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domingo, 29 de junio de 2025

 

·        Dan trámite de primera lectura a dos dictámenes en materia de seguridad pública

 

 

La Cámara de Senadores probó en lo general y en lo particular el dictamen por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que remitió el proyecto a la Cámara de Diputados.

 

En nuevo ordenamiento fortalece el papel de medios comunitarios, indígenas y públicos, con lo que se garantiza el acceso a la radiodifusión con un enfoque multicultural y de derechos humanos.

 

Con la aprobación de este dictamen se cumple con el artículo décimo transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre de 2024, que establece que el Congreso de la Unión debe expedir la ley secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

 

El documento incluye las observaciones que presentaron representantes del sector, expertos, académicos y organizaciones civiles, durante los cinco conversatorios que organizó la Junta de Coordinación Política y las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estadios Legislativos del Senado.

 

En lo general, la asamblea aprobó el dictamen con 77 votos a favor y 30 en contra; en lo particular, la asamblea aceptó una reserva que presentó el senador Javier Corral Jurado, para establecer en la fracción LIII del artículo 10 que para el ejercicio de sus atribuciones corresponde a la comisión ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas previstas en esta ley, en las materias que se refieren las fracciones LI y LII de este artículo, previo apercibimiento.

 

Además, se precisó en un artículo noveno transitorio que el Instituto Federal de Telecomunicaciones dispondrá de los recursos financieros con los que cuente, incluidos los contenidos en el Fideicomiso de Infraestructura y Equipamiento, para el pago de indemnizaciones o finiquitos que correspondan.

 

Precisa que las indemnizaciones se pagarán a las personas servidoras públicas que gocen de estabilidad laboral, considerando la fecha en que se integraron al servicio profesional del instituto. Los que no gocen de estabilidad laboral serán finiquitados en términos de las disposiciones aplicables. Además de que todas las personas servidoras públicas causarán baja al momento de la extinción del IFT.

 

Además, senadores de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC inscribieron reservas para modificar diversos artículos, pero no fueron aceptadas por el Pleno, por lo que se avalaron en sus términos con 71 votos a favor y 29 en contra.

 

Posteriormente, en otro apartado, la Mesa Directiva dio trámite de primera lectura a los dictámenes por los que se expiden la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

 

Estos proyectos de decreto ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados y por las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, que presiden la senadora Lucía Trasviña Waldenrath y el senador Enrique Inzunza Cázarez.

 

Se prevé que los dos dictámenes se aborden en el Pleno de la Cámara de Senadores en la sesión extraordinaria del 2 de julio. En caso de que los apruebe la asamblea en sus términos, se enviarán al Ejecutivo Federal para su trámite correspondiente.

Aprueba Senado Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión; envía proyecto a colegisladora

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lunes, 23 de junio de 2025

  

·        Esta especie está en peligro de extinción debido a la pesca ilegal, destaca senador Homero Davis Castro

 


Con 92 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un dictamen que modifica la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, para permitir la exportación de carne de totoaba de cultivo o acuacultura, conocida como de “manejo intensivo”, siempre y cuando se cuente con un permiso de exportación.

 

Al presentar el proyecto a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el senador Homero Davis Castro señaló que esta especie está en peligro de extinción debido a la pesca ilegal, incentivada por la obtención de la vejiga natatoria, ya que en los mercados asiáticos se tiene la idea de que el buche tiene propiedades afrodisiacas, medicinales y recreativas, por lo que el valor de este producto puede alcanzar hasta los 100 mil dólares por kilo.

 

Explicó que la reforma establece que el término "vida libre" designa a las especies silvestres que se desarrollan en libertad dentro de su medio natural.

 

Mientras que el término “manejo intensivo” hace referencia a la cría, reproducción, desarrollo y aprovechamiento de ejemplares o poblaciones de especies silvestres en condiciones controladas de cautiverio.

 

Además, plantea que las especies silvestres, tanto de “vida libre” como de “manejo intensivo”, quedan sujetas a la regulación específica en la materia de la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento, así como a la competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y demás autoridades en la materia.

 

Respecto a las especies silvestres de “manejo intensivo”, Davis Castro detalló que se garantizará la total trazabilidad de la cadena productiva, bajo los siguientes criterios: rango de uniformidad en peso y talla de cada lote de totoaba de producción intensiva al haberse desarrollado en un entorno controlado común y cosechadas, de acuerdo con el permiso de aprovechamiento vigente; marcaje documental de los individuos en apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-169-SEMARNAT-2018.

 

Dicha norma establece las especificaciones de marcaje para los ejemplares, partes y derivados de la especie totoaba macdonaldi, provenientes de unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, así como el registro de bitácoras, facturas, recibos y contrarrecibos a lo largo de la cadena de transporte por parte de intermediarios.

 

Además, se debe contar con etiquetas de trazabilidad emitidas por la Semarnat, con un código de autorización único en cada lote proveniente de la granja de acuacultura que resalte la clave del país, de la especie, del aprovechamiento, así como el número consecutivo de la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, número de lote, mes y año de la autorización del aprovechamiento.

 

Dicho código generado deberá incluirse en las etiquetas y facturas que acompañan cada venta de carne de totoaba.

 

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Lorenia Iveth Valles Sampedro, destacó que el dictamen expresa de manera contundente la prohibición de comercializar la totoaba de “vida libre” y solo faculta la posible comercialización de esta especia de “manejo intensivo”, que es la que se cría, produce o desarrolla en cautiverio bajo los requisitos regulatorios correspondientes; además, se alineará con las disposiciones nacionales e internacionales en materia de protección de especies.

 

En la discusión del proyecto, Simey Olvera Bautista, de Morena, consideró indispensable enfatizar en los medios de comunicación que la comercialización de la totoaba es para los efectos de esta especie con los requisitos correspondientes, que se cría y se reproduce en cautiverio. “Aclaramos esto, porque en el Senado buscamos atender las disposiciones nacionales e internacionales en materia de protección de especies”, precisó.

 

Gustavo Sánchez Vásquez, senador del PAN, resaltó que esta reforma representa la oportunidad de impulsar a la acuacultura de conservación como una actividad económica sustentable y necesaria, ya que las granjas acuícolas permitirán liberar a de más de medio millón de ejemplares a su hábitat natural.

 

Por el PRI, Ángel García Yáñez, dijo que con este dictamen permite la comercialización sustentable y se dan oportunidades reales a las comunidades acuícolas del Golfo de California como aliados en la conservación del ecosistema, porque se pone orden al tema de la totoaba, con etiquetas, registros y vigilancia.

 

Del PVEM, el senador Luis Alfonso Silva Romo, comentó que esta reforma fomentará el crecimiento acuícola de la totoaba, además, permitirá mantener equidad e igualdad en torno a los productos nacionales, cuyo valor en el extranjero puede alcanzar mayores precios con su venta, al eliminar la prohibición para su exportación y establecer los códigos, descripciones y aranceles respectivamente para su aprovechamiento.

Aprueba Senado dictamen para permitir exportación de totoaba de cultivo

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miércoles, 30 de octubre de 2024

 
  • Cámara de Senadores pide también destituir al titular de la fiscalía de ese estado
 
El Pleno del Senado de la República exhortó a la Fiscalía del Estado de Querétaro a que detenga la acción penal en contra de Esmeralda “N”, menor de edad quien, además de ser víctima de violación, ha sido revictimizada por este proceso.
 
Ese llamado deriva de un punto de acuerdo de urgente resolución promovido por la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, de Morena, en el que expone que la fiscalía queretana solicitó una pena de tres años de cárcel para Esmeralda “N” por abortar espontáneamente luego de haber sido violada por un familiar.
 
En el documento, la legisladora destacó que la dependencia estatal pidió una indemnización de más de 500 mil pesos al “padre del producto”.
 
La Cámara de Senadores pidió a la Fiscalía del Estado de Querétaro que, de continuar con las investigaciones, se realicen al amparo de los principios rectores de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a los tratados internacionales de defensa de los derechos de las mujeres.
 
Por otra parte, esta soberanía exhortó al Congreso del Estado de Querétaro a que inicie un juicio de procedencia para destituir del cargo al fiscal general de la entidad. 
 
También solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, a que hagan las investigaciones pertinentes y procedan a realizar la reparación del daño económico, psicológico, médico y en cada una de las áreas que corresponda.
 
En tribuna, Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN, subrayó que el de Esmeralda “N” es un caso que duele a todos y que refleja la necesidad de hacer más esfuerzos para apoyar a las niñas, niños y adolescentes, por lo que “exigimos que la Fiscalía del Estado de Querétaro actúe con celeridad, considerando perspectiva de género, de edad y de condiciones de vulnerabilidad”, sostuvo.
 
De Morena, la senadora Martha Lucía Micher Camarena calificó como “una vergüenza” el hecho y exigió la destitución del fiscal de la entidad. Acusó, además, que las fiscalías locales no están preparadas ni conocen los protocolos para juzgar con perspectiva de género; “dicen que saben, pero no saben que no saben”, lamentó.
 
María Guadalupe Murguía Gutiérrez, de Acción Nacional, pidió a la fiscalía ponerse del lado de la niña y que sea preponderante su interés superior, además de resolver con visión de género el caso. Además, propuso tomar en cuenta éste y los otros casos que también se dan en diversas partes del país para poder prevenirlos.
 
Lilia Margarita Valdez Martínez, de Morena, lamentó que esta situación se pudo haber evitado, sin embargo, se tiene la “costumbre” y la “cultura”, de no hablar de los problemas sexuales. “No nos gusta hablar de la reproducción de nuestra especie, nos avergüenza hablar de sexualidad humana”, añadió.

Exhorta Senado a detener la acción penal en contra de la niña Esmeralda “N”, víctima de violación en Querétaro

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viernes, 11 de octubre de 2024

 
  • Convocan a sesión plenaria, el próximo sábado 12 de octubre, a partir de las nueve de la mañana
 
El Pleno del Senado aprobó, con 73 votos a favor y 33 en contra, un acuerdo de la Mesa Directiva para regular el procedimiento de insaculación sobre los cargos de las personas juzgadoras que se elegirán en la jornada electoral de junio de 2025.
 
La Mesa Directiva, que preside el senador Gerardo Fernández Noroña, convocó a sesión plenaria, el próximo sábado 12 de octubre, a partir de las 9:00 horas, para llevar a cabo este procedimiento.
 
Dicho documento precisa que estos cargos deben corresponder a la mitad de los identificados por cada persona magistrada de circuito y jueza de distrito, por cada circuito judicial y considerando cada materia especial de su competencia.
 
La información oficial que presenta el universo de los cargos de personas magistradas de circuito y jueces de distrito, objeto de la insaculación, se deberá integrar en una base de datos generada y ordenada en dos grandes listados: uno por personas magistradas de circuito y otro por jueces de distrito.
 
Esta base debe contener los siguientes datos: el circuito judicial, la clase de órgano jurisdiccional, colegiado de circuito, colegiado de apelación o juzgado de distrito, la materia de su competencia y el número denominativo ordinal de los órganos judiciales, si es el caso.
 
También debe incluir el nombre o nombres y apellidos de los servidores públicos que ocupan la plaza como titular, el ministerio de ley, cualquiera que sea su denominación de nombramiento o tipo de adscripción, enumerado de forma alfabética en el caso de órganos jurisdiccionales colegiados, así como la residencia, la identificación del cargo como vacante por cualquier causa que exista y un número progresivo de cargo.
 
El acuerdo plantea el diseño de una aplicación informática o una técnica sencilla, manual, clara y precisa que sorteen los cargos impares o pares de los registros numerados de las bases de datos, de tal forma que permita obtener de manera aleatoria y con seguridad, los cargos que se someterán a elección popular para mostrarlos pública e inmediatamente.
 
Las vacantes, que no resulten comprendidas en el listado de cargos sorteados para ir a elección popular, se integrarán mediante un segundo acto de insaculación, procediendo por tanto a restar el número determinado de cargos de dicha lista sorteada, para compensar la proporción del 50 por ciento del total.  Para este efecto se realizará una selección aleatoria y sistemática a fin de sustituir un cargo sorteado por cada vacante sobrevenida de la otra lista.
 
Este procedimiento de insaculación se repetirá para cada circuito judicial del país, siguiendo al orden establecido por el Poder Judicial de la Federación, y el 50 por ciento de los cargos de cada circuito judicial quedará integrado por el número de vacantes (renuncias y retiros programados) enlistadas, más el resultado de la insaculación en los términos de la metodología antes establecida.
     
Una vez que se realice el ejercicio anterior, su resultado se integrará como una base anexa de la convocatoria para elegir a la mitad de las personas magistradas de circuito y juezas de distrito del país, conforme a la reforma constitucional.
 
El acuerdo dispone que a la insaculación asistirán senadoras y senadores, integrantes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, así como consejeros invitados del Instituto Nacional Electoral y los medios de comunicación acreditados.
 
Dicho procedimiento se transmitirá en vivo por el Canal de Televisión del Congreso de la Unión y las redes sociales de la Cámara de Senadores.

Avalan procedimiento para insaculación de cargos del Poder Judicial que se eligen en 2025

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sábado, 14 de septiembre de 2024


 
  • Las cosas salieron bien, pero pudo haber terminado en una tragedia, asevera el senador
 
El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que la toma violenta de la Cámara de Senadores representó un “hecho gravísimo”, pues se trató de un “intento golpista” no sólo por reventar el procedimiento legislativo, sino porque fue un acto “de una irresponsabilidad absoluta” que puso en riesgo a las y los senadores.
 
En entrevista, afirmó que hay un vínculo “de la oposición con la toma violenta del pleno”, y se trata de un hecho que no debe dejarse pasar.
 
Expresó que afortunadamente las cosas salieron bien, pero los hechos pudieron haber terminado en una tragedia, ya que el número de personas que estuvieron en los balcones pudieron haber generado que se venciera la estructura, debido a que no está construido para soportar ese peso, “pudo haber acabado muy mal”.
 
Se trató de un intento para dar un golpe al Poder Legislativo, agregó, particularmente a la Cámara de Senadores, primero “con la denuncia falsa” de que estaba privado de la libertad el senador Francisco Daniel Barreda Pavón, y posteriormente con la toma violenta.
 
Destacó que cuando se enteraron de que había mayoría calificada buscaron “reventar la sesión”; sin embargo, “al final no lograron su objetivo, no descarrilaron el proceso, no hubo senadores y senadoras lastimadas”.
 
Al país, dijo, le urge una oposición fuerte, sólida, dura, crítica de lucha, porque ello obliga a que la mayoría actúe con más eficacia, por lo que se equivocan con la toma violenta, la manera en que tomaron la tribuna cuando habían exigido un debate de altura, y hoy al estar ausentes de esta sesión histórica.
 
Aseguró que hubo apertura y derecho a la libre manifestación, pero el 2 de junio se dio un mandato mayoritario, “que le hemos cumplido al pueblo de México”. Destacó, que el sector opositor a la reforma también será beneficiado con un esquema sin corrupción, que imparta justicia y que sirva al pueblo.
 
En este sentido, explicó que el Senado se encuentra “a contracorriente”, pues tienen la responsabilidad de emitir la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros, así como la emisión de las leyes secundarias en la materia.
 
Precisó que la próxima semana buscará reunirse con la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, para ver cómo observan la reforma y analizar las dificultades técnicas. “Es una tarea mayúscula y los ojos del mundo van a estar atentos”.

La toma violenta de las instalaciones del Senado es un hecho gravísimo que no se puede pasar por alto: Fernández Noroña

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martes, 10 de septiembre de 2024

 Aclara Miguel Ángel Yunes Linares que votará reforma judicial de acuerdo con sus convicciones

 

El senador Miguel Ángel Yunes Linares aclaró que no ha negociado nada, pero nadie le va a obligar a votar en contra o a favor de la reforma al Poder Judicial, sino que emitirá el sentido de su voto de acuerdo con sus convicciones.
 
Yunes Linares emitió un mensaje desde la tribuna de la Cámara de Senadores, tras rendir la protesta correspondiente para asumir sus funciones legislativas y luego de la licencia que solicitó el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN.
 
Afirmó que es “antidemocrático pretender linchar a un legislador por ejercer su libertad”, pues, aunque Yunes Márquez -su hijo- no dio a conocer el sentido de su voto, el presidente nacional de Acción Nacional, Marko Antonio Cortés Mendoza, lo amenazó con expulsarlo del partido.
 
En respuesta Marko Antonio Cortés Mendoza aseveró que, ante la discusión de la reforma al Poder Judicial, los senadores de Acción Nacional se mantendrán “hasta el último momento de pie y seguirán luchando con valor”.
 
Refirió que la reforma todavía no se vota, pero llegará la hora de hacerlo, y por lo tanto podrá “ser héroe de la patria o traidor de la patria, por lo que te pido que te pongas del lado correcto de la historia y que honres los votos”, que fueron para el PAN y su coalición.
 
Previamente, se dio entrada a una solicitud para autorizar la salida de un grupo de elementos del Ejército y de la Fuerza Aérea, a fin de que asistan al ejercicio de adiestramiento Cambrian Patrol 2024, que se llevará a cabo del 4 al 13 de octubre de 2024, en Brecon, Gales, Reino Unido de Gran Bretaña.
 
 
 
Adicionalmente, el pleno aprobó un acuerdo para crear la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030.
 
Al concluir el debate entre los senadores, se dio por concluida esta sesión y el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, citó a las y los integrantes de la Cámara para la que tendrá lugar a las 14:30 horas de este día. 

Denuncia “linchamiento” hacia Miguel Ángel Yunes Márquez por ejercer su libertad

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sábado, 4 de mayo de 2024

                                                    

  • Ana Lilia Rivera Rivera afirma que 72 por ciento del trabajo legislativo fue aprobado por unanimidad y sólo 28 por ciento por mayoría
 
  • La senadora sostiene que este órgano legislativo retomó su compromiso inquebrantable para procurar bienestar a la población
 

La Cámara de Senadores retomó su compromiso inquebrantable con el bienestar de la población, a pesar de la pandemia de Covid-19 que se propagó en este sexenio, ya que aprobó reformas para fortalecer a las instituciones, proteger los derechos de los mexicanos y promover el desarrollo económico y social de nuestro país.
 
La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, agregó que sin la extraordinaria capacidad y voluntad de construir acuerdos de todos los Grupos Parlamentarios, los trabajos realizados durante estos casi seis años “simplemente no hubieran sido posibles”.
 
Destacó que 72 por ciento del trabajo legislativo fue aprobado por unanimidad y sólo 28 por ciento fue avalado por mayoría.
 
Recordó que, en los últimos años, nuestro país se enfrentó a retos inimaginables, incluida una de las emergencias sanitarias más dolorosas y desconcertantes de la historia moderna: la pandemia generada por el virus del SARS-CoV-2.
 
“Sin embargo, en medio de la adversidad, esta Cámara demostró su compromiso inquebrantable con la patria y con el bienestar de quienes representamos, pues a pesar de la pandemia no descansamos y todos mantuvimos nuestro trabajo al frente de la nación, con todos los demás Poderes de la Unión”. 
 
En su discurso al cierre de las LXIV y LXV Legislaturas, la senadora destacó que, de cara al pueblo de México, entre los resultados que alcanzaron, gracias a la altura de miras de quienes integran esta Cámara del Congreso de la Unión, está la Guardia Nacional, el rango constitucional de los programas sociales y las becas para estudiantes.
 
Ana Lilia Rivera afirmó que fue en este sexenio que el Senado impulsó la paridad de género en todos los órganos y niveles de gobierno; fueron aprobadas las vacaciones dignas para los trabajadores, la reforma histórica al sistema de pensiones, la regulación de la subcontratación laboral, la cobertura a la seguridad social a personas trabajadoras del hogar y los derechos laborales de las personas trabajadoras del campo.
 
Subrayó que en este sexenio se expidieron las leyes relativas a la Alimentación Adecuada y Sostenible; de Fomento y Protección al Maíz Nativo; de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
 
Además, recordó que en este lapso se avalaron las leyes de Extinción de Dominio; de Fomento a la Confianza Ciudadana; para la Transparencia, Prevención y Combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad; de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y de Austeridad Republicana.
 
Así como la legislación para la Detección Oportuna de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia; en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnologías e Innovación; de Movilidad y Seguridad Vial, y sobre el Uso de la Fuerza, entre otras reformas y nuevos ordenamientos.
 
La presidenta del Senado de la República enfatizó que gracias a la voluntad de todos los Grupos Parlamentarios para construir consensos, 72 por ciento del trabajo legislativo fue aprobado por unanimidad y sólo 28 por ciento fue avalado por mayoría.
 
“Todo este trabajo lo hicimos conjuntamente, cruzando líneas partidistas en áreas del bien común y del progreso de nuestro país. Hemos tenido el inmenso privilegio de transformar nuestras palabras en hechos”.
 
La senadora acotó que, uno de sus compromisos como presidenta de la Mesa Directiva, fue facilitar el diálogo, crear un ambiente propicio para el debate abierto, “no sólo por una razón de dignidad en la propia Cámara, sino principalmente por la responsabilidad de fortalecer la democracia de nuestro país, que tanto costó conquistar por el bien de nuestro pueblo”.
 

Destaca presidenta del Senado voluntad de Grupos Parlamentarios para impulsar reformas

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sábado, 27 de abril de 2024

  

  • Fue adecuado a las nuevas disposiciones en materia de justicia entre ambos países

 


Con 101 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó la actualización del Tratado de Extradición entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Federativa del Brasil, firmado en la Ciudad de México el 28 de abril de 2023, que abroga y sustituye al signado por esas naciones en diciembre de 1933.

 

El tratado, que fue turnado al Ejecutivo Federal, consta de 26 artículos en los que se especifica el compromiso de las partes firmantes a entregar a aquellas personas que se encuentren en su territorio y sean requeridas para ser sujetas a un proceso penal, o para la imposición o ejecución de una sentencia que implique la privación de la libertad.

 

Especifica las causas por las que se denegaría la extradición, entre las que están que la conducta por la que esto se solicite sea considerada como un delito político o un delito militar, o si se determina que la solicitud de extradición de una persona se da para perseguirla o castigarla por motivos de raza, género, orientación sexual, religión u opiniones políticas.

 

También enlista el tratado la información y documentación necesaria para que las partes hagan solicitudes de extradición, lo aplicable en caso de que se fugue la persona extraditada, además de la compatibilidad de este con otros tratados internacionales.

 

El documento destaca que México y Brasil han construido a lo largo de casi dos siglos, lazos de amistad y cooperación que han acercado de manera creciente a sus pueblos y gobiernos.

 

Por tanto, durante la IV Reunión de Cooperación Consular México-Brasil, celebrada en mayo de 2011, la delegación brasileña destacó su interés de actualizar el marco jurídico entre los dos países.

 

En particular, destaca, el Tratado de Extradición, con el fin de actualizarlo y con ello responder a cambios relevantes que las legislaciones internas de ambos países han experimentado en las últimas décadas en materia de procuración de justicia.

 

Aprueba Senado actualización del tratado de extradición México-Brasil; sustituye al de 1933

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viernes, 19 de abril de 2024


                                                    

  • Beneficiará a quienes aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de hechos en casos relevantes; el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados

 


La Cámara de Senadores aprobó el dictamen para que el titular del Ejecutivo Federal pueda otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido, a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido acción penal y que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano.

 

El proyecto que adiciona un artículo 9 a la Ley de Amnistía fue aprobado por la Asamblea con 67 votos a favor y 32 en contra, por lo que fue remitido a la Cámara de Diputados.

 

Precisa que la amnistía concedida bajo esta modalidad extinguiría las acciones penales y las sanciones impuestas. Y que en los casos a que se refiere esta disposición no será aplicable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley.

 

De esta manera, se destaca en el dictamen, podrán agilizarse los procedimientos y el otorgamiento del beneficio a quien se encuentre interesado, siempre que cumpla con los requisitos y aporte información de alto valor que se requiere en las investigaciones.

 

Por lo cual, la propuesta se circunscribe en el orden de progresividad de derechos para las víctimas y sus familiares, a efecto de que se conozca la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y se logre una reparación integral y efectiva del daño.

 

La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, señaló que este producto legislativo tiene como objetivo garantizar el derecho a la verdad en asuntos de trascendencia nacional, pues “la nación mexicana tiene heridas que al día de hoy no han cicatrizado, por lo que se debe contar con recursos extraordinarios, para poder subsanar las violaciones a derechos que el Estado ha perpetrado en casos donde la justicia no ha tenido avances”.

 

Dijo que se trata de un incentivo a quienes aporten elementos contundentes para el esclarecimiento de hechos que hayan lacerado gravemente a la sociedad, así como en la persecución de los delitos y la sanción de los casos de violaciones graves a los derechos humanos.

 

Sin embargo, agregó, no se trata de una atribución abierta al Poder Ejecutivo pues se establecen varias situaciones para que esta proceda.  

 

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, expresó que esta propuesta está encaminada a esclarecer hechos delictivos para alcanzar la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano.

 

El derecho a la verdad que es el fin último de este dictamen, dijo, está estrechamente vinculado con la situación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, porque no sólo va a contribuir a esclarecer los hechos, sino que también proporcionaría una sensación de justicia que ayudaría al proceso de recuperación”, concluyó.

 

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la reforma tiene el propósito de aclarar la verdad histórica de hechos en los que se cometieron asesinatos colectivos, como en los casos de Ayotzinapa, en Guerrero, o el de Tlatlaya, en el Estado de México.

 

Dijo que también está pendiente aclarar los hechos que acontecieron en Chalchihuapan, Puebla; Allende, Coahuila; San Fernando, Tamaulipas; Buenavista y Apatzingán, en Michoacán, relacionados con masacres que se cometieron durante los gobiernos pasados y en los “que nuestra obligación es llegar a la verdad”.

 

A nombre de Acción Nacional, en contra de la reforma, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge tildó la enmienda como un “exceso” y “despropósito” con miras de inconstitucionalidad que promueve la impunidad, con lo que el Senado le da una “puñalada mortal” al Congreso de la Unión, pues le quita la facultad exclusiva de conceder amnistía y se la entrega de manera discrecional al Ejecutivo federal.

 

En contra de la reforma y en representación del PRI, el senador Mario Zamora Gastélum acusó que la “prisa” y “desesperación” por sacar adelante las enmiendas relativas a pensiones, de amparo y de amnistía, obedece a intenciones de robar los ahorros de los trabajadores, impedir amparos al respecto y perdonar a los funcionarios que hagan mal uso de esos recursos, lo que calificó como una trama cuya “realidad rebasa la ficción”.

 

También en contra, se posicionó la senadora Patricia Mercado a nombre de Movimiento Ciudadano, quien rechazó que esta reforma coadyuve al esclarecimiento de la verdad, pues no cuenta con condiciones como las que se han establecido en otras naciones para otorgar amnistía, como dejar las armas, no reincidir, reparar a las víctimas o participar en procesos de educación, cuyo mejor ejemplo de la región es el Acuerdo de Paz para Colombia.

 

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del PRD, denunció que el gobierno actual actúa con hipocresía, ya que prometieron garantizar el derecho a la verdad y ayudar a las víctimas de este país, por lo que esta reforma es contraria a lo que el Ejecutivo prometió hace seis años; “¿a quién se quiere perdonar?, cuestionó.

 

Previamente, la asamblea desechó, con 63 votos en contra y 30 a favor, una moción suspensiva presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PAN; su coordinador, Julen Rementería del Puerto, acusó que con este proyecto de reforma se le da un “poder omnímodo” al titular del Ejecutivo federal, y advirtió que esa facultad “se les puede revertir” en un futuro a quienes la apoyen.

 

Presentaron voto particular a la reforma de la Ley de Amnistía, los senadores de Movimiento Ciudadano Ruth Alejandra López Hernández, Luis David Ortíz Salinas y Laura Iraís Ballesteros Mancilla; de Acción Nacional, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Adriana Guadalupe Jurado Valadez y Damián Zepeda Vidales; del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, así como los senadores Germán Martínez Cázares y Claudia Ruiz Massieu Salinas.

 

En tanto, las senadoras Josefina Vázquez Mota, Mayuli Latifa Martínez Simón, Guadalupe Saldaña Cisneros, Alejandra Reynoso Sánchez, Lilly Téllez, Estrella Rojas Loreto, Gina Andrea Cruz Blackledge, y los senadores José Erandi Bermúdez Méndez, Alfredo Botello Montes y Damián Zepeda Vidales, de Acción Nacional, presentaron reservas al documento, mismas que no fueron aprobadas por la Asamblea.

 

Por el Grupo Parlamentario del PRI, el senador Manuel Añorve Baños y la senadora Claudia Balderas Espinoza también propusieron modificaciones al dictamen, pero no fueron avaladas por las y los senadores, por lo que el dictamen se mantuvo en sus términos.

Aprueba Pleno del Senado reformas a la Ley de Amnistía, con 67 votos a favor y 32 en contra

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