• Al rendir su sexto informe, el senador afirma que en México se agudizó la crisis de derechos humanos 

 

En la presentación de su Sexto Informe de Actividades Legislativas, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria aseguró que en México se agudizó la crisis de derechos humanos y se traicionó a las víctimas.

 

Dijo que actualmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está caracterizada por su omisión y sumisión, pues “más que defender al pueblo, defiende el puesto y le aplaude al gobierno”.

 

“La política pública en materia de derechos humanos es de una extraordinaria mediocridad y de una indignidad ofensiva, este sexenio no solamente tiene un rotundo fracaso en materia de seguridad, sino también la política migratoria nos avergüenza ante el mundo”, expresó.

 

De igual forma, el senador del PRD consideró que hay temas importantes por atender como la degradación y retroceso de las instituciones, la militarización y el militarismo que se vive desde hace unos años en el país.

 

También hizo un llamado a la sociedad civil a aprender a trabajar con los partidos políticos, ya que creer que la sociedad civil es buena y los grupos políticos son malos, es un error costoso.

 

Agregó que los partidos políticos tienen que postular a liderazgos ciudadanos, abrirse y postular causas, ya que estas hacen sumas potentes que dan legitimidad y proyectos.

 

Álvarez Icaza destacó que presentó 39 iniciativas propias y 66 en colaboración con asociaciones civiles, entre ellas y una de las primeras fue la erogación de la Ley de Seguridad Interior, además ofreció 240 conferencias de prensa durante los seis años que estuvo en el Senado.

 

José Antonio Guevara Bermúdez, experto en derechos humanos dijo que desde el inicio de su mandato el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, proporcionó una plataforma y abrió las puertas del Senado para que las víctimas y sociedad civil fueran escuchados e hicieran visibles sus principales problemas relacionados con la seguridad, derechos humanos y la justicia.

 

De la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo agradeció al senador por su valentía y compromiso con las causas ciudadanas, con la democracia y los derechos humanos.

 

También reconoció al legislador del PRD por la organización de las mesas de diálogo con colectivos, organizaciones y personas que trabajan de diversas maneras frente a la pobreza y desigualdad.

 

Por su parte, Lisa María Sánchez, de la organización México Unido Contra la Delincuencia, destacó que la sociedad civil encontró un espacio de diálogo con el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, además fue un interlocutor con autoridades electas que tienen una responsabilidad de trabajo legislativo y de representación.

 

 

Llama Emilio Álvarez Icaza a la sociedad a trabajar con partidos y postular perfiles ciudadanos

• Derechos Humanos Emilio Álvarez Icaza México Víctimas
• At 8/07/2024 12:12:00 a.m.
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•  El olvido en estos casos “constituye una agresión más” en contra de quienes padecen este delito, pues se traduce en impunidad, consideran senadores

 

Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó un dictamen para reconocer en el marco jurídico el derecho a la memoria para las víctimas de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares.

 

En el documento se destaca que el olvido en estos casos “constituye una agresión más en contra de las víctimas”, pues se traduce en impunidad y esto “no debe ser tolerado ni aceptado”.

 

En la desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares, la memoria resulta necesaria para que el Estado mexicano ponga en marcha acciones para evitar la repetición de los hechos, garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño, consideraron las y los senadores.

 

Con 86 votos, la Cámara de Senadores dio su respaldo a la minuta que envió la Cámara de Diputados para reformar los artículos 5 y 137 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, por lo que envió el proyecto al Ejecutivo Federal.

 

Al respecto, el senador presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, dijo que aún hace falta construir políticas públicas eficientes sobre el tema, por lo que reconocer el derecho a la memoria en la Ley en esta materia ayudará a garantizar el acceso a la reparación del daño a las víctimas del ilícito.

 

El derecho a la memoria -detalló-, obligará al Estado a implementar mecanismos para que la sociedad reconozca las vulneraciones a los derechos humanos, además de poner en marcha instrumentos que ayuden a esclarecer las violaciones a las garantías, que dignifiquen a las víctimas y coadyuven a la recuperación de la memoria histórica.

El senador Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del PAN, explicó que la memoria es una de las maneras en que las personas y los pueblos revindican a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y hoy este órgano parlamentario, con su voto a favor, estaría reconociéndola como un derecho humano.

 

Por Morena, la senadora Nestora Salgado García manifestó que estas reformas contribuyen a reconocer de manera expresa el derecho de las víctimas, a su memoria y a la verdad. Es necesario, agregó, iniciar la construcción de una ley general que permita preservar la memoria colectiva de nuestro país.

 

La senadora del PAN, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, dijo que sólo a través de la reconciliación y del reencuentro se logrará la reconstrucción de la paz, porque “mandando al infierno” a las instituciones únicamente se contribuye a la polarización y al odio.

 

A nombre del PT, la senadora Martha Márquez Alvarado señaló que es necesario que las autoridades en Aguascalientes atiendan el problema de la desaparición forzada, pues “el Estado mexicano no puede ser ajeno a la realidad de su pueblo”.

 

Con el proyecto, la fracción del artículo 5 de la Ley establece que “todas las autoridades deben utilizar los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones esenciales y oportunas dentro de un plazo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la búsqueda de la persona desaparecida o no localizada; así como la ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, memoria, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como titular de derechos”.

 

Y el artículo 137 dispone que “las víctimas directas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares tendrán, además de los derechos a la verdad, memoria, el acceso a la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición y aquellos contenidos en otros ordenamientos legales”.

Senado aprueba derecho a la memoria para víctimas de desaparición forzada

• Desaparición Forzada Impunidad Víctimas
• At 2/13/2024 11:29:00 p.m.
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• Senadores requieren información sobre acciones puestas en marcha por la Comisión en apoyo de víctimas y familiares por el caso en la Estación Migratoria Lerdo-Stanton 
  
   

 

Senadores del Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento a los hechos ocurridos el lunes 27 de marzo de 2023 en la Estación Migratoria Lerdo-Stanton, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, reprocharon la falta de responsabilidad y de sensibilidad de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, quien, por cuestiones de agenda, no acudió a la reunión que tenía programada con los legisladores. 

                                                                                                                                         

El presidente de este Grupo de Trabajo, Rafael Espino de la Peña, lamentó la ausencia de Rodríguez Estrada, al tiempo que informó a los y las senadoras que desde el 24 de agosto de este año, se envió un oficio a la funcionaria para que acudiera al Senado, a fin de intercambiar información con los legisladores sobre las acciones que se han implementado para la atención de los familiares y de las víctimas de los hechos en los que murieron 40 migrantes. 

 

En respuesta, dijo el senador Espino de la Peña, la funcionaria envió un oficio, ayer por la tarde, para cancelar la cita, con el argumento de que su agenda estaba ocupada, ya que tenía un encuentro regional en los Centros de Atención Integral pertenecientes a su dependencia, que se llevaría a cabo en la ciudad de Mérida, en Yucatán. 

 

El senador de Morena agregó que, previo a la invitación, a la titular de la CEAV se le hizo llegar otro oficio, con fecha del 4 de julio del 2023, en el que se le solicitaba un informe detallado sobre dos puntos:  

 

Las acciones implementadas por la Comisión en beneficio de las víctimas y de los familiares del incendio en la Estación Migratoria Lerdo-Stanton, ocurrido en marzo, en especial sobre la reparación de daño y el estado actual de cada una de las atenciones para proteger; y garantizar el acceso a la justicia de todas las personas y sus familias afectadas por el incendio. 

 

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria calificó como una “falta de respeto al Senado” y un hecho muy grave que esta funcionaria desatienda, por tercera ocasión, el llamado de los legisladores, porque esta Cámara fue quien la nombró. 

 

“Yo no puedo sencillamente cruzar los brazos, porque lo que manifiesta es el hecho grave de desatención a su responsabilidad. No es si la señora quiere o no quiere. Ella tiene que venir a esta soberanía y rendir cuentas. Realmente me parece un trato insultante a esta soberanía”, declaró Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural.    

 

La senadora Gabriela Benavides Cobos, del PVEM, calificó como “muy triste vivir una situación así, porque demuestra el poco interés de esta comisionada ejecutiva para la atención a las víctimas.  

 

Se pronunció por citar a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, porque “las víctimas no pueden esperar”.  

  

Por el PAN, la senadora Kenia López Rabadán mencionó que la ausencia de la funcionaria obedeció a una instrucción de la Secretaria de Gobernación, lo que demuestra la falta de interés y la insensibilidad del gobierno con las víctimas, donde 27 hombres y 15 mujeres resultaron con lesiones graves.  

 

Por su parte, Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI, anunció que presentará una iniciativa para sancionar a los funcionarios que desacaten una comparecencia.  

  

“Tocando las leyes que corresponda, para que haya una sanción a los funcionarios del Poder Ejecutivo y de los órganos autónomos que no atiendan la convocatoria del Poder Legislativo. Somos un poder, el Senado y la Cámara de Diputados, uno de los instrumentos, casi el único de los pocos instrumentos en donde se evidencia el ejercicio del equilibrio entre poderes”, refirió. 

  

Antonio García Conejo, senador del PRD, también reprochó la ausencia de la titular de la Comisión y consideró que “si no acude a una cita al Senado, ¿qué pasará con las víctimas que van en busca de ayuda? 

Lamentan ausencia de titular de CEAV en reunión para atender a víctimas de incendio en Ciudad Juárez

• Estación migratoria Lerdo-Stanton Migrantes Responsabilidad Sensibilidad Víctimas
• At 9/14/2023 12:28:00 a.m.
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• Evitar violaciones a la dignidad y derechos humanos de las víctimas, sus familiares o dependientes, el objetivo del proyecto  

 

Con 86 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó las reformas al Código Penal Federal, para tipificar y sancionar la filtración de imágenes o difusión de información de víctimas de feminicidios o ilícitos sensibles relacionados con la violencia de género.  

 

El proyecto modifica la fracción XXVIII del artículo 225 de dicho ordenamiento para establecer que son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos:   

 

Dar a conocer, difundir, entregar, revelar, publicar, transmitir, exponer, remitir, distribuir, videograbar, audiograbar, fotografiar, filmar, reproducir, comercializar, ofertar, intercambiar, copiar o compartir, a quien no tenga derecho, imágenes, audios, videos, documentos, información, indicios, hallazgos, evidencias, objetos, instrumentos o constancias que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales.  

 

Dispone que a quien cometa el delito previsto en esta fracción, se le impondrá pena de prisión de seis a 12 años y multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización. 

 

Además, plantea un artículo 225 Bis para precisar que a la persona servidora pública que difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie, copie o comparta, a quien no tenga derecho o facultad para ello, imágenes, audios, videos, documentos, información, indicios, hallazgos, evidencias, objetos, instrumentos, que obren o se encuentren en una carpeta de investigación, en un proceso penal o estén relacionados con las condiciones personales de la víctima o las circunstancias del hecho que la Ley señale como delito, se le impondrá una pena de seis a 10 años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.  

 

Y que esta sanción se aumentará hasta en una mitad más, cuando las víctimas u ofendidos sean niñas, niños, adolescentes, mujeres o que la información corresponda a cadáveres. 

 

Las y los senadores destacaron que este proyecto tiene el propósito de garantizar una vida libre de violencia contra la mujer en todas sus formas, por lo que busca combatir la violencia mediática de género y su normalización, al establecer y tipificar como delito que las personas servidoras públicas filtren o difundan fotografías o información relacionada con una víctima.  

 

Con este tipo de prácticas, aseveraron, se evitan violaciones a la dignidad y derechos humanos de las víctimas, sus familiares o dependientes, y se garantiza el debido proceso. 

 

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, mencionó que este producto legislativo plantea garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección, bienestar físico y psicológico de las víctimas, toda vez que la divulgación de información e imágenes de las víctimas de algún delito constituyen, claramente, una lesión a la dignidad de las personas y a la memoria de las víctimas. 

 

Recordó que, en febrero de 2020, se difundieron imágenes del cuerpo de una víctima de feminicidio en noticieros, diarios, periódicos y en redes sociales, lo que se conoció como el caso de Ingrid Escamilla Vargas. 

 

Lamentablemente, subrayó, todos y todas fuimos testigos de la exhibición pública del material visual de su cuerpo, como si se tratará de cualquier noticia cotidiana, lo que laceró gravemente la dignidad y memoria de su persona y de sus familiares.  

 

Sánchez Cordero indicó que es fundamental reconocer que la justicia en materia penal no sólo recae en una sentencia, sino también en el respeto irrestricto a la dignidad y memoria de las víctimas, sean directas o indirectas. 

 

El dictamen, que se remitió a la Cámara de Diputados, menciona que este suceso, puso en el centro del debate la actuación de las autoridades y personas servidoras públicas, en la integración de las carpetas de investigación del delito de feminicidio y la falta de probidad en el manejo de información y material contenido en dichas carpetas, que deberían encontrarse bajo la debida confidencialidad y reserva. 

Senado avala reforma para sancionar con cárcel filtración de información de víctimas de feminicidios

• Cámara de Senadores Víctimas Violaciones a la dignidad y derechos humanos
• At 9/12/2023 08:31:00 p.m.
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• Buscan replicar este taller en Zacatecas, Nuevo León, Jalisco, en la Ciudad de México y en otras entidades federativas con altos índices de desaparición de personas 

 

 

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria destacó la importancia de que se conozca la declaración especial de ausencia por desaparición de personas, un procedimiento legal para proteger los derechos de las personas desparecidas y los de sus familias.  

 

Con este instrumento jurídico, expuso el legislador del Grupo Plural, se otorga reconocimiento jurídico a las víctimas y sus seres cercanos pueden realizar trámites a su nombre, en caso de necesitarlo.   

 

A convocatoria de Álvarez Icaza, en el Senado de la República se impartió, durante dos días, el taller “Personalidad jurídica y declaración especial de ausencia por desaparición, a la luz del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”.  

 

En la jornada del 17 de mayo, el senador dijo que este instrumento también sirve para dar seguimiento a créditos y evitar que cuando se tenga una deuda por vivienda no se desaloje a las familias.  

 

En el pasado, explicó, se obligaba a sus seres queridos a “dar muerte a estas personas”, porque el instrumento jurídico era la “declaración de ausencia por muerte”, para poder obtener la patria potestad de descendientes, entre otros asuntos legales; sin embargo, dijo que eso se convertía en un proceso de revictimización. 

 

Álvarez Icaza refirió que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, se estiman más de 112 mil casos de este tipo y que la mitad de esta cifra se sumó en lo que va de esta administración. 

 

En ese contexto, dio a conocer que se planea replicar este taller en Zacatecas, Nuevo León, Jalisco, en la Ciudad de México y en otras entidades federativas con altos índices de desaparición de personas, con el apoyo de la Cámara de Diputados, el Senado de la República, así como de asociaciones y colectivos que trabajan en estos casos.  

 

Por su parte, Luis Genaro Vázquez Rodríguez, director General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, coincidió en que, a través de esta declaratoria, se podrá dar personalidad jurídica a quienes están en calidad de desaparecidas, y se apoyará a sus descendientes, familiares o dependientes económicos, para que tengan seguridad legal para emprender trámites.  

 

El taller se abordaron los temas tipos y diferencias de declaración de ausencia, legislación en esta materia, beneficios, medidas provisionales y efectos legales, guía para la declaración especial de ausencia por desaparición de personas, entre otros. 

Realizan en el Senado taller sobre declaración especial de ausencia por desaparición de personas

• Desaparición de personas Senado de la República Víctimas
• At 5/20/2023 01:29:00 a.m.
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• De acuerdo con el INEGI, hasta el año 2020, más de 262 mil personas habían migrado de forma interna por problemas de inseguridad y violencia. 
• Se requiere de un sistema oficial de registro de personas desplazadas y asignar un presupuesto suficiente para brindarles atención. 
  
   

A pesar del reconocimiento y la gravedad del problema del desplazamiento forzado interno en México, aún no se tiene una política nacional que atienda de forma integral a las víctimas y tampoco se cuenta con una ley en la materia, de acuerdo con un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD). 

El documento titulado “Algunos aspectos sobre el desplazamiento forzado interno: países seleccionados”, elaborado por los investigadores Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, apunta que, tan solo de enero de 2016 a mayo de 2021 hubo 138 episodios de desplazamiento masivo ocasionados por violencia, que obligaron a más de 75 mil personas a desplazarse internamente. 

Durante este periodo, siete entidades concentraron el 91% de los casos: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. 

Asimismo, la investigación refiere que, hasta el momento, solo Chiapas, Guerrero y Sinaloa han aprobado leyes para la prevención y atención del desplazamiento interno.  

Por otro lado, destaca que apenas el pasado mes de septiembre, la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de la ONU, Cecilia Jimenez-Damary, urgió a instituciones nacionales y gubernamentales la creación de las leyes necesarias para prevenir el desplazamiento y proteger a las víctimas. Además, coincidió en que es necesario crear un registro federal de víctimas de desplazamiento interno para crear conciencia y asignar un presupuesto suficiente para brindarles atención. 

El 29 de septiembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y actualmente se encuentra pendiente en el Senado de la República. 

El estudio completo del IBD se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5745  

México sin ley para atender el desplazamiento forzado interno, señala estudio del IBD

• Desplazamiento forzado interno en México Víctimas Violencia
• At 11/07/2022 09:32:00 p.m.
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• Su extinción ejecutaría la esperanza de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia 
  
   
  
  
  
  Integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos que se oponga a la propuesta para eliminar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que se incluye en la minuta que envió la Cámara de Diputados para extinguir 109 fideicomisos.  
  
  
  Con esta acción, señalaron se ejecutaría la esperanza y la obligación del Estado para garantizar justicia y reparación del daño a quienes han padecido delitos relacionados con la desaparición forzada, trata de personas, violencia generalizada o feminicidios.  
  
  
  La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, informó que el próximo lunes se reunirá este órgano legislativo para emitir una opinión en torno a la eliminación de los fideicomisos.  
  
  
  Dijo que al fideicomiso del fondo se le han realizado varias auditorías y no se puede catalogarse como parte de recursos con una “corrupción sistematizada”, pues tienen reglas claras de operación.  
  
  
  Norma Librada Ledezma Ortega, de la organización Justicia para Nuestras Hijas, señaló que en un país que continúa “bañado en sangre” y con graves violaciones a los derechos humanos, es una obligación de Estado destinar recursos para atender a quienes les han arrebatado a sus familiares, su salud y su futuro.  
  
  
  Advirtió que argumentar la extinción del fondo por corrupción no sólo es “una aberración, sino una humillación a más de 25 mil víctimas de “un estado fallido”, a las que el gobierno no puede garantizar su derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño.  
  
  
  Irma Leticia Hidalgo, de Fuerzas Unidas por Nuestro Desaparecidos, indicó: sabemos que tal vez no se eliminen esos recursos, sino que pueden pasar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero esta dependencia no está preparada para atender este problema. 
  
  
  Y es preocupante, acotó la activista, que el fondo económico esté dispuesto sólo para cuestiones administrativas, sin ningún enfoque de derechos humanos.  
  
  
  Carlos Alberto Cruz Santiago, Fundador de Cauce Ciudadano, señaló: vemos una negación del Ejecutivo de garantizar la asignación amplia de recursos para atender a las víctimas, su anulación provocaría en que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se convierta en un elefante blanco. 
  
  
  La senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del PRI, reiteró que es obligación del Estado garantizar la protección y reparación del daño a las víctimas y el este fideicomiso ha sido un instrumento útil para implementar medidas de protección, con transparencia en el manejo de los recursos que “deja atrás el discurso de la corrupción”.  
  
  
  Y es preocupante que con la desaparición del fondo no se proponen alternativas presupuestales para asegurar la protección.  

 

José Pablo Girault, de México Unido contra la Delincuencia, señaló que si se desaparece el fondo, lo que están haciendo es destruir al CEA y destruir el compromiso del Estado mexicano para con las víctimas. “Serán juzgados por la historia quienes aprueben la desaparición del fideicomiso”, apuntó. 

El senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, aseguró que resulta inadmisible que después de recorrer todo el país y abrir las puertas de ambas Cámaras para sacar la Ley de Víctimas, y le den está herida de muerte a una parte que concebimos como la política pública del Estado. Nos han dicho que el fondo no va a cambiar, que sólo cambiará el concepto pero no les creo, subrayó 

Demandan mantener Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de víctimas

• Asistencia Fondo de Ayuda Víctimas
• At 10/17/2020 09:24:00 p.m.
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La medición de este flagelo, y su comparabilidad regional, es fundamental para implementar políticas de prevención, reparación y sanción, plantea la Comisión en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Al menos 3.529 mujeres fueron asesinadas en 2018 por razones de género en 25 países de América Latina y el Caribe, según los datos oficiales que recopila anualmente el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Cuatro de las cinco tasas más altas de feminicidio o femicidio de América Latina se registran en los países del norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) y en República Dominicana. A ellos se suma Bolivia, cuya tasa de 2,3 feminicidios por cada 100.000 mujeres en 2018 es la tercera más alta de América Latina y la más alta de América del Sur. En contraste, Perú presenta una tasa de 0,8 feminicidios por cada 100.000 mujeres en el último año, la cifra más baja de la región.

En el Caribe, la prevalencia del feminicidio supera las 4 muertes por cada 100.000 mujeres en países como Guyana y Santa Lucía, de acuerdo con información de 2017. En 2018, Trinidad y Tabago y Barbados lideraron la lista, con una tasa igual a 3,4 muertes por cada 100.000 mujeres. Esta cifra podría ser incluso más grave en el caso de Barbados, considerando que este país solo recopila las cifras de feminicidios íntimos, es decir, aquellos cometidos por la pareja o expareja íntima de las víctimas.

“El asesinato de mujeres por razones de género es el extremo del continuo de violencia que viven las mujeres en la región. Las cifras recopiladas por la CEPAL, en un esfuerzo por visibilizar la gravedad del fenómeno, dan cuenta de la profundidad que alcanzan los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos en la región”, dice Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva del organismo regional, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que da inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de Diciembre, Día de los Derechos Humanos.

“Millones de mujeres de la región han salido a las calles para reclamar y demandar algo tan fundamental pero vulnerado como es el derecho a vivir vidas libres de violencia”, recordó la alta funcionaria de las Naciones Unidas.

En su última publicación sobre la medición del feminicidio, el OIG de la CEPAL advierte sobre el desafío de la comparabilidad del fenómeno a nivel regional. En la mayoría de los países del Caribe (donde se observa una ausencia de tipificación del feminicidio/femicidio en los códigos penales) solo se recopilan cifras sobre las muertes de mujeres cometidas por la pareja o expareja. En América Latina, los países difieren en la definición normativa del fenómeno, que va desde una expresión amplia del feminicidio a tipos penales que lo acotan al matrimonio y la convivencia. Esto se suma a la utilización de diferentes enfoques en la construcción de los registros de este delito.

La medición del feminicidio en los países de la región es fundamental para el diseño, la implementación y el seguimiento de las políticas públicas orientadas a proteger a las víctimas de violencia por razones de género, específicamente, para prevenir el feminicidio, reparar a las víctimas colaterales dependientes y sancionar a los perpetradores, señala la CEPAL.

Para hacer frente a estos retos, la CEPAL está impulsando la construcción de un Sistema de Registro de Feminicidios en los países de América Latina y el Caribe, que sirva de herramienta para mejorar la calidad de la información nacional con vistas a profundizar el análisis del feminicidio y fortalecer la comparabilidad regional.

Asimismo, las Naciones Unidas y la Unión Europea están implementando la Iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, la cual tiene como foco para la región la erradicación del feminicidio. La CEPAL, a través del OIG, es un socio estratégico de esta iniciativa, dado que el fortalecimiento de los sistemas de registro de feminicidio es uno de los objetivos del proyecto.

Solo en 2018 al menos 3.529 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 25 países de América Latina y el Caribe: CEPAL

• Feminicidios Seguridad Víctimas
• At 11/27/2019 05:24:00 p.m.
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Luego del enfrentamiento registrado entre sujetos armados la tarde del miércoles 6 de noviembre sobre la Avenida López Mateos a la altura de la Plaza El Manantial, en Tlajomulco de Zúñiga, en donde una mujer que circulaba en un vehículo con su familia resultó lesionada en una mejilla por una bala perdida, es importante dar a conocer lo siguiente.

El Gobierno del Estado se sensibiliza ante el dolor y por tal motivo, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Jalisco solventará los gastos médicos y brindará atención psicológica a los familiares de la persona lesionada, esto después de que la CEEAVJ, se acercó con los familiares de la señora que resultó herida de manera colateral después de ese enfrentamiento entre sujetos armados.
 

Los familiares ya están más tranquilos, dentro de lo que cabe tras un suceso de esa magnitud. Desde la CEEAVJ se llevará a cabo el proceso de rehabilitación y gastos médicos de la señora. Es muy probable que ella pierda la vista de uno de sus ojos, lamentablemente, por el impacto en la mejilla.

Es muy probable que este lunes se le dé de alta del hospital particular a la señora, pero aún se están sacando los costos de los servicios médicos para establecer el monto a pagar. Gastos que correrán por cuenta de la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Jalisco.

Los familiares de la persona lesionada sí aceptaron la atención psicológica, la cual está en proceso de definirse, tanto la sede, como la instancia que la proporcionará, misma que podría ser brindada por la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Jalisco o bien, a través de alguna otra institución del Sistema Estatal de Atención a Víctimas. Esta semana se actualizará la información de este caso.

Gobierno del Estado brinda apoyo económico para cubrir gastos médicos y atención psicológica a víctimas colaterales del enfrentamiento en Tlajomulco

• Economía Jalisco Víctimas
• At 11/11/2019 10:48:00 p.m.
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La oportuna reacción de los integrantes de la Guardia Nacional permitió la liberación de una mujer y un menor de edad, momentos después de haber sido secuestrados en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. Fue detenido un presunto plagiario.

Este hecho se llevó a cabo cuando personal de la Guardia Nacional recibió una denuncia ciudadana que reportaba la existencia de una casa de seguridad, donde momentos antes gente armada había ingresado con personas cubiertas de la cabeza.

Por tal motivo, los agentes federales se trasladaron inmediatamente al lugar, lo que permitió localizar a una mujer que salía del domicilio referido con un infante en brazos pidiendo ayuda y detrás de ella salía un hombre con un arma larga.

Con todas las medidas de seguridad y sin hacer un solo disparo, logaron capturar al presunto secuestrador, a quien le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, y fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, quien dará seguimiento a las investigaciones.

 

GUARDIA NACIONAL LIBERA A UNA MUJER Y UN MENOR DE EDAD, VÍCTIMAS DE SECUESTRO EN TAMAULIPAS

• Guardia Nacional Secuestro Tamaulipas Víctimas
• At 11/10/2019 09:54:00 p.m.
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-Víctimas demandaron la renuncia de Sergio Jaime Rochín 

La senadora Nestora Salgado García reprochó en conferencia de prensa la falta de voluntad política del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) Sergio Jaime Rochín quien no acudió hoy a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos a pesar de que el Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen que lo citaba. 

“Resulta lamentable la ausencia del comisionado Rochín, esta situación evidencía la profunda debilidad institucional y las grandes limitaciones para proveer protección, atención y reparación del daño para las víctimas”, reprochó la senadora Salgado. 

En la conferencia para dar a conocer el posicionamiento ante tal omisión estuvieron víctimas que viajaron de diversos estados del país, así como organizaciones de la sociedad civil y la senadora Citlalli Hernández, el senador Miguel Ángel Navarro, las senadoras Marta Lucía Mícher, Guadalupe Covarrubias, Lilia Margarita Valdez, Salomón Jara y el senador independiente Emilio Álvarez Icaza. 

“Si bien existe un oficio mediante el cual se señala su ausencia por encontrarse en Ginebra, Suiza, al haber formado parte de la Delegación mexicana ante el Comité contra la Tortura, hemos de decir que un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, señala que dicha reunión concluyó el pasado viernes 26 de abril, por lo que bien pudo haber estado el día de hoy en el Senado”, apuntó la senadora Salgado, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. 

Las senadoras y senadores que formamos parte del Grupo Parlamentario de Morena lamentamos que exista una renuencia al cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas en pro de la protección y garantía de los derechos de las víctimas. 

Es mi deber reafirmar el compromiso con las víctimas y decir que haremos lo posible para que el titular de la CEAV cumpla con el llamado del Senado y comparezca respecto al desempeño de sus funciones, finalizó  la senadora. 

Hay una falta de voluntad política del titular de la CEAV para dar respuesta a los reclamos de las víctimas

• Derechos Humanos Política Víctimas
• At 4/29/2019 10:08:00 p.m.
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-Presentan primera etapa de la estrategia integral para la atención a víctimas de desaparición en Jalisco
-Para las acciones necesarias se asignó un presupuesto inédito a nivel nacional para atender este problema

Producto del trabajo previo y con la participación directa de la sociedad civil a través de los colectivos Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco y Por Amor a Ellxs, el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, presentó la primera etapa de la estrategia integral para la atención a víctimas de desaparición en la entidad, en la que destacó que el modelo que se propone desde el Gobierno de Jalisco, parte de una premisa sencilla: las víctimas deben estar al centro de la atención en casos de desaparición.

“Hay dos principios básicos que yo me comprometí en campaña. Primero, hablar con la verdad, el tema de desaparecidos no va a volver a ser un secreto, no va a volver a ser un tema escondido por el gobierno, va a ser un tema visible y va a ser un tema que estará al centro de la agenda pública. Y segundo, me comprometí a actuar con un alto sentido de responsabilidad, escuchar a las familias y a la sociedad civil, buscar el apoyo de especialistas, como aquí se dijo, no solamente locales, sino nacionales e internacionales”, puntualizó el Gobernador.

Alfaro Ramírez también destacó que para el inicio y desarrollo de esta estrategia se sumarán voluntades con el Gobierno de la República y los ciudadanos, quedando de lado las cuestiones políticas, pero como premisa hablar con la verdad.

“Esta es la verdad, estos son los números que están a partir del día de hoy a disposición del pueblo de Jalisco, para saber el tamaño real del problema, a partir de las denuncias que se han presentado. Hay en efecto, una cifra negra que es difícil calcular porque no tiene denuncias, pero esta es la información a partir de la cual inicia el trabajo, lo decía bien Luis Arriaga, se han hablado de muchas cifras, pero la verdad es que el tamaño del problema es que hoy nos falta en Jalisco siete mil 117 personas”.

Para tener la información siempre a disposición de la población, el próximo lunes 25 de marzo estará disponible el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición y aunque como lo marca la ley, se resguardarán los datos personales de las víctimas, en Jalisco la información sobre este tema no volverá a estar oculta.  

“Hemos diseñado este modelo, que platicábamos con Alejandro Encinas hace unos días en la Ciudad de México, en donde el Gobernador del Estado estará al centro de la responsabilidad para coordinar el sistema, no voy a delegar esa responsabilidad a nadie, será mi responsabilidad articular el trabajo de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención de Víctimas, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Comisión de Búsqueda de Personas”, destacó el Gobernador.

Añadió que para emprender las acciones operativas y de inteligencia, así como aprovechar los recursos tecnológicos en la coordinación interinstitucional, se destinará un presupuesto sin precedentes a esta agenda.

 “Vamos a ser el estado, a las pruebas me remito, con más presupuesto destinado a esta agenda de todo el país, incluso por encima de los que son más grandes que nosotros como Ciudad de México o el Estado de México, hemos destinado este presupuesto con el apoyo de los diputados, a quienes agradezco su confianza y su respaldo, para poder pasar de 17 millones el año pasado, a 84.4 millones de pesos para la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, el dinero no lo es todo, pero sin dinero no se puede hacer el trabajo al que nos estamos comprometiendo”.

También anunció que se incrementó el presupuesto de la Comisión de Búsqueda de Personas en Jalisco de cinco a 30 millones de pesos, así como en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de 10 a 17 millones de pesos y el presupuesto del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de 178 a 213 millones de pesos.

En su mensaje, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, manifestó su apoyo al Gobierno del Estado y al mandatario estatal como centro de estas acciones, en donde no existirá simulación ni engaños a las familias de las víctimas.

“Por eso es tan importante esta reunión, no solamente es una suma de esfuerzos y de recursos, no solamente es una suma de voluntades, es un compromiso para ir a fondo, para frenar y revertir esta situación, e ir generando las condiciones para conocer la verdad, para hacer justicia, para reparar el daño y garantizar la no repetición. Y aquí quiero señalar con toda claridad también, porque nunca vamos a actuar con mentiras ni vaguedades, la principal medida de reparación a las víctimas es hacer justicia”, destacó Encinas Rodríguez.

Por su parte, Guadalupe Aguilar del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) y Esperanza Chávez de la organización Por Amor a Ellxs, propusieron una ruta de trabajo con indicadores y reconocieron el comienzo de un cambio en el gobierno estatal con la voluntad de hacerse responsable en el tema y actuar para erradicar el problema.

En la presentación de la estrategia asistieron además de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; el rector de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro Navarro y el rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) Luis Arriaga; Asistió también  Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Karla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda.

El tema de desaparecidos no volverá a ser un secreto, hablaremos siempre con la verdad: Enrique Alfaro

• Desaparecidos Jalisco Víctimas
• At 3/21/2019 08:35:00 p.m.
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• Estudios estiman que habría hasta ocho millones de víctimas.
  

Representantes de organizaciones civiles, junto con el senador Emilio Álvarez Icaza, reiteraron la necesidad de que se reconozca, de manera oficial, el desplazamiento interno forzado en México, a fin de que se diseñe una política pública para atender a las víctimas y se impida la violación “estructural” de los derechos humanos.

Álvarez Icaza consideró que este fenómeno -provocado, entre otros factores, por la delincuencia y la violencia- es una de las realidades que el nuevo gobierno debe asumir en su agenda. 

En la presentación del estudio “Entre la invisibilidad y el abandono, un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México”, el senador independiente consideró que en la medida en que nuestro país no acepte esta tragedia, “se van reproduciendo cadenas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos, de manera estructural”.

Señaló que se trata de una de las crisis humanitarias invisibilizadas en nuestro país, que afectan a miles de familias que tienen que dejar su casa, trabajo y escuela por la violencia.

El legislador dio a conocer que ya se trabaja en una iniciativa de ley sobre la materia, donde participa la relatora especial sobre desplazamiento interno de la Organización de Naciones Unidas.

Dijo que también se insistirá en la pertinencia de que el gobierno acepte una visita oficial de dicha relatora, así como las recomendaciones que ayuden a atender el problema.

José Antonio Guevara Bermúdez, director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, destacó que no hay un diagnóstico sobre el fenómeno y las estadísticas que existen “no nos permiten tener certeza de su dimensión.

Dijo que el análisis de tres encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía -que incluyen preguntas relacionadas con el tema-, dan cuenta de un rango amplio de personas en esta condición, aunque difieren los números.

El análisis de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, agregó, estima que “alrededor de ocho millones 726 mil 375 personas se han visto obligadas a abandonar su lugar de residencia para protegerse de la delincuencia entre 2011 y 2017”.

“Es una cifra escandalosa. Debiera obligar a las instituciones del Estado a clarificar de qué tipo de desplazamiento se trata”, asentó.

En tanto, datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica permitieron estimar a 185 mil 936 personas que migraron internamente por motivos de inseguridad pública o violencia, de 2009 a 2014.  Por su parte, la información proveniente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indica la existencia de 206 mil 965 víctimas entre 2006 y el primer semestre del 2018.

Brenda Pérez, directora de desplazamiento interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, subrayó que gran parte del desplazamiento forzado ocurrió en municipios y localidades donde se realizaron acciones contra el narcotráfico.

Casi el 40 por ciento de estos desplazados en 2011, dijo, afirmaron que hubo este tipo de acciones en su municipio.

Entre otros datos, agregó que los estados con el mayor número de personas expulsadas son Tamaulipas, Chihuahua, la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero y Veracruz. Además, 54 por ciento de las personas que se mudaron a otro estado a causa de la inseguridad pública o la violencia, entre 2009 y 2014, fueron mujeres; y los niños de 5 a 14 años, así como los adultos de 35 a 39 años son mayormente afectados.

Demandan que el Estado mexicano reconozca el desplazamiento interno forzado

• Narcotráfico Tamaulipas Víctimas Violencia
• At 2/15/2019 09:36:00 p.m.
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