- El objetivo, frenar delitos como extorsión y secuestro que, en muchos casos, se cometen con la utilización de celulares y desde centros penitenciarios
El proyecto, que se aprobó con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, busca frenar los delitos como la extorsión y secuestros que, en muchos casos, se cometen con la utilización de teléfonos celulares.
Se creará una base de datos con información de las personas físicas o morales, titulares de cada línea telefónica móvil, que cuenten con número del Plan Técnico Fundamental de Numeración, cuyo único fin es el de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de ilícitos.
De acuerdo con la reforma, se integrará con los siguientes datos: número de línea telefónica móvil, fecha y hora de la activación, nombre completo del usuario, nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía y Clave Única de Población del titular de la línea, así como datos biométricos del usuario.
La información contenida en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será confidencial y reservada, en los términos de las leyes en materia de transparencia y protección de datos personales.
El dictamen dispone que los concesionarios de telecomunicaciones o, en su caso, los autorizados, incurrirán en infracciones cuando efectúen extemporáneamente el registro de un número de línea telefónica móvil; no registren el número; o hagan uso indebido de las constancias, documentos y demás medios de identificación.
También se consideran infracciones alterar, omitir, simular o permitir registros o avisos en forma ilícita, registrar datos falsos, proporcionar información falsa o facilitar información a usuarios o terceros que no tengan derecho, acceder sin autorización a la información del Padrón o no denunciar alguna irregularidad teniendo la obligación de hacerlo.
Para estas y otras conductas se prevén multas que van de 20 a 15 mil unidades de medida y actualización, según corresponda.
Los concesionarios de telecomunicaciones deberán recabar y validar la información sobre la identidad, datos biométricos y domicilio del usuario, así como proporcionar la información con la cual se integrará el registro. Además, realizarán las altas, bajas y demás movimientos asociados a las líneas telefónicas.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones será el organismo encargado de instalar, operar, regular y mantener el Padrón; así como de procurar su buen funcionamiento e intercambio de información con las autoridades competentes.
La presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Lucía Meza Guzmán, informó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2019, el 88.9 por ciento de las extorsiones se realizaron vía telefónica. Estos delitos, advirtió, generan al crimen organizado más de 12 mil millones de pesos al año.
Ante este escenario, aseveró la senadora, la propuesta busca darles mayor control y herramientas a las autoridades para evitar el uso indebido de las líneas telefónicas.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Añorve Baños, asentó que “con la creación de esta figura, no tengo duda, las autoridades competentes tendrán más elementos normativos para identificar la comisión de un delito”.
Por Movimiento Ciudadano, el senador Noé Castañón Ramírez aseguró que el dictamen, más que ayudar a combatir a la delincuencia, fomentará otro tipo de ilícitos y generará un gasto innecesario por parte del Gobierno federal, para la creación del padrón.
Ricardo Velázquez Meza, senador de Morena, expresó que esta medida no vulnera los datos personales de los usuarios, sino que trata de enmendar un problema que los gobiernos anteriores no quisieron abordar, “por no tocar sus intereses con las empresas de telecomunicaciones”.
La senadora de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez Ruiz, advirtió que la reforma “propicia un sistema de vigilancia y hostigamiento indigno de un país democrático”, que transgrede la libertad de comunicación, atenta contra los derechos humanos y la privacidad de los datos personales.
A nombre de PT, el senador Joel Padilla Peña dijo que existe gran preocupación porque esta reforma invade la privacidad, pues no incluye mecanismos para proteger los datos personales.
El senador Emilio Álvarez Icaza dijo que en estos momentos nuestro país requiere recursos para disminuir la brecha digital en medio de la pandemia, pero no para controlar a los ciudadanos.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, calificó el articulado del dictamen como un “coctel” de violaciones constitucionales y de afectaciones a diversas garantías, como la presunción de inocencia.
Por el PVEM, la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz manifestó que la creación del Padrón tendría un alto costo económico, pues “tan sólo al IFT, le implicaría un costo aproximado de 109 millones de pesos el primer año y de 88 millones para los años consecuentes".
Claudia Ruiz Massieu Salinas, senadora del PRI, indicó que es momento de abandonar la falsa disyuntiva entre respetar los derechos de las personas y garantizar su seguridad. La persecución de los delitos -acotó- no puede ser pretexto para restringir las libertades y derechos de las y los mexicanos.
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