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miércoles, 5 de octubre de 2022

  • Incluyen senadores instrumentos de control parlamentario en esta materia; devuelven el proyecto a la Cámara de Diputados  

     


El Pleno del Senado de la República aprobó, con cambios, la reforma al Artículo Quinto Transitorio del Decreto en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, para extender, hasta 2028, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. 

 

Con 87 votos a favor y 40 en contra, las y los senadores modificaron la minuta que envió la Cámara de Diputados, a través de una adenda que se incorporó al inicio del debate para incluir mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de seguridad pública que realicen las Fuerzas Armadas.  

 

Este dictamen mantiene la propuesta de la colegisladora para que “durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública”. 

 

En la discusión en lo particular, también se incorporó una propuesta del senador Ricardo Monreal Ávila, para modificar el artículo segundo transitorio del dictamen, a fin de precisar que, a partir de la entrada en vigor del Decreto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y los programas en materia de Guardia Nacional, en lugar del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Nacional. 

 

Durante el debate la senadora Imelda Castro Castro, de Morena, afirmó que su movimiento ha construido un marco legal para atacar de fondo el flagelo de la violencia y la inseguridad, el cual descompuso, durante décadas, nuestro tejido social y político. Además, pidió votar a favor de esta propuesta por el bien de las y los mexicanos. 

 

Por Acción Nacional, la senadora Nadia Navarro Acevedo dijo que la militarización no es la solución al grave problema de inseguridad y corrupción que vive México. También, lamentó que impere el discurso de la polarización en lugar de defender el Estado de derecho y que, “hay un pacto de impunidad que llena de vergüenza este dictamen y nos obliga a no acompañarlo”. 

 

Del PRI, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez precisó que con los cambios queda expreso que es el Senado el que garantizará la conclusión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, “es el inicio para empezar a corregir lo que falló; el país requiere compromisos y no simples descalificaciones”. 

 

La senadora Verónica Delgadillo García subrayó que, así como miles de familias que viven en medio de la violencia y los cientos de miles que no tienen tranquilidad, Movimiento Ciudadano se pregunta qué más debe pasar en México, para que el Presidente y su mayoría legislativa entiendan que la militarización no construye paz, sino que genera más violencia. 

 

El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, destacó que esta propuesta responde a un punto de coincidencia de todas las fuerzas políticas. Coincidió en que, en otras circunstancias, hubiera sido mejor discutir esta propuesta en una fecha cercana al 2024; sin embargo, consideró necesario blindar el tema de la seguridad pública de los procesos electorales. 

 

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora del PT, expresó que las familias mexicanas exigen paz y seguridad, por lo que es obligación de las y los legisladores trabajar para ello. Hoy tenemos una deuda que saldar, asentó, porque más que una reforma constitucional, se necesita dar claridad a las funciones de las policías estatales y municipales. 

 

Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural, comentó que, al aprobar esta reforma, “el próximo Presidente de México tendrá que domar a las Fuerzas Armadas que la mayoría legislativa busca sacar de sus cuárteles, pues lo que aquí construyen es un estado de sitio light, es un toque de queda suave”. 

 

El dictamen por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, fue devuelto a la Cámara de Diputados, con modificaciones, para sus efectos constitucionales. 

RPM/GTV/ORS 

Aprueba Senado, con cambios, reforma que amplía presencia de FA en seguridad pública

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martes, 4 de octubre de 2022

  

  • El proyecto plantea establecer mayores mecanismos de control parlamentario y supervisión; avanzó con 19 votos a favor, 10 en contra y una abstención 

     


    Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda, que presiden los senadores Eduardo Ramírez Aguilar y Rafael Espino de la Peña, respectivamente, aprobaron cambios al dictamen a la minuta por la que se amplía, hasta 2028, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
     

     
    Este proyecto fue aprobado por las y los integrantes de las comisiones con 19 votos a favor, 10 en contra y una abstención.  


    La senadora Lucía Meza Guzmán, de Morena, presentó la propuesta para modificar el dictamen que reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.  

     
    Con ello, se plantea establecer mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de seguridad pública que realicen las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. 

     
    Este proyecto propone que, durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. 

     
    Plantea que el Ejecutivo presentará al Congreso un informe semestral sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

     
    Para el análisis y dictamen de estos informes, a partir del primer semestre del 2023 y hasta la conclusión del plazo señalado, se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

     
    Dicha comisión, sugieren los cambios, se reunirá cada que la convoque su directiva y si así lo requiere, citará a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de Defensa Nacional y de Marina. 

     
    Las modificaciones establecen que evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas para la participación de la Fuerza Armada en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de dichos elementos en esas labores. 

     
    De acuerdo con el dictamen aprobado, la comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, quien deberá informar de la atención que brindó a las recomendaciones emitidas. 

     
    Propone que el Senado, al analizar y aprobar los informes anuales sobre las actividades de la Guardia Nacional, evaluará la participación de la Fuerza Armada en labores de seguridad pública, a fin de garantizar que cumpla con sus funciones y concluya con su participación. 

     
    También establece que las y los gobernadores de las entidades federativas remitirán anualmente a las legislaturas locales y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la evaluación integral, en una perspectiva de seis años, sobre el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales. 

     
    El proyecto aprobado plantea que, a partir del ejercicio fiscal 2024, el Ejecutivo Federal establecerá un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios, destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. 

     
    Dicho fondo se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año.  

     
    Hasta un veinticinco por ciento de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

     
    En adición a los recursos federales, los titulares de los poderes ejecutivos de los estados establecerán anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios, en especial aquellos con menor población o mayor grado de marginación. 

     
    Al hacer uso de la palabra, de Morena, la senadora Imelda Castro Castro afirmó que hay un esfuerzo importante que no se puede descalificar, ya que atiende los asuntos planteados por la minuta que llegó de la Colegisladora, y establece mayores controles parlamentarios, así como un fondo económico para las policías municipales y estatales.  

     
    Por Acción Nacional, el senador Julen Rementería del Puerto, señaló que la propuesta no tiene forma de transitar, porque “no sirve, no vale y no hay más que analizar sobre este proyecto”, pues lo que se tiene que hacer es devolverla y trabajar en una estrategia de seguridad que permita resolver el problema de los mexicanos; “no podemos permitir estas simulaciones con tal de sacar una votación favorable”.  

     
    La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, expresó que el escrito que se propone, contiene mejoras respecto del dictamen original, “pero no satisface los mínimos que nosotros habíamos planteado, porque plantean ampliar el plazo vigente, sin vincularlo a un diagnóstico o a un análisis consecuente”. 

     
    En tanto, el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, advirtió que las modificaciones representan una simulación, debido a que no atienden el fondo del problema de la inseguridad y no reconoce el fracaso de la política de este gobierno, porque los controles parlamentarios que sugieren son insuficientes y se ignoran las necesidades de las instituciones de seguridad pública locales. 

     
    Raúl Bolaños-Cacho Cué, senador del PVEM, manifestó que las reformas presentan avances sustanciosos, pues añaden la periodicidad semestral de los informes del Ejecutivo federal al Congreso, sobre todo el proporcionar indicadores cuantificables para evaluar los resultados, así como el hecho de que los estados puedan establecer un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública. 

     
    En su oportunidad, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, dijo que es necesario construir una legislación que le permita tener mejor y mayor seguridad a la actuación de las Fuerzas Armadas. 

     
    El senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, dijo que hay voluntad de diálogo, pero la propuesta se quedó corta, aunque tiene mayor control parlamentario, pero el hecho de que la acepten los militares, “es anticonstitucional, yo no soy tropa, soy senador de la República, quiero un poder civil, no un poder militar”.  

Aprueban en comisiones cambios a minuta para ampliar permanencia de FA en tareas de seguridad

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viernes, 23 de septiembre de 2022

 




Por Carlos García de Balzac 

 

A unos días del 8 aniversario de la trágica desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa , padres y madres de los mismos incursionaron  en el campo militar numero 1, en donde chocaron con elementos granaderos de la SSC,  soldados de Sedena y de la Guardia nacional , lo que causo un saldo de 39 lesionados, este viernes. 

Vale detallar que los  normalistas provenientes de Iguala, Guerrero, realizaron diversas pintas en las instalaciones  como : “Asesinos, nos faltan 43”, granaderos trataron de frenar el avance  de los normalistas de esa entidad que desde hace días arribaron a la Ciudad de México para llevar a cabo la Jornada Nacional de Lucha en memoria de los jóvenes caídos. Sin embargo y de acuerdo a las imágenes que circulan en las redes sociales  evidenciaron el   momento en que los inconformes  quitaron las rejas de la entrada principal al cuartel militar, pero fueron contenidos por otras vallas improvisadas. Por su parte autoridades capitalinas, resaltaron que no obstante de esta agresión a los soldados del ejercito nacional, informó que madres y padres de los 43, así como estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, realizaron el mitin en el Campo 1 con toda libertad y garantías. No sin antes, precisar que para salvaguardar la seguridad de las y los ciudadanos, y asistentes, se implementó un operativo en el que participaron 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 50 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 50 de la Guardia Nacional (GN). en un comunicado. “No obstante, luego de finalizar el acto simbólico, un grupo de manifestantes con el rostro cubierto realizaron pintas, arrancaron rejas y lanzaron petardos, cohetones, bombas molotov y piedras al interior del complejo del Ejército Mexicano”, a decir de la propia  autoridad. Así las cosas y luego del enfrentamiento entre ambos grupos, y por el  lanzamiento de artefactos por parte de manifestantes, resultaron lesionados 39 elementos: 21 de la SSC (tres de ellos fueron trasladados a un hospital para su valoración médica), 13 de la Sedena y cinco de la GN. Asi las cosas, y de acuerdo con el Gobierno capitalino, los cuerpos de seguridad “no respondieron ninguna agresión, solo realizaron labores de contención, evitando así todo enfrentamiento”. Sin dejar de lado que suman el cuarto día consecutivo de protestas por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Vale recordar que anteriores protestas se llevaron a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y en la embajada de Israel en México, ambas con la exigencia de acelerar la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal señalado por alterar evidencias en el caso Ayotzinapa.Mientras que la tercera jornada de protestas ocurrió frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Ahí los estudiantes no sólo pintaron consignas, también lanzaron objetos que lesionaron a algunos uniformados. Hasta la  cuarta fecha que se enfoco en el Ejército mexicano, institución señalada desde el primer momento por parte de sobrevivientes y familias de los 43 desaparecidos por su posible participación activa durante el ataque en Iguala. A la par el gobierno federal justo el día del grito, es decir el pasado 15 de septiembre,  informaron que tres militares fueron detenidos por estar presuntamente involucrados en los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014, entre ellos el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero. Por ende el  comandante detenido es José Rodríguez Pérez, quien presuntamente fue el encargado de ordenar la muerte y desaparición de los estudiantes, según lo explicado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el 26 de agosto durante la conferencia del presidente de México. Por lo que cito “Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez”, dijo al brindar el informe final de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa pero no satisface a los padres y madres de los 43 por lo que en la protesta anunciaron la movilización del 26 de septiembre de este año, como ya es costumbre del Angel de Independencia hacia el zócalo capitalino en la alcaldia Cuauhtémoc en donde no se descarta la prescencia de grupos anarquistas. 

39 lesionados en el campo militar 1 por Ayotzinapa.

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lunes, 19 de septiembre de 2022

 

  • El dictamen fue aprobado en las comisiones de Puntos Constitucionales, por nueve votos a favor, cinco en contra y una abstención; y en la de Estudios Legislativos, Segunda, con nueve votos a favor y cinco en contra 

 


Las y los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda, que presiden los senadores Eduardo Ramírez Aguilar y Rafael Espino de la Peña, respectivamente, aprobaron el dictamen a la minuta por la que se amplía, de cinco a nueve años, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. 

 

El proyecto modifica el primer párrafo y adiciona los párrafos tercero y cuarto al Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019. 

 

La votación por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales fue de nueve votos a favor, cinco en contra y una abstención; mientras que la de Estudios Legislativos, Segunda, registró nueve a favor y cinco en contra. 

 

El documento señala que es necesario ampliar el plazo para consolidar la Guardia Nacional y los órganos de seguridad de las entidades federativas y de los municipios, y, mientras eso sucede, es indispensable que la Fuerza Armada apoyen las labores de seguridad, con respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. 

 

La reforma establece que, durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolle su estructura, capacidades e implementación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.  

 

Dicha participación, precisa el documento, deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.  

 

Además, el proyecto sugiere que se integre una comisión conformada por diputados y senadores para dar cumplimiento al presente artículo.  

 

Para tal fin, el Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá rendir un informe cada Periodo Ordinario de Sesiones en el que dé cuenta del avance en la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil de estados y municipios.  

  

Por la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Eduardo Ramírez confió en que durante las próximas horas encontrarán los consensos para aprobar la propuesta, por lo que subrayó que su Grupo Parlamentario estará abierto al diálogo; sin embargo, adelantó que acompañarán la reforma constitucional para darle seguridad a las y los mexicanos.  

 

Asimismo, dijo que no hay tiempo para analizar la propuesta en Parlamento Abierto, ya que es urgente atender el tema de la inseguridad, además de que no cuentan con mucho tiempo, pues se acercan procesos electorales. “Hagamos un último esfuerzo, esta será la última reforma que estaremos discutiendo con urgencia, porque, prácticamente, hemos agotado nuestra agenda”. 

 

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Rafael Espino de la Peña, lamentó “la extrema politización de este tema” y dijo que como país es necesario “lograr un acuerdo ampliado, consensado y del cual todos salgamos fortalecidos”.  

 

Es necesario, apuntó, dar un voto de apoyo al Ejecutivo federal, “porque es a quien le anticipo buena fe y buenas intenciones”, para remediar el tema de la seguridad pública, que representa el principal problema de este país. 

 

Por Morena, el senador Félix Salgado Macedonio destacó la obligación de respetar los derechos humanos que se plantea en el dictamen, así como de garantizar que no existan ataques contra pueblos originarios. 

 

Del PAN, la senadora Nadia Navarro Acevedo dijo que votarían en contra del proyecto, ya que no existe un diagnóstico que demuestre que la estrategia actual incida de manera positiva en la prevención de la violencia y el combate al crimen organizado, pues, por el contrario, han aumentado las quejas por violación de derechos humanos desde que entró en funciones la Guardia Nacional. 

 

Sylvana Beltrones Sánchez, senadora del PRI, dijo que México está ante un grave problema de seguridad; por ello propuso discutir sin prisa el tema con la participación de gobernadores, con el fin de que ellos expongan los elementos necesarios para llevar a cabo una estrategia efectiva y para fortalecer a la Guardia Nacional. 

 

A su vez, el senador Noé Castañón Ramírez aseveró que el proyecto presentado va en contra de los principios que defiende Movimiento Ciudadano: el respeto al Estado de derecho y a la Constitución. Si estas modificaciones se aprueban, advirtió, se violentaría la facultad del próximo Presidente de México para proponer su propia estrategia de seguridad.  

 

Joel Padilla Peña, senador del PT, refirió que el dictamen contiene un aspecto fundamental relativo al respeto irrestricto de los derechos humanos, especialmente de las comunidades indígenas y afromexicanas, lo cual es crucial para consolidar el actuar apegado a derecho de la Guardia Nacional. 

 

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, manifestó que esta ampliación es “laxa” y puede tener consecuencias negativas para las Fuerzas Armadas, por lo que dijo que es importante darle el tiempo necesario a un tema que es de la mayor relevancia, a fin de crear un verdadero marco jurídico y “no una mera ampliación de plazo”. 

 

Nancy de la Sierra Arámburo señaló que en el Grupo Plural están en contra de ampliar el plazo para que las Fuerzas Armadas realicen actividades de seguridad pública, pues “lo último que necesitan es que se les reduzcan los límites, por el contrario, requieren de límites claros, ya que no respetan los que ya existen”. 

Avalan comisiones reforma para ampliar permanencia de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad

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domingo, 18 de septiembre de 2022

  

  • La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado pide informe sobre el número de amparos que han presentado elementos de esta corporación  

 


La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del PT, hizo un llamado a diversas autoridades, para que se les garanticen sus derechos laborales a las y los integrantes de la Guardia Nacional. 

 

Lo anterior, debido a varias denuncias que se han realizado en diversos medios de información, quienes señalan que hay indicios que a los integrantes de este cuerpo de seguridad pública se les han vulnerado sus derechos laborales. 

 

Márquez Alvarado presentó un punto de acuerdo para solicitar a la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa lcela Rodríguez Velázquez, y al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, un informe con el número de amparos que han presentado elementos de la corporación por posibles vulneraciones en esta materia. 

 

Además, pidió que este reporte contenga las acciones que se han tomado para garantizar los derechos laborales de los integrantes de este cuerpo de seguridad. 

 

La senadora aseguró que es del interés del Senado de la República contar con dicha información, ya que los legisladores representan los intereses de la ciudadanía mexicana, por lo que “no sólo debemos proponer leyes o reformas, sino vigilar que las mismas se cumplan”.  

 

Refirió que entre los señalamientos que han realizado algunos medios de comunicación, se encuentra el que destaca que la Guardia Nacional suma 965 amparos en contra, promovidos por sus propios elementos. 

 

Las quejas, señaló, acusan abusos y discriminación, así como falta de apoyos para mudanzas, cambios de adscripción e indemnizaciones injustas, entre otras. 

 

Ante dichos indicios, puntualizó, el Senado de la República tiene la facultad de solicitar a las autoridades información sobre el cumplimiento de sus obligaciónes, por ello, es fundamental conocer de los posibles abusos, así como las acciones para garantizar los derechos laborales de las y los integrantes de la Guardia Nacional. 

Garantizar derechos laborales de las y los integrantes de la Guardia Nacional, piden en el Senado

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sábado, 23 de julio de 2022

 

  • El senador Mario Zamora pide mejorar las prestaciones de los elementos de esta institución  

 


La Guardia Nacional tiene que consolidarse como una institución fuerte, que permita combatir la inseguridad en el país, pero para su fortalecimiento institucional es necesario que cuente con personal capacitado que enfrente los hechos delictivos en condiciones óptimas de trabajo, consideró el senador Mario Zamora Gastélum.  

 

El legislador del PRI enlistó un punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, para solicitar al titular de la Guardia Nacional un informe sobre los lineamientos o protocolos mínimos de condiciones de trabajo de sus elementos.  

 

Además, pidió que el reporte detalle las asignaciones para realización de operativos de seguridad al interior del país, los gastos por viáticos y las condiciones laborales específicas de quienes se encuentran fuera de su coordinación regional o territorial. 

 

Recordó que la idea de crear a este cuerpo de seguridad era para que vigile la seguridad de los mexicanos, pero que al interior brinde los elementos necesarios para su personal, a fin de que esto permita un mejor desempeño para atender las demandas de la ciudadanía.  

 

Zamora Gastélum refirió que elementos de la Guardia Nacional, asignados a labores de apoyo en el puerto de Acapulco, denunciaron que fueron alojados en el estacionamiento del C-5 de Guerrero, en condiciones lamentables, para quienes son los encargados de brindar seguridad a la ciudadanía.  

 

La institución reconoció que los elementos están alojados de manera provisional en el C-5 de Guerrero. Explicó que los agentes están en ese lugar porque se ubica cerca de las colonias con mayor demanda de seguridad. “Sin embargo, el comandante de la Guardia Nacional ordenó adoptar las acciones pertinentes a fin de mejorar las condiciones de habitabilidad, higiene y comodidad en dicho inmueble”. 

 

Otro caso parecido fue el que se presentó el pasado mes de mayo, continuó el legislador, en donde se denunciaron las pésimas condiciones laborales en las que se encuentra el personal asignado en Michoacán, quienes mencionaron que dormían en el suelo, les entregaban comida en mal estado y no les respetan sus días de descanso.  

 

Mario Zamora consideró urgente fortalecer a las dependencias encargadas de la seguridad, para evitar la corrupción y que el crimen organizado se infiltre en ellas. 

 

En el punto de acuerdo, que fue turnado a la Primera Comisión, el senador también pidió exhortar a las secretarías de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; y de Hacienda y Crédito Público, para que prevean los recursos necesarios para mejorar las prestaciones y condiciones laborales de los elementos de la Guardia Nacional. 

Solicitan en Comisión Permanente informe sobre condiciones de trabajo en la Guardia Nacional

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martes, 19 de julio de 2022

NOTA INFORMATIVA


La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informa que durante el vuelo 4081 de Viva Aerobús, matrícula XA – VXA, procedente del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Tijuana, Baja California, al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, una persona de aproximadamente 40 años de edad se encerró en uno de los baños de la aeronave y al sufrir una crisis nerviosa se infligió heridas, por lo cual la tripulación decidió descender de emergencia en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y atender medicamente al sujeto.
La persona herida fue trasladada a un hospital donde está siendo atendida.

Siguiendo todos los protocolos de seguridad, la comandancia a cargo de la AFAC hizo del conocimiento a la Guardia Nacional y al Ministerio Público correspondiente para deslindar responsabilidades.

Los pasajeros del vuelo 4081 reiniciaron su viaje en otra aeronave proporcionada a la brevedad por la aerolínea.

NOTA INFORMATIVA...

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domingo, 10 de julio de 2022

  • Coordinan acciones con la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo con motivo del periodo vacacional.

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, personal de la Guardia Nacional (GN) y autoridades de los tres órdenes de gobierno, iniciaron operativos de seguridad en cuatro centrales camioneras de la Ciudad de México, en víspera de la temporada vacacional.

Para garantizar la seguridad de los usuarios e inhibir la comisión de delitos, se implementó dicho operativo en la Central de Autobuses del Sur Terminal Taxqueña, en la Terminal de Autobuses Tapo, Terminal Central Norte y en la Terminal Central de Autobuses del Poniente.

El personal de la Coordinación Estatal de la GN en la Ciudad de México, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México; y directivos de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, acudieron a las terminales camioneras para iniciar las siguientes actividades:

  • Patrullajes preventivos y de vigilancia
  • Auxilio y orientación a usuarios
  • Apoyo en los módulos de revisión de equipaje
  • Detección de sustancias ilícitas u objetos prohibidos

El objetivo es reforzar la seguridad al interior y en las inmediaciones de estos puntos de llegada y salida de turistas nacionales e internacionales.

La Guardia Nacional refrenda su compromiso de sumar sus capacidades operativas con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir los delitos, así como garantizar la paz y seguridad en todo el país.

EN CIUDAD DE MÉXICO, GUARDIA NACIONAL, SICT, SSCDMX Y SSEDOMEX INICIAN OPERATIVO DE SEGURIDAD EN CENTRALES CAMIONERAS.

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domingo, 12 de junio de 2022

Resultado de las acciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Jalisco en coordinación con la Guardia Nacional en la colonia Las Colonias, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, luego de que varios sujetos realizaron disparos en contra de los elementos de la corporación nacional, de un cateo se logró un importante aseguramiento de vehículos robados, armas de fuego, tiros útiles, chalecos, así como otros indicios pertenecientes a un grupo de la delincuencia organizada.

La Fiscalía Estatal solicitó a un juez de control la orden de cateo correspondiente para la inspección de dos fincas las cuales probablemente estaban relacionadas con los sujetos que fueron detenidos tras las acciones de la Guardia Nacional, mismo que fue concedido  y ejecutado el pasado viernes.

Al desahogar los cateos los elementos ministeriales lograron el aseguramiento de 9 armas de fuego largas, un arma de fuego corta, 76 cargadores, 2 mil 780 tiros útiles de los calibres 7.26 x 39 y .50, 17 chalecos, 22 pecheras, ropa táctica con las características de la utilizada por la Guardia Nacional, así como prendas con las siglas de un grupo de la delincuencia organizada, boinas y botas militares, además de diversos equipos de telefonía celular.

Adicionalmente se logró asegurar 5 vehículos de alta gama, cuatro de los cuales contaban con reporte de robo, 2 motocicletas las cuales no contaban con reporte así como un par de matrículas de circulación.

Las fincas, los vehículos, así como los indicios derivados del desahogo de este cateo quedaron asegurados y a disposición del agente del ministerio público.

De la misma manera se informa que durante el desarrollo del operativo y en distintos momentos se logró la detención de cinco personas quienes están bajo investigación por su posible relación y quedaron a disposición del Ministerio Público quien resolverá su situación jurídica en el término constitucional de las 48 horas.

Conforme avancen las investigaciones y se obtengan mayores datos que puedan ser dados a conocer se estará informando a la sociedad jaliscienses a través de los canales oficiales de comunicación.

ASEGURA FISCALÍA ESTATAL VEHÍCULOS ROBADOS, ARSENAL Y DIVERSOS ARTÍCULOS EN CATEO EN TEPATITLÁN DE MORELOS.

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martes, 1 de marzo de 2022

  • El reporte destaca que la nueva estrategia focaliza las acciones de combate a la delincuencia; para MC y PRI es omiso 

     

La Comisión de Seguridad Pública, que preside la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, avaló el dictamen por el que se aprueba el Informe que presentó el Ejecutivo Federal de las actividades desarrolladas por la Guardia Nacional.  

 

El documento aprobado refiere que, de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución Política, es facultad de la Cámara de Senadores analizar y aprobar el Informe Anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional. 

 

En dicho reporte, correspondiente a 2021, se destaca que la nueva estrategia de seguridad pública focaliza las acciones de combate a la delincuencia en los territorios y regiones identificados como de mayor riesgo en el país, y busca atender las causas y condiciones que propician las conductas delictivas. 

Subraya además que estos esfuerzos son permanentes y se orientan a recuperar la paz y preservar la seguridad de las y los ciudadanos del territorio mexicano. 

 

En ese sentido, apunta que la aplicación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica a nivel nacional recae en la presencia y patrullaje de la Guardia Nacional, cuerpo integrado por más de 110 mil elementos con capacidad para realizar labores de disuasión y de investigación. 

 

Agrega que en el Informe se da cuenta que este modelo se orienta en alcanzar, para el año 2024, un estado de fuerza de 140 mil elementos desplegados en las 266 Coordinaciones Regionales. 

También destaca que la Guardia Nacional se posiciona en el tercer lugar, como una de las instituciones de seguridad a nivel nacional, sólo por debajo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. 

 

En cuanto a la “Percepción de Desempeño”, la Guardia Nacional cuenta con 74.4 por ciento de aprobación de la población, ya que este porcentaje consideró su actuación como “muy efectivo o algo efectivo”, lo que representa un incremento del 1.8 por ciento en relación con el mismo trimestre del año 2020. 

 

El Informe añade además que en cuanto al grado de confianza que siente la gente hacia la institución, se informa que se incrementó del 77.5 por ciento en 2020 al 77.7 por ciento en el tercer trimestre de 2021. 

 

Asimismo, se señala que se avanza en la construcción de una Institución, que transita del esquema reactivo que prevaleció en el pasado, a un modelo de seguridad ciudadana, donde la coordinación con autoridades federales, estatales y municipales dieron como resultado, una estrategia que permite hacer frente a las problemáticas que aquejan a la sociedad. 

 

En su intervención, el senador de Movimiento Ciudadano, Noe Castañón Ramírez, quien votó en contra, señaló que el informe es omiso -en el apartado sobre la facultad del Ejecutivo Federal para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria-, en la información relativa a las acciones de regulación y fiscalización y subordinación del actuar de las Fuerzas Armadas.  

 

El legislador agregó que se reporta que más de siete mil 500 elementos de la Guardia Nacional fueron sancionados; no obstante, se omite el desglose de los motivos por los cuales dichos elementos fueron castigados. 

 

En ese sentido, reiteró que su Grupo Parlamentario insistirá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la solicitud que hicieron para ampliar la información. 

 

Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, quien también votó en contra, refirió que en dicho documento se encontraron omisiones y “otras ambigüedades” al no justificar la presencia de la Guardia Nacional en las entidades federativas. 

 

La legisladora cuestionó que no se detallara la participación permanente de las Fuerzas Armadas ni tampoco dice en qué casos es permisible y los resultados que se obtuvieron. 

 

En su intervención, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña Waldenrath, argumentó que con anticipación se enviaron los dictámenes de los proyectos a los integrantes de esta instancia legislativa, para efectos de que se hicieran las observaciones oportunas y poder considerarlas. 

 

Y agregó que las participaciones de los senadores se incluirán en el acta del dictamen que será enviado al Pleno, para su consideración. 

Avalan en Comisión de Seguridad Pública Informe Anual de la Guardia Nacional.

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domingo, 6 de febrero de 2022

  • Grupos criminales han provocado el aumento de precios y el abandono de parcelas: Ricardo Velázquez.
     

El “cobro de piso” a productores agrícolas en Guerrero y Michoacán, por parte de grupos criminales, ha generado un incremento exacerbado en el precio del aguacate y el limón desde finales de 2021, situación que se agudizó en lo que va de este año, advirtió el senador Ricardo Velázquez Meza. 

 

El legislador de Morena presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Guardia Nacional que, en un plazo no mayor a 15 días, informe al Senado los alcances de la estrategia para proteger a los productores limoneros y aguacateros del país. 


Velázquez Meza dijo que los extorsionadores no sólo cobran cuotas en cada etapa de la siembra, sino que también imponen el precio de los productos “cantando” los montos a productores, cortadores, empacadores y transportistas. 

 

Con esas advertencias, agregó, los campesinos no pueden bajar los precios, en parte por miedo a las represalias de los delincuentes, así como por la necesidad de obtener ganancias de sus cosechas. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en diciembre de 2021 el limón registró un alza de 46.11 por ciento con respecto al mes previo y, en la valoración quincenal, subió 38.84 por ciento; en el caso de las papas y tubérculos el aumento asciende a 11.62 por ciento. 

 

Esos cobros ilegales, agregó, hacen variar en demasía y de manera arbitraria los precios de los productos del campo, como en el caso del limón, que a principios de 2022 se vendía a 80 pesos y para mediados de enero, los supermercados lo ofertaron en 120 pesos. 

 

Ricardo Velázquez advirtió que los productores aguacateros de los municipios de Tancítaro, Uruapan, Peribán, Los Reyes, Salvador Escalante, Tacámbaro, Ario de Rosales y Nuevo Parangaricutiro, también sufren extorsiones. 

 

Dicha situación, expuso, derivó en el aumento de 230 por ciento de este producto de diciembre de 2021 a enero del presente año y, en consecuencia, se estima que el precio de este fruto pasó de 40 a 132 pesos, aproximadamente. 

 

La exigencia de cuotas por parte del crimen organizado, en cada etapa del producto, ha provocado el abandono de parcelas, pues los montos que exigen los delincuentes van desde 500 hasta ocho mil pesos, dependiendo de la cantidad de la cosecha, subrayó.  

 

El aumento de las extorsiones, a inicios del año, en contra de estos productores se debe a que la exportación hacia Estados Unidos también incrementa por la alta demanda derivada del evento deportivo del Super Bowl, que se celebra en el mes de febrero. 

 

Sin embargo, afecta la imagen del agro mexicano y agrava el desabasto alimenticio nacional, concluyó el legislador en el punto de acuerdo que fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública. 

Piden a Guardia Nacional informe sobre estrategia para proteger a productores de limón y aguacate.

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miércoles, 2 de febrero de 2022

  • La Cámara de Senadores revisará el documento, adelanta el senador Ricardo Monreal  

  

En una reunión con la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, y la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, recibieron Informe Anual de Actividades de la Guardia Nacional, correspondiente a 2021.  

 

Monreal Ávila dijo, en un mensaje que publicó en redes sociales, que la Cámara de Senadores revisará el Informe y estará pendiente de la estrategia, junto con el Ejecutivo Federal. 

 

El encuentro se llevó a cabo en la Junta de Coordinación Política, con la presencia del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña Waldenrath; el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Higinio Martínez Miranda; y la presidenta de Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Imelda Castro Castro. 

 

A la reunión también asistieron los coordinadores parlamentarios del PAN, Julen Rementería del Puerto; del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich; del PES, Sasil De León Villard; y del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa; así como Raúl Bolaños-Cacho Cué en representación del PVEM; y Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Plural. 

 

De acuerdo con la fracción IV del artículo 76 de la Constitución Política, entre las facultades exclusivas del Senado está analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional.  

 

Además, el artículo 96 de la Ley de la Guardia Nacional, al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de cada año legislativo, el Ejecutivo Federal presentará por escrito, ante el Senado de la República, un informe de las actividades desarrolladas por la Guardia Nacional durante el año inmediato anterior. 

Senado recibe Informe Anual de Actividades de la Guardia Nacional.

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domingo, 16 de enero de 2022

A pesar de que el 28 de mayo de 2021 venció el plazo establecido por la ley para que los integrantes de la Guardia Nacional contaran con el Certificado Único Policial, hasta noviembre del año pasado solo el 20.9% contaba con dicha certificación, señala una investigación de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).  


El documento titulado “La certificación policial de los integrantes de la Guardia Nacional” elaborado porJuan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, explica que la certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el centro de control de confianza correspondiente para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. 


Asimismo, señala que, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la certificación tiene por objeto reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones; identificar los factores de riesgo que repercutan en las funciones policiales y verificar el uso de sustancias y la conducta de los elementos, además de que estipula que las corporaciones policiales solo pueden contratar al personal que cuente con la certificación policial.  


El estudio del IBD refiere que el artículo cuarto transitorio de la Ley de la Guardia Nacional publicada el 27 de mayo de 2019, estableció que en un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta ley, “los centros de evaluación y control de confianza deberán practicar las evaluaciones a quienes hayan sido asignados para la conformación del cuerpo policial, a efecto de contar con el certificado a que se refiere el artículo 21 de la Constitución”, lo cual se cumplió el 28 de mayo de 2021.  


Sin embargo, hasta noviembre del año pasado, solo el 20.9% de los elementos de la Guardia Nacional se encontraban certificados, con diferentes niveles de cumplimiento entre los grados de la corporación.  


Por lo anterior, el 23 de julio de 2021, mediante un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se amplió el plazo al 31 de mayo de 2024, para que los integrantes de la Guardia Nacional obtengan el Certificado Único Policial, argumentando la magnitud de los elementos que paulatinamente han ido conformando la Guardia Nacional, además de la movilidad derivada de las actividades encomendadas con motivo de la pandemia. 

Solo el 20.9% de la Guardia Nacional cuenta con certificación policial, señala estudio del IBD.

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