Es muy grave el alto costo económico, político y social que le cuesta y daña a México la corrupción del gobierno federal, esto le cuesta muy caro a los mexicanos cuando son engañados y no son atendidos en una dependencia pública federal como es el caso de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación (SEGOB) en México.
En términos generales este Mecanismo de la Segob funciona bajo un esquema de corrupción, impunidad y con evidentes deficiencias institucionalizadas de forma intencional para privilegiar actos de corrupción, esto sucede, porque fue integrado por personal que llego contaminado con las características del clásico sistema de corrupción e impunidad que es muy común en la mayoría de las áreas de las dependencias públicas federales del país, donde se siembra y se fomenta actos de corrupción del gobierno federal, ya sea por intereses personales o grupales de sus funcionarios públicos, así como también de los poderes facticos con quien sus funcionarios públicos tienen una injerencia y una relación directa o indirecta para conservar permanentemente puestos de trabajo en la estructura del gobierno federal e incluso también para mantener una relación directa o indirecta por intereses personales o de grupo con diversos gobiernos del país.
Este Mecanismo de la Segob “supuestamente” fue creado por una necesidad y por petición muy extensa de la sociedad civil en México para defender principalmente los derechos humanos de periodistas y defensores de los derechos humanos y el combate a la corrupción en el gobierno federal, sin embargo, el gobierno federal solo creó un elefante blanco con una estructura organizacional integrada principalmente con funcionarios públicos con sueldos millonarios y escaso personal operativo, reiteramos se integró con personal con sueldo de funcionarios ejecutivos pero amañado en su mayoría y con la mentalidad del clásico burócrata negativo y holgazán que tiene una mala actitud hacia el trabajo.
Reiteramos esta dependencia pública dependiente de la Secretaria de Gobernación, fue hecha para proteger los derechos humanos de periodistas y defensores de los derechos humanos y el combate a la corrupción en el gobierno federal, sin embargo en el Mecanismo de la Segob solo han hecho desde su creación una simulación del cumplimiento del objetivo institucional, usted recordara amigo lector, que México acaba ser considerado como el país más peligroso y letal para ejercer la libertad de expresión y el periodismo, recordemos que en México se asesinaron al mayor número de periodistas en el mundo junto con Irak y en el caso de los defensores de los derechos humanos, la situación es prácticamente igual de grave, esto aunque mediáticamente no salga a la luz pública los asesinatos y agresiones a defensores de los derechos humanos, por no ser personas públicas como los periodistas.
Cada vez más son los casos en los cuales los periodistas y defensores de los derechos humanos se tienen que defender y amparar en los tribunales de México en contra de los actos de autoridad del Mecanismo para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, esto porque el Mecanismo no brinda, no brindo o no cumplió con la protección a periodistas y defensores de derechos humanos dictaminada por una Junta de Gobierno del Mecanismo o porque simplemente no cumple a cabalidad con eficiencia y oportunidad con las estrategias de los procedimientos de protección para proteger a los beneficiarios del Mecanismo.
Ponemos un simple ejemplo amable elector de la impunidad con la que opera internamente la funcionalidad del Mecanismo de la Secretaria de Gobernación (Segob) el cual sirve entre muchas cosas para dejar inhabilitado, desprotegido y/o deshacerse de periodistas y/o defensores de derechos humanos que le son incomodos al gobierno federal o a algunos de los poderes facticos con el cual el gobierno federal y sus funcionarios públicos tiene alguna relación de intereses, no importando las necesidades de la ciudadanía y/o víctimas para lo cual crearon instituciones como el Mecanismo para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación.
En casos donde algún poder factico relacionado con el gobierno federal, funcionarios públicos o gobiernos estatales o locales quiere inhabilitar, deshacerse o dejar en la indefensión a un periodista o defensor de derechos humanos, porque le son incomodos por algún motivo; los acuerdos de la junta de Gobierno del Mecanismo de la Segob (máximo órgano directivo de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación (SEGOB) en México) pueden ser o son alterados con toda impunidad para proteger al agresor en perjuicio de la o una víctima, un ejemplo de muchos es el caso del expediente 237/2014 donde se defendía a un periodista del policía federal Enrique Barcenas Neria; aquí la Junta de Gobierno del Mecanismo de la Segob para proteger al periodista dictaminó determinadas medidas de seguridad, entre ellas una reunión conciliatoria entre víctima y el policía federal para garantizar la libertad de expresión, el trabajo periodístico y la seguridad de la víctima y la de su familia. Sin embargo, como el titular del área de evaluación de riesgos del Mecanismo de la Segob es un expolicia federal (un funcionario público con relaciones de interés personal e institucional con la policía federal), también quienes realizan los estudios de evaluación de riesgos de las víctimas, son comisionados de la policía federal en el Mecanismo de la Segob y para colmo, ¡si el caso es en contra de un policía federal, imagine usted amable lector! ¿Es o no, un claro conflicto de interés?
En este caso, mediante un esquema de corrupción otra Junta de Gobierno quita las medidas de protección a esta víctima “por cumplir línea” y sin cumplir con todas las medidas de protección ordenadas por otra Junta de Gobierno, algo ilegal sin duda, y en contra de esto, la víctima tuvo que interponer un amparo ante tribunales, la víctima fue amparada y le fueron devueltas las medidas de seguridad. Pero a pesar de lo anterior y por lagunas jurídicas, el Mecanismo de la Segob ha insistido por años en afectar a la víctima y encubrir a un policía federal que no respeta la ley, y esto, para favorecer principalmente los intereses de poderes facticos de un funcionario público federal que tiene intereses personales e institucionales de poder obscuros para beneficiarse personalmente o a su grupo de poder interinstitucional.
El caso anterior, reiteramos, es uno de muchos ejemplos, donde funcionarios públicos corruptos afectan a víctimas para favorecer a poderes facticos, violando impunemente la ley federal de periodistas y a personas defensoras de los derechos humanos, no importando la vida de las personas a las que por ley se tendría que proteger, este es un ejemplo de las causas por las cuales se ha convertido a México en el país más letal y peligroso para ejercer el periodismo y para defender a los derechos humanos en México, pero esto lo han provocado en muchos casos funcionarios públicos federales corruptos.
De acuerdo a estadísticas publicadas por organizaciones internacionales como Artículo 19 y también de prestigio de derechos humanos en México, la mayoría de las agresiones en contra de periodistas y defensores de derechos humanos ha sido cometido por alguna de las autoridades federales, por funcionarios públicos y/o por poderes facticos que tienen algún tipo de relación con los distintos gobiernos y/o funcionarios públicos, además, la única medida de seguridad que otorgan al 99 % de las victimas si es que son atendidas, es un simple botón de pánico, el cual es contratado con empresas que otorgan un servicio con serias deficiencias “de localización y comunicación”, empresas “que curiosamente” no son auditadas ni verificadas en su funcionamiento por la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, ni tampoco por el Órgano interno de Control de la Secretaria de Gobernación, ya hay una complicidad y encubrimiento y porque el costo por botón es un enorme negocio para los funcionarios públicos que favorecen la contratación de estas empresas favorecidas, porque reiteramos, han otorgado desde su creación y contratación un servicio deficiente e inoperante, se estima que la renta de un botón de pánico cuesta alrededor de $4,000.00 por equipo. En transmisión por cadena nacional el día 17 de enero del 2018 periodista Luis Cárdenas de MVS Noticias denuncio que la empresa RCU, Sistemas S.A. además fue contratada para atender de forma deficiente a beneficiarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) como agencia de viajes, esto aunque no sea su giro comercial, situación que ha generado quejas y denuncias en contra de servidores públicos, sin embargo ha habido hasta la fecha impunidad, esto porque el Órgano interno de Control de la Secretaria de Gobernación se ha hecho de la vista gorda siempre y con esto ha fomentado la institucionalización de la corrupción y la impunidad en la Segob.
CARLOS MUNGUIA RODRÍGUEZ
pluma_dorada50@hotmail.com
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