- Legisladores de la Comisión de Gobernación exigieron que estos hechos no vuelvan a ocurrir
jueves, 3 de octubre de 2024
martes, 25 de junio de 2024
- Integrantes de la Comisión de Gobernación intercambian puntos de vista sobre el dictamen; posponen su discusión
martes, 21 de febrero de 2023
- Remiten a la Mesa Directiva el resto del proyecto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en la materia
Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda determinaron que no aprueban la modificación realizada al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por la Cámara de Diputados, el 15 de diciembre de 2022, por no apegarse en lo previsto en el artículo 72, fracción E), de la Constitución Política.Estos órganos legislativos, que presiden la senadora Mónica Fernández Balboa y el senador Rafael Espino de la Peña, remitieron a la Mesa Directiva del Senado el resto del proyecto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, aprobado por ambas cámaras.Lo anterior, sin incluir el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en consideración de lo dispuesto en el resolutivo primero de este dictamen, para los efectos de lo establecido en la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.La senadora Imelda Castro Castro, de Morena, presentó una propuesta para sustituir en el dictamen la palabra “con excepción” por “sin incluir”, misma que fue aprobada.
El dictamen fue aprobado con 11 votos a favor y seis en contra, por parte de las y los senadores que integran la Comisión de Gobernación; y nueve a favor y cinco en contra, de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, explicó que el pasado 7 de diciembre, la Cámara de Diputados remitió al Senado una minuta en la que la redacción de dicho artículo establecía que:
“Los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los partidos que decidan participar en esta modalidad. Los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”.
Por ello, las comisiones dictaminadoras presentaron un dictamen que eliminaba este párrafo; sin embargo, cuando este proyecto se discutió en la sesión del 14 de diciembre, se presentó una reserva para mantener la redacción original que planteó la colegisladora, misma que fue aprobada por el Pleno.
Fernández Balboa explicó que los diputados no debieron alterar esa redacción, pues no contenía ninguna modificación. Por este motivo, el dictamen que avalaron las comisiones este lunes no aprueba la modificación al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, realizada por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2022.
El senador de Morena, César Cravioto Romero, acusó a la oposición de querer “descarrilar” el proceso de la reforma electoral, y que, en caso de tener la razón jurídica, no se deben de preocupar, ya que otras instancias se las dará. “Aquí las comisiones están presentando un dictamen que tendrán ustedes la opción de votarlo a favor o en contra”.
Damián Zepeda Vidales, senador del PAN, se pronunció por eliminar la llamada “cláusula de vida eterna”, porque “está quedando delicadamente pendiente ese artículo”, y que, bajo esa óptica, quedaría en el limbo, toda vez que quedará pendiente para su futura discusión; en ese contexto se manifestó en contra de la transferencia de votos entre partidos.
Claudia Edith Anaya Mota, senadora del PRI, dijo que el documento a discusión no puede ser considerado un dictamen, y que con este procedimiento se violenta más el artículo 72 constitucional. “La minuta, de manera integral, está viciada de origen, no sólo el artículo que quieren sacar y lo que están haciendo ahorita, sólo nos va a ayudar a presentar elementos de inconstitucionalidad”.
De Movimiento Ciudadano, el senador Noé Castañón Ramírez expresó que es un dictamen y un proceso legislativo plagado de violaciones constitucionales; además de que el grupo mayoritario quiere imponer un cúmulo de modificaciones de diversas leyes en materia electoral y sólo se transgrede el Estado de derecho con ello.
En su oportunidad, el senador Israel Zamora Guzmán, del PVEM, indicó que las expresiones hechas por parte de las y los senadores de oposición no se encuentran apegadas a lo jurídico o de acuerdo con lo que establece la Constitución.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador del Grupo Parlamentario del PRD, advirtió que en todo el dictamen no se encontró un artículo que pueda ser discutido, es decir que no se tiene materia.
En tanto, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, aseguró que el “Plan B” es una ruptura y un fraude a la Constitución Política, por lo que “no se olvidará que ustedes y el Presidente de la República fueron los constructores de ese andamiaje; además representará una derrota ética del movimiento que dicen que representan”.
martes, 23 de agosto de 2022
- Indispensable contar con estadísticas que permitan establecer políticas públicas para garantizar el interés superior de la niñez, afirman legisladores
Las y los integrantes de la Primera Comisión de la Permanente, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, que preside la senadora Lucía Meza Guzmán, aprobaron 12 dictámenes derivados de puntos de acuerdo que les fueron turnados para su análisis.
Entre ellos, destaca un documento por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para que diseñe una metodología que permita censar las violencias contra niñas y niños.
El censo, plantea el documento, debe contener los tipos de violencia, violencia por edad, violencia por clasificación de género, violencia por discapacidad y violencia por tipo de población.
La proposición avalada por unanimidad, en votación económica, busca que esta información ayude a promover acciones en materia de prevención y atención, las cuales garanticen el interés superior de la niñez.
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, de enero a marzo de 2022 se cometieron 595 homicidios de niñas, niños y adolescentes, siendo Michoacán, Jalisco y Guanajuato los de mayor prevalencia.
Además, durante el periodo de confinamiento a causa de la pandemia por Covid-19, World Vision México realizó un Informe Nacional sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes, en el que se destaca que 64 por ciento de estos perciben un incremento de la violencia contra ellos.
El 86.9 por ciento percibe como violencia los golpes, 93.4 por ciento la violencia sexual y 93.8 por ciento el encierro, lo que quiere decir que durante el período de confinamiento las niñas, niños y adolescentes vivieron y percibieron estas violencias al interior de sus hogares.
En este sentido, las y los legisladores coincidieron en que es indispensable promover políticas públicas efectivas, por lo que es necesario contar con información, datos y estadísticas que identifiquen la incidencia de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México.
Por ello, consideraron que se requiere generar plataformas que permitan consultar la información de manera transversal para identificar, registrar, procesar y analizar los casos de violencia, lo que implica construir y vincular unidades de información estadística que fortalezcan estos datos.
lunes, 25 de octubre de 2021
- Personas que soliciten el ejercicio pueden elegir libremente el método para recolección de firmas, plantea el dictamen
Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron el dictamen al decreto por el que se establece la interpretación auténtica de los artículos 11 y 12 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2021.
En el documento aprobado se determina que el propósito del contenido de dichos artículos fue establecer que las personas solicitantes del proceso de revocación de mandato tengan la facultad de elegir libremente el método de recolección de firmas ciudadanas que deseen.
“Por lo cual, se recabarán y entregarán de manera válida los formatos impresos y medios electrónicos de recolección de apoyo ciudadano en todos los municipios y demarcaciones territoriales de la República”.
Las y los senadores aclararon que el Congreso de la Unión no estableció preponderancia alguna entre los formatos impresos y medios electrónicos para la recopilación de firmas y tampoco estableció un régimen de excepción.
El dictamen también plantea que el Instituto Nacional Electoral (INE) conocerá del contenido del presente decreto, para los efectos correspondientes y relativos al Acuerdo del Consejo General de este Instituto, por el que se modifican los Lineamientos para la Organización de la Revocación de Mandato y sus anexos, aprobado el 30 de septiembre de 2021.
Además, dispone que cualquier interpretación que se hagan respecto de los artículos 11 y 12 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, por parte de los órganos del poder público y de las y los ciudadanos, deberá apegarse estrictamente a lo establecido en el presente decreto.
La senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación, explicó que, en la reunión de las comisiones unidas del 11 de octubre, se acordó un receso al no llegar en ese momento a un acuerdo sobre el ejercicio de interpretación auténtica, cuya figura se incluye en el artículo 72 de la Constitución, inciso F.
No obstante, en un ánimo de diálogo, subrayó, posteriormente se convino que a través de los coordinadores de los Grupos Parlamentarios se presentara un pronunciamiento en el mismo sentido, pero el INE rechazó el llamado del Senado y avaló los lineamientos que “contravienen el espíritu” de los artículos 11 y 12 de la Ley.
Fernández Balboa destacó que el proceso de revocación de mandato empieza en estos días, por lo que es oportuna la presentación de este decreto de interpretación auténtica. “Estamos apostando a que, con este instrumento, que sí tiene toda la característica de vinculación legal, pues el INE pueda actuar en consecuencia”.
En su oportunidad, el senador César Cravioto Romero, de Morena, asentó que no son suficientes los argumentos que presentó el Instituto Nacional Electoral para desatender el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por lo que se insiste en que los lineamientos del Instituto sobre esta materia se apeguen a lo que establece la Ley Federal de Revocación de Mandato.
Asimismo, llamó a los legisladores “a no permitir que una instancia que no hace leyes en el país pueda modificar a su antojo un ordenamiento”.
El senador Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, recordó que ya hay una impugnación ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de los lineamientos que emitió el Instituto Nacional Electoral para la revocación de mandato.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, expresó: “pareciera que lo que quieren hacer ahora es la consulta de revocación de mandato a fuerza, se los digo con franqueza, no veo un movimiento social” que pida que se lleve a cabo este ejercicio.
Anaya Mota y Noé Castañón coincidieron en que aún hay tiempo para esperar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
jueves, 23 de mayo de 2019
lunes, 21 de enero de 2019
jueves, 17 de enero de 2019
- Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica De Gyvés Zárate y Alejandro Gertz Manero la conforman.