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martes, 21 de noviembre de 2023


  • Inauguran exposición “Tonacayotl, nuestro sustento”, del artista plástico Santiago Robles 

 


La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, llamó a evitar que el maíz se convierta en una mercancía controlada por los grandes monopolios internacionales, para no poner en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país e impedir que se encarezcan los alimentos.  

 

Así lo expresó la senadora Rivera Rivera al asistir a la exposición “Tonacayotl, nuestro sustento”, del artista plástico Santiago Robles, que fue inaugurada por el senador José Ramón Gómez Leal, de Morena 

 

En entrevista, la senadora Ana Lilia Rivera destacó que el maíz es el corazón y alma de México, por lo que “tenemos que proteger” a este grano que es la fuente de nuestra alimentación. 

 

Recordó que la Ley Federal de Fomento y Protección al Maíz Nativo declara a este grano como patrimonio de México, fundamental para asegurar el derecho humano a una alimentación sana. 

 

Sin embargo, señaló, la Secretaría de Desarrollo Rural no ha convocado a las instancias correspondientes para crear el Consejo Nacional del Maíz, que se encargará de establecer las políticas públicas para su fomento y protección, así como para evitar, a través de reglamentos de salud, el consumo de maíz transgénico. 

 

Subrayó que desde el Senado de la República “podemos hacer una gran campaña de difusión de esta ley, que ya existe; y una gran campaña de información sobre lo importante que es para la soberanía de México, para que el maíz no sea contaminado por transgénicos y que por supuesto tengamos derecho a un consumo informado”. 

 

“No podemos permitir que el maíz se convierta en una mercancía absolutamente controlada por los grandes monopolios internacionales”. 

 

“Hoy nosotros intercambiamos semillas, no tenemos que pagar impuestos por ello, nosotros sembramos y podemos producir sin tener que pagar por almacenarlos”, pero si perdiéramos estas semillas -que son libres de patentes, de control comercial-, se puede llegar al extremo de pagar por sembrar, por guardar, por comercializar, por intercambiarlas, advirtió. 

 

Ana Lilia Rivera consideró que estas fuentes nativas de alimentación “no pueden ser contaminadas, no podemos jugar genéticamente con ellas, con las variedades de nuestro maíz, solamente por intereses de unos cuantos”, porque esto provocaría “millones de ganancias para ellos y una pérdida histórica y brutal para el pueblo de México”. 

 

A su vez, el senador José Ramón Gómez Leal, de Morena, inauguró la exposición sobre las culturas originarias de Mesoamérica, que busca rescatar las expresiones culturales que se han desvanecido desde la Conquista, a lo largo de cinco siglos. 

 

Subrayó que esta exposición celebra la riqueza cultural y el espíritu creativo de México con las obras de Santiago Robles, que “son un reflejo vibrante de la identidad del país, una ventana a través de la cual podemos explorar la historia de México”. 

 

El artista Santiago Robles, en tanto, agradeció el espacio para presentar su exposición en el Senado de la República, “en donde podemos sentirnos muy orgullosos de lo que somos, en donde podemos defender a nuestras identidades, en donde podemos presumir que somos mexicanos y mexicanas”. 

 

El director general de Vinculación Cultural Comunitaria, Juan Gerardo López Hernández, destacó la originalidad de la obra del autor Santiago Robles, pues su arte representa una oportunidad de reconocer a la sociedad en la raíz y en la verdad.   

 

Mencionó que las 22 obras de Santiago Robles, expuestas en el Motor Lobby del Senado hasta el próximo 24 de noviembre, hacen una actualización del método discursivo, “originario de las pinturas, del discurso a través del códice. 

Llama Ana Lilia Rivera a impedir que el maíz sea mercancía controlada por grandes monopolios

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jueves, 12 de octubre de 2017


El periodista, artista plástico y abogado mexicano Juan Carlos Martínez,  solicita al presidente Enrique Peña Nieto, la  revisión y modificación de laudo, así como la sentencia definitiva de sus expedientes a fin de que se le reinstale y le paguen sus pretensiones laborales que genero como trabajador de base en el gobierno de la Ciudad de México.
Una gran variedad de actuaciones irregulares gubernamentales han mermado la vida del artista plástico, reconocido el año pasado por el Senado de la República a través de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación y la Asociación Civil Comunicadores por la Unidad.
Una de las más fuertes –dijo- fue el fallo que emitió la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) y como Primero el Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito (TCC) y en la Ciudad de México, en su contra donde fue nulo el reconocimiento a la reinstalación de su fuente de trabajo y el pago de sus pretensiones, a pesar de aportar los elementos suficientes de prueba necesarios.
“Como es evidente, esta contienda no me fue favorable por varias razones, pues estuvo contra mí persona de manera jurídica todo el poder del ejecutivo estatal, el Titular de la Delegación Iztapalapa, desde su despido injustificado, pasando por un procedimiento el TFCA, pues no suplió las deficiencias de la demanda de manera oficiosa y de orden público, a que tiene derecho todo trabajador.
“El TCC no aplicó la Suplencia de la Queja que también es de interés social para la base trabajadora, tal y como se muestra en su expediente”.
Sólo el presidente de México Enrique Peña Nieto, -añadió- puede modificar el Laudo del expediente 175/2013 radicado en la séptima sala entablado en el TFCA, así como la sentencia definitiva con número de expediente 147/2017 en el TCC, donde le niegan la reinstalación, los sueldos caídos y las horas extras, entre otras prestaciones que por derecho corresponden.
Sin embargo, la incoherencia se hace presente ya que sólo quieren pagar las aportaciones ante el ISSSTE, SAR y Fovissste, con lo que demuestra que sí era de la base trabajadora y no de confianza, como argumentan distintas autoridades gubernamentales.
En cuanto a las otras arbitrariedades del ejecutivo local, expresó que de víctima del delito de robo de obras de arte, despojo de su vivienda y privación ilegal de la libertad, ahora pasó a ser probable responsable por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pasando por alto la Ley General de Víctimas.
El constante ataque que estuvo padeciendo su familia con cargos fabricados de ultraje y alterar la paz pública, robo y resistencia civil sin parte acusadora, más que de los propios policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, sin petición de parte, sin orden de aprehensión y sin orden de cateo, todo lo anterior una actuación anticonstitucional declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Periodista en Huelga de Hambre Contra Laudo Judicial

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lunes, 4 de abril de 2016




La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, (PGJDF) manipuló los videos del día 14 de marzo del 2014, en los que Juan Carlos Martínez Nava, artista plástico y reconocido periodista cultural por su labor altruista, denunció por el delito de despojo, privación ilegal de la libertad, y el robo de obras de arte calculadas en más de 700 mil pesos.

Además de mil libros de su biblioteca personal, equipo de cómputo y herramientas de trabajo, por parte de supuestos grupos de choque de Dolores Padierna y René Bejarano, la denuncia fue interpuesta también en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSPDF), funcionarios del Instituto de la Vivienda del Distrito Federal, y la propia Agencia del Ministerio Público.

Los videos manoseados por la PGJDF eran de las cámaras instaladas en la Coordinación Territorial CUH-8, de la (PGJDF) ubicada en calle Chimalpopoca 100, colonia Obrera, que se acreditaban como prueba plena de la declaración del comunicador sobre los hechos delictivos versus los implicados.

Sin embargo, con la conclusión que emite la agente del Ministerio Público Ana María Esquivel Silva y la Oficial Irma Robledo Romero, a cargo de Alejandro Gamboa Olivares, determinó que la carpeta de investigación con número FCH/CUH-8/T1/01102/14-03 se ha ido a LA RESERVA y por tal no se ejerce acción penal en contra de los implicado por falta de elementos para consignar a los responsables del delito.
Vale anotar que dicho delito ahora compete al fuero federal, ya que es evidente que son más de tres los implicados; sobre todo, que existe complicidad de diversos funcionarios públicos.

Martínez Nava, artista, manifiesta que la denuncia por diversos delitos que padeció en la calle de Doctor Río del Loza número 234-1, colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, a cargo entonces de Miguel Ángel Mancera, no procedió a pesar de haber presentado las testimoniales, las documentales públicas: recibo de recibos de Teléfonos de México, CFE, permisos Seduvi, credencial del IFE y las pruebas privadas.

En cuanto a las periciales psicológicas, que por cierto nunca llegaron a la carpeta de investigación; sin embargo, con el apoyo de otros periodistas, se logró recabar información relevante, como la manipulación de los videos que la procuraduría remitió a la carpeta de investigación FCH/CUH-8/T1/01102/14-03.
Desde mi punto de vista –dijo el comunicdor-, la Procuraduría se encuentra en un letargo, no investiga ni investigará, y lo peor protege a la delincuencia organizada coludidos con funcionarios públicos infieles a la enmendadura.

Además, deja a los particulares hacer labor de investigación, y es por eso que pareciera que hay intereses obscuros; pues, también se mandó solicitar que declaren las ahora ya implicadas Miriam Domínguez Ruiz, Concepción Ruiz Torres, quienes junto con María del Carmen Hernández Martínez, supuesta administradora del predio de Doctor Río de la Loza y la señora Sandra Gómez Hernández, supuesta gestora del INVI-DF, iconoclastas, porque quemaron obra de arte de valor incalculable y se repartieron las pertenencias.
En cuanto a los videos solicitados desde el inicio de la denuncia, fueron entre las 10 de la mañana a las 16 horas del día 14 de marzo de 2014, cuando el comunicador fue remitido a la agencia del Ministerio Público CUH-8, sin ser presentado ante su representante legal, Arlette Irazábal San Miguel, por parte de los elementos de la SSPDF y ante la Ministerio Público Elena Acevedo Flores, quien manifestó al periodista que debería entregar la posesión del local, lo cual fue negado y ocasionó la furia de éstos.

Sin embargo, la Procuraduría presentó 4 Discos Compactos, uno de ellos de la cámara 1, localizada en la entrada principal de la Coordinación Territorial CUH-8, el primer video señalando las 10:30:30 a las 10:56:36 A.M., no encontrando algún indicio de que el periodista estuviera detenido ese día el 14 de marzo de 2014,  ni una de sus contrapartes.
Otro de los videos fue el de las 10:56:46 a 11:22.49 A.M., dentro de este siendo las 11:14:13 aparece Juan Carlos Martínez, argumenta y protestando bajo palabra de decir verdad, que sí, efectivamente, él estuvo pero a las 23:14.13 horas de la noche, tal y como aparece en el video a dar parte de las actuaciones de este grupo que continuaban haciendo de las suyas, en la que no encontró respuesta.

Asimismo, es evidente que hubo “mano negra” ya que el análisis nos dice que de las 11:59:59 debió cambiar por las 24:00:00 y el día debió haber sido 15 de marzo de 2014, no obstante, continúa con su intento de engaño con las 12:00:00 del mismos día 14 de marzo de 2014.

En conclusión urge -dijo Juan Carlos Martínez-, se castigue a estas organizaciones delictivas dedicadas al despojo y robo de bienes inmuebles con penas más severas, equiparables a las del secuestro; al igual que funcionarios públicos una vez acreditando la responsabilidad de la complicidad de los servidores públicos de igual manera.

Aparte de que son acreedores a una doble sanción, deberían de incrementarse las penas corpóreas y resarcir los daños; en cuanto a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, realmente haga su trabajo la labor de investigación de manera pronta como marca la Carta Federal, todavía vigente.

Y en los casos que intervengan instituciones como la de vivienda, seguridad pública, senadores y diputados, pierdan el fuero y reparen los daños y perjuicios por violaciones a los derechos humanos, multiplicando de 10 mil veces el salario mínimo sea de 20 mil, pero por dependencia involucrada en actos ilícitos.

Manipuló PGJDF Videos de Robo y Despojo al Comunicador y Artista Juan Carlos Martínez

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