Solicita que de manera oficiosa y con base en el artículo 4º de la Ley de Amaro la revisión y modificación de laudo, así como la sentencia definitiva de sus expedientes a fin de que se le reinstale y pague sus pretensiones.
Una gran variedad de actuaciones irregulares gubernamentales han mermando la vida del artista plástico Juan Carlos Martínez, reconocido el año pasado por el Senado de la República a través de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación y la Asociación Civil Comunicadores por la Unidad.
Una de las más fuertes –dijo- fue el fallo que emitió la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) y como Primero el Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito (TCC) y en la Ciudad de México, en su contra donde fue nulo el reconocimiento a la reinstalación de su fuente de trabajo y el pago de sus pretensiones, a pesar de aportar los elementos suficientes de prueba necesarios.
Como es evidente –manifestó- esta contienda no me fue favorable por varias razones pues estuvo contra mí persona de manera jurídica todo el poder del ejecutivo estatal, el Titular de la Delegación Iztapalapa, desde su despido injustificado y pasando por un el procedimiento, el TFCA pues no suplió las deficiencias de la demanda de manera oficiosa y de orden público, a que tiene derecho todo trabajador, el TCC no aplicó la Suplencia de la Queja que también es de interés social para la base trabajadora, tal y como se muestra en su expediente.
Sólo el presidente de México Enrique Peña Nieto, -añadió- puede modificar el Laudo del expediente 175/2013 radicado en la séptima sala entablado en el TFCA, así como la sentencia definitiva con número de expediente 147/2017 en el TCC, en donde le niegan la reinstalación, los sueldos caídos y las horas extras, entre otras prestaciones que por derecho corresponden; sin embargo, la incoherencia se hace presente ya que sólo quieren pagar las aportaciones ante el ISSSTE, SAR y FOVISSSTE, con lo que demuestra que si era de la base trabajadora y no de confianza como argumentan las distintas autoridades gubernamentales.
En cuanto a las otras arbitrariedades del estado local, expresó que de víctima del delito del robo de obras de arte, despojo de su vivienda y privación ilegal de la libertad, ahora pasó a ser probable responsable por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pasando alto la Ley General de Víctimas.
El constante ataque que estuvo padeciendo su familia con cargos fabricados de ultraje y alterar la paz pública, robo y resistencia civil sin parte acusador más que de los propios policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de México, sin petición de parte, sin orden de aprehensión y sin orden de cateo, todo lo anterior una actuación anticonstitucional declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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