El gobierno el presidente de México Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su gobierno en el año 2019 se enfrentó a una barrera casi invencible, a uno de los poderes facticos económicamente más poderosos del país que funcionan y se nutren gracias al presupuesto público federal que pagan todos los mexicanos con sus impuestos, es decir, con el dinero de los ciudadanos, y que a cambio de esto, de forma desleal a la ciudadanía el Poder Judicial federal es y representa un gran abismo negro de deficiencia estructural, funcional, financiero, económico y fiscal parecido a un cáncer que vulnera a los mexicanos, porque incluso, según las opiniones reiteradas en sus informes anuales de labores del CJF y de sus conferencias de prensa y en sus discursos del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea del año 2019 al 2022, expresidente de la Suprema Corte de Justicia , así como también del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) él comento que es muy común que predomine la corrupción provocada principalmente por el nepotismo y la impunidad dentro de su operación y funcionamiento institucional, donde en términos generales, el nepotismo arraigado e institucionalizado desde hace muchas décadas en el Poder Judicial Federal, es lo que ha causado el declive del sistema judicial en México.
La cultura del nepotismo arraigado abierto y encubierto como una cultura negativa en el Poder Judicial Federal, en casi toda la estructura orgánica del Poder Judicial federal, es lo que principalmente ha generado una cultura de la corrupción y provocado las enormes deficiencias en la impartición de la justicia, incubando además esquemas de impunidad institucional en el PJF, incluso desde la creación del propio órgano de supervisión y vigilancia el Poder Judicial Federal llamado “Consejo de la Judicatura Federal”, que es y ha sido solo una especie de simulación de supervisión y vigilancia para combatir la corrupción al interior del Poder Judicial Federal en términos generales. Porque simplemente recordemos la conferencia de prensa del 01 de marzo del 2023 el propio Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México cuando declaro “que el Consejo de la Judicatura Federal funcionaba como un florero”, es decir, que no servía para nada, y que en la realidad, pues no funcionaba en la práctica como órgano de supervisión y vigilancia del Poder Judicial Federal, además el presidente de México reitero; que se necesitaba de una reforma judicial real, porque acusó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de no hacer nada en contra en la lucha contra la corrupción.
Incluso amable lector, recordamos que el propio ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea desde el inicio de su gestión como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal en 2019, de forma muy valiente e institucional trato de establecer algunos cambios funcionales encaminados a ser en lo futuro cambios estructurales significativos para lograr o más bien, “tratar de lograr una Reforma en el Poder Judicial federal para tratar de frenar y/o eliminar el nepotismo que ha generado por años los enormes daños estructurales operacionales en el funcionamiento y las actividades institucionales del PJF pero sin embargo, fracaso consiguiendo solo algunas reformas medio light que resultaron impredecibles e invisibles , porque con las décadas de nepotismo, se crearon verdaderos y poderosos cotos de poder facticos en cada una de las áreas operativas del poder judicial federal con poderosos intereses particulares, familiares y de grupos de poder en el interior del Poder Judicial Federal.
Y fue tal el impacto de los cambios estructurales que pretendió emprender para generar y tratar de lograr una Reforma al Poder Judicial federal el ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, que hasta públicamente una y otra vez, en sus informes anuales de actividades del año 2019 al 2022, “por primera vez en la historia del Poder Judicial Federal”, denuncio reiteradamente los esquemas de deficiencias operaciones y funcionales, la corrupción, el nepotismo y la impunidad al interior del poder judicial federal, incluso, aun cuando también, él reiteradamente lo ha hecho siempre de forma muy valiente ante el tribunal de la opinión pública, es decir, ante la prensa y medios de comunicación de México y extranjeros de forma transparente siempre; pero el hecho de que el ministro Saldívar haya denunciado esta corrupción y el nepotismo (de las estructuras de poder familiares de diferentes grados y además de todo tipo de compadres y ahijados que integran y controlan toda la operación y funcionamiento del poder judicial federal), la impunidad y las consecuencias de todo esto, pues se ha vuelto un problema al interior del poder judicial federal “porque es claro que el ministro Arturo Saldívar con estas denuncias que realizo si afecto aunque sea parcialmente los intereses particulares de los cotos de poder del nepotismo en el interior del poder judicial federal”, porque incluso se considera que incluso puso en riesgo su integridad personal, porque es claro que sus acciones anticorrupción, si se midieran estructuralmente, tal vez se podrían medir y convertir en una bola de nieve que va o podría ir creciendo cada vez más y si no son detenidas ahora por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández que es una profesora, funcionaria y jurista mexicana quien es la actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 2 de enero de 2023, (siendo la primera mujer en ocupar el cargo) pero esto pasaría si contara con el apoyo y la ayuda de la mayoría o de todos los miembros y/o Consejeros del Consejo de la Judicatura Federal “quienes Al parecer si trataron de apoyar al ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea en su lucha contra la corrupción y el nepotismo, porque si lo hicieran, harían de México, un enorme país de instituciones públicas y de un poder judicial federal congruente y eficiente en su funcionamiento .
Reiteramos, las acciones institucionales del ministro Arturo Saldívar, sin duda alguna pusieron en riesgo su integridad personal y esto lo deben de entender el pleno de miembros del Consejo de la Judicatura Federal y ahora también la Ministra Norma Lucía Piña Hernández porque reiteramos, él si afecto los intereses particulares del nepotismo, y es importante que la Ministra Norma Lucía Piña Hernández continúe un trabajo institucional para lograr una Reforma verdadera al Poder Judicial federal donde automáticamente se les quitaría el control del dinero, del multimillonario presupuesto federal que gozan los cotos de poder facticos inmersos en el poder judicial federal y que disfrutan a cambio de un trabajo deficiente que por decenas de años ha vulnerado el sistema de justicia en México.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ahora deberá dar todo el apoyo político a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández si quiere que las instituciones cambien en México, pero esto únicamente pasara y sucederá si se lograra contar con el apoyo del pleno de ministros del Consejo de la Judicatura Federal para establecer un verdadero sistema de impartición de justicia en México para sanear de corrupción y nepotismo a un poder judicial federal que garantice un sistema judicial transparente, imparcial, eficiente y honesto, porque es casi público en el radio pasillo de todas las áreas del poder judicial federal que de forma agresiva; el nepotismo familiar integrado por poderosos cotos de poder familiares, está muy visible en la funcionalidad diaria del PJF porque siempre se ha saboteado y pateado “por debajo de la mesa” cualquier Reforma al Poder Judicial federal como la que pretendió realizar el Ministro Saldívar porque si afectaría los intereses particulares de los cotos de poder del PJF y la evidencia, pues está a la vista de los mexicanos, porque amable lector usted simplemente considere que puede emprender cualquier asunto jurídico y/o administrativo en los tribunales familiares o en cualquier instancia administrativa del poder judicial federal y todos los mexicanos siempre vemos y hemos visto pues que no avanza su asunto, y que no se resuelve en meses y/o años , y que no hay justicia en México, y que prevalece la impunidad institucional ocasionando perjuicios a la impartición de justicia que siempre han anhelado los ciudadanos.
Un ejemplo que etiqueta en la historia negativa del Poder Judicial Federal y al Consejo de la Judicatura Federal es el caso del deficiente funcionamiento y operación de su órgano auxiliar, es decir, del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) que ha estado a cargo por ejemplo de funcionarios recomendados por compadrazgo más que capacitados jurídicamente https://lopezobrador.org.mx/2017/03/15/actividades-amlo-en-washington-d-c/ , por ejemplo a este joven abogado el ex Director General de la Defensoría Pública se le contrato sin una experiencia jurídica suficiente y sin una carrera en el poder judicial federal, es decir, se le premio por un nepotismo encubierto con un puesto de trabajo directivo ejecutivo, pero con un sueldo millonario y con múltiples privilegios económicos, entre los que se encontraban autos de lujo utilitarios con el servicio de un grupo de escoltas, que desde luego pues no se justificaban considerando las funciones que se realizan en la Defensoría Pública como Director General, porque es un puesto de trabajo sin riesgos y como resultados negativos de trabajo en 4 años de forma deficiente porque se provocó pues se provocó un colapso juridico-adminstrativo en el IFDP perdiéndose muchísimos casos jurídicos de usuarios y causándoles un perjuicio.
Un ejemplo del fracaso y del colapso donde resultaron perjudicados muchísimos usuarios del Instituto Federal de la Defensoría Pública es el proyecto colectivo institucional de la “Portabilidad de Semanas de Trabajo Cotizadas para Efectos de Jubilación que se tienen que reconocer legalmente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al o hacia el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) y viceversa”, que tiene a su cargo el IFDP y que además, afecta a miles de mexicanos, y esto sucede a pesar que desde hace más de 15 años existe ya un Convenio de Portabilidad entre ambos institutos públicos federales para reconocer legalmente estos derechos laborales de la población más vulnerable de México, es decir, la de la tercera edad, porque en México no se respetan estos derechos laborales del trabajador que está próximo a jubilarse o para poder jubilarse, es decir, no se quieren reconocer derechos laborales para que una persona de la tercera edad pueda jubilarse juntando todas las semanas de trabajo que cotizo y por muchos años al IMSS y al ISSSTE.
La buena noticia es que ahora el IFDP estará a cargo a partir del mes de febrero -marzo del 2023 a cargo de la ministra Tassia Cruz Parcero, quien es una abogada que si tiene una carrera dentro del PJF, pero quien ahora, “si pretende tener éxito en su gestión como defensora pública”, pues necesariamente ella obligatoriamente tendrá que sanear el nepotismo brutal que le dejo la administración anterior al mes de enero del 2023 y indispensablemente también tendrá que reestructurar las áreas estratégicas operativas de la defensoría pública haciendo una reingeniería funcional y estructural , pero sobre todo, de una depuración significativa de personal (que ingreso sobre todo en los últimos 4 años primordialmente por nepotismo, sin experiencia jurídica y capacitación jurídica ) para modificar la operación y funcionamiento con personal jurídico que este realmente capacitado, porque el IFDP al menos en los últimos 6 años siempre ha carecido de personal con experiencia jurídica y debidamente capacitado, un claro ejemplo de esto es que existen muchísimas de quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal vs personal del IFDP por deficiencias en la operación y funcionamiento del servicio del IFDP donde es común que se pierdan casi la totalidad de los casos jurídicos de los usuarios porque por costumbre no se atienden debidamente en tiempo y forma todo tipo de amparos, promociones jurídicas, demandas, juicios, etc. Y no han sido atendidas las quejas por parte del Consejo de la Judicatura Federal argumentado que el IFDP ¿es autónomo, con independencia técnica y operativa en el desempeño de sus funciones, pero lo que no dice la norma con claridad es dar a conocer ¿ quien supervisa el IFDP que haga bien su trabajo con eficiencia y eficacia?
Reiteramos, el Instituto Federal de la Defensoría Pública tiene desde hace muchos años casos de usuarios de “Portabilidad de Semanas de Trabajo Cotizadas para Efectos de Jubilación del ISSSTE y el IMSS” y que no han sido resueltos ni atendidos adecuadamente por deficiencias significativas en el servicio que da el IFDP, porque lamentablemente no ha habido por años resultados positivos y favorables por parte del Instituto Federal de la Defensoría Pública para hacer justicia a los usuarios. Por ejemplo, existe el caso del usuario Carlos Munguia Rodríguez con 6 años de rezago en el IFDP, a quien a pesar de que él ya gano mediante el Amparo Indirecto 659/2020 y ya se realizó el traspaso de 11 años de semanas cotizadas por Portabilidad del ISSSTE al IMSS, pues resulta que por funcionar el IFDP bajo un esquema de deficiencias y corrupción (cuando hay servidores públicos que no hacen bien su trabajo) , porque fue deficientemente elaborado y estructurado este amparo Indirecto 659/2020 y por este motivo, “pues, resulta que no pudo lograr el IFDP ante el tribunal que se cumpliera con la Resolución de la Sentencia de este amparo indirecto 659/2020”, es decir, para que se cumpliera con la actualización de la pensión del Sr. Munguia y como una grave consecuencia, ¿pues ahora se tendría de presentar un nuevo juicio de demanda vs el IMSS que podría durar muchos años de juicio considerando las deficiencias de los tribunales federales laborales, lo cual causaría un enorme holocausto y perjuicio para una víctima de una injusticia laboral?
En conclusión estimado lector, con este este ejemplo anterior usted puede apreciar el nivel de impunidad y falta de responsabilidad institucional que existe en el IFDP con uno y “tal vez de decenas o miles de usuarios” del IFDP que se convierten en una víctima del Poder Judicial federal y de sus Instituciones de justicia porque en automático es intrínsecamente revictimizado por el propio IFDP que es una instancia del Consejo de la Judicatura Federal Es importante señalar que no se pudo lograr porque resulta que el tribunal federal de circuito señalo que en el Amparo indirecto sólo se había solicitado realizar el traspaso de los 11 años de semanas cotizadas para efectos de jubilación, ¿pero pues no se solicitó en el Amparo indirecto que también se actualizara la pensión por jubilación debido al incremento del número de semanas cotizadas! cómo la ve usted estimado lector, este esquema de deficiencias, corrupción e impunidad en perjuicio del ciudadano que espera justicia?
Nos referimos al termino corrupción, usando puntualmente las palabras y declaraciones que reiteradamente declaro el ministro Arturo Saldívar lelo de Larrea durante los años de su gestión como ex presidente del CJF y de la SCJ; cuando declaro y opino que cuando un servidor público del Poder Judicial federal no cumplía con su trabajo de forma eficiente, con eficacia, oportuna y con profesionalismo, pues era claro que si cometía un acto de corrupción al simular que si estaba realizando correctamente su trabajo, pero sin conseguir resultados positivos para responder institucionalmente a la población más vulnerable de México con justicia.
Pero el área más operativa, central y estratégica del IFDP es la de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Defensoría Pública y ahora la ministra Tassia Cruz Parcero, la nueva Directora General de IFDP tomo la decisión de poner a cargo a la Mtra. Ana Mercedes Saiz Valenzuela, quien “al parecer es una estrategia que viene a sanear al IFDP”, porque Ana Mercedes Saiz proviene de la sociedad civil como “ex Directora General en Sin Fronteras IAP”, pero suponemos que ella viene con deseos de justicia para la ciudadanía por la que luchaba desde la sociedad”, porque ahora hay que considerar que ella tiene la gran oportunidad de luchar por las causas de la justicia por las que ella anhelaba tanto encontrar desde la sociedad civil, porque recordemos que desde la tribuna de los informes anuales de actividades al Consejo de la Judicatura federal y a la Suprema Corte de Justicia el ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea presumió en varias ocasiones sobre la creación dentro del IFDP de la Unidad de Litio Estratégico del IFDP, porque fue una Unidad creada para atender supuestamente asuntos colectivos relevantes del IFDP, “pero la realidad fue otra, porque resulta esta Unidad de Litigio Estratégico abandono el proyecto de Portabilidad IMSS-ISSSTE” por falta de interés institucional jurídico, pero además, por falta de capacidad jurídica .
Aquí es importante resaltar que por instrucciones precisas del ex director General del IFDP, Netzai Sandoval Ballesteros, a través de la Unidad de Litigio Estratégico supuestamente se hicieron gestiones para realizar y buscar un convenio de colaboración institucional con el IMSS y el ISSSTE para lograr las portabilidades de derechos de jubilaciones del IMSS y el ISSSTE sin necesidad de realizar juicios y amparos, pero sin embargo, pues el proyecto nacional colectivo que afecta a millones de mexicanos, fue totalmente descuidado y desatendido por falta de supervisión y vigilancia de la Dirección General del IFDP.
Otra situación de irresponsabilidad, nepotismo e impunidad que siempre prevaleció desde el inicio de su gestión en 2019 con el ex titular del Instituto Federal de la Defensoría Publica fue que se observó una intensa campaña publicitaria y de mercadotecnia en redes sociales y en medios de comunicación con intensas campañas publicitarias donde el ex Director General del IFDP privilegia más su tiempo laboral en proyectos personales de promoción y publicidad personal promocionando intensamente al IFDP, esto, a pesar de que reiteradamente los usuarios del IFDP presentaban una y otra vez muchas quejas y protestas al Consejo de la Judicatura Federal por falta de resultados del IFDP en los cientos y/o miles de casos rezagados que no atiende ni ha atendido eficientemente el IFDP, incluyendo desde luego, la falta de atención y resultados al proyecto colectivo de la “Portabilidad de Semanas de Trabajo Cotizadas para Efectos de Jubilación del ISSSTE y el IMSS” y lamentablemente, la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal hacia los ciudadanos y cientos de usuarios del IFDP por sus reiteradas quejas ha sido simplemente; la indiferencia institucional, la falta de interés para atender quejas y denuncias de la ciudadanía y la impunidad de funcionarios públicos del IFDP que no quieren o no quisieron trabajar eficientemente para dar resultados eficientes a la población de México.
Lo que es muy curioso y verdaderamente incongruente por parte de la burocracia dorada del Poder judicial de la Federación, es que si bien también han hecho mucha publicidad engañosa prometiendo de que si van a mejorar su trabajo, la triste realidad para los mexicanos que piden y exigen justicia, es que el personal del Poder Judicial Federal nunca ha hecho un compromiso público en la práctica diaria de su trabajo para mejorar sus labores como servidores públicos, porque con el trabajo institucional diario que realizan que es tan deficiente en prácticamente en todas las estructuras orgánicas del Poder judicial de la Federación, incluyendo sus horarios de trabajo light de pocas horas de trabajo y las enormes, extensas y puntuales vacaciones de trabajo, esto, a pesar de que existen cerros de expedientes de trabajo pendientes y rezagados de muchos años y que se acumulan por toneladas por el trabajo ineficiente al que están acostumbrados a realizar por una cultura negativa y sin compromiso institucional al trabajo, por ser los burócratas aristócratas más representativos de la burocracia nacional.
En conclusión, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia la Ministra Norma Lucía Piña Hernández se merece todo el respeto de los mexicanos por su intento de querer otra vez lograr una reforma para mejorar al Poder Judicial Federal pendiente hasta hoy con el apoyo indirecto y discreto que consideramos que si le dará “al menos políticamente” el presidente de México Andrés Manuel López Obrador , pero insistimos, ahora nuevamente la Ministra Norma Lucía Piña Hernández estará afectando seriamente otra vez los intereses poderosos al interior del Poder Judicial Federal, y para lograr un esquema de mejora continua permanente para la operación y funcionamiento del Poder Judicial Federal, pues solo lo lograra, si la Ministra Norma Lucía Piña Hernández realmente recibe el apoyo incondicional y comprometido del pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia y de todos los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
CMR
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