institucional: El Camino Hacia Adelante

A pesar de haber generado un clima de incertidumbre respecto al futuro institucional del sector, en días recientes fue turnada para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional que da paso a un nuevo régimen institucional sectorial. Ello tras la publicación del decreto que creó a la ATDT a finales de noviembre pasado.

A continuación, deberá publicarse la legislación secundaria que aborde de manera integral y técnica este nuevo marco institucional y se prevé que el IFT continúe operando en gran parte de 2025.

Entre los aspectos de lo que va del proceso, amerita destacar la creación de una "doble (o triple) ventanilla", ya que las funciones hasta ahora otorgadas al IFT se dividirán entre la SICT, la ATDT e incluso en un nuevo organismo de competencia económica, lo que podría generar incertidumbre y mayores costos administrativos para los regulados.

Otro desafío en esta reestructuración institucional es la potencial falta de coordinación entre los nuevos organismos, lo que podría redundar en conflictos competenciales y esfuerzos duplicados. Adicionalmente, se corre el riesgo de una pérdida significativa de capital humano especializado.
 
Asignación Presupuestal para 2025

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, se contempla una drástica reducción presupuestal de 70.2% con respecto al monto proyectado para el IFT que tan sólo recibirá $500 millones de pesos (mdp). Estos recursos estarán principalmente destinados a la conclusión de actividades y al pago de liquidaciones para sus trabajadores de confianza y por honorarios, así como para aquellos que opten por el retiro voluntario o anticipado.

En contraste, la ATDT se crea con un presupuesto de $3,010 mdp, al captar una asignación de funciones de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, el Servicio Postal Mexicano, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), la Agencia Espacial Mexicana, el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC), la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la Dirección de la Red de Telecomunicaciones, la Dirección de la Red Troncal, la prestación del servicio público de telégrafos, los giros telegráficos nacionales e internacionales, los servicios financieros y financiamiento, a cargo de Financiera para el Bienestar.

Por otro lado, el nuevo esquema regulatorio en telecomunicaciones fortalece el papel de la SICT, que, con un presupuesto incrementado a $147,511 mdp (4.8% más que el proyectado), deberá asumir funciones críticas en regulatoria de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
 

Asignación Presupuestal a Entidades del Sector de Telecomunicaciones
(Millones de Pesos y Crecimiento vs. Monto Proyectado)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del PPEF y PEF 2025

En conclusión, el nuevo modelo regulatorio que introduce la ATDT y reasigna las facultades y obligaciones hasta ahora otorgadas al IFT representa un cambio estructural significativo, aunque subóptimo, para la regulación y la competencia económica en el sector de telecomunicaciones en México.

A pesar de que la ATDT centraliza diversas funciones y capta recursos de organismos previamente establecidos, este rediseño plantea desafíos relacionados con la fragmentación de competencias, el reestablecimiento de dobles ventanillas, la pérdida de capital humano especializado, así como posibles conflictos jurisdiccionales.

Si bien se abren nuevos enfoques gubernamentales como la transformación digital, la ciberseguridad, la economía de datos y la inclusión tecnológica con el potencial de modernizar servicios y reducir brechas digitales, estos objetivos dependerán de una ejecución eficiente y de una legi
slación secundaria que aborde los vacíos y potenciales contradicciones.

Telecomunicaciones: Un Nuevo Marco Institucional

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lunes, 28 de octubre de 2024

 

  • Con esta enmienda, además, se podrán construir poco más de un millón de viviendas en seis años, asegura Cantón Zetina



Por unanimidad, senadores de la república aprobaron en comisiones el dictamen por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política, a fin de establecer un sistema de vivienda con orientación social para las y los trabajadores. 


Con 33 votos a favor, las comisiones de Puntos Constitucionales; Reordenamiento Urbano y Vivienda; y de Estudios Legislativos, que presiden los senadores Óscar Cantón Zetina, Luis Armando Melgar Bravo y Enrique Inzunza Cázarez, respectivamente, aprobaron sin cambios la minuta que envió al Senado la Cámara de Diputados. 


Plantea que toda empresa estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a las personas trabajadoras viviendas adecuadas, obligación que se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores.


Dicho fondo, añade el proyecto, establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes, que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá adquirir suelo y construir vivienda, en los términos que fije la ley.


La reforma constitucional dispone que la ley establezca los términos y condiciones para que las personas trabajadoras puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad. Y precisa que la mensualidad del arrendamiento social no pueda exceder del 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras.


Por último, determina que, en cualquier caso, se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia; además, la ley preverá mecanismos para evitar discrecionalidad o injerencias arbitrarias que limiten el acceso a este derecho.


El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, aseguró que con esta reforma se podrán construir poco más de un millón de viviendas en seis años, lo que es relevante para la ciudadanía.


Añadió que la reforma constitucional resuelve el “enorme problema” de establecer la responsabilidad directa del Estado para asegurar que todos los trabajadores tengan acceso a una vivienda digna y adecuada, lo cual, además, ayudará a disminuir la pobreza y la desigualdad en el país.


Luis Armando Melgar Bravo, presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, añadió que, de ese millón de viviendas proyectadas para el sexenio, 165 mil se edificarán en 2025, entre las que habrá varias para renta, lo que beneficiará especialmente a jóvenes cuyos ingresos no les permite alquilar un hogar.


“Esta reforma es sensible, tiene una enorme visión porque está viendo un país con una necesidad de jóvenes que lo mínimo que esperan es tener un techo una vez que terminan su educación, y es responsabilidad de todos que esto se dé, porque no hay que olvidar que aquí participamos todos: empresa, sector social y el gobierno”, sostuvo.


Por Morena, Andrea Chávez Treviño destacó que con la reforma la gente tendrá derecho a una vivienda con acceso a servicios básicos y públicos, además de que eliminará malas prácticas de varios políticos en donde los trabajadores “estaban condenados a una estructura clientelar” para que les pudieran dar acceso a un hogar.


Mayuli Latifa Martínez Simón, del PAN, indicó que, según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal, una vivienda en México asciende a un millón 700 mil pesos, pero va variando de acuerdo a las entidades federativas y se ha incrementado hasta en un cinco por ciento anual, lo que hace que miles de trabajadores no puedan de obtenerlas, por lo que aceptó que esta reforma es muy importante, pero consideró que se deben clarificar algunos conceptos del proyecto, e incluir a los trabajadores del Estado.


Del PRI, la senadora Mely Romero Celis aseguró que esta iniciativa “va en el sentido correcto”, porque permitirá encontrar una vía de solución para las viviendas abandonadas y se ampliará el acceso a créditos; pero consideró que este proyecto será una solución para quienes tienen un empleo formal y no para los millones de trabajadores que están en la informalidad, sobre todo los jóvenes que están en esta situación.


A favor del dictamen, Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, destacó que, aunque se ha avanzado en la política pública, aún se enfrenta un déficit de más de ocho millones de personas que carecen de vivienda digna, por lo que es necesario desburocratizar los accesos a créditos para trabajadoras y trabajadores.


Alejandro González Yáñez, también del PT, precisó que los aportes generales de la reforma son el acceso a crédito barato y suficiente para adquirir, mejorar, construir vivienda y suelo; además de establecer que la mensualidad de arrendamiento social no excederá al 30 por ciento del salario mensual de un trabajador. “En las leyes secundarias esto se debe precisar, porque una Constitución debe ser genérica”, puntualizó.


Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, celebró las reformas a la política de vivienda, ya que aproximadamente existen 35 millones de personas que viven en hacinamiento, lo cual afecta en primer lugar el desarrollo de la infancia. Señaló como pendientes atender el derecho a vivienda de trabajadores en la informalidad y favorecer la autoconstrucción.

Avanza en comisiones del Senado reforma constitucional para facilitar a trabajadores la adquisición de vivienda

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miércoles, 25 de septiembre de 2024

 
  • El dictamen fue aprobado con 86 votos de Morena, PT, PVEM y uno del senador Miguel Ángel Yunes Márquez; 42 legisladores del PAN, PRI y MC votaron en contra.
 
 
Tras casi nueves horas de debate, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional para consolidar a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personas militar con formación policial, dependiente del ramo de Defensa Nacional.
 
Previo a la votación, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, aseguró que el dictamen es una oportunidad para profesionalizar el trabajo de las instituciones implicadas en garantizar la seguridad pública.
 
En lo general, la asamblea respaldó sin cambios la minuta que envió la Cámara de Diputados, con 86 votos de Morena, PT, PVEM y uno del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN; y 42 en contra del PRI, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, por lo que alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación.
 
Previamente, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron votos particulares en contra del dictamen, porque consideraron que “la estrategia de militarizar la seguridad pública ha sido un absoluto fracaso en nuestro país”.
 
Ricardo Anaya Cortés, de Acción Nacional, subrayó que, con el arranque de la militarización, en el sexenio de Felipe Calderón, se disparó el número de homicidios y alcanzó 120 mil casos; estrategia que continuó con Enrique Peña Nieto y provocó alrededor de 160 mil muertes violentas; y con el presidente Andrés López Obrador cerrará el sexenio con más de 200 mil homicidios, lo que evidencia lo fallido de este esquema.
 
En este apartado defendieron la reforma legisladores de Morena y del Partido del Trabajo, al considerar que dará paso a un modelo de seguridad efectivo, que combine las capacidades operativas y la disciplina militar, con el enfoque de los derechos humanos de las instituciones civiles.
 
Alejandro González Yáñez, del PT, señaló que el PAN involucró al Ejército en tareas de seguridad pública sin un marco jurídico adecuado, pero “nosotros no queremos que la Guardia Nacional” se descomponga como pasó con la Policía Federal, que tenía bajo su mando a Genero García Luna.
 
Posteriormente, en el pleno del Senado, los Grupos Parlamentarios fijaron su postura en torno al proyecto de decreto.
 
Por Morena, Omar García Harfuch destacó que ante las condiciones de algunas comunidades -que no cuentan con policías suficientes-, y el poder de fuego de la delincuencia organizada, se requiere forzosamente a la Guardia Nacional para lograr la pacificación del país. Un retroceso en la consolidación de esta institución -advirtió-, implicaría empezar de cero en la construcción de un nuevo cuerpo de seguridad.
 
Francisco Javier Ramírez Acuña reiteró que Acción Nacional votará en contra del dictamen, porque “no estamos de acuerdo en que las autoridades civiles, responsables de la inseguridad pública, trasladen la solución de los problemas a las Fuerzas Armadas”, una estrategia que después de 18 años ha demostrado su fracaso.
 
Por su parte, Manuel Añorve Baños, del PRI, afirmó que, “con la militarización” de la Guardia Nacional “el oficialismo está confesando su incapacidad” de darle seguridad a México, pues busca culpables en el pasado y quiere que el Ejército cargue con su “incompetencia”; mientras el gobierno siga “improvisando”, señaló, la gente seguirá “sufriendo” en las calles.
 
Juanita Guerra Mena, del PVEM, se pronunció a favor de trasladar la confianza que el pueblo de México le tiene a la Marina, al Ejército y a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, y de contar con un marco jurídico que respalde su actuación en esta materia.
 
En tanto, Alberto Anaya Gutiérrez, del PT, dijo que, para garantizar la pacificación del país, es necesario que la Guardia Nacional se coordine con la Secretaría de la Defensa Nacional, pues ello aseguraría preparación, disciplina, profesionalismo y que se blinde contra cualquier esfuerzo que pretenda corromperla.
 
Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano señaló que la minuta no brinda una solución de fondo, estructural, ni duradera en materia de seguridad, pues “fractura” la separación entre el poder civil y el militar, lo que “distorsiona” el diseño institucional del Estado mexicano.
 
En lo particular, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano registraron reservas para modificar diversos artículos del dictamen, las cuales se integrarán al Diario de los Debates, pero no fueron aceptadas por la asamblea.
 
Desde la tribuna, Ivideliza Reyes Hernández, de Acción Nacional, insistió en que la reforma constitucional a la Guardia Nacional no sólo pone en riesgo la seguridad ciudadana, sino que también desafía los principios democráticos.
 
En tanto, Félix Salgado Macedonio, de Morena, pidió al pueblo de México que tenga la esperanza de que la paz pública será una realidad en nuestro país, porque ya se aprobó la reforma al Poder Judicial. “Mientras haya ministros, magistrados y jueces corruptos, que liberan a los delincuentes, nunca se podrá lograr” este objetivo, señaló.
 
De esta forma, los artículos reservados fueron aprobados en los términos del dictamen con 86 votos a favor y 42 en contra, por lo que, en punto de las seis de la mañana con 29 minutos, la reforma constitucional fue aprobada en lo general y en lo particular y remitida a las legislaturas estatales.

Senado aprueba reforma a la Guardia Nacional y envía el documento a las legislaturas estatales

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miércoles, 18 de septiembre de 2024

 
  • Reitera que se cumplieron los tiempos parlamentarios, por lo que no hay forma de detener su implementación
 

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy Ramos, aseveró que en la Cámara de Senadores están “preparados para defender la reforma al Poder Judicial”.
 
En entrevista, la legisladora subrayó que los tiempos y procedimientos parlamentarios para desahogar este proyecto se respetaron conforme a lo estipulado en la ley, por lo que no se puede detener la puesta en marcha de la reforma constitucional.
 
Además, indicó que las suspensiones provisionales emitidas por jueces federales para evitar la discusión, aprobación y publicación de la reforma no tenían jurisdicción, y era evidente que “no podían detener al poder reformador”.
 
Ernestina Godoy denunció que, con las suspensiones provisionales del proyecto, el Poder Judicial es “juez y parte”, por lo que estarán atentos a cualquier mecanismo jurídico que busquen impulsar para evitar su implementación.
 
La senadora de Morena denunció una actitud revanchista por parte de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, pues su actitud no ha sido cuidadosa, incluso de las formas jurídicas.
 
“Ella es abogada, es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede debilitar a las instituciones”, declaró.
 
Godoy Ramos expresó que la confrontación iniciada por integrantes de la SCJN no beneficia a nuestro país. En este sentido, hizo un llamado a las y los ministros a entablar un diálogo que permita la correcta ejecución de la reforma.
 
También pidió a los integrantes de la Suprema Corte que tomen con mucha responsabilidad la propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama, para crear una comisión de transición, dirigida a coadyuvar a la implementación de la reforma constitucional.

Afirma Ernestina Godoy que en el Senado están preparados para defender la reforma judicial

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viernes, 30 de agosto de 2024

 


Ernesto Piedras

La iniciativa de extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la implementación de un modelo en el que sus atribuciones quedarían en manos del Ejecutivo Federal podría resultar en una regresión institucional que colocaría al sector no sólo antes de la Reforma Constitucional de 2013, sino antes de 1996, época en la que prevalecía una estructura de mercado de monopolio privado y sin un órgano con atribuciones para regular la competencia en el mercado de telecomunicaciones en México.


El Rol del Regulador Sectorial. Como en el principio de los tiempos de la privatización, previo a 1996, no existía ninguna autoridad sectorial.

La creación por decreto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), en un acto simple en agosto de 1996, respondió a la necesidad de abrir los mercados y regular el sector, aunque careció en su origen de un reglamento y atribuciones sancionatorias.

Casi dos décadas después, se identificó la necesidad de contar con un órgano con facultades incrementales y autonomía para transitar hacia una estructura de competencia efectiva, reducir las barreras a la entrada y erradicar las prácticas anticompetitivas en los mercados.

El carácter convergente que ganó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como resultado de la evolución de la COFETEL, ha permitido, como apunta el propio organismo en su más reciente posicionamiento, no sólo la reducción de precios de 32.1% en los servicios de telecomunicaciones en los últimos 11 años, sino también una expansión en la disponibilidad y accesibilidad de la conectividad que hace que 81.2% de la población sea usuaria de internet.

Asimismo, la administración más eficiente y transparente del espectro radioeléctrico ha hecho que hoy contemos con redes de 5G y la promoción de las inversiones en infraestructura de redes se ha traducido en que la mayoría de las conexiones de banda ancha fija superen velocidades de 50 Mbps.

Si bien el camino hacia la competencia efectiva sectorial requiere de una mejora continua de los marcos regulatorios y normativos actuales, se reconoce que el camino a seguir debe ser la preservación de facultades fundamentales hasta ahora otorgadas al IFT.

¿Cuál Debería Ser el Modelo Institucional? Ante la inminente simplificación orgánica, el modelo institucional a seguir debe conservar cinco facultades esenciales.

En primer lugar, la autonomía en las decisiones, agnósticas al vaivén y las decisiones políticas. Dos, la promoción de la competencia efectiva con mecanismos de regulación asimétrica temporales hasta alcanzar la tan esquiva competencia efectiva y que aseguren su eficacia, ante la persistente y excesiva concentración de América Móvil en diversos mercados. Tres, el otorgamiento de concesiones y licencias del espectro bajo los principios de transparencia y eficiencia. Cuatro, la implementación de sanciones en el caso de la comisión de prácticas anticompetitivas en los mercados de telecomunicaciones. Y cinco, la supervisión del eficiente desarrollo sectorial.


La transición institucional sin la conservación de estas facultades podría resultar en una regresión a una estructura monopólica, menores alternativas y mayores precios de las telecomunicaciones para los consumidores, menores incentivos al ejercicio de inversiones en infraestructura y consecuentemente, una obsolescencia tecnológica en la provisión de los servicios.

Hoy más que nunca, se debe a toda costa, preservar la especialización y autonomía de la autoridad regulatoria para atender necesidades sectoriales específicas y combatir las distorsiones en los mercados. No nos podemos dar el lujo de dar marcha atrás tres décadas del avance hasta ahora obtenido por la dupla primero por la COFETEL y más recientemente por el IFT, en este sector estratégico y esencial para el desarrollo económico y social de nuestro país.

Extinción del IFT: Un riesgo de Retroceso de 3 Décadas

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jueves, 8 de febrero de 2024

 

Ciudad de México, 8 de febrero de 2024.- La política de competencia económica es una herramienta indispensable para que la población mejore sus condiciones de vida mediante el acceso a mejores servicios, bienes y productos, tal como lo reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 28. Gracias a su autonomía constitucional, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece o Comisión) ha cumplido con su mandato de manera independiente y ha aumentado su capacidad de incidencia en mercados esenciales para el bienestar de la población y el desarrollo económico.


La propuesta de reforma constitucional presentada por el Ejecutivo Federal deberá ser analizada y discutida por el Congreso de la Unión en este contexto. Para ello, resulta importante que se considere toda la evidencia con la que se cuenta y así poder determinar el diseño institucional que permita los mayores beneficios a los mexicanos. 


Una política de competencia fuerte es clave para el bienestar de las familias mexicanas, al impulsar una economía justa e incluyente, disuadiendo la manipulación de precios u otras prácticas anticompetitivas por parte de directivos o empresas. Esto facilita la entrada y permanencia de los pequeños y medianos empresarios a los mercados y asegura que todas las empresas, sin importar su tamaño, compitan sin privilegios.


En los diez años de labor de la Cofece como autoridad de competencia con autonomía constitucional, ha investigado conductas corporativas en los mercados que más impactan en los hogares; sancionado con multas históricas a grandes empresas y directivos que con sobreprecios afectaron directamente a los consumidores. Asimismo, el actuar técnico e independiente de la Cofece le ha permitido alertar a autoridades y legisladores sobre las fortalezas y riesgos que en materia de competencia conllevan decisiones administrativas o regulaciones. Por ello, es importante que en la discusión parlamentaria se incluyan indicadores como los que se muestran a continuación:



  • Como órgano autónomo, la Cofece impuso 4 mil 859 millones de pesos en multas tan solo en 2022; casi 23 veces más que el monto de las multas impuestas en 2011 cuando carecía de dicha autonomía (213 millones de pesos). Estas multas se impusieron refrendando que el compromiso que tiene la Comisión es con las familias mexicanas ya que, por su tamaño e incidencia en los diversos mercados, las empresas multadas afectaron de manera significativa el bienestar de la población. Algunas de las que destacan son:


  • En el mercado de Gas L.P. se sancionó a ocho grupos gaseros y seis empresas dedicadas a la distribución y comercialización de este energético con un monto que, en conjunto, ascendió a 2 mil 414 millones de pesos. Esta es la multa más alta que ha impuesto la Cofece desde su creación.


  • En el mercado de autotransporte terrestre de pasajeros se impusieron multas por un valor de 1,218 millones de pesos a 18 empresas y 31 personas físicas por manipular precios y segmentar rutas de servicio en el estado de Tamaulipas y las regiones centro, centro-sur y sur-sureste del país.


  • Se sancionó a diversas empresas por coludirse y cobrar sobreprecios en procedimientos de licitación para proveer al Sistema Nacional de Salud del servicio de estudios de laboratorio y banco de sangre. Las multas impuestas ascendieron a 626 millones de pesos.


  • Gracias a su autonomía, la Cofece también ha tenido incidencia como nunca en los mercados que más impactan en el día a día de las familias, especialmente de aquellas en situación vulnerable, como son el alimentario, de transporte, medicamentos, financiero, servicios de salud y combustibles, entre otros, ayudando a que exista piso parejo en sectores que son clave para el bolsillo de los mexicanos.


  • Desde 2018, los beneficios a la población de las actuaciones de la Cofece son equivalentes, en promedio, a 7.5 millones de pesos diarios, esto es, de casi 14 mil millones de pesos.


Estos y otros resultados demuestran que la existencia de una autoridad de competencia autónoma permite expandir la incidencia de la política de competencia en beneficio de la sociedad, generando las condiciones necesarias para que ejerza mayores facultades y elimine las prácticas monopólicas en nuestro país, conforme a su mandato constitucional. Además, para contar con más incidencia y tener mayor disuasión de conductas anticompetitivas mediante la imposición de mayores sanciones o el uso de facultades que le permitan eliminar obstáculos que favorecen a unos competidores sobre otros sin razón ni justificación alguna es necesario fortalecer a la autoridad de competencia.


Corresponde al Congreso de la Unión abrir el diálogo a la pluralidad de voces. En la Cofece acogemos el debate planteado, seremos respetuosos del proceso legislativo y buscaremos participar con la encomienda de abonar a este diálogo público y para fortalecer una política de competencia que anteponga ante todo mejorar la calidad de vida de la población.

Cofece buscará abonar a la discusión sobre la propuesta de reforma constitucional en lo concerniente a la política de competencia

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martes, 15 de agosto de 2023

 



* El nearshoring y la atracción de inversiones hacen necesario un cambio de paradigma donde también es necesaria la aprobación de 4 leyes: la General de Seguridad Privada, la de Ciberseguridad, contra la Extorsión y la del Registro Público de Vehículos

 

 



Ciudad de México, a 15 de agosto de 2023


Cómo enfrentar la inseguridad en las ciudades y carreteras, la violencia cotidiana, la polarización social, la ciberdelincuencia y la utilización de herramientas tecnológicas innovadoras son algunos de los retos que la industria de la Seguridad Privada en México y el gobierno, como coadyuvante de los órganos de seguridad de los tres ámbitos de gobierno, deben resolver en el corto plazo con profesionalización y capacitación en todas sus áreas, para así poder hacer frente al arribo de inversiones del exterior producto del nearshoring y potenciar el desarrollo económico y la calidad de vida de los habitantes de nuestro país.

Sobre el enunciado anterior coincidieron el presidente de las Agrupaciones de Seguridad Privada Unidas por México (ASUME), Armando Zúñiga Salinas; la diputada federal Juanita Guerra Mena, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados; Jorge Peñúñuri, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la COPARMEX Nacional; Daniel Espinosa, representante de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), y; Héctor Coronado Navarro, titular del Grupo de Ejecutivos en Manejo de Riesgos Corporativos (GEMARC).


Uno de los primeros pasos, señaló la diputada Mena Guerra fue la Reforma Constitucional para incorporar por primera vez el concepto a la Seguridad Privada en nuestra Carta Magna, en el artículo 73 fracción 23 bis, además de la regulación sobre la coordinación de los servicios de seguridad privada y los tres ámbitos de gobierno, para la adecuada organización y funcionamiento como auxiliares de la seguridad pública y en situaciones de emergencia y desastre.

Contribuir en la función del Estado Mexicano sobre la Seguridad Pública, expresó la legisladora, es una tarea que conlleva una gran responsabilidad que debe ir acompañada de una formidable preparación profesional de quienes la ejerzan, en este caso los integrantes de la industria de la Seguridad Privada.

Zúñiga Salinas agradeció a la titular de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y a los legisladores que la acompañaron en el evento, “por su apertura, sensibilidad, escucha, atención y trabajo comprometido” para lograr la reforma constitucional que facultó al Congreso a expedir la Ley General de Seguridad Privada, y les solicitó todo su apoyo para que pronto sea presentada al pleno, analizada y votada, junto con otras tres que vendrán a coadyuvar en la labor de servir al país como son la Ley de Ciberseguridad, la Ley contra la Extorsión y la Ley del Registro Público de Vehículos.

El dirigente empresarial añadió que la Industria de la Seguridad Privada cada día tiene más reconocimiento por el momento que está viviendo nuestro país entre la llegada de inversiones, el nearshoring, la violencia y la continuidad de las operaciones, la protección de las inversiones y activos, así como la seguridad de las personas, lo que hace “imprescindible que la seguridad privada esté presente en todos los negocios, empresas e industrias del país”.

Por estos retos, añadió Armando Zúñiga, “es importante que nuestras empresas se profesionalicen desde las universidades en su management y gestión”, como lo hicieron ya 150 dueños o representantes de empresas que tomaron el diplomado “Desarrollo de Empresas de Seguridad Exitosas y Sostenibles” que les impartió la Universidad Panamericana en ya 5 generaciones, además de que los trabajadores también está recibiendo otro tipo de certificado, el del CONOCER, Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.

La industria de la Seguridad Privada en México representa el 1.8% del PIB y genera poco más de 900,000 empleos directos. A nivel federal existen más de 1,400 empresas registradas y entre estatales y municipales hay poco más de 4,000. En ASUME se encuentran integradas las 32 asociaciones más representativas de todas las modalidades con presencia en todos los estados de la República Mexicana.

En el foro, Jorge Peñúñuri Pantoja, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la COPARMEX Nacional recordó datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI en junio pasado, donde 62.3% de la población de 18 años o más consideró inseguro vivir en su ciudad; que por segmentación de géneros 68.6% de las mujeres lo calificó así, mientras los hombres lo hicieron en 54.8 por ciento.

En este rubro las ciudades consideradas más inseguras por sus habitantes fueron Fresnillo, Zacatecas con 92.8%; Zacatecas capital con 91.7%; Ciudad Obregón, Sonora con 90:3%; Ecatepec de Morelos, Estado de México con 87.6% Irapuato, Guanajuato con 87.3% y Naucalpan de Juárez, Estado de México con 87.2 por ciento.

En su oportunidad Daniel Espinosa, representante de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) dijo que una de las directrices hace 10 años era lograr la formación profesional de la gente que con ellos trabaja; y en los momentos actuales era la profesionalización de quienes dirigen las empresas y por ello celebró el esfuerzo de todos los empresarios de seguridad privada por lograron terminar el diplomado.

Y Héctor Coronado Navarro, titular del Grupo de Ejecutivos en Manejo de Riesgos Corporativos (GEMARC), recordó que muchos empresarios cayeron en la Industria de la Seguridad Privada de forma espontánea o por error, y lograron desarrollarse mediante un Frankestein del aprendizaje, pero gracias al esfuerzo conjunto dentro de ASUME “luchamos porque cada día tengamos una mejor seguridad en México, tengamos una mejor integración en todas las áreas y una mejor formación; hoy, por ejemplo, mi hijo ya estudia seguridad y llegará con conocimientos, no como nosotros que aprendimos en el camino”.

Durante el foro y la entrega de reconocimientos a los 150 empresarios y directivos de empresas que terminaron el diplomado “Desarrollo de Empresas de Seguridad Exitosas y Sostenibles”, impartido por la Universidad Panamericana, estuvieron presentes también los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Olivia Esquivel Nava, Guadalupe Román Ávila, Carlos Iriarte Mercado y Marisela Garduño Garduño.

Finalmente, Zuñiga Salinas consideró que los empresarios están realizando su parte, que es profesionalizarse y capacitar a sus colaboradores como una forma de servir al país y terminar con las empresas informales y de baja calidad, a las que se les podrá enfrentar también mediante la capacitación y profesionalización, para dar respuesta a los retos del futuro inmediato porque las circunstancias del país la han convertido en una industria estratégica para el desarrollo del país.

CON PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEBE ENFRENTAR LA INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD PRIVADA LOS RETOS QUE LES IMPONE EL FUTURO DEL PAÍS

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sábado, 22 de julio de 2023

  

  • Adelanta el senador Eduardo Ramírez que preparan una reforma constitucional para proteger a los animales 

     


Con motivo del Día Mundial del Perro, el Senado de la República entregó reconocimientos a Binomios Caninos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de la Secretaría de Marina (SEMAR), de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, senador Eduardo Ramírez, anunció que, ante la violencia que se presenta contra los perros, el Senado buscará aprobar una reforma al artículo 4º de la Constitución para establecer la figura de seres sintientes. 

 

Con esta propuesta, la cual buscarán discutir al inicio del próximo Periodo Ordinario de Sesiones, podrán darle una connotación jurídica y legal para las conductas violentas de los humanos contra los animales, asentó. 

 

En ese tenor, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena convocó a los congresos locales de las 32 entidades federativas a legislar en la materia; “seamos defensores de los animales, procuremos su bienestar”, señaló. 

 

El senador Cristóbal Arias Solís, presidente de la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, expresó que este tipo de eventos demuestran que el Senado, además de legislar, reconoce a actores importantes de la vida pública nacional. 

 

Los binomios caninos de SEDENA reconocidos fueron el Sargento 2/o. P.M. Fernando de los Santos Méndez, con el can Territorio; Cabo P.M. Ulises Caciano Hernández García, con el can Timba; Cabo P.M. Abraham Morales Vázquez, con el can Balanceo; Cabo P.M. Gonzalo Cabrera Reyes, con el can Barato; y Cabo P.M. Ángel Calzada Albino, con el can Bureta. 

 

También, Cabo P.M. Javier Jiménez Fernández, con el can Biósfera; Cabo P.M. Roberto Parra Leyva, con el can Tardío; Sld. P.M. Diana Laura Nava Ponce, con el can Teología; Cabo P.M. Juan Carlos Villeda Márquez, con el can Arkadas; Cabo P.M. Marco Antonio Ordoñez Canche, con el can Roko; y Sargento 2/o. P.M. Israel Romano Chinchilla, con el can Balata. 

 

Además, Cabo P.M. Oscar Jaid Cruz Roque, con el can Betún; Sargento 2/o. P.M. Jacciel Ramos Ramos, con el can Tablero; Sld P.M. Israel Mendoza Domínguez, con el can Belcebú; Cabo P.M. Erick Gustavo Vargas Cristóbal, con el can Sensible; y Cabo P.M. Víctor Domínguez Hernández, con el can Secuela. 

 

Por la SEMAR, reconocieron a Cabo SAIN Ofta. M.C. Alberto Emmanuel Hernández Mares, con el can Ecko; Cabo SAIN. Cam. M.C. María del Carmen Moreno Andreu, con el can Max; y 2do. Mtre. C.G. Cond. M.C. Alejandro Guerrero Ramírez, con el can Niko. De la FGR, a Armando Barrios Olvera con el can Luca y a Gerardo Sinuhé Aguilar Roa, con el can Samantha. 

 

En tanto, del Gobierno de la Ciudad de México la distinción fue para Oficial Ramírez Bonilla Gregorio Hugo, Jefe de la Unidad Canina con el Cánido Toshka; Policía De La Rosa Cárdenas Andrés, Subjefe de la Unidad Canina, con el Cánido Kratos; Policía Castro Salazar Jesús Iván, Guía canino, con Molly; y Policía Garduño Cárdenas Israel, Guía canino, con el Cánido Héctor. 

 

Asimismo, Policía Soria Aldana Edwin Donoban, Instructor canino, con Layla; Subinspector Álvarez Amaro Daniel, con el can Argos; Oficial Juárez Ríos José Luis, con el can Mictlán; Sub oficial Arriaga Hernández Gregorio, con el can Bora; Policía 1 Mariano Rivera Víctor Hugo, con el can Bogar; y Policía Ziranda Vázquez Daniel, con Niki. 

 

De igual manera, el Senado entregó un reconocimiento póstumo a Proteo, quien fallecería en las labores de rescate en Turquía, al representante del General Secretario de Defensa Nacional, General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, José Luis Cruz Piñón. 

 

Además, en la clausura del “Croquetón”, el senador Eduardo Ramírez detalló que se recolectaron mil 125 kilos de alimentos para perros, los cuales se donaran al refugio “Xollin” de Teotihuacán, centro especializado que se dedica a rescatar caninos de la calle y les buscan un hogar; “por este trabajo que ellos hacen merecen todo nuestro reconocimiento”, expresó.

En el Día del Perro, entregan en el Senado reconocimientos a binomios caninos

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