• Presentan moción suspensiva, pero fue rechazada por la Asamblea  
  
  
   

El Pleno del Senado de la República inició la discusión de la reforma constitucional por la que se extiende, de cinco a nueve años, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. 

 

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, informó que el dictamen se acompaña de nueve votos particulares de las senadoras Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI; Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD; y otro firmado por los senadores Noé Castañón y Clemente Castañeda Hoeflich.  

 

Así como de los y las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Plural; Kenia López Rabadán y Julen Rementería del Puerto, del PAN; Damián Zepeda Vidales, de la misma fracción; Faustino López Vargas y Lucía Meza Guzmán, de Morena.  

 

Además, en la Mesa Directiva se recibieron dos propuestas de moción suspensiva, la primera de ellas suscrita por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y la segunda suscrita por el senador Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Plural.  

 

Nadia Navarro presentó la moción suspensiva para poder construir un diálogo con la sociedad civil y expertos en la materia sobre la minuta, pero con 61 votos en contra y 38 a favor, esta petición fue rechazada.  

 

Al presentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que, tras escuchar a integrantes de la academia, alcaldes, gobernadores y colectivos defensores de los derechos humanos, concluyeron que no son suficientes cinco años para consolidar la Guardia Nacional. 

 

Reconoció que quizás existieron algunos excesos por parte de las Fuerzas Armadas en el pasado; sin embargo, señaló, en su mayoría han cuidado de nuestra soberanía y seguridad, por lo que pidió honrar el trabajo de las y los militares, pues no hacerlo sería un acto de ingratitud; “no es militarización, es acompañamiento”, enfatizó. 

 

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Rafael Espino de la Peña, hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva, a la brevedad, la acción de inconstitucionalidad que se interpuso en contra de las reformas legales a la Guardia Nacional, “porque su puntual definición evitará incertidumbre, que no hace más que dañar el marco legal”. 

 

Dijo que la estrategia de seguridad debe operar con método y planeación, e incluir metas concretas, la ruta para alcanzarlas y evaluaciones transparentes, porque en el pasado se llevaron a cabo malos diagnósticos, políticas erráticas, estrategias fallidas, sin método, con corrupción, crisis de funcionalidad y mala coordinación institucional. 

 

La propuesta modifica el primer párrafo y adiciona el párrafo tercero y cuarto del Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de la Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019. 

 

Con este proyecto, “durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y complementaria”.  

 

Dicha participación, se agrega, deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. 

 

Además, plantea que se integre una comisión conformada por diputados y senadores para dar seguimiento al cumplimiento del presente artículo.  

 

Para tal fin, el Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá rendir un informe cada periodo ordinario de sesiones, en el que dé cuenta del avance en la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil de estados y municipios.  

Luego de la presentación del dictamen, por parte de los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, se dio paso a la presentación de los votos particulares.  

Inicia debate sobre reforma para ampliar permanencia de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública

• Fuerzas Armadas Reforma Constitucional Senado de la República
• At 9/21/2022 11:12:00 p.m.
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 *  Los estados de Colima, Querétaro, México y San Luis Potosí se adhirieron a la Política Inmobiliaria del Gobierno Federal

* Con ello, se da cumplimiento a uno de los mandatos de la Reforma de Telecomunicaciones, que tiene que ver con el uso eficiente 
        de la infraestructura pasiva del Estado

Como resultado de la Reforma de Telecomunicaciones, el Gobierno Federal y cuatro estados de la República, más de 15 mil inmuebles están en condiciones de ofrecerse a los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión para el despliegue de su infraestructura.

Los estados de Colima, Querétaro, México y San Luis Potosí firmaron convenios con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para adherirse a la Política Inmobiliaria del Gobierno Federal en Materia de Telecomunicaciones, con el fin de promover el aprovechamiento entre concesionarios autorizados, permisionarios o desarrolladores de los inmuebles públicos, para el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, de conformidad con las condiciones técnicas, económicas, de seguridad y de operación determinadas por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

Con ello, se da cumplimiento a uno de los mandatos de la Reforma de Telecomunicaciones, que ordena hacer un uso eficiente de la infraestructura pasiva del Estado, para incrementar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, bajando sus costos, a fin de trasladar ese beneficio a los usuarios.

Los gobiernos estatales deben de proporcionar al INDAABIN el inventario actualizado de los inmuebles que forman parte de su patrimonio y que sean susceptibles de otorgarse en arrendamiento.

Los inmuebles aportados por San Luis Potosí, Colima, Querétaro y el Estado de México, además de mil 125 que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aportará, se ofrecerán a través del Sistema de Arrendamiento de Espacios ARES del INDAABIN, con lo cual se alcanzan 15 mil 546 espacios en inmuebles públicos disponibles para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

El INDAABIN opera como ventanilla única, de manera electrónica, para el proceso de arrendamiento, uso y aprovechamiento de inmuebles en el sector telecomunicaciones.

También existe un marco jurídico, claro y que da certidumbre sobre la política inmobiliaria y las bases de coordinación con reglas claras y sencillas, que permitirán instalar infraestructura bajo un esquema ágil y justo.

MÁS DE 15 MIL SITIOS ESTÁN EN CONDICIONES DE OFRECERSE PARA EL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

• Colima Gobierno Federal México Querétaro Reforma Constitucional San Luis Potosí Telecomunicaciones
• At 2/08/2018 08:33:00 p.m.
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Dos décadas después de los primeros esfuerzos para la gestación de la competencia y a casi un lustro de la Reforma Constitucional, un diagnóstico reiterado de las telecomunicaciones de México es su insuficiencia. ¿Su manifestación reiterada? La excesiva y persistente concentración de mercado por un solo agente económico, el preponderante América Móvil (Telmex-Tenor/Telcel) que abraza dos tercios del mercado. Caeteris Paribus en términos de competencia, es decir, que a pesar de la aplicación de medidas regulatorias, el resto de las condiciones permanecen igual.

Al respecto nos ha dicho la OCDE (“Estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México”, 2012) que “la falta de competencia efectiva y la consiguiente alta concentración del mercado, …tiene consecuencias para los consumidores, pues da lugar a un menor consumo como resultado de los altos precios en toda la gama de servicios de telecomunicaciones. Esto se traduce en una pérdida significativa de bienestar social…”.

Y así, persiste el entorno de escasa competencia efectiva y elevada concentración de mercado emparejado con sus efectos adversos sobre el desarrollo de infraestructura, innovación tecnológica, mejora de cobertura, calidad y precios de los servicios, así como en el bienestar social, entre otros.

Información primaria publicada por el IFT al segundo trimestre de 2017, consigna que la participación de mercado del grupo económico América Móvil en usuarios de telecomunicaciones o Unidades Generadoras de Ingreso (UGI) es superior a 60% en los segmentos en los que provee servicios, muy cercano al nivel que tenía al momento de su denominación como agente económico preponderante.

En líneas fijas asciende a 63.6% y en móviles a 65.1%; en banda ancha móvil supera la tenencia 7 de cada 10 accesos (70.8%) y en banda ancha fija se ha mantenido en la vecindad de 6 de cada 10 con 56.4%.

Mientras que en ingresos de telecomunicaciones fijas (telefonía fija, internet fijo y TV de paga) Telmex-Telnor contabilizó cerca de 5 de cada 10 pesos (48.3%) generados por los operadores y en aquellas móviles Telcel alcanza una razón cercana a 7 de cada 10 pesos (67.9%).

Todas estas estadísticas aun en un rango superior a 50% que conforme al marco determinado por el IFT y la Reforma para la determinación del agente económico preponderante.

Es precisamente por esta definición que aún no podemos dar testimonio de un escenario de competencia efectiva, por la elevada posición de ventaja que conserva el preponderante en términos de participación de mercado frente a sus competidores. Si bien ha habido mejoras en el nivel de precios de servicios como los móviles, ello es atribuible al advenimiento de un operador disruptivo en lo comercial y en su infraestructura (AT&T).

Es así como a decir del criterio e indicadores del órgano regulador aún nos encontramos en una realidad de falta de competencia, identificable ya sea en su enfoque simple o en aquel amplio. Una petición reiterada por los competidores ha sido la aplicación y cumplimiento efectivo, así como la supervisión, seguimiento puntual y sanción al incumplimiento de la regulación asimétrica de preponderancia aún pendiente y que ha pospuesto la verificación de su eficacia y la consecuente gestación de sus efectos positivos sobre el desarrollo de la industria.

Esta, más que una reflexión pesimista, es una en la que se concluye que, si con el empuje de acciones de mercado se han logrado en estos 3 años importantes avances, la suma de las acciones regulatorias nos llevaran finalmente a los niveles de competitividad y calidad de nuestros socios de la OECD, finalmente.

Seguir en una simulación regulatoria y de postergación de la aplicación efectiva de las medidas de la Reforma, únicamente nos dejará en ese escenario del caeteris paribus en las telecomunicaciones en México.

Caeteris Paribus en Competencia

• Competencia Consumidores Reforma Constitucional Servicios Telecomunicaciones
• At 1/04/2018 05:44:00 p.m.
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·         Cuatro mil solicitudes de información y un millón de consultas al portal, la evidencia

·         Gerardo Ruiz Esparza da seguimiento e impulso para que la transparencia de la SCT vaya más allá de lo que exige la norma en vigor

·         El Oficial Mayor de la SCT encabezó la Reunión General de Seguimiento a las Nuevas Obligaciones de Transparencia

·         La Reforma Constitucional en materia de Transparencia impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto, crece en cantidad y calidad las necesidades de ser todavía mucho más transparentes, dijo

·         SCT de las instituciones del Gobierno de la República que mayor interés genera entre los ciudadanos, derivado de la alta cantidad de obras y recursos que se ejercen

Una secretaría transparente, como la nuestra, puede estar tranquila porque está haciendo muy buen papel ante la sociedad y ésa ha sido la  constante en el equipo de trabajo que encabeza el Secretario Gerardo Ruiz Esparza, afirmó el Oficial Mayor de la SCT, Rodrigo Ramírez Reyes, durante la inauguración de la Reunión General de Seguimiento a las Nuevas Obligaciones de Transparencia.

El funcionario transmitió un saludo y un reconocimiento del titular de la dependencia a los responsables de Transparencia de cada una de las unidades administrativas, congregadas en el Auditorio de la dependencia, a quienes les solicitó mantener e incrementar la colaboración y el empeño en el desarrollo de sus responsabilidades.

Subrayó que esta reunión se realizó con el objetivo de reafirmar la vocación que tiene su titular y la propia SCT como institución transparente y de gobierno abierto.

Dijo que la Reforma Constitucional en materia de Transparencia impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto, crece en cantidad y calidad las necesidades de ser todavía mucho más transparentes.

Recalcó que el titular de la dependencia da seguimiento e impulsa la transparencia de la SCT, para que vaya más allá de lo que exige la normatividad en vigor.

En este sentido recordó que en su gran mayoría, los fallos en los procedimientos adquisitivos de obra que se realizan en la Secretaría, se transmiten en vivo por Internet, además de la invitación de notarios públicos y acompañamiento de testigos sociales.

Destacó la importancia de estos procedimientos que han dado muy buenos resultados ante la opinión pública y reveló que la SCT es una de las instituciones del Gobierno de la República de la que mayor interés tienen los ciudadanos derivado de la alta cantidad de obras y recursos que se ejercen.

“Hemos estado a la altura de las expectativas en materia de transparencia y rendición de cuentas ya que las más de cuatro mil solicitudes y un millón de consultas al portal que se atienden anualmente son una muestra de que para la SCT la transparencia es una prioridad”, puntualizó.

El Oficial Mayor, transmitió a los servidores públicos de la dependencia la instrucción del secretario Ruiz Esparza, para que las 57 Obligaciones de Transparencia a cargo de la SCT se encuentren actualizadas al 100 por ciento a más tardar el 15 de abril de este año.

Señaló que es a partir de estas sesiones y del intercambio de información que se llevará a cabo una sesión de valoración de lo realizado, con el propósito de estar en condiciones de responder en tiempo y forma a la evaluación que constantemente aplica el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) a cada dependencia y ​de su capacidad para responder a la ciudadanía.

En su intervención, el director general de Innovación Sectorial, Bernardo Álvarez del Castillo Vargas, aseguró que la SCT está ante la oportunidad de convertirse en la dependencia más transparente de México.

Por último, el titular de la Unidad de Transparencia, José Alberto Reyes Fernández, expuso los aspectos importantes del calendario y metodología de trabajo de la dependencia en este rubro.

SCT A LA ALTURA DE LAS EXPECTATIVAS EN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: RODRIGO RAMÍREZ REYES

• Politica Reforma Constitucional Telecomunicaciones Transparencia
• At 2/03/2017 06:06:00 p.m.
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Desde la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones, el artículo sexto constitucional manifiesta la obligación del Estado de garantizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en condiciones de competencia efectiva. Adicionalmente, el artículo 27 faculta y mandata que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) será la autoridad en materia de competencia económica en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

Pareciera que a poco más de tres años de la Reforma, estas disposiciones constitucionales se han quedado en lo principal, como enunciados normativos (lo que ‘debe ser’) aun sin llegar a alcanzar su cumplimiento cabal.

Un instrumento que se ha buscado aprovechar ha sido la figura de preponderancia que aplica al operador que cuente con más de 50% del mercado, el cual recae en América Móvil (Telmex/Telcel). Ese cuerpo normativo de medidas asimétricas tiene por objetivo la reconfiguración del mercado con la consecuente reducción de la excesiva participación en términos de usuarios, infraestructura y tráfico.

Existe consenso entre los agentes económicos competidores, analistas, prensa especializada y academia, que los efectos de la regulación asimétrica se materializan de manera insuficiente en términos del efecto de rebalancear la participación de mercado de los operadores.

Sin duda los precios de servicios móviles han bajado, pero mayoritariamente por efecto de la entrada de un operador disruptivo, con fuertes inversiones y esquemas comerciales agresivos, que han inducido a que los operadores seguidores ajusten también a la baja sus respectivos planes tarifarios. Pero que quede claro que la baja de precios que hoy disfrutamos, no es atribuible en su totalidad a la aplicación de medidas de preponderancia.

El descenso en la participación de mercado del preponderante ha sido una tendencia continua desde el año 2007, cuando contaba con 75.2% de las líneas móviles hasta la fecha que registra 66.7%. Al momento de la introducción de la preponderancia se ubicaba ya en 70.6%, es decir, 4.6 puntos porcentuales menos y todo sin Reforma ni preponderancia. Desde entonces, ha bajado 3.9 puntos porcentuales.

Así, es un hecho que la reducción del peso excedido del operador preponderante sigue desde hace casi una década una trayectoria inercial que no se ha acelerado por la regulación asimétrica que medianamente se ha aplicado a la fecha. Incluso un análisis académico reciente corrobora econométricamente que los mecanismos de regulación asimétrica no han tenido un efecto significativo sobre la participación de mercado de América Móvil (Casanueva & Cantú, “Mexico’s Telecommunications Reform: Market Concentration, Prices, Investment, and Consumer Welfare (2013-2015)”).

Adicionalmente, conforme al análisis de The Competitive Intelligence Unit la reducción anual desde 2007 a 2013 es en promedio de 1 punto porcentual, mientras desde el primer trimestre de 2014 al primer trimestre de 2016 se desacelera a tan sólo 0.7 puntos porcentuales. Nuevamente, es decir que la tendencia descendente de la participación de mercado avanzaba más rápidamente en ese periodo previo a la reforma.

Ciertamente algunos mecanismos regulatorios han tenido efectos medibles de forma inmediata, como la fijación de tarifas de interconexión en cero para operadores competidores, la eliminación de cargos por concepto de larga distancia y roaming nacionales, que se han traducido en menores precios en los servicios para los consumidores.

Aun nos encontramos en una fase de implementación y aplicación insuficiente de la política regulatoria que, por tanto, implica una materialización también insuficiente de sus efectos, en términos del camino por andar hacia la competencia efectiva.

El Camino por Andar Hacia la Competencia

• América Móvil Competencia Reforma Constitucional Telecomunicaciones Telmex/Telcel
• At 10/23/2016 08:49:00 p.m.
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