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viernes, 19 de abril de 2024


                                                    

  • Beneficiará a quienes aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de hechos en casos relevantes; el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados

 


La Cámara de Senadores aprobó el dictamen para que el titular del Ejecutivo Federal pueda otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido, a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido acción penal y que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano.

 

El proyecto que adiciona un artículo 9 a la Ley de Amnistía fue aprobado por la Asamblea con 67 votos a favor y 32 en contra, por lo que fue remitido a la Cámara de Diputados.

 

Precisa que la amnistía concedida bajo esta modalidad extinguiría las acciones penales y las sanciones impuestas. Y que en los casos a que se refiere esta disposición no será aplicable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley.

 

De esta manera, se destaca en el dictamen, podrán agilizarse los procedimientos y el otorgamiento del beneficio a quien se encuentre interesado, siempre que cumpla con los requisitos y aporte información de alto valor que se requiere en las investigaciones.

 

Por lo cual, la propuesta se circunscribe en el orden de progresividad de derechos para las víctimas y sus familiares, a efecto de que se conozca la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y se logre una reparación integral y efectiva del daño.

 

La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, señaló que este producto legislativo tiene como objetivo garantizar el derecho a la verdad en asuntos de trascendencia nacional, pues “la nación mexicana tiene heridas que al día de hoy no han cicatrizado, por lo que se debe contar con recursos extraordinarios, para poder subsanar las violaciones a derechos que el Estado ha perpetrado en casos donde la justicia no ha tenido avances”.

 

Dijo que se trata de un incentivo a quienes aporten elementos contundentes para el esclarecimiento de hechos que hayan lacerado gravemente a la sociedad, así como en la persecución de los delitos y la sanción de los casos de violaciones graves a los derechos humanos.

 

Sin embargo, agregó, no se trata de una atribución abierta al Poder Ejecutivo pues se establecen varias situaciones para que esta proceda.  

 

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, expresó que esta propuesta está encaminada a esclarecer hechos delictivos para alcanzar la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano.

 

El derecho a la verdad que es el fin último de este dictamen, dijo, está estrechamente vinculado con la situación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, porque no sólo va a contribuir a esclarecer los hechos, sino que también proporcionaría una sensación de justicia que ayudaría al proceso de recuperación”, concluyó.

 

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la reforma tiene el propósito de aclarar la verdad histórica de hechos en los que se cometieron asesinatos colectivos, como en los casos de Ayotzinapa, en Guerrero, o el de Tlatlaya, en el Estado de México.

 

Dijo que también está pendiente aclarar los hechos que acontecieron en Chalchihuapan, Puebla; Allende, Coahuila; San Fernando, Tamaulipas; Buenavista y Apatzingán, en Michoacán, relacionados con masacres que se cometieron durante los gobiernos pasados y en los “que nuestra obligación es llegar a la verdad”.

 

A nombre de Acción Nacional, en contra de la reforma, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge tildó la enmienda como un “exceso” y “despropósito” con miras de inconstitucionalidad que promueve la impunidad, con lo que el Senado le da una “puñalada mortal” al Congreso de la Unión, pues le quita la facultad exclusiva de conceder amnistía y se la entrega de manera discrecional al Ejecutivo federal.

 

En contra de la reforma y en representación del PRI, el senador Mario Zamora Gastélum acusó que la “prisa” y “desesperación” por sacar adelante las enmiendas relativas a pensiones, de amparo y de amnistía, obedece a intenciones de robar los ahorros de los trabajadores, impedir amparos al respecto y perdonar a los funcionarios que hagan mal uso de esos recursos, lo que calificó como una trama cuya “realidad rebasa la ficción”.

 

También en contra, se posicionó la senadora Patricia Mercado a nombre de Movimiento Ciudadano, quien rechazó que esta reforma coadyuve al esclarecimiento de la verdad, pues no cuenta con condiciones como las que se han establecido en otras naciones para otorgar amnistía, como dejar las armas, no reincidir, reparar a las víctimas o participar en procesos de educación, cuyo mejor ejemplo de la región es el Acuerdo de Paz para Colombia.

 

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del PRD, denunció que el gobierno actual actúa con hipocresía, ya que prometieron garantizar el derecho a la verdad y ayudar a las víctimas de este país, por lo que esta reforma es contraria a lo que el Ejecutivo prometió hace seis años; “¿a quién se quiere perdonar?, cuestionó.

 

Previamente, la asamblea desechó, con 63 votos en contra y 30 a favor, una moción suspensiva presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PAN; su coordinador, Julen Rementería del Puerto, acusó que con este proyecto de reforma se le da un “poder omnímodo” al titular del Ejecutivo federal, y advirtió que esa facultad “se les puede revertir” en un futuro a quienes la apoyen.

 

Presentaron voto particular a la reforma de la Ley de Amnistía, los senadores de Movimiento Ciudadano Ruth Alejandra López Hernández, Luis David Ortíz Salinas y Laura Iraís Ballesteros Mancilla; de Acción Nacional, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Adriana Guadalupe Jurado Valadez y Damián Zepeda Vidales; del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, así como los senadores Germán Martínez Cázares y Claudia Ruiz Massieu Salinas.

 

En tanto, las senadoras Josefina Vázquez Mota, Mayuli Latifa Martínez Simón, Guadalupe Saldaña Cisneros, Alejandra Reynoso Sánchez, Lilly Téllez, Estrella Rojas Loreto, Gina Andrea Cruz Blackledge, y los senadores José Erandi Bermúdez Méndez, Alfredo Botello Montes y Damián Zepeda Vidales, de Acción Nacional, presentaron reservas al documento, mismas que no fueron aprobadas por la Asamblea.

 

Por el Grupo Parlamentario del PRI, el senador Manuel Añorve Baños y la senadora Claudia Balderas Espinoza también propusieron modificaciones al dictamen, pero no fueron avaladas por las y los senadores, por lo que el dictamen se mantuvo en sus términos.

Aprueba Pleno del Senado reformas a la Ley de Amnistía, con 67 votos a favor y 32 en contra

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jueves, 18 de abril de 2024

 

  • La reforma busca evitar “la dictadura de la toga”, precisa Ricardo Monreal

 

  • PAN, PRI PRD y MC señalan que elimina la posibilidad de que ciudadanos puedan defenderse de decisiones de la autoridad

 


La Cámara de Senadores aprobó, en lo general, el proyecto por el que se reforma la Ley de Amparo, para que en los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijen efectos generales.

 

En el dictamen avalado, se destaca que se trata de una medida que permitirá garantizar el respeto irrestricto a la separación de poderes y, fundamentalmente, el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes.

 

También se subraya en el documento que el Juicio de Amparo es un medio de control constitucional contra los actos emitidos con motivo del ejercicio de poder.

 

Y que esta figura tiene por objeto proteger los derechos humanos y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuando estos son violados por normas generales, actos u omisiones de autoridad o de particulares señalados en la Ley.

 

Sin embargo, el proyecto acota que no debe ser utilizada como un mecanismo que limite el actuar y la función de un Poder constituido en detrimento de otro.

 

La propuesta fue avalada con 69 votos a favor, 42 votos en contra y cero abstenciones en lo general.

 

Adiciona un último párrafo al artículo 148 y deroga el último párrafo del artículo 129 de dicho ordenamiento para eliminar la facultad del órgano jurisdiccional de amparo, en aquellos casos que excepcionalmente concedía la suspensión, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pudiera causarse mayor afectación al interés social.

 

En el dictamen, también se menciona que no existe una justificación en la norma constitucional para que la suspensión, sea provisional o definitiva, deba tener efectos generales.

 

En ese sentido, se argumenta que estas suspensiones sólo deben abarcar en sus efectos a la parte quejosa, a partir de la cual se hace la valoración y no así a favor de toda la colectividad, pues, en una sociedad con intereses tan diversos, sería complicado asumir que efectivamente una determinación atiende al interés general.

De conformidad con lo dispuesto en el texto constitucional, se agrega, una sentencia que estudia y analiza la constitucionalidad de la Ley o acto impugnado no puede concederse con efectos generales, menos lo podría hacer una suspensión, ya que se entendería que se estaría prejuzgando el fondo del asunto, lo cual atenta contra la naturaleza del juicio de amparo.

“Por tanto, la modulación para el otorgamiento de la suspensión, provisional o definitiva, no puede estar sujeta a la discrecionalidad de la autoridad jurisdiccional, cuando en todo acto de autoridad, debe privar el principio de seguridad y certeza jurídica”, subraya el texto.

 

A nombre del PAN, el senador Julen Rementería del Puerto presentó una moción suspensiva al dictamen con proyecto de decreto, la cual fue rechazada por el Pleno con 67 votos en contra y 43 a favor.

 

El legislador argumentó que la aprobación de esta reforma es “un abuso”, ya que elimina la posibilidad de que los ciudadanos puedan recibir el amparo de la justicia federal, respecto a cualquier acción de la autoridad que los afecte.

 

Además, se presentaron votos particulares por parte de las y los senadores Adriana Guadalupe Jurado Valadez y Damián Zepeda Vidales, del PAN; Claudia Edith Anaya Mota, del PRI; Laura Iraís Ballesteros Mancilla y Luis David Ortíz Salinas, de Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD; Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural; y Claudia Ruiz Massieu Salinas.

 

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, senadora Olga Sánchez Cordero, afirmó que la aprobación de este producto legislativo refrenda el compromiso de que las leyes reglamentarias estén acorde con la Constitución; “no estamos afectando derechos, ni haciendo una regresión en las garantías”, sostuvo.

 

En nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo afirmó que las suspensiones se usan discrecionalmente por parte de las y los juzgadores, sin respetar el principio de seguridad y de certeza jurídica. Además, indicó que no se trata de que haya un Poder por encima del otro, sino que cada uno se enfoque plenamente en el marco de sus competencias.

 

Por Morena, el senador Ricardo Monreal Ávila aseveró que esta reforma busca evitar “el abuso de la dictadura de la toga”, que genera una gran discrecionalidad en sus asuntos y vulnera el principio de legalidad al que deben estar sujetos; “los límites que ahora estamos estableciendo en la Ley de Amparo son, precisamente, para eliminar esa excesiva discrecionalidad de jueces”, asentó.

 

La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, de Acción Nacional, denunció que, con esta reforma, Morena busca eliminar el derecho de las y los ciudadanos a protegerse ante las decisiones de las autoridades; “dejen de quitarle derechos a los mexicanos y permítanles a los ciudadanos de México que puedan defenderse de las autoridades”, demandó.

 

La senadora del PRI, Sylvana Beltrones Sánchez dijo que es necesario buscar alternativas que fortalezcan la justicia, porque esta reforma sólo demuestra que los proyectos gubernamentales se encuentran por encima de los derechos humanos, ya que “deja desprotegidos a aquellos más vulnerables, que no pueden defenderse adecuadamente en un juicio de amparo”.

 

El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, consideró que con esta reforma se le da cierto margen de discrecionalidad al Ejecutivo, por encima de la protección de los derechos individuales o de los que pueden tener un carácter colectivo. “El amparo está pensado para empoderar a las personas, no para darle más poder al poder”, subrayó.

 

Por el PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué expresó que la oposición, a través de infamias y mentiras, pretende asustar a la ciudadanía cuando lo que se discute es un tema meramente jurídico y además constitucional, “pues al tratarse de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de las normas generales, no se deben tener efectos generales”.

 

Por el PRD, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria advirtió que esta reforma es “la cereza en el pastel de la regresión autoritaria”, ya que el amparo es una institución para tutelar derechos, por lo que reducir sus efectos es un acto regresivo que limita las garantías; “lo que debe saber la gente es que este es el intento de Plan C por la puerta de atrás”, acotó.

 

Posteriormente, las y los senadores pasaron a la discusión de las reservas para modificar el dictamen, que presentaron senadores de diferentes fracciones parlamentarias.

 

Aprueba Senado, en lo general, con 69 votos a favor y 42 en contra, reforma a Ley de Amparo

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martes, 9 de abril de 2024

 

  • Las y los senadores condenan agresiones en contra de Roberto Canseco Martínez; minuto de aplausos para todo el personal de la representación diplomática

 


La Cámara de Senadores condenó enérgicamente la irrupción violenta de los cuerpos de seguridad ecuatorianos a la Embajada de México en Quito, y dio su respaldo al gobierno de México para romper relaciones diplomáticas con Ecuador, así como para iniciar un procedimiento contencioso ante la Corte Internacional de Justicia.

 

En un pronunciamiento al que dio lectura la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, este órgano del Congreso de la Unión condenó enfáticamente los agravios y vejaciones que el ministro Roberto Canseco Martínez, diplomático de carrera y jefe de la misión de México en esa nación, sufrió por parte de los cuerpos de seguridad ecuatorianos, al defender la integridad de la Embajada y la soberanía de nuestro país.

 

Además, la Asamblea dedicó un minuto de aplausos a todo el personal diplomático de la Embajada, para reconocer su labor.

 

México -continuó la senadora-, valora la estrecha relación y sólida amistad que se ha desarrollado con Ecuador a lo largo de casi dos siglos y, por tanto, el Senado de la República reitera al pueblo ecuatoriano su mayor respeto, deferencia, deseos de bienestar y de bien vivir como una expresión congruente con el sentir de la nación mexicana.

 

Además, hizo votos para que el diálogo bilateral se retome en el corto tiempo, con la intención de encontrar una solución justa y pacífica a este sensible diferendo.

 

La Cámara también expresó su más sentido agradecimiento a las naciones del mundo, organismos y organizaciones internacionales que han manifestado su respaldo y solidaridad al Estado mexicano ante la irrupción a nuestra Embajada en Quito, así como a aquellos gobiernos que se han pronunciado a favor del respeto al derecho internacional y a la facultad de decisión de los gobiernos de conceder asilo.

 

En el documento, las y los senadores destacaron que ambos países suscribieron la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, fundamental para el derecho internacional, porque codifica las prácticas diplomáticas en uso durante siglos.

 

Agregaron que este instrumento es esencial para el funcionamiento de las relaciones internacionales modernas, el trato e interacción adecuados entre los Estados, lo que contribuye al desarrollo de relaciones internacionales pacíficas y estables.

 

Pese a ello, la noche del viernes 5 de abril de 2024, los cuerpos de seguridad de la República de Ecuador irrumpieron violentamente en la Embajada de México en Quito, para aprehender al exvicepresidente de ese país, Jorge Glas, quien se encontraba en la sede de la misión diplomática de nuestro país en espera del trámite de una solicitud de asilo concedido por el gobierno Mexicano.

 

“Esta execrable acción transgredió flagrantemente la inviolabilidad de nuestra representación diplomática, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, señalaron los legisladores.

 

Además, advirtieron que, en el asalto a la embajada mexicana, el ministro Roberto Canseco Martínez, diplomático de carrera y jefe de la misión de México en Ecuador, fue sometido por los cuerpos de seguridad ecuatorianos, a pesar de que goza de inmunidad diplomática.

 

“Este ataque constituye un precedente preocupante para las relaciones internacionales y, particularmente, para las relaciones bilaterales”, que se fundan en el respeto mutuo, la soberanía de los Estados y el respeto al derecho internacional.

 

Las y los senadores enfatizaron en el pronunciamiento que la irrupción violenta por parte de los cuerpos de seguridad ecuatorianos no solo representa un acto inaceptable en contra de la soberanía nacional, sino que también viola el principio de extraterritorialidad, lo que puso en riesgo la seguridad de nuestro personal diplomático y de aquellos que se encontraban bajo la protección del Estado mexicano.

 

“La inviolabilidad de las sedes diplomáticas es una norma fundamental del derecho internacional que todos los países deben observar. Ésta no es solo una cuestión de respeto entre naciones, sino un pilar esencial para la armoniosa convivencia y el diálogo constructivo entre los pueblos del mundo”.

 

Esta lamentable acción se realizó violentando el derecho internacional e infringiendo el Código Orgánico Integral Penal de la República del Ecuador, que en su artículo 481, numeral 1, establece que, para allanar una misión diplomática, la o el juzgador debe dirigirse a la entidad de las políticas de relaciones exteriores con copia del proceso, solicitando la práctica de la diligencia.

 

Adicionalmente, precisa que, en caso de negativa del agente diplomático, el allanamiento no podrá realizarse y, en todo caso, se estará a lo dispuesto en las convenciones internacionales vigentes en la República de Ecuador sobre la materia.

 

En este sentido, “las y los senadores de México destacamos que la ruptura de relaciones diplomáticas con la República del Ecuador, decidida por el titular del Poder Ejecutivo Federal, es una medida proporcional y necesaria frente a la gravedad de los hechos, por tanto, el Senado de la República respalda firmemente esta decisión, entendiendo que es un acto de legítima defensa de nuestra soberanía y dignidad nacional.

 

Asimismo, apoyamos la iniciativa de llevar este caso ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar la violación del derecho internacional por parte de Ecuador. Es crucial que se establezcan responsabilidades y se asegure que actos de esta naturaleza no se repitan en el futuro”.

 

En este contexto, el Senado de la República reiteró su compromiso inquebrantable con el respeto al derecho internacional y la promoción de la paz y la seguridad internacionales. “Hacemos votos para que, con buena voluntad y respeto mutuo, se supere este desafío y de avance hacia un futuro de mayor entendimiento y colaboración.

 

Del mismo modo, la Cámara exhortó a todas las naciones del mundo a reflexionar sobre la importancia de adherirse a los principios y normas que rigen las relaciones internacionales, para asegurar un mundo más justo, pacífico y respetuoso, ya que la inviolabilidad de las representaciones diplomáticas no es sólo un derecho, sino un pilar fundamental para la coexistencia pacífica entre las naciones.

 

Por Morena, la senadora Imelda Castro Castro aseveró que lo ocurrido en la Embajada de México fue un acto sin precedentes para el derecho internacional que será recordado como un hecho penoso para la diplomacia ecuatoriana.

 

La senadora Alejandra Reynoso Sánchez, enfatizó que su partido, Acción Nacional, se suma a la condena a la irrupción a la embajada mexicana, aunque señaló que el asunto “no surgió de la noche a la mañana”, sino que es parte de las “crisis diplomáticas” que ha generado el titular del Ejecutivo Federal con varias naciones, como Perú, Bolivia, España, el Parlamento Europeo y Argentina.

 

La senadora Beatriz Elena Paredes Rangel, del PRI, celebró que todos los Grupos Parlamentarios coincidan en la condena a la agresión a la Embajada de México, pues el Poder Legislativo debe ser un espacio que, a través del diálogo, logre convergencias en torno a cuestiones cruciales para los mexicanos, como la defensa de la soberanía nacional.

 

Por Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda Hoeflich sostuvo que bajo ningún concepto o circunstancia se justifica el allanamiento y la agresión que recibió la sede diplomática mexicana en Ecuador; no obstante, coincidió en que el Senado debe analizar las razones que llevaron a este punto para ponerles un alto y reconstruir las relaciones de México con el mundo.

 

Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, manifestó el repudio de su Grupo Parlamentario a los hechos ocurridos y aseguró que la noche del 5 de abril quedará en la historia como un día de agravio, por la violencia de un gobierno autoritario.

 

Por el PVEM, la senadora Gabriela Benavides Cobos, dijo que México ha demostrado ser un país garante de los principios que rigen el derecho internacional y, a nivel regional, siempre ha pugnado por la libre autodeterminación de los pueblos y las soluciones pacíficas de las controversias.

 

La senadora del PES, Elvia Marcela Mora Arellano subrayó que estos hechos deben ser condenados internacionalmente para salvaguardar las leyes que rigen los países, por lo que el comportamiento desproporcionado del gobierno de Ecuador no debe sentar precedente alguno.

 

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, consideró que la decisión del gobierno ecuatoriano es una flagrante violación a las convenciones internacionales, por lo que se sumó a los pronunciamientos de condena, pero hizo un llamado para que México utilice los mejores conductos diplomáticos para restablecer el camino del diálogo.

 

Del Grupo Plural, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria aseguró que allanar una embajada con el uso violento de la fuerza, “es extraordinariamente grave”, es inaceptable y no se puede tolerar, solapar o acompañar, ello con independencia "de que tengamos diferencias" de cómo se ha conducido la política exterior en nuestro país.

 

En su oportunidad, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas dijo que no se puede más que “condenar inequívocamente” la transgresión del principio de inviolabilidad de nuestra sede diplomática, y apoyar que el Estado Mexicano acuda a la Corte Internacional de Justicia para buscar medidas de reparación; sin embargo, agregó, “como senadores tenemos la obligación de hacer un análisis de la política exterior de nuestro país”.

Respalda Senado acciones del Ejecutivo en contra de la violenta irrupción a la embajada en Ecuador

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lunes, 8 de abril de 2024

 

  • Ana Lilia Rivera llama a parlamentos para que coadyuven a superar crisis diplomática

 

  • Respalda Ricardo Monreal al presidente Andrés Manuel López Obrador en la defensa de la soberanía nacional

 

 

La Cámara de Senadores refrendó su enérgico rechazo a la irrupción violenta que realizaron cuerpos de seguridad ecuatorianos en la Embajada de México en Quito, pues no sólo violenta el derecho internacional, sino que contraviene la estrecha y larga amistad que ambos países han desarrollado a lo largo de casi dos siglos.

 

En una serie de mensajes que emitieron por separado, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera; el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, reiteraron su compromiso con los principios de la política exterior de nuestro país.

 

Además, exigieron respeto a nuestra soberanía, a la integridad de nuestra Embajada y del personal diplomático, e hicieron un llamado para que el gobierno de ese país reconsidere su actuar y retome la vía diplomática para resolver cualquier diferendo.

 

Cabe recordar que el pasado viernes por la noche, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que policías de Ecuador entraron por la fuerza a la embajada de nuestro país y se llevaron detenido al exvicepresidente de ese país, Jorge Glas, quien se encontraba refugiado y había solicitado asilo, por la persecución y el acoso que enfrenta.

 

“Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador”, señaló el titular del Ejecutivo Federal en redes sociales.

 

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, acotó que, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, las autoridades ecuatorianas están obligadas a salvaguardar la Embajada de México, sus bienes y sus archivos, pero también a otorgar garantías para la salida del cuerpo diplomático mexicano, en condiciones de completa seguridad.

 

Además, hizo un llamado a la Asamblea Nacional de Ecuador y al presidente de este órgano, Henry Kronfle, para establecer contacto y, juntos, coadyuvar a superar esta sensible crisis diplomática, privilegiando el diálogo y la solución pacífica de las controversias.

 

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señaló que la a irrupción de policías ecuatorianos en la Embajada de México en Ecuador es un atropello grave y directo al principio de inviolabilidad de las misiones diplomáticas.

 

Con estos actos, advirtió, se transgredieron los derechos de nuestra soberanía y se comprometió la seguridad e integridad de la delegación mexicana.

 

Por medio de redes sociales, el senador dijo que la mayoría legislativa en el Senado mexicano respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador en la defensa de la soberanía nacional, frente a la barbarie y el desenfreno del gobierno de Ecuador en contra de nuestro país.

Reafirma Senado de la República enérgica condena al allanamiento de Embajada de México en Ecuador

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viernes, 29 de marzo de 2024

 

  • Destaca que acceso a medicamentos para el tratamiento de esa enfermedad es “piedra angular” del derecho a la salud

 

La Cámara de Senadores solicitó a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud que refuercen las acciones de prevención, diagnóstico y atención del VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual, con estricto respeto a los derechos humanos y a la perspectiva de género.

 

En la sesión del jueves, 21 de marzo, los y las legisladoras avalaron un dictamen en el que destacaron que la Ley General de Salud establece la atención, prevención y tratamiento de estas enfermedades como materia de salubridad general.

 

Mencionaron que el proyecto de Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) determina que la respuesta del sistema de salud frente a las ITS resulta decisiva para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

 

En específico, para las metas en materia de salud y bienestar; igualdad de género y empoderamiento de las mujeres; reducción de las desigualdades; alianzas mundiales y sociedades justas, pacíficas y no excluyentes.

 

“Derivado de lo anterior, en nuestro país, el Programa de Acción Específico de VIH y otras ITS, establece que la atención será centrada en la persona y en un marco de actuación común, con perspectivas en derechos humanos, equidad e igualdad de género, diversidad sexual e interculturalidad.

 

Por lo que propone políticas públicas en las que se reconoce que las personas son titulares de derechos y se plantean acciones orientadas a la vigilancia de su cumplimiento en el marco de los derechos humanos”.

 

El documento detalla que este virus se transmite a través de los líquidos corporales de las personas infectadas, como sangre, leche materna, semen y secreciones vaginales, pero que “no se transmite por besos o abrazos ni por compartir alimentos”. También puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo y el parto.

 

El VIH se puede tratar y prevenir con tratamiento antirretrovírico (TAR), el cual es el conjunto de medicamentos para tratar el VIH, los cuales, si bien no curan la infección por el virus, sí controlan su replicación y el desarrollo del SIDA, subrayaron las y los legisladores.

 

Estos medicamentos, agregaron, se usan como “terapia combinada”, la cual asegura un control virológico efectivo, razón por la cual su acceso es piedra angular del derecho a la salud y por tanto un derecho humano protegido por nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte.

 

Llama Senado a reforzar acciones contra VIH/SIDA

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jueves, 21 de marzo de 2024


  • Las peticiones fueron presentadas por el Grupo Parlamentario del PAN y la senadora Antares Vázquez Alatorre

 

La Mesa Directiva turnó a la Comisión de Gobernación las solicitudes que presentaron integrantes del Grupo Parlamentario del PAN y la senadora Antares Vázquez Alatorre, de Morena, para que el Senado ejerza su facultad constitucional en materia de desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato.

 

En el primer asunto, la Presidencia de la Mesa Directiva dio cuenta de la solicitud suscrita por el Grupo Parlamentario del PAN, para que la Cámara de Senadores ejerza la facultad que le confiere la fracción V del artículo 76 constitucional en materia de desaparición de poderes en el estado de Guerrero.

 

Además, informó sobre la solicitud suscrita por Vázquez Alatorre, para que el Senado conozca y determine que sea configurada la desaparición de poderes en Guanajuato, y realice la declaratoria de que debe nombrarse un gobernador provisional.

 

La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, de Acción Nacional, aseveró que la propuesta de desaparición de poderes en Guanajuato carece de argumentos y sólo se trata de una venganza contra los adversarios políticos del partido mayoritario. Además, denunció que los gobiernos de Morena son los peores calificados en materia de seguridad.

 

Vázquez Alatorre, en tanto, presentó la petición para que desaparezcan los poderes en Guanajuato, “por abandono de funciones del gobernador de la entidad, del Congreso del estado y de su Poder Judicial”, expresó.

 

Ello, apuntó, ante una crisis extrema de derechos humanos y violencia en dicha entidad federativa.

 

El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, dijo que en Guerrero se requiere crear una mesa de diálogo y pacificación del estado, que la presida la gobernadora y en la que participen todos los partidos políticos, a fin de buscar la paz para la entidad.

 

Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador del PRD, advirtió que la desaparición de poderes es algo muy serio, porque no sólo se trata de desaparecer al Ejecutivo, sino a los tres poderes de un estado; por eso la Constitución y la Ley Reglamentaria precisan con claridad el procedimiento.

Turnan a Comisión de Gobernación solicitudes para desaparecer poderes en Guerrero y Guanajuato

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  • Rechaza la senadora leyes que, lejos de solucionar un problema que se debe resolver de manera conjunta, violentan los derechos humanos

 

 

La presidenta de la Cámara de Senadores, Ana Lilia Rivera Rivera, celebró la decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos que anoche suspendió la entrada en vigor de la “Ley SB4” en el estado de Texas, que criminaliza y discrimina a migrantes de diferentes nacionalidades que ingresan a ese país en busca de mejores condiciones de vida.

 

El Senado de la República, como órgano revisor de la política exterior de México, enfatizó la legisladora, rechaza leyes que, lejos de solucionar un problema que se debe resolver de manera conjunta, violentan los derechos humanos de los migrantes.

 

La tarde del martes, 19 de marzo, la Corte Suprema de la Unión Americana se pronunció a favor de dicha Ley, que autoriza a policías de Texas para arrestar, detener y hasta deportar a los indocumentados.

 

Sin embargo, este miércoles, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Distrito suspendió de manera temporal el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que había autorizado provisionalmente a las autoridades policiales de Texas a arrestar y detener inmigrantes.

 

Luego de la decisión de la Corte Suprema, Ana Lilia Rivera compartió un mensaje en redes sociales en el que expresa el rotundo rechazo del Senado de la República a la implementación inmediata de la Ley conocida como SB4.

 

“En México levantamos la voz para denunciar y condenar este tipo de acciones autoritarias, basadas en la ignorancia, el odio y la xenofobia”, señaló.

 

Advirtió que, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, entre 2014 y 2023 han muerto o desaparecido ocho mil 400 migrantes de México, el Caribe, Centro y Sudamérica, que intentaron llegar a la Unión Americana.

 

Texas es un estado donde la comunidad latina representa 40.2 por ciento de la población, en el que las y los inmigrantes constituyen casi una cuarta parte de la fuerza laboral estatal. La contribución de los hispanos, destacó le legisladora, es fundamental para el ingreso interno bruto del estado, ya que generan 465 mil millones de dólares.

 

Ana Lilia Rivera subrayó que la comunidad de origen mexicana que reside en Texas y que asciende a más de 10 millones de personas, contribuye a diversos sectores de la economía texana: en la mano de obra en la agricultura, la construcción, la manufactura y los servicios, así como en el consumo de bienes y servicios.

 

Además, enfatizó, los mexicanos también desempeñan un papel importante en el comercio internacional. Las inversiones y las oportunidades de negocios entre Texas y México, mediante el emprendimiento y negocios, crean empleo, generan ingresos y promueven innovación empresarial en diversos sectores.

 

En este sentido, consideró que México debe continuar con la construcción de puentes que impulsen sostenidamente acuerdos entre los gobiernos de las distintas naciones involucradas en el problema migratorio.

 

Agregó que el Senado de la República hace eco del derecho legítimo de la protección, como prioridad del Estado mexicano, para con nuestra comunidad en Estados Unidos y para establecer sus propias políticas de internación a su territorio.

 

“Como mexicanas y mexicanos abogamos por la colaboración bilateral para que el fenómeno migratorio sea abordado de manera segura, ordenada y legal; anteponiendo, ante todo, el respeto a los derechos humanos”, manifestó la presidenta de la Mesa Directiva.

Expresa presidenta del Senado su beneplácito por suspensión de la “Ley SB4” en Texas

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