- Visibiliza que en los centros de detención se violan sistemáticamente los derechos humanos de los migrantes.
Organizaciones, académicos y especialistas, presentaron en el Senado el informe “La detención migratoria: Un análisis desde el modelo penitenciario y el gasto público”, el cual describe la situación de los derechos humanos en las estaciones migratorias.
El texto analiza lo que ocurre en las estaciones de Querétaro, San Luis Potosí y la Ciudad de México, y hace una serie de recomendaciones para mejorar el trato en dichas estaciones.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, Bertha Alicia Caraveo Camarena, dijo que se trabajará para reformar y modernizar la legislación en materia migratoria.
Debemos asumir, expresó, que este fenómeno no va a desaparecer sino que será uno de los temas del presente siglo, emanado de la inestabilidad política, económica y de los grandes juegos de equilibrios multinacionales.
El senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, por su parte, manifestó que se debe avanzar con propuestas legislativas específicas, actualizadas y un espíritu de derechos más progresista para resarcir la criminalización de los grupos migratorios.
A su vez, el senador Emilio Álvarez Icaza opinó que México puede ser un líder global en el trato hacía los migrantes si impulsa una política con enfoque de derechos humanos, que contraste notablemente con lo que hace el gobierno de Estados Unidos.
La coordinadora de la organización AsiLEGAL, Adriana Aguilar, señaló que en los centros de detención migratoria prevalecen condiciones de alojamiento y procedimientos propios del sistema penal.
Aunque en la norma los centros de detención migratoria están catalogados como estancias de residencia, subrayó, en realidad reproducen la infraestructura penitenciaria. Es evidente el tinte punitivo de la política migratoria mexicana.
Paulina Castaño, de Fundar, advirtió que el manejo de los recursos en materia migratoria es discrecional, opaco y poco transparente. No se sabe si se están utilizando realmente para beneficio y garantía de los derechos humanos de los migrantes.
Precisó que en 2017 se destinaron más de mil 800 millones de pesos y terminaron ejerciéndose 5 mil 200 millones. “No sabemos las razones del sobreejercicio, tampoco si los recursos fueron utilizados para mejorar la situación de las personas migrantes”.
Desde su planeación, puntualizó, el presupuesto debe venir desglosado, para que se conozca cuánto se gasta para servicio, prestaciones, medicinas, alimentos, salarios y cuál es el vínculo con cada una de las estaciones migratorias.
La directora general de Sin Fronteras, Ana Saiz destacó que las personas detenidas en dichos centros no tienen acceso a abogados, jueces, o algún control judicial que defienda sus casos.
Dijo que se debe impulsar una visión de género en los centros de detención; mejorar las condiciones de alojamiento, y adoptar un enfoque de derechos humanos.
En tanto, José Antonio Guevara Bermúdez director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que el informe visibiliza que en las estaciones migratorias se violan sistemáticamente los derechos económicos, sociales y culturales de las personas migrantes detenidas.
El documento, concluyó, representa una importante contribución al debate sobre las necesidades de reforma a la política migratoria en México, que permite que las autoridades migratorias criminalicen a los migrantes.
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