Despedidas por denunciar públicamente la precarización del trabajo, la falta de medicamentos y el abandono de sus derechos laborales
Han pasado más de tres meses desde la crisis que estalló en el Sanatorio Trinidad en la Ciudad de México el pasado 16 de enero, y aunque algunos avances se han dado en el ámbito jurídico, la situación de los trabajadores y trabajadoras despedidos hace casi un mes dista mucho de haberse resuelto de manera justa y definitiva.
Trabajadoras con décadas de servicio en el nosocomio ubicado en la Colonia Roma norte denuncian haber sido acosadas, etiquetadas y finalmente despedidas por denunciar públicamente la precarización del trabajo, la falta de medicamentos y el abandono de sus derechos laborales.
El pasado 16 de enero se dio a conocer públicamente que el Sanatorio Trinidad bajo la actual administración realizó una serie de irreglaridades que ponían en riesto la salud de los pacientes al realizar cirugías con los cuatro quirófanos clausurados, los cuales habían sido ocupados ilegalmente por órdenes del personal administrativo, lo cual propició un llamado de algún funcionario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que desalojaran el lugar y evitar el cierre definitivo.
Tras el traslado de pacientes al hospital San Luis llegaron los señalamientos en contra de al menos una docena de trabajadoras, además de represalias de diversa índole, entre ellas el retraso en sus pagos y otras prestaciones, además del acoso laboral y verbal directo.
El 25 de marzo se llevó a cabo una reunión de conciliación en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, encabezada por la administradora actual del sanatorio, Adriana Beltrán Mallén. Sin embargo, para varias trabajadoras cuya antigüedad en la institución oscila entre los 14 y 30 años, el resultado fue frustrante y decepcionante.
“Nos dio de baja al siguiente día de la reunión de conciliación. A mí me ofrecieron sólo una tercera parte de lo que en derecho me corresponde. Me quiso hacer firmar un acuerdo injusto y cuando quise negociar al menos dos terceras partes, simplemente se negó a seguir la conciliación. Ahora iré por la vía de la demanda laboral”, explicó una ex trabajadora, quien agregó: “Esto ya no es solo un tema económico, es un acto de violencia laboral y una represalia directa”.
Relata que en el lapso entre el 16 de enero y el 25 de marzo no solo enfrentó falta de pago de sus salarios, bonos, vales y demás prestaciones que tenía, lo mismo que sus demás compañeras y compañeros de trabajo. Sin embargo, también fue objeto de acoso laboral, discriminación y represalias por haber expresado inconformidades durante su estancia como trabajadora porque “siempre decía la verdad. Nos faltaban medicamentos básicos, había negligencia médica y condiciones precarias y al poner todo esto sobre la mesa, me acusaron de conflictiva”, agregó.
Por su parte, otras ex trabajadoras que por estar en juego sus liquidaciones solicitaron mantener su perfil en el anonimato, optaron por aceptar los convenios propuestos, “más por necesidad que por conformidad”, aunque no sin reservas. Una extrabajadora compartió:
“Sé que merecía más, pero no tengo el tiempo ni los recursos para demandar. Acordamos el pago en dos exhibiciones. Estamos esperando a ver si cumplen, pero si no, ya nos dijeron en la Junta Local que podemos solicitar medidas precautorias legales”.
La incertidumbre continúa. Al día de hoy, varios trabajadores siguen sin recibir pagos completos y el hospital arrastra deudas con proveedores, lo que ha afectado la operación básica del nosocomio.
Los trabajadores y trabajadoras afectados exigen el cumplimiento efectivo de los acuerdos de conciliación firmados y que se respete el derecho al trabajo digno y la libertad de expresión sindical y laboral.
Porque se han documentado prácticas como compras externas improvisadas de insumos, retiro de bombas de infusión por parte de empresas como PISA, y desvío de equipo médico al hospital San Luis al que recurrieron subrogando los servicios la madrugada del 17 de enero, tras el aviso de Cofepris de que al día siguiente harían una inspección sobre las irregularidades denunciadas en medios de información.
Otra ex trabajadora señaló irregularidades graves, además de los impagos. Se ha documentado el progresivo deterioro del funcionamiento del hospital bajo la administración actual. “Desde que llegó esta señora hay cosas muy delicadas. Me interesa contar lo que sé, pero primero necesito asegurar mi finiquito”, dijo una de ellas.
A pesar de los discursos iniciales de renovación y mejora con los que llegaron Adriana Beltrán Mallén y la gente que la acompaña en la administración, además de los socios minoritarios que se coaligaron para hacerse del control del nosocomio, el equipo directivo encabezado por Beltrán Mallén y su padre Juan Beltrán Arriaga, además de Jesús Torán Sierra, Julián Guinea Valencia, Eduardo Rocha Pérez, Javier Alfonso Ortega Alonso y la Jefa de Recursos Humanos, Alma Sigales, han sido acusados por múltiples voces de deteriorar gravemente las condiciones laborales y operativas del Sanatorio Trinidad.
En palabras de una de las trabajadoras: “Los Gutiérrez podrán haber tenido sus fallas, pero nunca nos faltaron pagos ni prestaciones. Ahora es un caos total. Ella (Adriana Beltrán Mallén) se cree dueña, pero no ha hecho más que hundir lo que otros construyeron en años”.
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