- Maestras y maestros que detectan agresiones físicas en menores no siempre llevan los casos ante las autoridades, por los trámites largos que enfrentarían
Por ello, presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Educación Pública, y a sus homólogas de los estados, que refuercen o implementen mecanismos para agilizar las denuncias por violencia intrafamiliar que infantes y adolescentes hagan en los centros educativos del país.
Para fortalecer el combate a la violencia contra niñas, niños y adolescentes y evitar lamentables consecuencias, plantearon solicitar a las fiscalías General de la República y de las entidades que den celeridad a las carpetas de investigación de los casos de violencia intrafamiliar que sufran estos sectores de la población.
El documento fue suscrito por las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Martha Cecilia Márquez Alvarado y el senador Joel Padilla Peña.
Destacaron que seis de cada 10 menores, de uno a 14 años, han experimentado algún tipo de estas formas de “disciplina” o de maltrato en el hogar y que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que entre 2015 y 2022 casi 86 mil niñas, niños y adolescentes sufrieron lesiones por arma blanca, de fuego u otro objeto.
Ante la problemática doméstica, las y los senadores coincidieron en que, en muchos casos, los menores y adolescentes víctimas llegan a considerar sus escuelas como espacios seguros, por tener la oportunidad de escapar durante unas horas de sus agresores.
No obstante, subrayaron que, aunque las agresiones físicas llegan a ser evidentes para los educadores -que también pueden ser de confianza para las víctimas-, éstos prefieren no decir nada, ya que la denuncia es un trámite largo a la que deben dar seguimiento, y en varios casos no hay acciones, por parte de las autoridades, para proteger a los infantes y adolescentes.
“Es lamentable que, por la burocracia institucional, las niñas, niños y adolescentes no puedan vivir una vida libre de violencia. Al contrario, se perpetúa dicho delito, normalizando y haciendo vivir un infierno a las infancias y adolescencias”, enfatizaron Bañuelos de la Torre, Pinedo Alonso, Márquez Alvarado y Padilla Peña.
Las y los legisladores del PT expusieron que maestras han relatado a medios de comunicación que las mismas autoridades escolares desalientan el reporte de casos y no llevan a la justicia las denuncias de violencia de menores de edad y adolescentes para “no perder tiempo”, pues saben que se enfrentarán a trámites complicados.
Advirtieron que la desatención del maltrato físico a menores de edad tiene consecuencias que pueden ir más allá de secuelas físicas, como en el caso de mediados de 2023 de José Antonio, niño de siete años, quien, a causa de la violencia que sufría de parte de sus padres, falleció en un hospital de Sinaloa a pesar de los intentos por salvarlo.
“No podemos permitir más casos como el de José Antonio, que llegan lamentablemente hasta la muerte, ni mucho menos el de pasar por alto las marcas físicas de violencia. Es necesario encontrar aliados en la lucha por la erradicación y el castigo a la violencia intrafamiliar”, consideraron las y los legisladores en el punto de acuerdo que fue remitido a la Comisión de Educación.
La violencia intrafamiliar, alertaron, es un problema grave que afecta a miles de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Es un flagelo que deja profundas cicatrices en las víctimas, con repercusiones que pueden durar toda la vida. Las y los senadores del Partido del Trabajo alzamos la voz para erradicar y castigar esta situación”, concluyeron.
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