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El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, destacó que se trabaja de cerca con los Grupos Parlamentarios, para construir la mayoría calificada que requiere la designación de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Agregó: “estoy claro que vamos a encontrar una mayoría calificada”, para que sea el Senado de la República “quien dé ese voto de confianza”, para quien cubra la vacante que dejó el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en el máximo tribunal del país.
“He tenido mucho acercamiento con todos los Grupos Parlamentarios; algunos me han fijado su postura con mucha determinación y con mucha claridad política (…) Espero tener la mayoría calificada para sacar el nombramiento de la Corte”, expresó en entrevista.
Refirió que entre los pendientes de la Cámara de Senadores, de cara al cierre del Periodo de Sesiones, también se encuentran los nombramientos de los magistrados regionales electorales, para los cuales, indicó que ya se tiene “un avance significativo para entrar con todo en la negociación”.
De la misma forma, agregó, se busca la construcción de acuerdos para sacar adelante los nombramientos de las salas regionales en materia electoral, pues son más de 40, “y esto es un poco más complejo”.
Precisó que también se ha trabajado para que se apruebe el próximo miércoles, 13 de diciembre, la extinción de Notimex.
Eduardo Ramírez recordó que el Senado ya avanzó en los nombramientos de los comisionados de la Comisión Federal de Electricidad; así como las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, para consolidar el IMSS-Bienestar.
En el tema de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), expresó que el Senado dio un paso importante, porque se cierra un capítulo de impugnaciones y se abre un nuevo proceso de inscripción.
Explicó que con ello se salvaguardan los derechos de quienes ya se les había otorgado un dictamen de idoneidad, pues podrán volver a participar, porque de nueva cuenta habrá evaluaciones y comparecencias, por lo que se tendrá la posibilidad de construir los tres posibles nombramientos para el siguiente periodo.
Respecto de la propuesta del Presidente de la República para desaparecer a los organismos autónomos, el legislador subrayó que es necesario “hacer un análisis de lo que sí sirve y de lo que no”.
Puntualizó que el próximo 14 de diciembre el Senado de la República cerrará los trabajos del Periodo Ordinario de Sesiones.
Cabe recordar que la nueva terna enviada por el titular del Ejecutivo Federal está conformada por Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Eréndira Cruz Villegas Fuentes. Durante la reunión de este día únicamente compareció esta última, puesto que las otras dos aspirantes ya expusieron su plan de trabajo al formar parte de la terna anterior.
En su comparecencia, Cruz Villegas Fuentes indicó que cuenta con una trayectoria de más de 30 años de lucha por la defensa de los derechos humanos, dedicada a la defensa de las víctimas de los excesos del poder, de las condiciones estructurales de la desigualdad y de la violencia.
Señaló que los procesos judiciales se caracterizan por ser largos, inaccesibles y muy costosos, además de que privilegian los formalismos procesales sobre la solución de los problemas. Por ello, sostuvo, es necesario acercar la justicia a las personas más desprotegidas.
En ese sentido, subrayó que, de ser designada ministra, su labor cotidiana se centrará en cristalizar los beneficios de su mandato constitucional en la vida de quienes han sido históricamente invisibilizados.
Cruz Villegas Fuentes enfatizó que la función jurisdiccional debe ser autónoma e independiente, pero también responsable y respetuosa de la división de poderes; “si bien estoy convencida de que las personas impartidoras de justicia deben actuar de forma decidida en la defensa de la Constitución, no pugno por un gobierno de jueces”, acotó.
Además, se comprometió a ser congruente en la defensa de los derechos humanos, lo cual se reflejará en sus sentencias. También aseguró que su desempeño como ministra no se reducirá al papel o al escritorio, sino que vigilará el cumplimiento de las leyes; “siempre estaré en el camino de lograr una justicia sustantiva y cercana a la gente”, acotó.
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Justicia, la senadora Olga Sánchez Cordero, declaró sesión permanente para proceder, posteriormente, al análisis y discusión del dictamen de idoneidad y elegibilidad de la terna propuesta por el Presidente de la República.
En entrevista, la senadora se refirió a la decisión del ministro Javier Laynez Potisek para admitir dos acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas que aprobó el Congreso de la Unión para eliminar dichos fideicomisos, cuyos recursos ascienden a más de 15 mil millones de pesos que, de acuerdo con el proyecto, se tienen que regresar a la Tesorería de la Federación.
De esta manera, Laynez Potisek concedió la suspensión de las modificaciones, solicitada por las senadoras, senadores, diputadas y diputados de la oposición.
A pregunta expresa, Ana Lilia Rivera declaró que conforme a la Constitución Política y el marco legal, en este caso los ministros actúan pese a que tienen un claro conflicto de interés.
“No pueden ser juez y parte; ya lo tomaron como costumbre, pero eso tiene que cambiar; por eso es tan urgente impulsar una reforma profunda al Poder Judicial”, expresó la presidenta de la Mesa Directiva.
Además, Rivera Rivera aseguró que en el Senado de la República se cuidará el procedimiento para elegir a la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de no dejar espacio para que se pueda impugnar esta designación.
“Lo que queremos es no dejar ningún espacio de ilegalidad en el procedimiento”, para que ningún grupo de la oposición pueda argumentar que no se cumplieron con las formas para elegir a la próxima ministra de la Suprema Corte.
Sobre todo, agregó, cuando el Poder Judicial “se está encargando de vigilar que los procedimientos del Poder Legislativo cumplan con la norma. Entonces, lo que nosotros queremos es no dejar dudas para que nadie pueda argumentar que no cumplimos con las formalidades legales del procedimiento”.
La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, informó que el Senado de la República recibió del Ejecutivo Federal la nueva terna de candidatas para cubrir una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso de nueva cuenta a Bertha María Alcalde Luján y Lenia Batres Guadarrama, e incluyó en esta terna a María Eréndira Cruz Villegas Fuentes, quien actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura.
El oficio del Ejecutivo destaca que los artículos 89, fracción XVIII, y 96 de la Constitución Política establecen que es facultad del Presidente de la República someter a consideración de la Cámara de Senadores la terna para la designación de los ministros de la SCJN.
Refiere que el 15 de noviembre de 2023, el Senado aprobó la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al cargo de ministro de la Suprema Corte, lo que generó una vacante en el máximo tribunal de nuestro país.
En esa misma fecha, el Ejecutivo remitió la terna con las propuestas para nombrar a una ministra en la SCJN: Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González.
Sin embargo, en la sesión plenaria del Senado, del pasado 29 de noviembre, ninguna de las propuestas obtuvo la mayoría calificada que se requiere para la designación, es decir, el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros presentes en el Pleno.
El artículo 96 de la Constitución Política dispone que para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante.
La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el titular del Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.
El Pleno del Senado de la República rechazó la terna enviada por el titular del Ejecutivo Federal, para cubrir la vacante generada por la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luego de dos votaciones por cédula, Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González no alcanzaron la mayoría calificada que se requiere para su designación.
En la primera votación se registraron 112 votos: 58 a favor de Alcalde Luján, cinco por Batres Guadarrama; dos para respaldar a Ríos González, tres votos nulos y 44 en contra de las tres candidatas.
En la segunda ronda se contabilizaron 113 votos: 68 votos por Alcalde Luján, dos a favor de Batres Guadarrama, tres a favor de Ríos González y 40 en contra de la terna.
Conforme a lo establecido en la Constitución, el Presidente de la República someterá una nueva terna a consideración del Senado. Si esta segunda fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designe el titular del Ejecutivo Federal.
La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, expresó que “el resultado de la segunda votación indica que no se reúne mayoría calificada para ninguna de las integrantes de la terna”.
Por lo que, conforme lo establece el resolutivo décimo tercero del acuerdo aprobado el 22 de noviembre pasado, agregó la legisladora, se comunicará esta decisión al titular del Poder Ejecutivo Federal, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 96 de la Constitución Política.
Así lo consideró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, quien afirmó que este planteamiento sólo es un punto de vista de un ministro que no está informado sobre cómo se constituyen las Cámaras del Congreso de la Unión y cómo son electos sus integrantes.
En entrevista, el legislador recordó que las y los senadores son electos por el pueblo, contrario a lo que sucede con los integrantes de la Suprema Corte, que son designados a propuesta del Ejecutivo federal, con la ratificación de dos terceras partes del Senado de la República.
Precisó que el nombramiento de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es una facultad exclusiva del Senado.
“Nosotros somos un poder soberano”. La propuesta del ministro, advirtió, “es como si quisiéramos que se les destituya por una sentencia en la cual nosotros no estamos de acuerdo. Cada quien ejerce su soberanía en torno al poder que representa y las facultades que le da la Constitución”.
Durante la sesión del pasado 15 de noviembre, la Cámara recibió la terna que presentó el Ejecutivo federal para la designación de una ministra en la SCJN, la cual está integrada por Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, cuyos expedientes fueron turnados a la Comisión de Justicia.
El acuerdo dispone que dicha instancia legislativa verificará que las personas propuestas cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política; para ello, las convocará para que comparezcan a responder preguntas de sus integrantes, conforme al formato que acuerde su Junta Directiva.
Posteriormente, la Comisión de Justicia presentará a consideración del Pleno del Senado el dictamen relativo a los requisitos de elegibilidad de las personas que integran la terna, documento que se publicará en la Gaceta del Senado, por lo menos 24 horas antes de la sesión en la que se someterá a la consideración de la Asamblea.
Con base en el dictamen remitido por la Comisión de Justicia, la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, convocará a las personas que hubieren satisfecho los requisitos previstos por el artículo 95 constitucional, para que realicen una exposición sobre la idoneidad de su candidatura ante el Pleno del Senado de la República. Durante estas exposiciones no habrá lugar a preguntas o debates.
Entre otros puntos, el procedimiento precisa que una vez desahogadas todas las exposiciones, se realizará la votación para elegir a quien ocupará el cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la elección se realizará a través de votación por cédula y la persona que resulte electa rendirá inmediatamente la protesta al cargo.
Agrega que realizada la designación, la Presidenta de la Mesa Directiva lo notificará al Presidente de la República y a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efetos legales que correspondan.
Además, en el supuesto de que en la primera votación ninguna de las personas propuestas reúna la mayoría constitucional requerida, se realizará una segunda votación por cédula de manera inmediata, y que entre estas votaciones no habrá lugar a intervenciones o debates.
Si en la segunda votación no se reúne la mayoría constitucional, se menciona en el documento, la terna se tendrá por rechazada y el resultado se comunicará al titular del Ejecutivo federal, a efecto de que cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 96 constitucional.
Agregó que el documento se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis correspondiente y, la próxima semana, el Pleno de la Cámara de Senadores pueda decidir si acepta o no la renuncia.
De ser aceptada por el Senado de la República, explicó en entrevista Ana Lilia Rivera, las y los senadores procederán a analizar la terna que proponga el Ejecutivo federal, a fin de someterla a votación.
De acuerdo con el artículo 96 de la Constitución, la designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.
Y en caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.
Ana Lilia Rivera también dio a conocer que hasta el momento alrededor de 60 senadoras y senadores, de todos los Grupos Parlamentarios, han presentado cartas de intención para participar en los procesos internos de sus partidos en busca de la reelección.
Subrayó que se trata de un proceso nuevo en la historia reciente de México, por lo que “serán muy pocos los que no busquen” la oportunidad de reelegirse.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, dio a conocer el resultado de la votación para ocupar el cargo de Magistrada en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, e informó que ninguna de las integrantes de la terna alcanzó la mayoría calificada que exigen los artículos 99 constitucional y 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Ana Lilia Rivera dijo que el resultado se notificará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del inciso e), del artículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
De los 99 votos que se emitieron por cédula, Nancy Correa Alfaro obtuvo 33 votos; Araceli Yhalí Cruz Valle, ocho votos; y María Cecilia Guevara y Herrera, 13 votos; mientras que 45 de los votos fueron nulos.
Previamente, el Pleno del Senado aprobó, con 94 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, el dictamen para determinar la elegibilidad de las aspirantes.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, expresó que las tres aspirantes cuentan con capacidad técnica y profesional, que acreditan su viabilidad para ocupar el cargo de Magistrada en la Sala Regional Especializada.
El senador César Cravioto Romero, de Morena, dijo que la terna fue propuesta por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quién “regaló un diputado local de Tamaulipas, para dificultar el desempeño del gobernador actual”; además, dijo que las tres aspirantes ocuparon cargos adscritos a la ponencia de ese magistrado: “quítense la careta de demócratas y digan que apoyan al magistrado” que le debe favores al PAN.
En tanto, el senador de Acción Nacional, Damián Zepeda Vidales, señaló que el Presidente de la República instruyó a la Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena a rechazar el nombramiento de la terna para dicha Sala Especializada, “lo que resulta lamentable, porque son perfiles de carrera”.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, dijo que una vez iniciado el proceso electoral más grande que tendrá el país, “es incomprensible que prácticamente todos los órganos jurisdiccionales electorales se encuentren descabezados”, ya que las salas regionales y tribunales locales no tienen nombramientos desde hace más de un año.
Noe Castañón Ramírez, senador de Movimiento Ciudadano, acusó a la mayoría legislativa de “reventar” la terna, así como de soslayar los derechos de las aspirantes, porque al rechazar el dictamen de elegibilidad aprobado por la Comisión de Justicia, ya no podrán participar nuevamente. “Las tres serán víctimas de la negligencia, de los acuerdos políticos y de seguir lastimando al Poder Judicial”.
Miguel Mancera Espinosa, senador del PRD, pidió que se vote en congruencia, ya que las propuestas se examinaron a profundidad en comisiones y las personas planteadas cumplen con los requisitos establecidos para ocupar el cargo.
Este fallo implica, destacó, que el Congreso de la Unión deberá legislar en la materia, las instituciones de salud deberán brindar el servicio a quien decida de manera voluntaria interrumpir su embarazo y que las mujeres o personas gestantes procesadas o sentenciadas por abortar deberán ser absueltas.
Sánchez Cordero se comprometió a que en el Senado de la República continúe con el trabajo para que no se criminalice a las personas que abortan.
“Ese es mi compromiso con las mujeres y con el país. Avanzamos hacia una sociedad más justa, en la que se respeten los derechos de todas y todos”, afirmó.
En una serie de mensajes que compartió en redes sociales, la senadora de Morena celebró la resolución de la Primera Sala de la Corte, que votó el Amparo en revisión 267/2023 a cargo de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, el cual invalida los artículos 330, 331, 332, 333 y 334 del Código Penal Federal sobre el derecho al aborto.
La legisladora explicó que uno de los alcances más importantes de esta resolución es que “ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional podrá sancionar a quien acuda a este servicio de salud o a quien lo brinde. Aunque todavía deberán acudir al amparo para que esto suceda”.
Cabe mencionar que el miércoles 6 de septiembre, los ministros resolvieron “que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal”, bajo el argumento de que la criminalización “viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.
Explicó en redes sociales que, con esta determinación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, podrá sesionar con cuatro comisionados, en tanto el Senado realice los nombramientos faltantes.
“Desde la JUCOPO seguiremos construyendo los consensos necesarios para este y otros temas pendientes”, expresó el legislador.
Ernesto Piedras
En días recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una determinación a favor de la competencia efectiva y consecuentemente de los usuarios de telecomunicaciones, al declarar la constitucionalidad de obligaciones impuestas al agente económico preponderante (AEP-T, América Móvil).
Estas son la imposibilidad de realizar subsidios cruzados o discriminación de tráfico entre redes de telecomunicaciones, la prohibición de establecer tarifas discriminatorias en los servicios que se originan y terminan en sus redes (‘on-net’) y fuera (‘off-net’) de estas, así como solicitar la aprobación de sus tarifas (mayoristas, al usuario final y entre sus subsidiarias).
Constitucionalidad y Validez de las Medidas. A pesar de argumentar la inconstitucionalidad, invasión de facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el carácter privativo y la transgresión de los derechos de libertad comercial, libre competencia y concurrencia de las medidas, la SCJN mantuvo la aplicación y validez de las medidas.
En su resolución, la SCJN reconoce que previo a la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) de 2014, que estableció la prohibición de discriminar las tarifas por servicios dentro (‘on-net’) y fuera de la red (‘off-net’), “se obtenía un mayor rendimiento del plan contratado cuando se utilizaba llamando o enviando mensajes de texto a usuarios que también mantenían contratos de planes de telefonía [con el AEP-T]”.
Precisamente, esas ventajas distorsionantes generaban incentivos para que los usuarios optaran por contratar sus servicios y permanecer con el AEP-T, fenómeno denominado ‘efecto de club’, y que mermaba las condiciones competitivas del resto de las empresas, aunado al establecimiento de altas tarifas por la terminación de servicios en sus redes.
Al cumplir con la Ley, se eliminaría una de las ventajas significativas para el AEP-T frente a sus competidores, medida que a la fecha ha empoderado las decisiones del consumidor, impulsado el consumo de minutos de llamadas y ha incentivado, en alguna medida, la contratación o migración de servicios con un operador distinto al AEP-T.
Implicaciones para Consumidores y Competidores. A la fecha, se ha proscrito el escenario perjudicial para la competencia y los usuarios que favorecía la contratación y permanencia en la red del AEP-T.
Efectivamente, la subsistencia de esta obligación es favorable al consumidor, al habilitarlo para que sus planes y paquetes de servicios incluyan llamadas y SMS ilimitados a cualquier operador, a diferencia del escenario previo en que se aplicaban precios diferenciados cuando las comunicaciones tenían terminación fuera de la red de origen, es decir, con otro operador.
La evidencia histórica e internacional ha demostrado reiteradamente que en toda economía de red, la discriminación de precios ‘on-net’ y ‘off-net’ genera efectos perniciosos para la competencia, al reducir los incentivos a contratar servicios con operadores de menor escala, circunstancia que mermaría sus adiciones netas e incrementaría su tasa de desconexión en favor del AEP-T.
Ello, solo traería consigo un fortalecimiento de la huella de mercado y generación de ingresos del operador preponderante.
La determinación de la SCJN es una decisión histórica que fortalece el marco normativo para la competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones en México.
En otras palabras, deja ver que al futuro de la competencia efectiva contribuye de manera significativa el máximo órgano de control constitucional en nuestro país.
Sin esta determinación, tendría lugar una especie de regresión al comienzo de la década pasada en la que perdían los consumidores, los competidores y en general, el país en su conjunto por los elevados precios y las condiciones marcadamente favorables para el AEP-T.