by Carlos García de Balzac
miércoles, 30 de julio de 2025
by Carlos García de Balzac
lunes, 28 de julio de 2025
miércoles, 23 de abril de 2025
Despedidas por denunciar públicamente la precarización del trabajo, la falta de medicamentos y el abandono de sus derechos laborales
Ciudad de México, a 22 de abril de 2025
Han pasado más de tres meses desde la crisis que estalló en el Sanatorio Trinidad en la Ciudad de México el pasado 16 de enero, y aunque algunos avances se han dado en el ámbito jurídico, la situación de los trabajadores y trabajadoras despedidos hace casi un mes dista mucho de haberse resuelto de manera justa y definitiva.
Trabajadoras con décadas de servicio en el nosocomio ubicado en la Colonia Roma norte denuncian haber sido acosadas, etiquetadas y finalmente despedidas por denunciar públicamente la precarización del trabajo, la falta de medicamentos y el abandono de sus derechos laborales.
El pasado 16 de enero se dio a conocer públicamente que el Sanatorio Trinidad bajo la actual administración realizó una serie de irreglaridades que ponían en riesto la salud de los pacientes al realizar cirugías con los cuatro quirófanos clausurados, los cuales habían sido ocupados ilegalmente por órdenes del personal administrativo, lo cual propició un llamado de algún funcionario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que desalojaran el lugar y evitar el cierre definitivo.
Tras el traslado de pacientes al hospital San Luis llegaron los señalamientos en contra de al menos una docena de trabajadoras, además de represalias de diversa índole, entre ellas el retraso en sus pagos y otras prestaciones, además del acoso laboral y verbal directo.
El 25 de marzo se llevó a cabo una reunión de conciliación en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, encabezada por la administradora actual del sanatorio, Adriana Beltrán Mallén. Sin embargo, para varias trabajadoras cuya antigüedad en la institución oscila entre los 14 y 30 años, el resultado fue frustrante y decepcionante.
“Nos dio de baja al siguiente día de la reunión de conciliación. A mí me ofrecieron sólo una tercera parte de lo que en derecho me corresponde. Me quiso hacer firmar un acuerdo injusto y cuando quise negociar al menos dos terceras partes, simplemente se negó a seguir la conciliación. Ahora iré por la vía de la demanda laboral”, explicó una ex trabajadora, quien agregó: “Esto ya no es solo un tema económico, es un acto de violencia laboral y una represalia directa”.
Relata que en el lapso entre el 16 de enero y el 25 de marzo no solo enfrentó falta de pago de sus salarios, bonos, vales y demás prestaciones que tenía, lo mismo que sus demás compañeras y compañeros de trabajo. Sin embargo, también fue objeto de acoso laboral, discriminación y represalias por haber expresado inconformidades durante su estancia como trabajadora porque “siempre decía la verdad. Nos faltaban medicamentos básicos, había negligencia médica y condiciones precarias y al poner todo esto sobre la mesa, me acusaron de conflictiva”, agregó.
Por su parte, otras ex trabajadoras que por estar en juego sus liquidaciones solicitaron mantener su perfil en el anonimato, optaron por aceptar los convenios propuestos, “más por necesidad que por conformidad”, aunque no sin reservas. Una extrabajadora compartió:
“Sé que merecía más, pero no tengo el tiempo ni los recursos para demandar. Acordamos el pago en dos exhibiciones. Estamos esperando a ver si cumplen, pero si no, ya nos dijeron en la Junta Local que podemos solicitar medidas precautorias legales”.
La incertidumbre continúa. Al día de hoy, varios trabajadores siguen sin recibir pagos completos y el hospital arrastra deudas con proveedores, lo que ha afectado la operación básica del nosocomio.
Los trabajadores y trabajadoras afectados exigen el cumplimiento efectivo de los acuerdos de conciliación firmados y que se respete el derecho al trabajo digno y la libertad de expresión sindical y laboral.
Porque se han documentado prácticas como compras externas improvisadas de insumos, retiro de bombas de infusión por parte de empresas como PISA, y desvío de equipo médico al hospital San Luis al que recurrieron subrogando los servicios la madrugada del 17 de enero, tras el aviso de Cofepris de que al día siguiente harían una inspección sobre las irregularidades denunciadas en medios de información.
Otra ex trabajadora señaló irregularidades graves, además de los impagos. Se ha documentado el progresivo deterioro del funcionamiento del hospital bajo la administración actual. “Desde que llegó esta señora hay cosas muy delicadas. Me interesa contar lo que sé, pero primero necesito asegurar mi finiquito”, dijo una de ellas.
A pesar de los discursos iniciales de renovación y mejora con los que llegaron Adriana Beltrán Mallén y la gente que la acompaña en la administración, además de los socios minoritarios que se coaligaron para hacerse del control del nosocomio, el equipo directivo encabezado por Beltrán Mallén y su padre Juan Beltrán Arriaga, además de Jesús Torán Sierra, Julián Guinea Valencia, Eduardo Rocha Pérez, Javier Alfonso Ortega Alonso y la Jefa de Recursos Humanos, Alma Sigales, han sido acusados por múltiples voces de deteriorar gravemente las condiciones laborales y operativas del Sanatorio Trinidad.
En palabras de una de las trabajadoras: “Los Gutiérrez podrán haber tenido sus fallas, pero nunca nos faltaron pagos ni prestaciones. Ahora es un caos total. Ella (Adriana Beltrán Mallén) se cree dueña, pero no ha hecho más que hundir lo que otros construyeron en años”.
Despedidas por denunciar públicamente la precarización del trabajo, la falta de medicamentos y el abandono de sus derechos laborales |
viernes, 4 de abril de 2025
· Comisión especial se reúne por segunda ocasión con síndico Víctor Manuel Aguilera
La Comisión Especial para revisar y vigilar el proceso de quiebra de Altos Hornos de México, que preside el senador Luis Fernando Salazar Fernández, se reunió con Víctor Manuel Aguilera, síndico en funciones que está a cargo del procedimiento, con la intención de dar seguimiento a la situación que aqueja a las y los trabajadores afectados por la quiebra de la empresa.
Salazar Fernández afirmó que las y los trabajadores son quienes han “cargado” con las consecuencias de decisiones ajenas a su voluntad, por lo que el interés de la Comisión es sostener un diálogo y resolver las dudas que han surgido de reuniones derivadas con las y los afectados, quienes han compartido su preocupación, indignación y su exigencia de justicia.
El senador dijo que miles de obreros no han recibido ni un solo centavo de salario ni liquidación, cuando presuntamente se han entregado vehículos a altos ejecutivos como forma de pago en especie, así como pagos millonarios en asesorías y reestructuración a exdirectivos, lo que podría indicar que no se trató de un intento real para rescatar la empresa, sino de una maniobra “calculada” para desviar recursos.
Víctor Manuel Aguilera, síndico en funciones en el procedimiento de Altos Hornos de México S.A.B. de C.V., (AHMSA), y designado en el procedimiento concursal de su filial Minera del Norte, S.A. de C.V., asentó que él tomó posesión de la empresa a partir del 11 de diciembre de 2024, y antes de él hubo otra administración encabezada por el consejo de administración de la empresa, por lo que “yo respondo a partir de esa fecha”.
Indicó que es el mismo caso con la filial Minera de Norte, dado que tomó posesión el 4 de febrero de 2025, por lo que él se hace responsable a partir de esa fecha, pues las anteriores decisiones las tomó el consejo de administración.
Manuel Aguilera agregó que actualmente está en proceso la toma de inventario de Minera del Norte, pues el inventario de Altos Hornos se entregó en el juzgado el pasado 4 de marzo, por lo que todas las partes involucradas lo pueden consultar, y el de la filial concluye el próximo 15 de abril. Paralelamente, dijo que se lleva a cabo un avalúo de la empresa Altos Hornos como unidad productiva, porque “no pretende que se venda como piezas, porque esto implicaría que fuese una chatarra”.
Añadió que, una vez concluido el proceso, se convocará a participar a inversionistas dispuestos a poner en marcha la empresa, una subasta modificada en la que se considere que sean empresas con solvencia técnica, económica, ya que sólo ponerla en marcha cuesta entre 300 y 500 millones de dólares, para que opere de manera rentable.
Víctor Manuel Aguilera advirtió que “no será posible” recuperar la totalidad de las fuentes de empleo que había, se hará por partes y el número de trabajadores dependerá del inversionista, además de que hay un plan de negocios a mediano y largo plazo que permitirá a la empresa crecer y ser un polo de desarrollo. Ante ello, se debe contratar a un asesor financiero que dé transparencia al proceso e invite a inversionistas nacionales e internacionales.
La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, de Morena, señaló que sería fundamental que a las y los trabajadores se les dé a conocer la información sobre el inventario y avalúo, así como ¿cuántos auxiliares apoyan al síndico?, ¿cuánto dinero se ha recabado de la venta de propiedades de AHMSA?, ¿cuánto se ha pagado por temas administrativos?, ya que parece que el objetivo es que la empresa no sea vendida como una sola unidad, lo que preocupa a los trabajadores.
Su compañero de bancada, Alfonso Cepeda Salas, indicó que es importante saber si existe alguna fecha estimada para el pago de salarios caídos, liquidaciones, prestaciones pendientes a los trabajadores y extrabajadores, así como, conocer por qué no se han cubierto cuando menos una parte de salarios caídos, pero si se realizaron pagos “onerosos” a consultores de alto nivel.
Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, precisó que si ya hay empresas interesadas en la compra de Altos Hornos es necesario conocer quiénes son.
domingo, 29 de diciembre de 2024
martes, 3 de diciembre de 2024
lunes, 28 de octubre de 2024
- Con esta enmienda, además, se podrán construir poco más de un millón de viviendas en seis años, asegura Cantón Zetina
Por unanimidad, senadores de la república aprobaron en comisiones el dictamen por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política, a fin de establecer un sistema de vivienda con orientación social para las y los trabajadores.
Con 33 votos a favor, las comisiones de Puntos Constitucionales; Reordenamiento Urbano y Vivienda; y de Estudios Legislativos, que presiden los senadores Óscar Cantón Zetina, Luis Armando Melgar Bravo y Enrique Inzunza Cázarez, respectivamente, aprobaron sin cambios la minuta que envió al Senado la Cámara de Diputados.
Plantea que toda empresa estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a las personas trabajadoras viviendas adecuadas, obligación que se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores.
Dicho fondo, añade el proyecto, establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes, que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá adquirir suelo y construir vivienda, en los términos que fije la ley.
La reforma constitucional dispone que la ley establezca los términos y condiciones para que las personas trabajadoras puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad. Y precisa que la mensualidad del arrendamiento social no pueda exceder del 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras.
Por último, determina que, en cualquier caso, se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia; además, la ley preverá mecanismos para evitar discrecionalidad o injerencias arbitrarias que limiten el acceso a este derecho.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, aseguró que con esta reforma se podrán construir poco más de un millón de viviendas en seis años, lo que es relevante para la ciudadanía.
Añadió que la reforma constitucional resuelve el “enorme problema” de establecer la responsabilidad directa del Estado para asegurar que todos los trabajadores tengan acceso a una vivienda digna y adecuada, lo cual, además, ayudará a disminuir la pobreza y la desigualdad en el país.
Luis Armando Melgar Bravo, presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, añadió que, de ese millón de viviendas proyectadas para el sexenio, 165 mil se edificarán en 2025, entre las que habrá varias para renta, lo que beneficiará especialmente a jóvenes cuyos ingresos no les permite alquilar un hogar.
“Esta reforma es sensible, tiene una enorme visión porque está viendo un país con una necesidad de jóvenes que lo mínimo que esperan es tener un techo una vez que terminan su educación, y es responsabilidad de todos que esto se dé, porque no hay que olvidar que aquí participamos todos: empresa, sector social y el gobierno”, sostuvo.
Por Morena, Andrea Chávez Treviño destacó que con la reforma la gente tendrá derecho a una vivienda con acceso a servicios básicos y públicos, además de que eliminará malas prácticas de varios políticos en donde los trabajadores “estaban condenados a una estructura clientelar” para que les pudieran dar acceso a un hogar.
Mayuli Latifa Martínez Simón, del PAN, indicó que, según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal, una vivienda en México asciende a un millón 700 mil pesos, pero va variando de acuerdo a las entidades federativas y se ha incrementado hasta en un cinco por ciento anual, lo que hace que miles de trabajadores no puedan de obtenerlas, por lo que aceptó que esta reforma es muy importante, pero consideró que se deben clarificar algunos conceptos del proyecto, e incluir a los trabajadores del Estado.
Del PRI, la senadora Mely Romero Celis aseguró que esta iniciativa “va en el sentido correcto”, porque permitirá encontrar una vía de solución para las viviendas abandonadas y se ampliará el acceso a créditos; pero consideró que este proyecto será una solución para quienes tienen un empleo formal y no para los millones de trabajadores que están en la informalidad, sobre todo los jóvenes que están en esta situación.
A favor del dictamen, Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, destacó que, aunque se ha avanzado en la política pública, aún se enfrenta un déficit de más de ocho millones de personas que carecen de vivienda digna, por lo que es necesario desburocratizar los accesos a créditos para trabajadoras y trabajadores.
Alejandro González Yáñez, también del PT, precisó que los aportes generales de la reforma son el acceso a crédito barato y suficiente para adquirir, mejorar, construir vivienda y suelo; además de establecer que la mensualidad de arrendamiento social no excederá al 30 por ciento del salario mensual de un trabajador. “En las leyes secundarias esto se debe precisar, porque una Constitución debe ser genérica”, puntualizó.
Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, celebró las reformas a la política de vivienda, ya que aproximadamente existen 35 millones de personas que viven en hacinamiento, lo cual afecta en primer lugar el desarrollo de la infancia. Señaló como pendientes atender el derecho a vivienda de trabajadores en la informalidad y favorecer la autoconstrucción.
sábado, 22 de junio de 2024
viernes, 19 de abril de 2024
by Alberto Esteves Arreola
martes, 26 de marzo de 2024
- La senadora Cecilia Sánchez destacó que esta medida busca compensar a los trabajadores ante el alza en el precio del combustible
La senadora Cecilia Sánchez García presentó una iniciativa para que se puedan deducir los gastos de transporte relacionados con el trabajo, como la gasolina, el peaje, transporte público o transporte privado, siempre y cuando estos gastos sean necesarios y se cuente con un comprobante fiscal.
Sánchez García, quien es integrante de la Comisión de Defensa de los Consumidores y legisladora del PRI, comentó que su propuesta busca compensar los gastos que tienen los trabajadores ante el alza en el precio del combustible, y una de las formas de retribuirles es deducir la gasolina que utilizan con motivo del traslado a sus centros de trabajo.
En la propuesta, que fue inscrita en la Gaceta Parlamentaria del 20 de marzo, explicó que esta medida ya se implementa en países de la Unión Europea, donde los trabajadores deducen los gastos de transporte como gasolina, peajes, transporte público y taxis, siempre que se presente un comprobante fiscal.
En Estados Unidos, explicó, los empleados pueden deducir el transporte si se cumplen con ciertos requisitos: que los viajes sean ordinarios y necesarios, que el empleado no sea reembolsado por su empleador y que se tenga un comprobante fiscal.
La legisladora del PRI destacó que su iniciativa, que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta, ayudará compensar las erogaciones que realizan los trabajadores por combustible.
En la propuesta, que fue turnada a la Cámara de Diputados, subrayó que es tiempo de ayudar a los trabajadores, no sólo para quien tiene un automóvil, sino también para quienes utilizan el transporte público y los taxis, ya que no deja de subir el costo del pasaje y se paga tanto el de ida como el de regreso.
Agregó que esta medida contribuye a cerrar esa brecha de desigualdad, pues existen sectores que se ven beneficiados con el apoyo para el transporte que reciben mensualmente o bien otro sector que recibe vales o bonos por concepto de pago de gasolina.
domingo, 11 de febrero de 2024
miércoles, 10 de enero de 2024
By Alberto Esteves Arreola
lunes, 8 de enero de 2024
- Asegura la senadora Verónica Martínez que se busca garantizar la salud de este sector de la población
Mediante una iniciativa, la senadora Verónica Martínez García, del PRI, propuso que los trabajadores que estén asegurados, y tengan bajo su cargo el cuidado de alguna persona adulta mayor, puedan tener una licencia con goce de sueldo para el acompañamiento de éstos a sus citas médicas.
La propuesta enviada a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, está encaminada a garantizar la salud de las personas adultas mayores.
Para ello, la legisladora planteó reformar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
De este modo, indicó, los familiares de primer grado, o que comprueben que están a cargo del cuidado de una persona adulta mayor, y que cuenten con empleos afiliados al IMSS y al ISSSTE, podrán gozar de dicho beneficio.
La senadora precisó que la institución que presta los servicios de salud deberá expedir a los hijos trabajadores asegurados, una constancia que acredite su acompañamiento a la cita médica, a fin de que el patrón o patrones de estos tengan conocimiento de tal licencia.
Expresó que es necesario impulsar políticas que abarquen no sólo a los adultos mayores, sino también a otros actores que son parte del contexto social en el que estas personas se desarrollan, tales como los hijos, esposas o familiares cercanos que viven y conviven con ellos.
Dichas personas, apuntó, en la mayoría de los casos se encuentran encargadas de cuidar y acompañarlos a sus citas médicas, ya que no solo cuidan su integridad física, sino que brindan apoyo emocional y cognitivo a esta población, que a menudo enfrentan desafíos como pérdida de memoria y ansiedad.
“Cuidar de nuestros adultos mayores, no solo es una obligación por ley, es una obligación moral y afectiva para alguien que ha dejado su vida y trabajo en favor de nuestro país y de sus seres queridos”, concluyó.