- En el sexenio anterior sólo se recuperaron 40 mdd de un estimado de 200 mmdd; es un retroceso.
- Tráfico de drogas, corrupción y evasión fiscal, principales delitos que generan fondos ilegales.
En el foro “Flujos financieros ilícitos, retos para enfrentar a la delincuencia organizada”, especialistas señalaron
que si realmente se quiere combatir el lavado de dinero de manera eficaz, es necesario generar herramientas legales, científicas y tecnológicas que permitan controlar las operaciones con dinero ilegal y recuperar los recursos para beneficio del Estado mexicano.
La senadora Minerva Hernández, del PAN, indicó que según la Evaluación Nacional de Riesgo, elaborada por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Púbico, los principales delitos que generan fondos ilegales son el tráfico de drogas, la corrupción y la evasión fiscal.
Además, alertó que otros estudios señalan que podrían estar ingresando a México grandes cantidades de dinero, producto
de delitos generados en jurisdicciones extranjeras, mediante transferencias electrónicas internacionales, incluso, en efectivo.
Comentó que si bien el país ha avanzado en la consolidación y el fortalecimiento del marco jurídico para controlar el
flujo de dinero que proviene de actividades delincuenciales, la sofisticación de operaciones con recursos ilegales ha contribuido a la impunidad en este tema.
Ante ello, expuso, he presentado dos iniciativas que buscan reforzar la actuación del Estado y fortalecer el sistema
de combate al lavado de dinero y corregir sus deficiencias, a través de otorgar autonomía técnica y de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera.
También, explicó, para profesionalizar a servidores públicos, incluir mecanismos de coordinación Federación-estados,
y establecer que el Congreso sea un contrapeso respecto de la política de combate al lavado de dinero.
A su vez, Jorge Lara Rivera, profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, acusó que en el sexenio de Enrique
Peña Nieto, no sólo no se avanzó en el combate al lavado de dinero, sino que hubo un retroceso. Aclaró que no existen cifras oficiales, pero se calcula que en los seis años anteriores fueron lavados aproximadamente 200 mil millones de dólares.
En el mejor de los casos, destacó, de esa cantidad se recuperaron cerca de 40 millones de dólares, de los cuales 20 fueron
con la figura de abandono de activos, y 17 mediante extinción de dominio. Una “cantidad ni siquiera risoria, sino trágica, expresó.
Señaló que el indicador fundamental en esta materia es saber cuánto ha recuperado el Estado en el combate al lavado de
dinero. El gobierno anterior se dedicó más a perseguir “a las mulas de aeropuerto” -personas que introducen físicamente dinero de manera ilegal- que en atender los mecanismos complejos que se utilizan en el sistema bancario.
Recordó que se han generado nuevas figuras jurídicas, como la del Dueño-Beneficiario o Beneficiario-Controlador, que
son producto de prácticas como la evasión fiscal o la corrupción. Dijo que los políticos son considerados personajes de alto riesgo en el ilícito de lavado de dinero.
Para el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Oliva Posada, el verdadero problema que enfrenta
el país es la acumulación de dinero ilegal por parte de grupos criminales. Ese, subrayó, es el principal factor que ocasiona la violencia a nivel nacional.
Recomendó no ver aisladamente esta problemática, sino saber que responde a circuitos de poder macrorregionales. Si no
se ve de esa manera, advirtió, difícilmente se podrá enfrentar. Propuso generar los recursos científicos y tecnológicos necesarios para seguir la huella del dinero y controlar los flujos de recursos de procedencia ilegal.
Fabiola Navarro, coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la UNAM, coincidió en la necesidad de
crear mecanismos que ayuden a controlar las operaciones ilícitas y a dificultar que éstas se realicen.
En su turno, Carla Angélica Gómez Macfarland, investigadora del Instituto Belisario Domínguez, dijo que el Senado puede
contribuir con reformas a la legislación para mejorar la detección de flujos financieros ilícitos e incluir acciones para generar una cultura de la paz mediante el control de esos recursos ilegales.
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