El día de hoy, en el sexto foro nacional entorno a la reforma judicial
realizado en la Ciudad de Puebla, fue cancelada la participación de la
Directora Nacional de JUFED, Jueza Juana Fuentes Velázquez, lo que
contradice el ofrecimiento de apertura y diálogo democrático ofrecidos
al inicio de los mismos.
Procesar una reforma que puede afectar la división de poderes, vulnerar
los derechos humanos y desconocer los tratados internacionales,
cancelando el diálogo de los principales actores del sistema de justicia,
no puede más que generar sospechas sobre una ruta ya definida hacia
la disolución del Poder Judicial Federal y su papel de contrapeso.
Si bien se ha aclarado que las acciones emprendidas para acelerar la
aprobación de los dictámenes de las reformas, no incluirá a la judicial,
limitar las participaciones de los juzgadores federales conlleva a la duda.
En ese mismo sentido se inscriben las aseveraciones del Ejecutivo
Federal de esta mañana en las cuales se señala a 26 jueces federales por
liberar personas privadas de la libertad durante los fines de semana.
Afirmaciones que son no solo inexactas, sino también parciales y
descontextualizadas, y representan un intento claro de deslegitimar la
función judicial y el debido proceso que debe imperar en nuestra
sociedad.
Estos ataques desde la presidencia, en los momentos en los que se busca
reformar al Poder Judicial, tienen la clara finalidad de predisponer a la
ciudadanía y crear un contexto adverso que dañe la confianza en los
juzgadores.
Es fundamental aclarar que el actuar de los jueces y magistrados del
Poder Judicial de la Federación se encuentra regido por el marco legal
vigente, el cual establece criterios claros y procedimientos específicos
para la toma de decisiones judiciales. Dichas decisiones son producto de
un análisis riguroso y exhaustivo de las pruebas y argumentos
presentados por todas las partes involucradas en cada caso, incluyendo
al Ministerio Público Federal que se encuentra presente en todo
momento, con el objetivo primordial de garantizar el respeto irrestricto
de los derechos fundamentales de todas las personas y el interés social.
Por ello, se exhorta a las y los trabajadores a mantenerse atentos al
desarrollo de estos acontecimientos y de acciones futuras.
