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viernes, 5 de julio de 2019



Con la finalidad de realizar un balance sobre la consolidación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a tres años de su entrada en vigor, y de fortalecer los mecanismos de coordinación estatales y federal, que promuevan la protección integral de derechos y la reinserción de las y los adolescentes en el sistema de justicia, el día de ayer se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, el Foro “La Justicia Penal para Adolescentes en México”.

En el marco del acto inaugural, se realizó la proyección de varios videos sobre testimonios de jóvenes, apoyados por organizaciones de la sociedad civil, que han ingresado al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En tal sentido, se reiteró que todo esfuerzo para consolidar el sistema de justicia para adolescentes, precisa transitar de la aplicación de medidas retributivas de carácter punitivo, heredadas del sistema inquisitivo mixto, a una justicia restaurativa que coloque en el centro del ejercicio de autoridad el respeto a los derechos humanos.
 

En este sentido es necesario sumar voluntades, coordinar esfuerzos, fortalecer mecanismos, afinar estrategias, evaluar resultados, erradicar prácticas lesivas e impulsar las mejores, a fin de garantizar a los adolescentes en conflicto con la Ley, su reinserción social y alternativas para reintegrarse a la vida familiar, comunitaria, social y laboral.

El evento, organizado por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), fue presidido por Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, quien puntualizó que para lograr la consolidación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es preciso trabajar en cuatro ejes: el fortalecimiento de los órganos especializados que conforman el Sistema, la capacitación de los órganos de seguridad pública de nuestro país, incluida la Guardia Nacional, el impulso de una agenda legislativa para la adecuación normativa y operativa, y la consolidación de políticas públicas en favor de los adolescentes.

En el Foro también participaron Ricardo A. Bucio Mujica, Secretario Ejecutivo del SIPINNA; Paulina Téllez Martínez, Encargada de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación; la Magistrada Sara Patricia Orea Ochoa, representante de la Red Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.

También la diputada María del Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados; Ruth Villanueva Castilleja, Tercera Visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Ricardo Peralta, Subsecretario de Gobernación, y Luis García López Guerrero, Titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, en representación de Franco Fabbri Vázquez, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

SESNSP Y SEGOB REVISAN AVANCES EN LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

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martes, 2 de julio de 2019



  • En el Foro “México ante la Migración: Retos y Perspectivas, la senadora Vanessa Rubio Márquez indicó que es fundamental preservar los derechos humanos de los migrantes.

     
México enfrenta fenómenos migratorios adversos, donde actualmente vemos caravanas de migrantes – principalmente centroamericanos- tratando de entrar a la fuerza por la franja fronteriza del sur del país, lo que genera diversos problemas para México, sobre todo de seguridad nacional, aseveró la senadora Vanessa Rubio Márquez.

Al inaugurar el Foro “México ante la Migración: Retos y Perspectivas”, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe habló sobre la complejidad que representa la migración. Mencionó que ante este fenómeno histórico intrínseco, México debe seguir siendo un país solidario y cooperar en soluciones de fondo preservando los derechos humanos de los migrantes.

Al hacer un reconocimiento al Gobierno, por las negociaciones migratorias, que encabeza la Secretaría de Relaciones Exteriores, subrayó: “es importante subsanar las causas estructurales que obligan a los migrantes del triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), que salen de sus países de origen porque temen por su seguridad, y porque no tienen otra alternativa de vida.

La legisladora priísta aseveró que la migración es un fenómeno complejo que no se puede impedir. Se debe regular, dijo ordenando los flujos fronterizos, garantizando los derechos y seguridad de los migrantes.

Por su parte, el senador Miguel Ángel Mancera Espinoza, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, destacó que la migración implica la práctica de diversos delitos que no se castigan adecuadamente y sugiere adecuar la Ley Nacional de Extinción de Dominio recién aprobada, para que esos delincuentes, puedan ser sujetos de su aplicación, decomisando el producto de sus ilícitos, situación que la Ley no concede en los términos que se aprobó.

Indicó que los legisladores tienen un papel fundamental para que se armonice la legislación en la materia, dotando a las autoridades de los elementos idóneos para interactuar en la búsqueda de una solución integral.

Subrayó que México por su posición geográfica es destino, origen y tránsito de personas, situación que cada año se agrava, al incrementarse en 17 por ciento, el flujo anual promedio de migrantes.

Asimismo, durante el foro se desarrolló la mesa 1 “Implicaciones regionales y globales de la migración”, donde el académico de El Colegio de la Frontera Norte, Alberto Hernández señaló que actualmente se ha incrementado el número de solicitudes de asilo por razones humanitarias. Si bien, agregó, la mayoría tiene como destino Estados Unidos, otros optan por quedarse en México, lo que está generando serios problemas al país.

Edgar Corzo Sosa, integrante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró que ahora México debe enfrentar el retorno de migrantes, una situación que no se tenía en agenda y ha cambiado. Solicitó mejorar los protocolos de la Guardia Nacional, pues en su actuar frente a madres con niños resulta traumático y su traslado a centros de Migrantes, se convierte en una auténtica privación de la libertad. 

En el evento -que fue organizado por el Instituto Belisario Domínguez, que preside el senador Miguel Ángel Osorio Chong- también se trabajó la mesa “El Fenómeno migratorio en México: Medidas actuales y sus perspectivas, donde participaron investigadores, profesores, de El Colegio de México y de diversas instituciones educativas del país, entre otros.

La migración problema de seguridad nacional: Vanessa Rubio

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El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, y su equipo de trabajo, visitaron el día de ayer las instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para sostener una reunión de trabajo con el titular de este órgano desconcentrado, Franco Fabbri Vázquez y servidores públicos de la dependencia.

El encargado de moderar la mesa de trabajo fue Luis García López Guerrero, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, quien explicó que la recomendación hecha por la CNDH sobre el “Caso Iguala”, junto con las experiencias obtenidas en los municipios y en los estados, ha sido una de las principales fuentes para el desarrollo de un nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, en el cual la salvaguarda de los derechos humanos tiene un papel fundamental.
 

Durante su mensaje de bienvenida, Franco Fabbri Vázquez, titular del SESNSP subrayó que el diseño del Modelo Nacional de Policía no ha sido un trabajo de gabinete, sino que es resultado de un esfuerzo conjunto que ha realizado el propio Secretariado Ejecutivo con la participación de las cuatro Conferencia Nacionales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las Comisiones Permanentes, las autoridades estatales y municipales, así como representantes de la sociedad civil y expertos en la materia.

Asimismo, Bertha Alcalde Luján, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), puntualizó que la idea central del Modelo es el fortalecimiento de los cuerpos policiales estatales y municipales, para poder alcanzar el objetivo de paz y seguridad que el país demanda.

Mauricio Ibarra Romo, titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, detalló que para la revisión del método de certificación policial también se han tomado en cuenta las recomendaciones de la CNDH, para que las evaluaciones de control de confianza que se aplican a los elementos policiales, no sean de carácter punitivo, sino que prioricen el desarrollo policial, y de esa manera se logre contar con elementos que generen más confianza entre la ciudadanía.

También fue presentado ante el ombudsman nacional la propuesta para el nuevo formato del Informe Policial Homologado (IPH), herramienta que utilizan los elementos policiales para hacer el levantamiento inicial de información ante un hecho delictivo.

La exposición de este esquema corrió a cargo de David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información (CNI), quien señaló que este nuevo diseño rescata lo mejor de las versiones anteriores e identifica las mejores prácticas policiales. Puntualizó que el formato pone al policía en el centro y procura en todo momento el respeto de los derechos humanos del detenido o infractor, así como del elemento policial.

En su mensaje de despedida el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, reconoció la disposición del SESNSP y sus servidores públicos para trabajar en conjunto, y se congratuló que sean tomadas en cuenta las recomendaciones del organismo que él encabeza para la construcción de políticas en materia de seguridad. Reiteró la disposición de la Comisión Nacional para coadyuvar y aportar, desde su perspectiva en los temas de seguridad del país.
 

EL SESNSP Y LA CNDH REITERAN SU DISPOSICIÓN PARA TRABAJAR EN CONJUNTO POR LA SEGURIDAD DEL PAÍS

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jueves, 23 de mayo de 2019


 
- La recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco se analizará puntualmente y se responderá en tiempo y forma. Actualmente, se tiene un avance del 80% en el cumplimiento de dichas recomendaciones
 
- Aclara Gobierno que nunca más se utilizarán cámaras frigoríficas móviles para resguardar cuerpos de personas que no han sido identificadas o reclamadas y que el IJCF contará con 30 mdp más de presupuesto este año para contratar 32 peritos

El Gobierno de Jalisco, a través de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, informó esta mañana sobre los avances que se han logrado en esta administración en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), los cuales coinciden con los puntos que menciona la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en la recomendación que recientemente emitió.

El Gobierno del Estado ha tomado medidas dentro de la institución que permiten garantizar que no se repetirá una crisis como la del año pasado, ni que se vuelvan a usar cámara frigoríficas móviles. Como parte de estas acciones, se ha aumentado el 30 mdp el presupuesto del Instituto que permitirán contratar 32 peritos más, aumentó la capacidad de almacenamiento de cuerpos, se consiguieron fondos federales de 37 mdp del FASP para equipamiento (una de las primeras acciones será la compra de reactivos de genéticos), y se instaló en febrero el Comité de Inhumaciones (que sesiona todas las semanas), cuya labor ha permitido la inhumación de casi 40 cuerpos, en un trabajo en donde participan también los colectivos de búsqueda de personas, en conjunto con varias dependencias de gobierno.

Macedonio Tamez, Coordinador de Seguridad del Gobierno Estatal, afirmó sobre la recomendación emitida de la CEDHJ: “Agradecemos que se nos diga lo que ya sabemos, agradecemos que se nos recomiende lo que ya estamos haciendo. No compartimos la predicción de que puede suceder otra contingencia porque estamos trabajamos arduamente y lo estamos logrando todos los días”, expresó el coordinador de seguridad, Macedonio Tamez Guajardo.

Es compromiso de esta administración hablar siempre con la verdad, por ello se hacen las siguientes consideraciones:

· Nunca más se hará uso de cámaras frigoríficas móviles para resguardar los cuerpos de personas que no han podido ser identificadas o reclamadas.

· Efectivamente, como reportó la CEDHJ, el conteo que se dio en aquel momento no era fiable y tampoco garantizó la trazabilidad de la información, por lo que hoy es imposible dar un número exacto de cuántas personas fallecidas sin identificar hubo en aquel momento.

· En estos meses, el IJCF ha aumentado su capacidad de almacenamiento, por lo que está muy lejos de colapsar.

· Se gestionó el aumento presupuestal de 30 millones de pesos, lo que permitirá la contratación de 32 peritos de distintas especialidades: psicología, medicina legal, criminalística y genética.

· Se han solicitado partidas especiales para aumentar la capacidad del laboratorio de genética.

· En febrero, se instaló el Comité de Inhumaciones, el cual autorizó el proceso para 40 personas, con base a la información documentada en los Archivos Básicos de Identificación y en la última sesión se autorizaron 7 casos más. Por primera vez, en este comité participan familiares de personas desaparecidas, con quienes se ha trabajado de cerca, gracias a las gestiones de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.

· Se mejoró la coordinación y comunicación directa entre el IJCF y la Fiscalía del Estado, específicamente con las autoridades ministeriales de las áreas de Homicidios y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

· Se entregarán las listas de víctimas indirectas a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para que den la atención que marca la ley.
· Trabajamos en un convenio de colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja para un Proyecto Forense que nos permita la identificación y/o llenado de Archivos Básicos con Fines de Identificación de todos los cuerpos. Este convenio será firmado por el Gobernador en las próximas semanas.

· Analizamos un proyecto de acompañamiento y contención emocional, en colaboración con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para la creación de un protocolo conjunto para la notificación inmediata de identificación.

· La capacitación del personal forense se ha intensificado, pues asumimos como compromiso que los funcionarios del IJCF cumplan con los estándares de trabajo, manejo de datos y trazabilidad que indican los protocolos de Tratamiento e Identificación Forense y Primer Respondiente.

Presenta Gobierno de Jalisco avances en materia forense

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lunes, 29 de abril de 2019

-Víctimas demandaron la renuncia de Sergio Jaime Rochín 

La senadora Nestora Salgado García reprochó en conferencia de prensa la falta de voluntad política del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) Sergio Jaime Rochín quien no acudió hoy a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos a pesar de que el Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen que lo citaba. 

“Resulta lamentable la ausencia del comisionado Rochín, esta situación evidencía la profunda debilidad institucional y las grandes limitaciones para proveer protección, atención y reparación del daño para las víctimas”, reprochó la senadora Salgado. 

En la conferencia para dar a conocer el posicionamiento ante tal omisión estuvieron víctimas que viajaron de diversos estados del país, así como organizaciones de la sociedad civil y la senadora Citlalli Hernández, el senador Miguel Ángel Navarro, las senadoras Marta Lucía Mícher, Guadalupe Covarrubias, Lilia Margarita Valdez, Salomón Jara y el senador independiente Emilio Álvarez Icaza. 

“Si bien existe un oficio mediante el cual se señala su ausencia por encontrarse en Ginebra, Suiza, al haber formado parte de la Delegación mexicana ante el Comité contra la Tortura, hemos de decir que un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, señala que dicha reunión concluyó el pasado viernes 26 de abril, por lo que bien pudo haber estado el día de hoy en el Senado”, apuntó la senadora Salgado, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. 

Las senadoras y senadores que formamos parte del Grupo Parlamentario de Morena lamentamos que exista una renuencia al cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas en pro de la protección y garantía de los derechos de las víctimas. 

Es mi deber reafirmar el compromiso con las víctimas y decir que haremos lo posible para que el titular de la CEAV cumpla con el llamado del Senado y comparezca respecto al desempeño de sus funciones, finalizó  la senadora. 

Hay una falta de voluntad política del titular de la CEAV para dar respuesta a los reclamos de las víctimas

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martes, 9 de abril de 2019


En la firma del convenio de asesoría en materia de derechos humanos para la Guardia Nacional entre la Alta Comisionada de la ONU en esta materia, Michelle Bachelet, y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que esta nueva corporación policiaca ayudará de manera definitiva a la recuperación de la paz que deseamos las y los mexicanos.

El doctor Durazo expresó que nuestro país ha atravesado un difícil período de más de 12 años de inseguridad creciente. Por ello señaló que “aspiramos a que los derechos humanos nunca más se divorcien del quehacer del Estado en materia de seguridad pública, y para ello nos es indispensable la colaboración de los organismos multilaterales”, como lo es, muy destacadamente, la oficina de la Alta Comisionada Michelle Bachelet.
 

Añadió que tenemos el compromiso de que la Guardia Nacional sea ejemplar y que su organización, capacitación y actuación respondan a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Buscamos que sea un cuerpo profesional y respetado por la sociedad, digno de contar con su confianza, así como eficaz en el combate a la criminalidad, sin excesos ni abusos de ningún tipo.

Indicó que este compromiso con los derechos humanos es también un elemento esencial del Modelo Nacional de Policía que se elabora junto con gobiernos estatales y municipales. Destacó, además, que la regeneración ética de la sociedad y la atención a las necesidades sociales básicas son un medio y un propósito de la transformación que vive nuestro país en el ámbito de la seguridad pública y el combate a la delincuencia.

Para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es fundamental cumplir con el compromiso del Presidente de la República, en el sentido de colaborar con los organismos internacionales para garantizar un pleno respeto a los derechos humanos en el cumplimiento de su responsabilidad institucional de recuperar la paz y la seguridad en beneficio de todos los mexicanos.
 

QUE LOS DERECHOS HUMANOS NUNCA MÁS DE DIVORCIEN DEL QUEHACER DEL ESTADO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA: ALFONSO DURAZO

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sábado, 30 de marzo de 2019


  • Aprueba Comisión dictamen para que autoridades verifiquen que esta actividad se realice con respeto a los derechos humanos.

     
La Comisión de Minería y Desarrollo Regional aprobó un dictamen para solicitar a las secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales que verifiquen que los proyectos mineros en territorio mexicano respondan a los principios de respeto a los derechos humanos, responsabilidad ambiental y social, generación de empleos y activación de la economía local. 

En el proyecto también se solicita a los titulares de dichas dependencias que realicen las acciones necesarias para promover una minería responsable en México.


En el documento aprobado por la Comisión de Minería, el pasado 27 de marzo, se destaca que los proyectos mineros deben promover el bienestar general de las comunidades involucradas directa o indirectamente, e implementar acciones para conservar el medio ambiente.

Por ello, se agrega, las autoridades deben fortalecer las acciones para garantizar que las actividades mineras se desarrollan desde una perspectiva de responsabilidad. 

El sector, se subraya en el documento, contribuye con el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto nacional. Además, constituye una importante fuente de trabajo. Por ejemplo, en el primer semestre del 2015 generó 352 mil 666 empleos directos y más de 1.6 millones de indirectos.

Además, esta industria es responsable de generar importantes inversiones nacionales y extranjeras. México, subrayaron los senadores, ocupa el primer lugar mundial en la producción de plata. E el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo.

Nuestro país es uno de los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre, destacaron los integrantes de la Comisión que preside la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre.

Proyectos mineros deben responder a principios de responsabilidad ambiental y social

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martes, 26 de marzo de 2019

por Carlos García de Balzac
En vísperas de  otra movilización por los padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos de la normal de Iguala, Guerrero, en la CDMX 26 de marzo,  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer la estrategia para  colaborar con el Estado mexicano en la localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informo.
Detallo en un comunicado  que hace  un par de semanas se oficializó la que será la tercera etapa del trabajo en torno a estos hechos de esta instancia regional y se presentó el llamado Grupo de Apoyo Técnico (GAT), que contará con una presencia de especialistas de manera permanente en el país, entre ellos algunos de los que trabajaron en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Indico que la  estrategia de trabajo se extenderá por un año (2019 y parte de 2020), con posibilidad de ser prorrogada. El plan incluye tres visitas oficiales de comisionados de la CIDH, el monitoreode los avances de las investigaciones, dar seguimiento a las acciones propuestas por la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en este caso y asistir a las reuniones de la misma. Precisa que los  expertos también podrán asesorar el diseño y conformación de la instancia de investigación penal que defina la Fiscalía General de la República, dar seguimiento a las indagatorias y realizar reuniones con autoridades del Estado mexicano para cumplir con los objetivos de la asistencia técnica. A la par efectuar visitas de documentación y verificación a instalaciones estatales o lugares determinados, incluyendo centros de privación de la libertad, en coordinación con la comisión de la verdad; acceder de forma oportuna y sin restricciones a toda la información documental vinculada al caso, incluida la investigación criminal; asistir a diligencias relacionadas con el caso; reunirse con los familiares de los normalistas desaparecidos y demás víctimas, así como con sus representantes. Sin dejar de lado que además de mantener encuentros con otros organismos internacionales, con organizaciones de la sociedad civil y otras instancias; celebrar audiencias de trabajo de seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a las víctimas; solicitar información o la realización de diligencias y presentar observaciones a las entidades correspondientes relacionadas con el caso, entre otras.

CIDH presenta plan de trabajo para la búsqueda de los 43 ¡

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martes, 12 de marzo de 2019


  1. Sólo 13 estados han armonizado su legislación.

En el Encuentro Nacional de Comisiones Ejecutivas e Instancias Estatales de Atención a Víctimas, la senadora Kenia López Rabadán y representantes del Gobierno Federal, coincidieron en la necesidad de revisar la legislación vigente y construir acuerdos con los estados para resarcir el rezago institucional en la materia.

López Rabadán urgió la necesidad de modificar la Ley General de Víctimas y otorgar mayores recursos para atender este problema, dado que “es urgente dar respuesta a los afectados”.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos señaló que disminuyó 20 por ciento el presupuesto para la atención de los derechos humanos y 13 por ciento para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). “Es algo que se debe repensar y hacemos un llamado a quienes toman decisiones”.

Además, dijo, existe la obligación de revisar y analizar la Ley General de Víctimas para ver lo que ha funcionado y lo que no, para perfeccionarla; y solicitar de nuevo a los gobernadores y Congresos locales que no han establecido su respectiva comisión a que lo hagan conforme a la ley.

Finalmente, destacó que es la primera vez que se hace en el Senado este tipo de encuentro, donde resalta la sinergia entre el Ejecutivo y el Legislativo para entender qué es lo que se debe corregir y mejorar en la legislación actual.

El Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón, advirtió que existe un rezago en la implementación de la Ley General de Víctimas y que únicamente 13 entidades han armonizado su legislación.

La situación de la Comisión Ejecutiva Federal, señaló, tampoco es la idónea. Continuamente enfrenta retos operativos para la atención integral de las más de 25 mil víctimas que se encuentran en el registro federal.

Nuestras capacidades operativas, continuó, se ven desafiadas ante la magnitud y la naturaleza de los fenómenos de victimización por los que atraviesa el país, “a los cuales se hace frente con recursos limitados, pero convicción irrestricta”.

Ante ese escenario, presentó una reforma a la Ley General de Víctimas, elaborada por la Comisión Ejecutiva y diversas organizaciones sociales. La propuesta prioriza los delitos y violaciones a derechos humanos, cometidos en un contexto de crisis humanitaria y crímenes atroces.

También flexibiliza los aspectos para profundizar la atención que requieren las víctimas, sobre todo en materia de salud; así como asegurar un fortalecimiento institucional mediante el uso eficiente y transparente de los recursos.

Posteriormente, exhortó a las entidades federativas para que armonicen su legislación e instalen sus comisiones estatales de atención a víctimas. “La pacificación del país sólo será posible si el Estado mexicano salda su deuda con las víctimas. Atendiéndolas y reparando sus heridas, es como este país podrá escribir una nueva historia”, puntualizó.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que se debe asumir que a seis años de la aprobación de la Ley General de Victimas, “lamentablemente no se ha implementado”. No es un asunto solamente de falta de legislación o recursos, sino de visión y voluntad política en todos los órdenes de gobierno.

Más de la tercera parte del país no tiene comisiones estatales de atención a víctimas y en varios estados no se ha armonizado la legislación. Tenemos que asumir que las cosas no están bien y que debemos construir un sistema que proporcione de manera integral la atención.

Aseguró que es necesario ir a los estados y realizar un trabajo de construcción institucional, porque por muy buena o difícil que haya sido la construcción de una ley, si no se encuentra la voluntad política para su implementación “seguiremos en un proceso de simulación para atender a las víctimas”.

En la Secretaría de Gobernación asumiremos cabalmente esta encomienda. Hagamos un esfuerzo por ir más allá de la sola revisión de la ley para armonizar las tareas en los estados, la creación de los sistemas de atención a víctimas y vencer inercias o resistencias que minimizan estos problemas.

Fundamental, revisar la Ley General de Víctimas para dar respuesta urgente a afectados

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miércoles, 27 de febrero de 2019


  • En México se lleva cabo un proceso para ampliar y profundizar la democracia, asegura.

El presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, afirmó que en México se lleva cabo un proceso para profundizar la democracia y, en este contexto, aseguró que no están en riesgo los órganos autónomos, “que sí representan un contrapeso y obedecen a espacios de decisiones de la sociedad”.

De esta forma, Batres Guadarrama negó que exista una persecución contra los órganos autónomos e hizo notar que así como se revisa la actuación del Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Presidente de la República, así se revisa a los órganos reguladores.


Recordó que de acuerdo con la ley la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos cuentan con autonomía técnica y operativa, pero son dependencias del Poder Ejecutivo Federal y también están sujetas a la crítica, el escrutinio y a la evaluación ciudadana.

El senador agregó que entre las facultades del Ejecutivo está conducir la política energética. Así, asentó, dichas comisiones deben seguir los planes y estrategias del gobierno en esta materia.

“Nadie se extraña de que se critique al Congreso de la Unión. Nadie se extraña de que se critique a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nadie se extraña de que se critique al Presidente de la República. Por qué habría de extrañarnos que se critique a estos órganos reguladores de energía. También están sujetos a la crítica, al escrutinio, a la evaluación ciudadana”, expresó.

No obstante, explicó que los órganos autónomos son de distinta naturaleza y “no se puede meter a todos en el mismo saco”. En el caso de UNAM, el Instituto Nacional Electoral o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la autonomía les permite autogobernarse y la que se refiere a los pueblos originarios está relacionada con el territorio de los propios pueblos.

Aclaró que para cambiar el sentido de la autonomía de algún órgano, hace falta una reforma constitucional y esa determinación “pasa por un amplio consenso”. Así que “no veo que ninguna de las autonomías, que sí son contrapeso y que sí obedecen a espacios de decisiones de la sociedad, esté en riesgo alguno”.

El presidente de la Mesa Directiva acotó que con el respeto al voto y a la libertad de expresión, mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular o la tipificación del fraude electoral y el uso de programas sociales con fines electorales como delitos graves, “lo que estamos viviendo es un proceso de ampliación de la democracia en México”.

Ningún órgano autónomo en riesgo por la crítica, afirma Martí Batres

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martes, 26 de febrero de 2019


  1. Visibiliza que en los centros de detención se violan sistemáticamente los derechos humanos de los migrantes.

Organizaciones, académicos y especialistas, presentaron en el Senado el informe “La detención migratoria: Un análisis desde el modelo penitenciario y el gasto público”, el cual describe la situación de los derechos humanos en las estaciones migratorias.

El texto analiza lo que ocurre en las estaciones de Querétaro, San Luis Potosí y la Ciudad de México, y hace una serie de recomendaciones para mejorar el trato en dichas estaciones.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, Bertha Alicia Caraveo Camarena, dijo que se trabajará para reformar y modernizar la legislación en materia migratoria.

Debemos asumir, expresó, que este fenómeno no va a desaparecer sino que será uno de los temas del presente siglo, emanado de la inestabilidad política, económica y de los grandes juegos de equilibrios multinacionales.

El senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, por su parte, manifestó que se debe avanzar con propuestas legislativas específicas, actualizadas y un espíritu de derechos más progresista para resarcir la criminalización de los grupos migratorios.

A su vez, el senador Emilio Álvarez Icaza opinó que México puede ser un líder global en el trato hacía los migrantes si impulsa una política con enfoque de derechos humanos, que contraste notablemente con lo que hace el gobierno de Estados Unidos.

La coordinadora de la organización AsiLEGAL, Adriana Aguilar, señaló que en los centros de detención migratoria prevalecen condiciones de alojamiento y procedimientos propios del sistema penal.

Aunque en la norma los centros de detención migratoria están catalogados como estancias de residencia, subrayó, en realidad reproducen la infraestructura penitenciaria. Es evidente el tinte punitivo de la política migratoria mexicana.

Paulina Castaño, de Fundar, advirtió que el manejo de los recursos en materia migratoria es discrecional, opaco y poco transparente. No se sabe si se están utilizando realmente para beneficio y garantía de los derechos humanos de los migrantes.

Precisó que en 2017 se destinaron más de mil 800 millones de pesos y terminaron ejerciéndose 5 mil 200 millones. “No sabemos las razones del sobreejercicio, tampoco si los recursos fueron utilizados para mejorar la situación de las personas migrantes”.

Desde su planeación, puntualizó, el presupuesto debe venir desglosado, para que se conozca cuánto se gasta para servicio, prestaciones, medicinas, alimentos, salarios y cuál es el vínculo con cada una de las estaciones migratorias.

La directora general de Sin Fronteras, Ana Saiz destacó que las personas detenidas en dichos centros no tienen acceso a abogados, jueces, o algún control judicial que defienda sus casos.

Dijo que se debe impulsar una visión de género en los centros de detención; mejorar las condiciones de alojamiento, y adoptar un enfoque de derechos humanos.

En tanto, José Antonio Guevara Bermúdez director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que el informe visibiliza que en las estaciones migratorias se violan sistemáticamente los derechos económicos, sociales y culturales  de las personas migrantes detenidas.

El documento, concluyó, representa una importante contribución al debate sobre las necesidades de reforma a la política migratoria en México, que permite que las autoridades migratorias criminalicen a los migrantes.

Presentan organizaciones informe sobre estaciones migratorias en México

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  • El Gobernador Enrique Alfaro, atendió la agenda de trabajo convertida en decálogo que expuso el titular del organismo Alfonso Hernández Barrón, misma que sintetiza muchos de los ejes prioritarios en materia de derechos humanos para el actual gobierno
El Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, propuso sumar al diseño, calibración permanente y evaluación de la estrategia en materia de seguridad a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esto, durante el informe de actividades que realizó su presidente Alfonso Hernández Barrón, mismo que presentó al mandatario un decálogo para emprender acciones y garantías en la materia en protección a los ciudadanos.

“En ese sentido, presidente, quisiera proponerte que cuando menos una vez al mes en la comisión ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad pudiéramos dedicar toda la sesión con la participación de las instancias federales en materia de seguridad estatal y municipales, a hacer un revisión general en los temas que fueran surgiendo en materia de derechos humanos, y propondría, presidente que pudiéramos a la brevedad si te parece la semana próxima, preparar un planteamiento específico que pudiera ser incorporado a la estrategia que estamos construyendo de la mano con las autoridades federales. Creo que eso podría ser un primer paso”, indicó el Gobernador.

En Casa Jalisco, el titular del Poder Ejecutivo manifestó el poder hacer la metodología de seguimiento y evaluación de esta agenda, por lo que en las próximas semanas solicitará la reunión para tocar específicamente el tema de derechos humanos en el Estado de Jalisco.

Enrique Alfaro informó que en lo que se refiere a la agenda de desaparecidos en Jalisco, se ha establecido una comunicación directa con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el organismo estatal, para contribuir a que se haga una revisión final al documento de la estrategia a emprender que se presentará en los próximos días.

“Me parece que es fundamental que la comisión pueda involucrarse directamente, no solamente en el seguimiento de esta estrategia sino en el diseño de la misma. Que podamos darnos un espacio de tiempo antes de la presentación de la estrategia, queremos que sea un ejemplo nacional de cómo se puede primero, visibilizar el problema, hacer transparente la información respecto al tema de desaparecidos pero además poder articular las distintas instancias que se han creado para este propósito y que hasta hace a apenas algunos meses han estado totalmente desarticuladas desde la comisión de búsqueda hasta la atención de víctimas y por supuesto el trabajo de la fiscalía especializada”, dijo.

En lo que respecta a la equidad de género, refrendó su compromiso con el llamado a consolidar el mecanismo de adelanto para las mujeres con garantía a los derechos humanos bajo el principio de progresividad. El mandatario especificó que el reglamento que dará origen a la Secretaría de Igualdad Sustantiva no será publicado en tanto todos los organismos involucrados hagan sus planeamientos y recomendaciones, que se consideren necesarios para fortalecer esta propuesta.

“En un ejercicio de diálogo tiene que haber voluntad para ajustar cosas y en ese sentido estamos prácticamente listos para, en esta semana, terminar de procesar este asunto. Informar puntualmente y oportunamente a la Comisión para que conozcan del tema, para que se pueda también aclarar cualquier punto que sea necesario en los siguientes días previo a la aprobación del reglamento y en ese sentido más allá de este paso inicial pues lo importante será asumir un compromiso serio para que este nuevo modelo de igualdad sustantiva pueda dar los resultados que todos esperamos en Jalisco”, explicó.

El Gobernador asumió, además, el compromiso de trabajar en los planteamientos de la Comisión en otros puntos importantes para la entidad como el cumplimiento de la Agenda 2030, temas de víctimas de violaciones en derechos medioambientales, el caso del 22 de abril y otras propuestas que ombudsman jalisciense dejó en el decálogo entregado este día.

“Finalmente presidente, por supuesto que te tomo la palabra en el sentido de que sea la agenda de derechos humanos y de la participación ciudadana el eje rector del proceso de refundación de nuestro estado”.

Aclaró que la iniciativa que permite normar el procedimiento mediante el cual se convoque a un nuevo Constituyente y la discusión, en caso de aprobarse, deberá estar definida en el cumplimiento de los derechos humanos de manera efectiva en el Estado de Jalisco.

 

Actual administración colaborará con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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martes, 12 de febrero de 2019


     * La senadora Guadalupe Saldaña dijo que los megadesarrollos son un riesgo real para la región.    

Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó un punto de acuerdo que plantea que la Cámara de Senadores exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que realice consultas dentro de los procedimientos de evaluación del impacto ambiental de los proyectos hoteleros “Hotel Bahía el Rincón” y “Playa la Ribera”, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur.

Señaló que dichos ejercicios fueron solicitados por los habitantes del municipio de Los Cabos, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento (en materia de evaluación del impacto ambiental), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Explicó que la construcción de dichos megadesarrollos turísticos, aledaños a Cabo Pulmo, no cumplen con las condiciones para su realización, y en caso de llevarlas a cabo representan un riesgo real, no sólo para la zona, sino para toda la región de Los Cabos.

Asimismo, se solicita a la Semarnat una copia certificada del expediente administrativo completo, en materia de impacto ambiental, del Proyecto “Hotel Bahía El Rincón”, que incluya las solicitudes de consulta pública realizadas y las respuestas.

El punto de acuerdo también propone exhortar a la Secretaría de la Función Pública iniciar investigaciones e instaurar procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de aquellos servidores públicos, de la entonces llamada Delegación de la Semarnat en el Estado de Baja California Sur, que han negado sistemáticamente la realización de consultas públicas.

Finalmente, plantea que el Senado exhorte al Presidente de la República a reformar el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, actualizándolo al contexto actual y vigente de promoción, protección, garantía y respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos.

La propuesta fue turnada a la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

Plantean exhortar a Semarnat, realizar consulta pública por proyectos hoteleros en Los Cabos

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sábado, 9 de febrero de 2019


* Niñas y niños que cruzan la frontera sin compañía, pueden sufrir graves violaciones a su integridad física y derechos humanos.

Para proporcionar mayor garantía a los derechos de las niñas y niños migrantes dentro del territorio nacional, la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, propuso que sean naturalizados.

La senadora de Morena precisó que para que puedan adquirir la nacionalidad mexicana, la causa de su migración debe derivar de un conflicto social, y que su seguridad no esté plenamente garantizada en su país de origen.


Es necesario comprender la necesidad que tienen los niños migrantes, expresó, cuando se han visto en la necesidad de emprender su andar a solas o que simplemente se han quedado sin familiares que puedan brindarles protección necesaria para su desarrollo integral.

Aseguró que los menores que deciden cruzar la frontera sin compañía pueden sufrir graves violaciones a su integridad física y a sus derechos humanos. Podrían ser enganchados a redes del crimen organizado; ser sometidos a explotación sexual o laboral; sufrir maltrato institucional tras ser repatriados o perder la vida en el momento de tránsito y cruce.

Si bien contamos con una figura de tolerancia a las recientes caravanas migratorias, precisó, hoy más que nunca nos tenemos que abrir a la posibilidad de nacionalizar a los infantes varados en nuestro territorio.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

Proponen naturalizar a menores migrantes que por inseguridad no puedan retornar a sus países

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  • Es una herramienta fundamental para garantizar una justicia pronta por violaciones a los derechos humanos.

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo presentó una iniciativa para que el juicio de amparo indirecto se resuelva en un plazo que no exceda de 60 días hábiles y así garantizar una justicia pronta a quien ha sido afectado por la violación a sus derechos humanos.

Dijo que de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.


Si embargo, conforme el artículo 124 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto -que es fundamental para proteger a los gobernados de una afectación a sus derechos humanos- cuenta con plazos y términos definidos para su sustanciación, pero no para la resolución por parte del órgano jurisdiccional.

Así, advirtió la senadora del PT, se han registrado casos donde la resolución llega meses o años después, situación que no puede ocurrir en una acción de dicha naturaleza, máxime si versa sobre violaciones graves a derechos humanos o de imposible reparación.

Por ello, asentó, para garantizar una justicia pronta, el poder Legislativo tiene que establecer plazos generales, razonables y objetivos. De esta manera, la iniciativa busca imponer a los órganos jurisdiccionales la obligación procesal de resolver este tipo de juicios en 60 días hábiles después de celebrada la primera audiencia constitucional.

El proyecto fue turnado a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

Agilizar juicio de amparo indirecto, propone Nancy de la Sierra

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viernes, 4 de enero de 2019


  
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que aceptó las Recomendaciones 84/2018 y 85/2018, emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La recomendación 84/2018, originada por actos relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos del Servicio de Protección Federal en el mes de junio de 2013, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, determinando dicha Comisión violaciones a la integridad personal de la víctima en virtud de haber sido lesionada por arma de fuego.

Asimismo, la recomendación 85/2018, derivada de violaciones a Derechos Humanos en el mes de junio de 2015, en el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, como consecuencia de actos relacionados con elementos de la Policía Federal, dando como resultado personas lesionadas y una persona que perdió la vida.


A efecto de atender dichas recomendaciones, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño ha instruido colaborar ampliamente con el organismo nacional protector de los Derechos Humanos a fin de realizar las investigaciones en contra de los elementos que participaron en dichos actos y aportar al Órgano Interno de Control del Servicio de Protección Federal y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, las pruebas y elementos necesarios para determinar las responsabilidades administrativas que correspondan.

De igual forma, dio instrucciones tanto al Comisionado del Servicio de Protección Federal, como al Comisionado General de la Policía Federal, con la finalidad de llevar a cabo las acciones destinadas para dar cumplimiento al protocolo de actuación sobre el uso de la fuerza y en materia de derechos humanos.  Asimismo, se aportarán los elementos al Ministerio Público para la debida integración de las indagatorias relacionadas con los hechos.

Con el objeto de atender de manera integral las recomendaciones, se ratifica la disposición de contribuir para esclarecer los hechos y lograr la reparación integral del daño a las víctimas en coordinación con otras instancias públicas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reitera su compromiso con el pleno respeto a los derechos humanos, bajo los principios de legalidad, eficiencia y honradez, ejerciendo con todo profesionalismo su responsabilidad en materia de seguridad pública.

ATIENDE SSPC RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CNDH POR HECHOS SUSCITADOS EN 2013 Y 2015

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viernes, 7 de diciembre de 2018


  • Indígenas sufren violencia de empresas trasnacionales, gobiernos locales y delincuentes, advierten.

El Senado abrirá sus puertas para que organizaciones sociales, colectivos y representantes de comunidades indígenas hagan propuestas para dar forma a una iniciativa y crear la Ley General para la Protección de Desplazados Internos, a causa de la violencia.

El compromiso fue adquirido por los secretarios de la Comisión de Derechos Humanos, Nestora Salgado y Emilio Álvarez Icaza, durante el Conversatorio sobre el Desplazamiento de Comunidades y Pueblos Indígenas, donde participaron representantes de 20 organizaciones y colectivos de Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Veracruz, Morelos y Tamaulipas.

Ahí, se expuso que el desplazamiento interno ocurre en todo el país a causa de la violencia ejercida por la delincuencia organizada, gobiernos municipales y estatales, e incluso por grupos que contratan empresas trasnacionales, como las mineras canadienses, que buscan despoblar zonas donde pretenden extraer riquezas que pertenecen a comunidades indígenas.


Nestora Salgado, senadora por Morena, manifestó su compromiso y alianza con las víctimas, al referir que ella también ha padecido agresiones y amenazas por denunciar el desplazamiento interno de comunidades completas en su estado, Guerrero.

“Me han llamado para decirme que planean secuestrar a una de mis hijas o a mis hermanos. Pero aun así seguiré denunciando lo que le pasa a nuestra gente”, aseguró al ofrecer espacios dentro del Senado para que legisladores y organizaciones sociales elaboren conjuntamente la iniciativa y crear de la ley referida.

Subrayó que se abre la puerta del Senado para que las propias víctimas propongan los aspectos que consideren deben incluirse en la nueva ley. Planteó crear una mesa de trabajo, a la que se invitará a participar a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, Alejandro Encinas Rodríguez.

El legislador sin partido Emilio Álvarez Icaza apuntó que se brindará la asesoría necesaria para dotar de solidez parlamentaria y legal a la iniciativa para crear la Ley General de Desplazamiento Interno.


Destacó la importancia del trabajo legislativo para que dejen de ser “invisibles” las víctimas y se combatan eficazmente negligencia, corrupción, omisiones e impunidad en la investigación y sanción de agresiones en las comunidades indígenas.

Construirán Senado y Ong’s Ley General para la Protección de Desplazados Internos

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viernes, 9 de noviembre de 2018


o   Atender migración de manera regional, el objetivo.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, promueve una reunión con presidentes de parlamentos centroamericanos para atender el fenómeno de la migración de manera estratégica y regional.

Destacó que en el proceso migratorio de Centroamérica y México hacia Estados Unidos hay factores que tienen que ver con el desarrollo económico, la seguridad y los derechos humanos.

El senador agregó que más allá de la coyuntura por el paso de la caravana migrante, desde hace muchos años existe una problemática regional que involucra no sólo a nuestro país y a Honduras, sino a naciones como Guatemala, El Salvador y otros países centroamericanos.

“Por eso nos parece importante tener este encuentro y vamos a impulsarlo. Nos interesa platicar con los presidentes de los parlamentos centroamericanos sobre estos temas”. La idea, asentó, Martí Batres, es que podamos tratar la migración de manera estratégica.

El presidente del Senado de la República informó que la próxima semana se establecerá contacto con los presidentes de los congresos centroamericanos, a fin de gestionar el encuentro en el plazo más corto posible.

Martí Batres promueve reunión con parlamentos centroamericanos

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