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viernes, 2 de octubre de 2020

 


By Ernesto Piedras

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés) es el brazo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargado de facilitar la conectividad de redes de comunicaciones, emite los lineamientos para la eficiente asignación y utilización del espectro radioeléctrico global y las órbitas de los satélites, desarrolla los estándares técnicos que garantizan que las redes y tecnologías se interconecten sin interrupciones y provee recomendaciones para el cierre de la brecha de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

La ITU es el referente internacional para la armonización regulatoria y de política pública sectorial para alcanzar la plena adopción y aprovechamiento de las TIC en todo el mundo.

Al respecto, recientemente esta organización dio a conocer un documento acerca de los requerimientos de inversión para conectar a plenitud a toda la humanidad para 2030.
 
Inversión para la Conectividad Global

En el documento titulado “Connecting Humanity - Assessing Investment Needs of Connecting Humanity to the Internet by 2030”, la ITU estima que se requiere de una ejecución de recursos de $428 mil millones de dólares (USD) para que tres mil millones de personas de 10 años o más cuenten con acceso a Internet hacia 2030.[1]

Este monto incluye la inversión necesaria para el despliegue de infraestrutura móvil y de fibra óptica, los costos de operación y mantenimiento de las redes, la provisión de cobertura en áreas remotas, el gasto para la formación y desarrollo de habilidades digitales, así como las asignaciones presupuestales para la instrumentación de política y regulación.

Es decir, lo necesario para la conectividad universal.

La provisión de conectividad implica dotar de una conexión a una velocidad de descarga de al menos 10 Mbit/s ya sea por cable, fibra, satélites, radio u otras tecnologías, capacidades 4G en redes móviles, así como acceso universal (90% del total) a la banda ancha entre la población de 10 años o más.

Además de estimar este reto en materia de desarrollo de infraestructura, la ITU provee un mapa de ruta para la política pública y regulatoria para detonar condiciones de disponibilidad, asequibilidad, confiabilidad y seguridad en el acceso a las TIC.

En meses recientes, a partir de la pandemia de COVID-19, se han hecho manifiestas las disparidades aun imperantes entre segmentos de la población, países y regiones, siendo la brecha de conectividad una especialmente vigente y necesaria de atender con apremio para continuar con la operación social, productiva, educativa, informativa, cultural y de entretenimiento durante los tiempos presentes.

De acuerdo con la ITU, 85% de la población mundial dispone de redes de banda ancha y 70% de la población conectada se encuentra en área de cobertura de 4G.

El reto, entonces, consiste en conectar al 15% restante que se encuentra en regiones desatendidas o escasamente cubiertas por redes de telecomunicaciones.
 
Recursos Necesarios para México

México se ubica en séptimo lugar, entre los 25 países con mayores necesidades de aplicación de recursos para alcanzar el cometido constitucional de acceso universal a las TIC, con un monto de requerimientos de inversión que asciende a $13.9 mil millones de USD (mmd), ubicándose en niveles cercanos a países de África como Nigeria ($14 mmd) y Etiopía ($12 mmd) y por arriba de Brasil ($11 mmd).

Esta estimación es también superior a la previamente realizada por The Competitive Intelligence Unit (The CIU) quién proyectaba un monto necesario de $8.5 mil millones de USD ($187.5 mil millones de pesos) para cerrar la brecha de conectividad en nuestro país.[2]

La metodología alternativa de cálculo utiliza una muestra de 30 países, a partir de información de la OCDE, para elaborar una senda de formación de capital y así estimar el monto previsible para el caso mexicano para cerrar la brecha digital.

 
Top 25 de Países con Mayores Requerimientos de Inversión para el Cierre de la Brecha de Conectividad
(Miles de Millones de USD)
Fuente: Estimados basados en información de ITU, GSMA, A4AI, operadores y órganos reguladores

Para la realización efectiva de estos requerimientos de inversión en México, la ITU recomienda la implementación de unas ‘reglas de oro’ de política pública y regulatoria, entre las que destacan: la provisión de servicios en condiciones competitivas, la obligación para los operadores de compartir infraestructura y la admisión irrestricta de inversión extranjera.

Varios de estos mecanismos han sido instrumentados en México, apartir de la vasta experiencia de otros países.

No obstante, la asignatura pendiente continúa siendo la falta de competencia y la aplicación de medidas regulatorias eficaces para balancear la estructura de mercado.

He aquí, nuevamente, lecciones desde el ámbito internacional para México.

Inversión, Condición sine qua non para la Conectividad Universal

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lunes, 21 de septiembre de 2020

 

  • Las actividades vía remota acrecentaron las problemáticas relacionadas con el servicio, señala la senadora  Lucía Meza 

Con el fin de apoyar las actividades a distancia que se llevan a cabo durante la contingencia sanitaria, es importante que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) continúe diseñando y ejecutando estrategias que permitan ampliar la cobertura y accesibilidad a la población de los servicios de internet, afirmó la senadora Lucía Virginia Meza.  

La legisladora de Morena propuso un punto de acuerdo para exhortar a la dependencia federal a diseñar e implementar estrategias con las empresas distribuidoras del servicio, a fin de que garanticen una mejor experiencia de navegación y respondan a las expectativas de la ciudadanía. 

La SCT también deberá promover que esos servicios sean competitivos, contribuyan al crecimiento de la economía y respondan a las tendencias de la globalización, añadió. 

Indicó que entre los principales problemas que los usuarios mexicanos han señalado al utilizar internet, se encuentran la lentitud en la transferencia de la información, interrupciones en el servicio y exceso de información no deseada.   

La pandemia por Covid-19 provocó que para evitar contagios, se apliquen medidas estrictas de restricción y de permanencia en los hogares, con la implementación del trabajo vía remota, y clases virtuales, entre otras actividades, abundó. 

Señaló que ese hecho generó alta demanda, pero también que los problemas existentes con el servicio de internet se incrementaran. 

Aunque se han registrado avances en la cobertura de Internet en México, la proporción respecto de otras naciones del mundo es menor, ya que en países como Corea del Sur, Reino Unido, Alemania y Suecia, nueve de cada diez personas son usuarias de Internet; mientras que en México la proporción es de siete de cada diez, apuntó. 

La senadora de Morena llamó a considerar el artículo sexto de la Constitución Política de México, en el que se establece que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo cual el Estado deberá garantizar que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 

Urgen estrategias de SCT y empresas de internet para ampliar cobertura y accesibilidad

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jueves, 17 de septiembre de 2020

 

 

  • Es un tema que va más allá de las filiaciones políticas, afirma el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda 

     
  • Empresarios piden revisar propuesta de aumentar el cobro de derechos por uso del espectro radioeléctrico 

 


En el foro de análisis sobre los Criterios Generales de Política Económica 2021 y reformas a la Ley Federal de Derechos, empresarios y especialistas del sector de telecomunicaciones manifestaron sus preocupaciones, respecto al posible aumento en el cobro por el uso del espectro radioeléctrico y pidieron revisar esta propuesta, que se incluye en el Paquete Económico del gobierno federal.  

 

Además, en el encuentro, organizado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, la Concanaco planteó la creación, de manera urgente, de una ley general de reactivación económica y pidió no temer miedo al endeudamiento para enfrentar la actual crisis.  

 

El presidente de la Comisión, Alejandro Armenta Mier, dijo que más allá de filiaciones políticas con estos foros “queremos que haya justicia tributaria y distributiva” para que el que gane más pague más y el que gane menos pague menos”. Además de que se alcance una mayor distribución de la riqueza. 

 

Dijo que en el Senado de la República “entendemos a los sectores productivos como ejes centrales del desarrollo”, por lo que sus aportaciones se harán llegar a la Cámara de Diputados. 

 

“Y, sin subjetividades partidarias; recogemos la preocupación, molestia e inconformidad de empresarios que le han cumplido a México y que no han sentido la reciprocidad del SAT para la devolución del IVA”, expresó el senador. 

 

La senadora Minerva Hernández Ramos, del PAN, agradeció la participación de los sectores productivos del país en este ejercicio, donde -aseguró- la joya de la corona en materia de Ley de Ingresos son las telecomunicaciones, porque en medio de esta crisis sanitaria, de educación, de inseguridad y económica, se realizar acciones que no repercutan en un incremento de precios contra la paupérrima y deteriorada economía de los mexicanos; además de que nuestra economía está prendida con alfileres, señaló. 

 

Carlos Ernesto Molina Chávez, titular de la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó que las modificaciones que se proponen a la Ley Federal de Derechos buscan actualizar las cuotas, hacer un cobro correcto por los servicios públicos y evitar que se desvirtúe el objetivo de cada derecho.  

 

Indicó que en áreas, como la de aguas residuales, minería y telecomunicaciones hay un análisis más complejo, pues se revisa que la prestación de los servicios refleje el costo de lo que le corresponde al Estado y el pago de los particulares por el aprovechamiento de bienes de la nación. 

 

En tanto, Karina Ramírez Arias, titular de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de Hacienda, expuso que el objetivo es establecer cuotas justas. Refirió que las propuestas de actualización se realizaron en conjunto con diversas dependencias federales, donde el principal criterio que se tomó es recuperar los costos por los servicios públicos y hacer un uso racional de los recursos. 

 

Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Público, reconoció que el Gobierno Federal presentó para 2021 un proyecto de Presupuesto de Egresos fiscalmente responsable, pero, acotó, las proyecciones en las que está basado el plan para el cierre de 2020 y 2021 “son demasiado optimistas”. 

 

Los especialistas, agregó, estiman una caída del Producto Interno Bruto del 10 por ciento en este año y para el siguiente prevén un crecimiento de menos del tres por ciento, pero el gobierno estimó una contracción del ocho por ciento en 2020 y un crecimiento del 4.6 por ciento para 2021. 

 

Además, dijo, se fija un precio del petróleo de 42 dólares por barril cuando el promedio ha sido de 33 dólares y la plataforma de producción ha registrado un promedio de mil 670 millones de barriles diarios, peor la proyección es de mil 853 millones de barriles diarios. Estas sobreestimaciones, advirtió Carlos Hurtado, “no traerá los recursos suficientes por la recaudación fiscal y en ingresos en general para 2021”. 

 

Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sugirió que se revise la propuesta del Ejecutivo para no incrementar el cobro de derechos por el uso del espectro radioeléctrico y en el sector de la minería.  

 

Señaló que en el Paquete Económico se identificó un aumento de hasta 55 por ciento para el uso y aprovechamiento de distintas bandas del espectro radioeléctrico, lo que podría ocasionar una reducción en la recaudación del Estado, atentar contra la neutralidad competitiva, impactar de manera diferenciada la red compartida, contravenir los principios de libre mercado establecidos en el T-MEC y poner en riesgo la rentabilidad del sector. 

 

Destacó que este cobro es más alto en México, que en el resto de América Latina y que algunas economías elevadas. Recordó que los altos costos obligaron a uno de los operadores móviles a devolver sus concesiones el año pasado.  

  

Respecto al aumento en los derechos ordinarios, especial y extraordinarios en la minería, Pablo Mendoza lo consideró inadecuado y recomendó revalora la propuesta, pues podría generar un efecto muy importante en el sector y poner en duda “la progresividad y equidad del régimen”.  

 

Edgar Nolasco Estudillo, vicepresidente de Financiamiento al Desarrollo Económico y Empresarial de Concanaco, propuso crear de manera urgente una ley general de reactivación económica, que incluya el establecimiento de un consejo económico. 

 

Planteó que este consejo funcione de manera temporal y tenga la finalidad “de encausar el rumbo” y ayudar a reconformar una política económica contracíclica. Precisó que dicha ley buscaría que se retome la rectoría del Estado, que tiene que ir más allá de una mano invisible, así como promover la inversiones y competitividad del país.  

 

El empresario pidió no tener miedo al endeudamiento, ya que es recomendación de izquierda y de derecha, teórica y conceptual que se está aplicando en todo el mundo. Agregó que la recuperación económica se debe basar en las inversiones y creación de empleo, a través de una intervención estatal, además de aprovechar la nueva inercia de la economía internacional.  

 

Cuestionó que “una propuesta que anda por ahí” de otorgar un salario mínimo, como transferencia directa a toda la población mexicana. “Me parece que eso tampoco es muy viable”, expresó.  

 

Nolasco Estudillo opinó que se debe adecuar el Plan Nacional de Desarrollo a las nuevas circunstancias y que el Presupuesto Público y federalismo fiscal sea discutido en ambas cámaras.  

 

Gabriel Székely, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, advirtió que en la Ley Federal de Derechos se plantea que “los concesionarios móviles paguen más por el espectro, que subirán los costos del servicio de Internet cuando todavía vivimos los efectos de una crisis sanitaria que ha puesto de manifiesto la desigualdad digital y social”. 

 

Urge reducir los derechos en esta materia no subirlos, como se pretende, por ejemplo para la banda de 850 megahertz que registraría el año que viene un incremento del 52 por ciento, que representaría más de tres mil millones de pesos, en contraste con los dos mil millones de pesos que se pagaron en 2018. 

 

Para reducir la desigualdad digital, propuso, los precios del espectro deben ser determinados por el mercado mediante subastas competitivas y no en escritorios. “Se exige a la industria bajar precios y lo han hecho más del 40 por ciento en los últimos cuatro años, pero el costo del espectro se sube por decreto o además tiene un ajuste inflacionario anual”. 

 

Héctor Juan Villarreal Páez, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), urgió establecer un Consejo Digital en el Poder Legislativo porque -dijo- hay muchas inconsistencias en el análisis económico que no se están revisando y con el fin de que no solo la Secretaría de Hacienda hable de proyecciones económicas. Recomendó tomar más en cuenta los pasivos contingentes, como las pensiones, y para ello -indicó- se tiene que aumentar la base recaudatoria para hacerles frente. 

Busca el Senado que haya justicia tributaria y distributiva; que pague más el que gane más

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sábado, 15 de agosto de 2020


  • Se reportaron los avances en el despliegue de la Red Compartida y se describieron los otros proyectos de impulso a la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones

En reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, y la subsecretaria de Comunicaciones, Salma Jalife Villalón, el equipo del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL) a cargo de María de Lourdes Coss Hernández, presentó las principales actividades que lleva a cabo dicho organismo.

Entre las acciones que realizan, destacaron las siguientes: el avance en el despliegue de la Red Compartida que, a junio del 2020, es del 54.8%, lo que equivale a extender la cobertura al territorio donde habitan 61.6 millones de personas, y la proyección del hito del 70% que finalizará en 2021 e incluye cobertura social con enfoque en los estados del Sur-Sureste con un alcance de al menos 82 mil 119 localidades de menos de 250 habitantes y 10 mil 592 localidades entre 251 y 5000 habitantes. 

PROMTEL informó además que implementó la Metodología del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para verificar la calidad de la Red.

También ofreció detalle de la asesoría a desarrolladores locales en la búsqueda de financiamiento, para llevar servicios de conectividad de banda ancha a localidades rurales usando la Red Compartida, con la participación del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Economía (SE).

Asimismo, se habló de la promoción ante gobiernos Estatales y Municipales para que participen en la política inmobiliaria impulsada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) para poner a disposición inmuebles públicos en arrendamiento que permitan a los operadores acelerar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión.

El secretario de Comunicaciones y Transportes también fue informado del apego a la política de austeridad, que logró un ahorro y manejo eficiente del presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal 2019, y de la continuidad de esta misma política de austeridad durante este año.


El titular de la SCT reconoció los avances logrados a la fecha e invitó al equipo de PROMTEL a continuar trabajando con austeridad, bajo una óptica de empresa eficiente, a consolidar los programas de financiamiento para desarrolladores locales y a promover que más estados se sumen a la política inmobiliaria para el despliegue de infraestructura en todo el país.

EL SECRETARIO JORGE ARGANIS SE REÚNE CON EL ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES

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viernes, 3 de julio de 2020



• Las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) se congratulan por la entrada en vigor del nuevo tratado de América del Norte porque es una nueva oportunidad de aumentar la competitividad de la región y factor en la recuperación para enfrentar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19



Ya que la modernización del marco comercial del bloque de América del Norte incorporó disposiciones en materia de comercio digital, servicios financieros y de telecomunicaciones, así como elementos fundamentales de combate a la corrupción, se hace indispensable la necesidad de crear una nueva legislación en materia de seguridad privada que sea armónica con el Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

Las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) como el órgano promotor de la Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad (CNIS) y las 32 organizaciones nacionales e internacionales que lo conforman, se congratulan por la entrada en vigor del Tratado como un paso positivo para aumentar la competitividad de nuestra región y sea un factor en la recuperación para enfrentar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19.

Corresponderá al Gobierno de México y a la iniciativa privada, trabajar en conjunto para ofrecer confianza para las inversiones en nuestro país, garantizando condiciones de certeza jurídica y estabilidad en las reglas operativas de los negocios.

ASUME, como cabeza del sector empresarial de la seguridad privada, considera que con la entrada en vigor del T-MEC, se impulsará la creación de negocios, nuevas empresas y empleos, al ofrecer un marco moderno de reglas que brindarán certeza jurídica para invertir y contratar diversos productos y servicios en todas las ramas productivas.

Así, las más de 8 mil empresas que conforman el sector y sus más de 600 mil trabajadores que en conjunto aportan cerca del 2% del PIB Nacional, se alistan para cumplir con las disposiciones legales en las diversas materias que implica el T-MEC.

Para ASUME es importante señalar que para cumplir con varios de los capítulos del T-MEC, entre ellos los de transparencia y anticorrupción, la nueva Legislación deberá ser General para unificar criterios a nivel nacional y distribuir competencias entre la Federación, los Estados y los Municipios.

Como también es fundamental que desde la Secretaría de Economía se agilicen los procesos para la creación de la Cámara de la Industria de la Seguridad, para llevar al sector hacia el desarrollo de un profesionalismo que hoy más que nunca se requiere impulsar para estar a la altura de otros países, como los renovados socios regionales de nuestro país.

Para la industria de la seguridad privada, el T-MEC representa una gran oportunidad de crecimiento del sector, pero al mismo tiempo, ofrece desafíos para su cumplimiento, por lo que ASUME considera que éste es el momento adecuado para dotar a la industria de un marco legal moderno, que apoye la formalización de casi el 40 por ciento de las empresas que hoy ofrecen sus servicios, a fin de darle mayor impulso al crecimiento de esta industria.

Uno de los mayores retos a los que nos enfrentaremos es, sin duda, el capítulo laboral, un elemento que las empresas de seguridad deberemos tomar en cuenta como una oportunidad detonante de negocio e inversión, y que debemos tener claro que será una exigencia cuando las contraten

INDISPENSABLE ARMONIZAR LEYES DE SEGURIDAD PRIVADA CON EL T-MEC: ASUME

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lunes, 17 de febrero de 2020


  • El 76.6% de la población urbana es usuaria de Internet. En la zona rural la población usuaria se ubica en 47.7 por ciento
  • De los hogares del país, 44.3% dispone de computadora y 92.5% cuenta con al menos un televisor
  • La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019 proporciona información a nivel nacional, por ámbito urbano y rural y por estrato socioeconómico
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), publica la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019.

La ENDUTIH capta, desde 2015, las respuestas directas de un usuario seleccionado de manera aleatoria en cada hogar, recogiendo su experiencia personal en el uso de las TIC, lo que permite una mayor profundidad y precisión en los usos que la población hace de estas tecnologías.

La ENDUTIH 2019 proporciona información a nivel nacional, por ámbito urbano y rural y por estrato socioeconómico y sus resultados son comparables con los proporcionados por el INEGI a partir de 2015.


INTERNET

En México hay 80.6 millones de usuarios de Internet, que representan el 70.1% de la población de seis años o más. Esta cifra revela un aumento de 4.3 puntos porcentuales respecto de la registrada en 2018 (65.8%) y de 12.7 puntos porcentuales respecto a 2015 (57.4 por ciento).

Se estima en 20.1 millones el número de hogares que disponen de Internet (56.4%), ya sea mediante una conexión fija o móvil, lo que significa un incremento de 3.5 puntos porcentuales con respecto a 2018 y de 17.2 puntos porcentuales en comparación con los resultados de 2015 (39.2 por ciento).

De los 80.6 millones de usuarios de Internet de seis años o más, 51.6% son mujeres y 48.4% son hombres.

Entre 2017 y 2019, los usuarios en la zona urbana pasaron de 71.2% a 76.6%, mientras que en la zona rural el incremento fue de 39.2% a 47.7% de usuarios, de 6 años o más.

Los tres principales medios para la conexión de usuarios a Internet en 2019 fueron: celular inteligente (Smartphone) con 95.3%; computadora portátil con 33.2%, y computadora de escritorio con 28.9 por ciento.

Las principales actividades de los usuarios de Internet en 2019 correspondieron a entretenimiento (91.5%), obtención de información (90.7%) y comunicación (90.6 por ciento).

Los usuarios de Internet identificaron como principales problemas al conectarse a la red la lentitud en la transferencia de la información (50.1%), interrupciones en el servicio (38.6%) y exceso de información no deseada (25.5 por ciento).


TELEFONÍA CELULAR

Según la ENDUTIH 2019, se estima que el país cuenta con 86.5 millones de usuarios de esta tecnología, lo que representa el 75.1% de la población de seis años o más y un incremento de 3.6 puntos porcentuales respecto de 2015.

Nueve de cada diez usuarios de teléfono celular disponen de un celular inteligente (Smartphone).

La proporción de usuarios que sólo dispusieron de un celular inteligente tuvo un crecimiento de 23 puntos porcentuales entre 2015 y 2019 (65.1 contra 88.1%, respectivamente).


COMPUTADORA

El 43.0% de la población de 6 años o más es usuaria de computadora (49.4 millones). La proporción es menor en 8.3% comparada con los usuarios que había en 2015 y menor en 2.0 puntos porcentuales respecto de los registrados en 2018.

La proporción de hogares que disponen de computadora registró un descenso marginal, al pasar de 44.9% en 2015 y 2018 a 44.3% en 2019, lo que significa una reducción de 0.6 puntos porcentuales.


TELEVISIÓN DIGITAL

El 92.5% de los hogares cuenta al menos con un televisor. Con respecto a 2018, se presenta una reducción de casi medio punto porcentual.

Respecto del tipo de televisor disponible en los hogares, 76.5% de ellos cuentan con al menos uno de tipo digital, lo que representó un aumento de 3.6 puntos porcentuales respecto de 2018.

El 96.0% de los hogares del país reciben la señal de televisión digital a partir de televisor digital, señal de televisión de paga o decodificador.

EN MÉXICO HAY 80.6 MILLONES DE USUARIOS DE INTERNET Y 86.5 MILLONES DE USUARIOS DE TELÉFONOS CELULARES: ENDUTIH 2019

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viernes, 29 de noviembre de 2019

* Diseñado para contribuir al fortalecimiento de capacidades en ciberseguridad y fomentar la confianza en los servicios de telecomunicaciones

Con el propósito de fortalecer las capacidades en ciberseguridad e incrementar la confianza y seguridad de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en conjunto con la empresa Huawei, realizó el Taller de Transformación Digital y Ciberseguridad.

El curso fue impartido a servidores públicos de las siguientes Secretarías:  Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; Trabajo y Previsión Social; Salud; y Seguridad y Protección Ciudadana. Además, asistieron funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

En la inauguración, la subsecretaria de Comunicaciones, Salma Jalife Villalón, enfatizó la necesidad de diseñar e implantar medidas que permitan proteger la seguridad y libertad de los usuarios del ciberespacio, tomando en consideración que las personas son el eslabón más débil en la cadena de ciberseguridad.


Luego de refrendar el compromiso que tiene la SCT de promover un ciberespacio libre, abierto, democrático y seguro, la subsecretaria Jalife se refirió a la ciberseguridad como el “conjunto de herramientas, políticas, conceptos, salvaguardas, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que protegen a los activos y a los usuarios”, y agradeció a Huawei su colaboración en este esfuerzo.

En su oportunidad, el director general de Huawei en México, Yang Peng, destacó la importancia del trabajo conjunto de autoridades e industria para fortalecer la ciberseguridad.

Para cumplir con los objetivos del taller, expertos nacionales e internacionales de Huawei abordaron los siguientes temas: Transformación Digital; Ciberseguridad Estratégica; Seguridad de la Información para Redes de Alto Desempeño; y Ciberseguridad para Soluciones Cloud.

Luego del taller, se realizó la presentación de las conclusiones y resultados del Estudio de Transformación Digital, elaborado por la consultora International Data Corporation (IDC), y se realizó un panel en el que participaron representantes de la SCT y Huawei.

ORGANIZÓ SCT TALLER DE CIBERSEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS

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jueves, 14 de noviembre de 2019



·        También aprobaron que se impida a operadores de autotransporte federal hablen por teléfono celular o lean o envíen mensajes de texto.

La Comisión de Comunicaciones y Transportes aprobó un dictamen para que durante la transmisión de la programación dirigida al público infantil, se evite la difusión de publicidad o mensajes de contenido violento o sexual destinado al público adulto.

La reforma al artículo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por el senador Ricardo Monreal Ávila, busca ampliar la protección de niñas y niños frente a dichos contenidos debido a que pueden afectan su desarrollo integral.

En el documento se precisa, que según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en 2017, el tiempo promedio de permanencia del público de entre 4 y 12 años frente al televisor fue de 4 horas con 46 minutos por día.


Se advierte que tanto en la publicidad como los autopromocionales que se difunden al tiempo que se transmite un programa infantil, se reproducen escenas de violencia u otros contenidos no aptos para la niñez, dirigidos al segmento adulto.

El dictamen señala que aun cuando la normatividad protege los contenidos dirigidos al público infantil, no resultan suficientes, pues en la práctica se difunden mensajes dirigidos al público adulto, donde se presentan imágenes y expresiones de violencia o sexualidad que, finalmente, vienen a impactar a los menores de edad.

Al respecto, el presidente de la Comisión, Ricardo Moreno Bastida, dijo que se trata de una propuesta que busca proteger los derechos de la infancia y desarrollarse en un ambiente óptimo, alejado de la violencia y el contenido sexual.

“No se trata de una censura programática, sino de limitar los espacios comerciales para que estén adecuados a la edad de los televidentes”, explicó.

Precisó que la reforma posibilita que la niñez tenga acceso a información adecuada a la edad en la que se está desarrollando. Cierra el círculo del contenido de las barras de televisión y la radio para que tanto la publicidad y los contenidos programáticos estén acordes a la audiencia, puntualizó.

Las y los senadores también avalaron un dictamen que reforma al artículo 36, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para prohibir que los operadores de vehículos de autotransporte federal, ya sea de pasajeros, turismo o carga, hablen por teléfono celular; leer o enviar mensajes de texto, mientras conduzcan.

El documento señala que de los últimos 10 años el porcentaje de conductores que utilizan el teléfono celular aumentó. Quienes utilizan el teléfono durante la conducción corren un riesgo aproximadamente cuatro veces mayor de verse involucrados en un accidente.

Es innegable la importancia que tiene emprender acciones legislativas con el propósito de inhibir el uso de dispositivos que distraigan al conductor mientras se desplaza por la red carretera.

Avala Comisión prohibir publicidad con contenido violento o sexual durante transmisiones dirigidas a infantes

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jueves, 27 de junio de 2019


  • En Quantum, Ciudad del Conocimiento, Zacatecas

Con el propósito de conocer los avances de las acciones para el inicio de operaciones del primer Centro de Telecomunicaciones Espaciales en la historia de México, la  maestra Salma Jalife Villalón, Subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizó una gira de trabajo en esta ciudad, acompañada por los titulares de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCyT) y la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Conocer el avance del proyecto del Centro de Telecomunicaciones Espaciales resulta de importancia estratégica para el país, pues este tipo de iniciativas impulsan el desarrollo tecnológico de México, explicó la Subsecretaria Jalife, al tiempo que reconoció el liderazgo que a través de la AEM, la SCT ha asumido para apoyar la consolidación del mencionado proyecto.


El impulso al desarrollo tecnológico de México referido por la Subsecretaria Jalife, deriva del hecho de que, cuando inicie operaciones este Centro tecnológico en Zacatecas, desarrollará sistemas de comunicaciones inalámbricas para su aplicación en soluciones de conectividad de banda ancha satelital; fomentará la formación de científicos y expertos competitivos a nivel internacional de telecomunicaciones espaciales; y fortalecerá la conectividad en beneficio de la población de nuestro país, entre otras tareas.

"Gracias al invaluable apoyo del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Zacatecas para este Centro, es posible continuar redoblando esfuerzos y construir una nueva vocación productiva para la entidad, la que contribuirá de manera histórica a la transformación digital de México, pues no había existido nunca antes un Centro de estas características", expresó el Director General de la AEM, Dr. Javier Mendieta Jiménez.

Mendieta se congratuló por esta inédita voluntad de cooperación para impulsar el talento de las nuevas generaciones en esta era digital, así como del nivel de los tomadores de decisiones en este encuentro interinstitucional en el Estado de Zacatecas.

El Director General del COZCyT, Dr. Agustín Enciso Muñoz, también en su carácter de representante personal del Gobernador de Zacatecas, Lic. Alejandro Tello Cristerna, refrendó la voluntad de ese gobierno para hacer de la ciencia, tecnología e innovación, palanca de desarrollo para impulsar el crecimiento y bienestar de la población.

Enciso expresó: " Este tipo de proyectos tecnológicos son muy importantes porque conducirán a un mayor bienestar para los mexicanos, al contribuir a proporcionar comunicaciones a comunidades marginadas, cuidar mejor del ambiente, y proporcionar mayor seguridad, de allí la importancia de esta iniciativa de la AEM, organismo descentralizado de la SCT”, dijo.

Por su parte, el Rector de la UAZ, Dr. Antonio Guzmán Fernández, señaló que la institución a su cargo se encuentra lista para esta colaboración, al tiempo que recibió amplio reconocimiento por haber albergado en su primera etapa piloto al Centro mientras se desarrollaba la obra, que estuvo a cargo de la Dirección de Ingenieros Militares, de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Destacó igualmente en el evento, la presencia del Directivo de Misiones de Satélites Miniaturizados para el Espacio Profundo de la División de Sistemas Avanzados de Exploración de la NASA, el Ingeniero mexicano Andrés Martínez, quien reiteró que darán apoyo a este Centro, en virtud de los convenios construidos por la AEM con ellos.

"Ambas agencias espaciales, AEM y NASA, coordinarán apoyos también en Zacatecas, como ya lo hacemos juntos en otros proyectos como el AztechSat-1, el Nanosatélite mexicano que se lanzará en octubre próximo desde la Estación Espacial Internacional", señaló Martínez.


El encuentro contó también con la presencia de los representantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Emilio Baños Ardavín; del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL), Francisco Medina Gómez, y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), Ramón Parra Michel, entre otras personalidades del sector.

COORDINAN PUESTA EN MARCHA DEL PRIMER CENTRO DE TELECOMUNICACIONES ESPACIALES DE MÉXICO

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lunes, 13 de mayo de 2019



  • El Gobierno de México trabaja en diversos temas para cerrar la brecha de desigualdad e impulsar la transición de México a la era digital, destacó
Explicó que los jóvenes desempeñan un papel de la mayor importancia, pues conducirán el cambio en el régimen político y en el proceso de justicia social.
Para garantizar el éxito de esta transformación, el Gobierno de México impulsa la educación de calidad y ofrece garantía de estudio.
Añadió que es un hecho que el acceso a Internet está en el centro de la Cuarta Revolución Industrial y prueba de ello es su uso intensivo en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas y la integración y administración de grandes volúmenes de datos de información, enfatizó.
En el evento, organizado por la Asociación de Internet.mx, que encabezó el Subsecretario de Economía, Mtro. Francisco Quiroga Fernández, con la representación de la titular, Dra. Graciela Márquez Colín, la Subsecretaria de Comunicaciones afirmó que debemos asegurar la permanencia de Internet como un importante activo de la humanidad, con efectos transformadores positivos sobre la sociedad y la economía global.
Dijo que la Subsecretaría a su cargo ya trabaja en diversos temas para cerrar la brecha de desigualdad e impulsar la transición de México a la era digital y lograr su integración a la sociedad del conocimiento.
Aclaró que esta no es una labor que el Gobierno pueda emprender sólo, por lo que reiteró la invitación a la academia, a la industria y a la sociedad civil organizada, a trabajar de manera conjunta para diseñar y poner en marcha un mejor porvenir para México en la era digital.

Asistieron, entre otros, el Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Mtro. Gabriel Contreras Saldívar; el Presidente de la Asociación de Internet.mx, Enrique Culebro, y el Miembro del Board de ICANN, León Felipe Sánchez.

CONVOCATORIA PARA INTEGRAR 31 MESAS TEMÁTICAS EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, ANUNCIA LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES

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martes, 12 de marzo de 2019


  • Queremos llegar a todo el territorio nacional con tecnología 5G al final del sexenio, puntualizó el Secretario de Comunicaciones y Transportes



Ante el Consejero Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras Saldívar, y representantes de la industria y la academia, Jiménez Espriú señaló que, si bien ese reto es difícil y complicado, es accesible si todos participamos.



Por su parte, Jalife Villalón explicó que este Primer Foro de Consulta convocado por la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT, tiene como finalidad recibir aportaciones, con lo que inicia una nueva forma de hacer política y será una práctica constante de esta dependencia.

“Trabajando juntos, representantes de la sociedad civil, la academia, la industria, el Gobierno Federal y organismos autónomos, podemos diseñar políticas públicas que nos ayudarán a desarrollar y fortalecer el sector convergente de las telecomunicaciones y la radiodifusión”.

Esto se inscribe en el esfuerzo del Gobierno Federal en consultar a la ciudadanía en general para recoger sus inquietudes y comentarios, a fin de tomarlos en cuenta para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

De conformidad con la Cuarta Transformación y sus objetivos de conectividad, estamos llamados a diseñar y a establecer políticas públicas que favorezcan la inclusión digital y que permitan aprovechar las nuevas tecnologías en beneficio de la gente, sobre todo de la que aún no tiene acceso a ellas, destacó la Subsecretaria de Comunicaciones.


En el evento estuvieron presentes el Coordinador de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, ingeniero Luis Fernando López Aguado Soto y el ingeniero Martín Levenson, Director General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como representantes del sector empresarial, entre ellos de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información(CANIETI), y los comisionados del IFT, Arturo Robles, Ramiro Camacho, Javier Juárez, Sóstenes Díaz y Mario Fromow.

CONECTAR A TODOS CON TELECOMUNICACIONES DE CALIDAD, OBJETIVO DE ESTE GOBIERNO: JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ

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El acceso a la conectividad y a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) es un derecho protegido por la Constitución (artículo 6º), tal que es obligación del Estado su procuración y garantía de satisfacción.
En otras palabras, la conectividad es un derecho fundamental de todos los mexicanos. Su tratamiento fiscal no. En franco contraste, impera el régimen fiscal que grava a los diversos servicios de telecomunicaciones como servicios de lujo a través el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que agrega un gravamen de 3 puntos porcentuales al consumo ya tasado por el IVA. Con todo, una tasa al consumo que asciende a 19%.
De acuerdo con la Ley del IEPS en su artículo 2º fracción II, se aplica esta tasa a los servicios que “se proporcionen en territorio nacional a través de una o más redes públicas de telecomunicaciones”, con la excepción de aquellos de telefonía fija rural, de telefonía pública, de interconexión y la prestación de internet de manera individual o empaquetada.
Bajo esta última modalidad, “los servicios de Internet exentos no podrán exceder del 30% del total de las contraprestaciones […] que se facturen en forma conjunta”.
Sorprende el hecho de que un derecho fundamental como la conectividad no puede, ni debe ser al mismo tiempo, considerado y tasado como un servicio de lujo.
Este gravamen, que nace de una desesperación fiscal, se ubica en la misma categoría que alimentos, bebidas y tabacos con incidencia negativa sobre la salud pública, así como combustibles fósiles.
Es claro que no se cuenta con una política fiscal para la conectividad, ni para las telecomunicaciones, ni para las TIC, que es el sector más dinámico de la economía. Su tratamiento fracturado entre lo constitucional y lo fiscal, resulta hoy incompatible con su carácter público y vulnera la esfera de protección y garantía del derecho de acceso a los servicios convergentes.
Incluso, resulta en un caso de inconstitucionalidad fiscal irresuelta al gravar, desde 2010, un servicio que la Constitución consigna como servicio básico para la población mexicana.
Al ser transferido el IEPS al consumidor como sucede con los impuestos al consumo, resulta en un impuesto regresivo que lastima más al poder adquisitivo de los consumidores de menor poder adquisitivo que se ubican en la base de la pirámide social.
Más aún, con la experiencia de interdependencia entre el acceso a las telecomunicaciones con otros derechos y libertades, como el de acceso a la información, a la educación y la libertad de expresión, estos son igualmente menoscabados bajo este gravamen socialmente nocivo y contradictorio.
Los Números de la Recaudación
El despliegue de obras de infraestructura económica y social requieren importantes flujos de capital para su financiamiento, para posteriormente constituirse como un sector inserto en plena formalidad también en su operación, con sus consecuentes contribuciones fiscales.
El sector de las telecomunicaciones es así uno de plena formalidad e importantes contribuciones en los múltiples peldaños de su escalera fiscal (derechos por licitar, cánones del espectro, a las importaciones, ISR, IMSS, INFONAVIT, IVA, por mencionar sólo algunos de los más de 30 gravámenes aplicables).
Es por toda esta estructura fiscal establecida, que incrementos en la tasa impositiva, en lugar de alcanzar el objetivo de elevar la recaudación, desincentivan la operación sectorial completa de inversiones, oferta y consumo de estos servicios.
Los reportes de la SHCP sobre el estado de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, revelan la ineficiencia en la recaudación del IEPS en telecomunicaciones. Desde su introducción en 2010 no ha logrado alcanzar los niveles previstos por la Ley de Ingresos de la Federación, con la excepción de los ejercicios fiscales de 2011 y 2013.
Ingresos del Sector Público Presupuestario:IEPS Telecomunicaciones


Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública SHCP, 2019
Incluso, año tras año, su recaudación sigue una trayectoria a la baja, que lo deja como un gravamen ineficiente, además de distorsionante.
En efecto, su trayectoria histórica revela una tendencia generalizada a la baja. En el periodo que comprende los años 2013 a 2018, el efecto acumulado de su caída alcanza una merma de 23%, en donde el único año fiscal con desempeño positivo fue el 2018, con un crecimiento mínimo de 2.0%.
Adicionalmente, la contribución documentada en su partida escasamente alcanza 0.1% del total recaudado en 2018.
Regresividad Recaudatoria
La regresividad se refiere al efecto de la mayor afectación a los grupos de menores ingresos, resultantes de una medida fiscal.
Este es, precisamente, el caso del IEPS en las telecomunicaciones.
El análisis de la contribución a la recaudación del IEPS por decil poblacional, no muestra progresividad, a pesar de que la partida pagada por los últimos deciles de ingresos es mayor. En valores absolutos esta afirmación es un hecho. Los tres deciles con mayores ingresos aportan 57.0% de la recaudación total del IEPS sobre servicios de telecomunicaciones.

Contribución a la Recaudación Total del IEPS Telecomunicaciones




 
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de la SHCP e INEGI, 20
No obstante, al obtener la proporción que representa la contribución al IEPS no petrolero del ingreso disponible de las familias mexicanas, la progresividad del impuesto se desvirtúa.
Si bien es verdad que la contribución representa una menor proporción del ingreso para los deciles más bajos de la población mexicana, esta situación se revierte para los deciles intermedios, que pagan la mayor proporción de impuestos respecto a su ingreso disponible.

Incidencia de la Recaudación del IEPS No Petrolero

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de la SHCP e INEGI, 2019

 
Así, se muestra que no pagan más los que más tienen, sino que el impuesto termina proporcionalmente mayor para los niveles socioeconómicos medios, que ostentan mayores elasticidades del precio que los usuarios con mayores ingresos. Al respecto y de acuerdo con la teoría económica, deberían estar pagando una carga menor que los NSE más altos para poder definir al impuesto como progresivo.
Entonces, en lo que a la progresividad del impuesto se refiere, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante 2016, el IEPS tuvo un comportamiento progresivo, pues lo recaudado recayó principalmente en hogares con un mayor nivel de ingreso. Sin embargo, son los NSE medios que pagan una mayor proporción de su ingreso disponible por concepto de IEPS no petrolero, lo que apunta en realidad una tendencia regresiva.
Adicionalmente, atribuible a que para los deciles de ingreso más bajo se registra una mayor elasticidad del precio de las telecomunicaciones que en aquellos más altos, la imposición del IEPS vuelve prohibitivo su uso en los hogares que conforman los tres deciles de ingreso más bajo. Esto, a todas luces, contradice categóricamente al mandato constitucional de acceso y cobertura universal.
En conclusión, es ineficiente y regresivo tasar servicios que tienen un impacto social y económicamente positivo en el crecimiento y desarrollo económicos, en la generación de empleos, en el ahorro en gasto tanto público como privado, más y mejor calidad en la educación, así como en recaudación fiscal adicional.
Es decir, la ineficiencia y regresividad de estos impuestos proviene de incrementar artificialmente los precios de los servicios y excluir a los segmentos más desfavorecidos de los beneficios mencionados de las telecomunicaciones.
Es completamente comprensible que el IEPS fue concebido como un impuesto especial para los bienes y servicios que se considera que generan externalidades negativas. Puede ser el caso del tabaco y bebidas embriagantes, a fin de disminuir su consumo.
Claramente las telecomunicaciones no encuadran en esta categoría.
Por lo anterior, amerita destacar la iniciativa presentada recientemente por la SenadoraMinerva Hernández del PAN que pretende derogar el IEPS sobre telecomunicaciones y corregir las contradicciones en la legislación tributaria que lesionan este importante derecho fundamental, y que además mantienen la brecha digital e impiden la propagación de los efectos multiplicadores de las telecomunicaciones sobre la economía mexicana.
Es tiempo ya de eliminar el IEPS en telecomunicaciones y concentrar esfuerzos intelectuales en la construcción de una adecuada política fiscal para el desarrollo de las telecomunicaciones y las TIC, para así asegurar una política fiscal eficiente, que alcance la suficiente aportación a las finanzas públicas, convirtiéndose en el instrumento de impulso al crecimiento económico y promoción del bienestar social.

IEPS en Telecom: Inconstitucional Fiscal

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