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viernes, 4 de julio de 2025



John Paul Esteves   Reportero           murrianose@gmail.com 

Rolando Mauricio Pérez Carrillo     Fotógrafo  pecar56@yahoo.com.mx

Aaron Mercury fue confirmado como el tercer participante en ser confirmado por la producción de La Casa de los Famosos México en su tercera edición. 

Aaron Mercury es una personalidad influencer, creador de contenido y también cantante. Cuenta con+18M de seguidores en TikTok y 5M en Instagram. En 2020 se unió al reconocido grupo de influencers "Team Ken". Su contenido en plataformas digitales destaca por ser fresco con un estilo retador y peculiar sentido del humor. Entre sus canciones más exitosas están “Súper conectados” y “Apaga la luz”. Fue nominado como El rostro más bello del 2024 por el portal TC Candler. Además, se prepara para incursionar próximamente en la actuación.

La tercera edición de La Casa de los Famosos México es producida por la alianza entre TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog y comenzará el domingo 27 de julio a las 20:30 horas en el canal de las estrellas, donde habrá también galas de eliminación. La transmisión en vivo del reality show podrá ser vista 24/7 por ViX, además de pre y post galas. Habrá resúmenes y galas por Canal 5, además de contenido exclusivo en redes sociales.

Aaron Mercury elegido para participar en La Casa de los Famosos México

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by Ernesto Piedras

Tras una sucesión de foros públicos, discusiones y críticas desde la industria, academia, analistas y sociedad civil, se ha aprobado la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que deja atrás la fase de intensificación de la competencia, autonomía regulatoria y fortalecimiento institucional que trajo consigo la Reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2013.

Si bien fueron eliminados algunos de los artículos más controvertidos y se introdujeron ajustes relevantes, el espíritu de la nueva reforma sigue representando una regresión institucional y normativa para el sector.

La Ilusión del Cambio. Entre los cambios más destacados se encuentra la eliminación del artículo 109, que facultaba el bloqueo temporal de plataformas digitales.

Asimismo, se añadió la obligación de realizar consultas públicas para emitir normas y lineamientos, y se creó un nuevo órgano regulador, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Esta contará con atribuciones técnicas, capacidad para emitir Normas Oficiales Mexicanas, podrá otorgar concesiones, administrar el espectro radioeléctrico, mandatar el reordenamiento de infraestructura, su uso compartido y podrá definir mecanismos de regulación asimérica, a pesar de existir un posible conflicto competencial con la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).

Autonomía Acotada. El punto más crítico permanece sin cambios sustantivos: la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano constitucional autónomo.

En su lugar, se crea la CRT, un órgano desconcentrado de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Ejecutivo.

Aunque se le dota de cierta independencia técnica, sus comisionados serán designados por la presidenta y ratificados por el Senado de la República, lo que representa una vulneración a los principios de imparcialidad, autonomía y contrapesos en la regulación sectorial.

Incluso, esta nueva reforma permite al Ejecutivo, por sí o por conducto de la CRT, expedir disposiciones administrativas para la regulación, promoción y supervisión del desarrollo eficiente de las telecomunicaciones.

En otras palabras, a pesar de sus nuevas facultades, su creación implica una centralización del poder regulador en el Ejecutivo, dejando atrás un regulador técnico, colegiado y autónomo como planteó y materializó la reforma de 2013.

Vulnerabilidades a la Protección de Datos. El artículo 183 del dictamen se mantuvo casi intacto: exige a los concesionarios colaborar con autoridades (de seguridad y procuración de justicia) en la geolocalización en tiempo real de equipos terminales (como los Smartphones) y requiere a los concesionarios conservar un registro de comunicaciones con datos sobre las mismas (duración, origen y destino, ubicación de las líneas), así como el nombre y domicilio del suscriptor, sin establecer salvaguardas claras, pero manteniendo la inviolabilidad de las comunicaciones en sí mismas.

Esto se combina con la obligación impuesta a los operadores (tradicionales o MVNOs) de mantener activas sólo las líneas de los usuarios que proporcionen una identificación que contenga su CURP (artículo 103).

Espectro y Neutralidad a la Competencia. La nueva Ley contempla el acceso a descuentos sobre el pago por el uso del espectro radioeléctrico, a cambio de obligaciones de cobertura.

No obstante, no se replantea estructuralmente el modelo de cobro, se siguen persiguiendo fines meramente recaudatorios, fuera de alinearse a objetivos de cobertura y asequibilidad, lo que continúa mermando los incentivos a la inversión en infraestructura.

Por otro lado, al incluir el principio de “neutralidad a la competencia”, el Estado mexicano tendrá alicientes para proporcionar servicios a usuarios finales y a través de concesiones de uso comercial en igualdad de condiciones con los operadores privados.

De la Reforma a la Regresión. La versión corregida de la Ley pretende ser una respuesta a las críticas, pero sólo maquilla los elementos más controversiales sin atender el fondo.

Con un regulador débil, normas ambiguas sobre colaboración con la justicia y sin incentivos reales a la inversión y la competencia, el nuevo marco legal representa más una regresión que una evolución.

México no necesitaba una nueva Ley que remendara lo existente, sino una reforma que consolidara lo ganado y apuntara al futuro digital. En cambio, lo que se ofrece es un texto normativo que se queda en principios básicos ya alcanzados, sin una regulación fortalecida.

La oportunidad de avanzar se perdió en una simulación de cambio. Y eso, en telecomunicaciones, puede costarnos una década (por decir lo menos) de estancamiento.

Nueva Ley Telecom: Regresión y Oportunidad Perdida

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martes, 1 de julio de 2025

by Gonzalo Rojon

Tras semanas de discusión en conversatorios y presión desde diversos sectores, la iniciativa de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue modificada. Se eliminaron artículos que habilitaban censura previa, se acotaron colaboraciones con instancias de seguridad, y se restituyeron algunos derechos. Sin embargo, los cambios estructurales más preocupantes permanecen.

Uno de los ajustes más visibles fue la eliminación de facultades para bloquear plataformas digitales (artículo 109) y la modificación al artículo 210 sobre pauta publicitaria extranjera. También se flexibilizaron pagos para operadores sociales y se corrigieron aspectos de accesibilidad y lenguaje. Pero estos ajustes parecen más concesiones simbólicas que soluciones de fondo.

El verdadero problema sigue: la desaparición del IFT, un órgano constitucional autónomo y colegiado, que garantizaba una regulación técnica, independiente y con contrapesos. En su lugar se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Ejecutivo. Y aunque, tras las críticas, se incorporó la figura de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) como instancia colegiada, sus integrantes serán nombrados directamente por el Ejecutivo, lo que distorsiona su independencia y fortalece el riesgo de captura política.

Particularmente preocupante es el artículo 183, que obliga a concesionarios a facilitar la geolocalización en tiempo real y colaborar con autoridades en la entrega de datos. En un país donde el espionaje ha sido documentado, habilitar estos mecanismos sin salvaguardas suficientes es un retroceso. Más aún si se combina con la exigencia de asociar líneas móviles a la CURP del usuario, cerrando el círculo para un sistema de vigilancia masiva.

En el frente económico, el costo del espectro radioeléctrico sigue siendo uno de los más altos del mundo. Aunque se reconoce una reducción del 17.5% en términos reales, parte de una base inflada. Sin una reforma profunda del modelo de cobro, alineado a objetivos de conectividad, las inversiones seguirán viéndose afectadas.

Además, subsisten omisiones importantes: no se redefinen los principios asociados a la neutralidad de la red, lo que impide avanzar hacia un modelo más moderno que equilibre el rol de quienes operan las redes y los servicios que circulan por ellas. Tampoco se ajustan las reglas de preponderancia, pese a la urgencia de equilibrar condiciones entre actores y fomentar una competencia real.

En suma, la reforma contiene mejoras puntuales, pero mantiene un diseño estructural que no garantiza un ecosistema competitivo ni transparente. Con un regulador debilitado, espectro caro y normas ambiguas sobre datos y vigilancia, el balance final es preocupante.

Aunque esta reforma parte de la ley anterior, deja la sensación de que se descompuso algo que estaba medianamente bien. En lugar de avanzar sobre lo ganado, el esfuerzo terminó centrado en no perder derechos ya conquistados. Lo que México necesitaba era una evolución para corregir lo pendiente y dar un salto hacia adelante. Esta ley, por el contrario, nos obliga a volver a defender lo básico.

De Reforma a Regresión

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martes, 20 de mayo de 2025


 

·        Convergencia digital y apoyar a las radios comunitarias, temas abordados en cuarto conversatorio

 

En la primera mesa de debate de este martes sobre la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los ponentes coincidieron en la necesidad de apoyar a las radios comunitarias e indígenas, aprobar presupuestos para la radio pública sin que se afecte la libertad de expresión y editorial, así como regular a las plataformas digitales y atender la convergencia digital. 

 

La coordinadora ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, Mireille Campos Arzeta, subrayó la importancia de que en la ley se defina de manera clara a las radios comunitarias indígenas y afromexicanas. Dijo que los estándares internacionales señalan que esas definiciones deben incluir su finalidad social, así como su independencia operativa y financiera del Estado y de intereses económicos.

 

El presidente del Sistema Regional de Televisión AC, Sergio Valles Rivas, detalló que los canales sociales al aire sólo representan 1.1 por ciento del total, lo que demuestra el profundo rezago de las concesiones sociales. “Son constantes las iniciativas y propuestas bloqueadas por las grandes corporaciones televisivas, por eso celebramos esta propuesta de ley”, añadió.

 

A su vez, la presidenta de la Red de Radios Universitarios de México, Sandra Marcela Fernández Alaniz, indicó que las estaciones de radio universitarias son sustantivas para las instituciones de educación, porque articulan docencia, investigación y difusión cultural. “Hay mucho que corregir y fortalecer; pedimos un marco legal que contenga convenios, patrocinios claros, autofinanciación y equidad técnica”, agregó.

 

Diana Núñez Ronquillo, consejera de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), señaló que el marco regulatorio para los servicios de televisión radiodifundida y restringida, no se aplica a los servicios de plataformas de streaming y desde hace 15 años, cuando llegaron a México, han afectado a usuarios y a la industria, por no respetar la franja de horarios y lenguaje correcto, mientras que para la televisión tradicional hay una sobrerregulación, por lo que pidió evitar esos desbalances.

 

La presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Azucena Pimentel Mendoza, afirmó que la actualidad exige que la sostenibilidad de los medios públicos sea a través de un financiamiento mixto; que los medios públicos tengan independencia editorial y participación ciudadana; y que haya colaboración de éstos con medios e instituciones internacionales; además de fortalecer la radio comunitaria.

 

En su turno, Elena Estavillo Flores, directora general del Centro-i para la Sociedad del Futuro, aseveró que es importante atender la convergencia digital, toda vez que la radio, televisión y prensa, ya no son los únicos medios que difunden información, pues hay una reconfiguración a través de la llegada del Internet y por esto es “imprescindible” actualizar la legislación y que la nueva ley considere reglas que garanticen condiciones equitativas y con respeto a la libertad de expresión.

 

Durante la participación de las y los senadores, Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, comentó que se debe ser muy cautos y específicos a la hora de revisar el marco legal de las telecomunicaciones, por lo que es relevante escuchar las experiencias de los actores involucrados.

 

Claudia Anaya Mota, del PRI, expresó que hay dudas sobre si existe o no un consenso respecto de la ley por parte de las radios comunitarias, porque se conocen señalamientos respecto de que radios sociales comercializaban espacios para realizar entrevistas, sobre todo en campañas. “Es importante establecer modelos regulatorios para evitar el mal uso de una radio que se pensó para otro fin”, apuntó.

 

Por Morena, Martha Lucía Micher Camarena refirió que es importante considerar a las radios comunitarias, por lo que cuestionó a los participantes sobre si es limitado el objeto de las radios con concesión para uso social de las comunidades indígenas y afromexicanos, que determina que sólo se otorgará la concesión con el fin de preservar, proteger y desarrollar el patrimonio cultura, material e inmaterial de los pueblos.

Solicitan a las y los senadores regular plataformas digitales

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jueves, 6 de marzo de 2025


  • A .nivel general, solo 26.2% de las empresas utilizan internet y 23% emplean tecnologías digitales.
  • La desaceleración económica al cierre de 2024, con un crecimiento del PIB de apenas 0.5%, inevitablemente impactó en el segmento de telecomunicaciones móviles.
  • El aprovechamiento de la IA es mínimo en las empresas mexicanas, con apenas un 0.5% de adopción total.
  • El software para el análisis de datos masivos es otra herramienta con adopción escasa. Solo 5.4% de las empresas lo utilizan


El uso de tecnologías digitales en las empresas es un factor clave para impulsar su eficiencia, competitividad y capacidad de innovación.
Más allá de contar con conectividad, el aprovechamiento de las herramientas y plataformas digitales es esencial para materializar los beneficios referidos.
No obstante, los Resultados Oportunos de los Censos Económicos 2024, elaborados por el INEGI, revelan una brecha significativa entre empresas de menor escala y aquellas grandes en la adopción de herramientas clave para la productividad, como la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos masivos (Big Data).
 
Acceso de Internet y Uso de Tecnologías Digitales en Empresas
A nivel general, solo 26.2% de las empresas utilizan internet y 23% emplean tecnologías digitales. En las micro (1 a 10 empleados), esta razón es aún menor, con 23.5% de adopción de internet y 20.4% de tecnologías digitales.
En contraste, las empresas más grandes han integrado mejor estas herramientas en su actividad productiva. Al respecto, en estas entidades con más de 250 empleados, 93.1% hace uso de internet y 89.3% tecnologías digitales. Esto indica que el acceso a abundante a infraestructura y recursos económicos influye significativamente en la digitalización de las empresas.
A pesar de que contar con internet es fundamental, no es suficiente. Las empresas deben aprovechar herramientas avanzadas para impulsar su productividad y optimizar la toma de decisiones.
 
Adopción de Inteligencia Artificial (IA)
A pesar de registrar un creciente uso e implementación en los procesos productivos, el aprovechamiento de la IA es mínimo en las empresas mexicanas, con apenas un 0.5% de adopción total. En las microempresas, la proporción es casi nula (0.1%), en las pequeñas es de 6.1%, mientras que en aquellas medianas y grandes asciende a 14.2% y 17%, respectivamente.
Esto refleja que la IA aún se percibe como una tecnología costosa o difícil de implementar, lo que limita su adopción en empresas de menor escala. Sin embargo, su potencial es enorme, ya que permite eficientizar procesos, analizar grandes volúmenes de información y mejorar la toma de decisiones estratégicas.

Uso de Internet, Herramientas Digitales, IA y Software para Analizar Datos en Empresas
(Proporción del Total, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información
de los Censos Económicos 2024 (INEGI)

Uso de Software para el Análisis de Datos Masivos (Big Data)
El software para el análisis de datos masivos (Big Data) es otra herramienta para detonar la transformación empresarial, pero su adopción sigue siendo escasa. Solo 5.4% de las empresas lo utilizan, y en las microempresas el coeficiente es aún menor (3.8%).
Por otro lado, las empresas grandes han incorporado en mayor magnitud estas herramientas, con una proporción de 63.6% del total que hacen uso de software para el análisis de datos masivos. Esto les permite obtener información clave sobre el mercado en el que participan, identificar tendencias, optimizar sus operaciones y personalizar productos o servicios de manera más eficiente.
Las empresas que no adoptan estas tecnologías corren el riesgo de mermar su competitividad frente a aquellas que sí lo hacen, ya que la capacidad de analizar datos en tiempo real es una ventaja estratégica en la economía digital.
Los datos analizados demuestran que si bien el uso de internet es un primer paso hacia la digitalización, no es suficiente para que hablar de una transformación digital de las empresas. La adopción de herramientas más avanzadas, como la inteligencia artificial y el análisis de datos masivos, es clave para mejorar la eficiencia y tomar mejores decisiones estratégicas.
No obstante, la brecha entre microempresas y grandes es manifiesta, a pesar de que las primeras constituyen 95.5% del total del país, lo que sugiere la necesidad de impulsar iniciativas que fomenten la digitalización en todas las escalas.
La transformación digital no es solo una tendencia, sino un factor determinante para el desarrollo y la sostenibilidad de las empresas en el presente de cara hacia el futuro.

Uso de Herramientas Digitales e IA en Empresas Radamés Camargo

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jueves, 24 de octubre de 2024

  La International Chamber of Commerce México hace cuatro recomendaciones para impulsar la economía y brindar protección a conductores y repartidores



Con el objetivo compartido con el Gobierno de México de proporcionar acceso a la seguridad social a los conductores y repartidores de plataformas digitales, a través de la reciente iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la International Chamber of Commerce México (ICC México) subraya la importancia de no apresurarse. Propone analizar todas las perspectivas, incluida la económica, y asegura que todos los actores deben participar en el debate. Además, presenta cuatro recomendaciones para crear una legislación que impulse la economía del país y avance en el objetivo social de la reforma.

La ICC México advierte que la implementación de esta reforma podría limitar la independencia que caracteriza a estas fuentes de ingresos y propone considerar detenidamente los diferentes enfoques que para regular la relación entre plataformas y trabajadores han adoptado otros países. Tal es el caso de España, con la Ley Rider, que adoptó un modelo laboral tradicional, reduciendo las fuentes de ingresos para miles de personas repartidoras. En contraste, California y Chile han construido soluciones que combinan la independencia con el acceso a la seguridad social. Asimismo, hoy Brasil y Colombia analizan en sus congresos iniciativas que buscan conciliar la independencia con la protección social.

ICC México también subraya que regular este modelo bajo un esquema tradicional podría resultar en la pérdida de empleos como resultado de una contracción del tamaño del sector. Asimismo, la propuesta podría afectar de manera importante al sector restaurantero y a las MiPyMEs, que han prosperado significativamente gracias a estos servicios. Un aumento en los costos de los servicios de las plataformas podría traducirse en una disminución en las ventas en un 30% para estos negocios, afectando la economía local y la generación de empleo.

Ante la loable intención de brindar mayores protecciones sociales a los prestadores de servicios a través de plataformas, la ICC México sostiene que es crucial encontrar un equilibrio que facilite el acceso a la seguridad social sin comprometer su independencia y flexibilidad, a la vez que se impulse el desarrollo y fortalecimiento de las plataformas para que continúen siendo un pilar en el desarrollo económico del país. Para lograr esto, la ICC México ha elaborado cuatro recomendaciones fundamentales a la Iniciativa de Ley que ha planteado el Gobierno de México:

• Preservar la figura de trabajadores independientes: La ley debe incluir una definición precisa de los criterios que distingan entre aquellos trabajadores independientes que prestan servicios ocasionalmente, de aquellos que serán considerados trabajadores bajo el nuevo modelo planteado por la reforma.

• Reconocimiento de gastos operativos: Es fundamental que la legislación reconozca que los repartidores y conductores invierten en vehículos, gasolina, mantenimiento, teléfonos inteligentes con plan de datos y otros gastos operativos, por lo que la base de contribución a la seguridad social debe ser calculada sobre sus ganancias netas.

• Esquema fiscal justo: La reforma debería evitar modificar el régimen fiscal especial para repartidores y conductores a un esquema tradicional que incrementaría drásticamente su carga impositiva.

• Protección de la propiedad intelectual: La reforma debe contemplar mecanismos que den certeza y claridad sobre la operación de la plataforma, sin que ello comprometa la propiedad intelectual con la que operan las empresas de tecnología.

Dado que el futuro de la regulación del trabajo en plataformas digitales en México está en juego, la ICC México hace un llamado a la colaboración y el diálogo entre todos los actores involucrados en este proceso, reconociendo que es esencial que se consideren las experiencias de otros países donde se han llevado a cabo procesos de diálogo constructivos que han resultado en soluciones efectivas.

La ICC México reitera su disposición para contribuir al desarrollo de un marco legal que sea viable y justo para todas las partes involucradas.

Propone ICC México regulación justa para Reforma de Seguridad Social en Plataformas Digitales, con equilibrio entre acceso a seguridad social e independencia laboral

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jueves, 28 de septiembre de 2023

 

  • Estas agresiones dañan la dignidad de las personas, impiden el desarrollo y atentan contra el ejercicio de los derechos 

     


    Senadoras y especialistas afirmaron que existen conductas que se manifiestan en las plataformas digitales que deben ser tipificadas como delitos, a fin de que estos espacios sean seguros para todos los usuarios, pero principalmente para las mujeres 


     

    En el conversatorio “Mujeres por una vida libre de violencia digital”, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, refirió que en 2022, 84.12 millones de personas en nuestro país utilizó Internet; de esa cifra, 44 millones fueron mujeres y 22.4 por ciento de ellas experimentó algún tipo de violencia o acoso cibernético. 

     

    Subrayó que el anonimato que permea en el mundo digital es un factor que potencializa prácticas como el ciberbullying, sexting, stalker, grooming, shaming, entre otro tipo de acciones que atentan contra la integridad de los y las usuarias, e impacta en su vida real. 

     

    Recordó que la Organización de las Naciones Unidas define la violencia digital como el acto que se comete y expande a través de plataformas como redes sociales, correo electrónico y aplicaciones móviles, que causa daño a la integridad de las personas e impide el pleno disfrute de los derechos humanos. 

     

    Sánchez Cordero advirtió que este tipo de agresiones también dañan la dignidad, impiden el empoderamiento y el desarrollo, y atentan contra el ejercicio de los derechos, por lo que es necesario tipificar dichas conductas para lograr que sea un espacio seguro. 

     

    En ese contexto, dijo que en el Senado de la República se aprobó la llamada “Ley Olimpia”, que surgió de la valentía de denunciar un acto de violencia digital, en el que se compartió un video con contenido sexual, sin autorización de la víctima, en Puebla. 

     

    “Olimpia Coral, junto con las organizaciones de la sociedad civil, ha impulsado una iniciativa para reformar el Código Penal de la entidad y tipificar dichas conductas como una violación a la intimidad. En este sentido, en el Senado se aprobó, en el 2020, una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, expuso.  

     

    La senadora del PVEM, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, afirmó que 90 por ciento de los crímenes que se cometen en el espacio digital se pueden prevenir, pero se requiere impulsar una cultura para que los usuarios sepan cómo actuar, qué se puede o no hacer ante dichos escenarios. 

     

    Destacó que hay quienes usan las innovaciones tecnológicas, como la inteligencia artificial, para violentar derechos de las mujeres, producir pornografía infantil, exhibir cuerpos con otras caras, entre otros usos indebidos de la imagen de las personas, que ocasionan daños a la salud mental de las víctimas. 

     

    Agregó que se debe fortalecer al Poder Judicial y la Policía Cibernética, asó como pedir la colaboración de organismos internacionales, para perseguir y combatir estos delitos, ya que muchos de ellos se cometen desde otros países, pero en detrimento de alguien que está en nuestro territorio. 

     

    La especialista Sandra Mayela Fabián Esparza dijo que la “porno venganza” y la difusión de información íntima son prácticas en las que se utilizan las plataformas digitales; por ello, sugirió la implementación de políticas públicas que contribuyan a detener la producción e intercambio de este tipo de materiales.  

     

    También propuso la homologación de las legislaciones estatales, para que exista una tipificación adecuada de esas conductas antisociales y se evita la impunidad, así como brindar capacitación a las autoridades sobre el conocimiento básico de las tecnologías de la información, con perspectiva de género. 

     

    En tanto, Andrea Samaniego Sánchez, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, expuso que la violencia digital contra las mujeres tiene origen en la cultura machista y el sistema patriarcal, pero ahora se reproducen en estos espacios, con lo que se continúa con el sometimiento de las usuarias. 

Urgen desde el Senado tipificar delitos relacionados con la violencia digital

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viernes, 9 de junio de 2023

●  Con este servicio se busca impulsar que las y los emprendedores ofrezcan sus productos en plataformas digitales

●  Hacer uso de REDi Foto Estudio no tiene costo, solo se necesita hacer un registro previo en: Gobjal.mx/REDiFotoEstudio


Para potencializar y apoyar a los emprendedores que forman parte de la comunidad de la Red de Centros de Innovación y Emprendimiento (REDi) a partir de este mes cuenta con REDi Foto Estudio, un servicio por parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) que les permitirá acceder a fotografías profesionales de sus productos sin costo.

La directora general de Innovación y Desarrollo Empresarial y Social de la SICyT, Nora Martín Galindo, detalló que se quiere ofrecer un espacio para facilitar a los emprendedores el acceso a fotografías adecuadas, editadas y en el formato correspondiente para incentivarlos a vender sus productos en plataformas digitales.

“Lo que queremos es crear un espacio, un servicio para los emprendedores, redinautas, innovadores, que requieren tomarle fotografías de calidad a sus productos o incluso a ellos mismos como prestadores de servicios, para poder potencializarlos en el mercado, sobre todo en los marketplace, entonces estamos buscando tener un servicio en el que les podamos dar un número de fotografías adecuado, editadas, en formato correspondiente para que ellos puedan subirlos a estas plataformas y por supuesto tener mucho más ventas, porque la verdad es que cuenta mucho la fotografía y la calidad con la que las tomes para que puedas tener mucho más impacto”, comentó Martín Galindo.

Este nuevo beneficio se realizará en el REDi del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), los martes de 9:30 a 14 h y los jueves de 13 a 17 h, con previo registro en: Gobjal.mx/REDiFotoEstudio. Cabe resaltar que los usuarios de REDi de las otras 10 sedes también pueden acceder a este servicio.

Los usuarios que hagan uso de REDi Foto Estudio recibirán cuatro fotografías de cada uno de sus productos. Con ello se espera que los emprendedores generen mayor confiabilidad a sus clientes al crear un catálogo digital de sus artículos.

EL DATO:

-  REDi AMG es una de las once sedes de la Red de Centros de Innovación y Emprendimiento, espacios que buscan impulsar el emprendimiento, la innovación y el trabajo colaborativo, el cual se ubica en la calle Manuel López Cotilla 1505, colonia Americana.

Ofrece REDi AMG estudio fotográfico para beneficiar a la comunidad emprendedora

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lunes, 22 de mayo de 2023


  • Zamora Gastélum presenta iniciativa para garantizar derechos de este sector  

 

 

El senador Mario Zamora Gastélum impulsa un proyecto para regular el trabajo independiente a través de plataformas digitales para servicios presenciales, a fin de que conductores y repartidores que laboran bajo este esquema puedan tener acceso a la seguridad social y a todas las prestaciones establecidas en la legislación vigente. 

 

La iniciativa del legislador del Grupo Parlamentario del PRI, reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, y fue publicada en la Gaceta parlamentaria del pasado 28 de abril.  

 

Zamora Gastélum destacó que las plataformas digitales crearon nuevas oportunidades para grupos vulnerables como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, pero también han “desdibujado” la distinción entre empleados y trabajadores independientes, que no cuentan con derechos laborales.  

 

Cuando las personas optan por utilizar este modelo para prestar servicios de forma independiente, se disocian de los modelos tradicionales de trabajo subordinado, por lo que no gozan de una expectativa de crecimiento en las habilidades, las responsabilidades y los ingresos. 

 

Tampoco, agregó el senador, gozan de servicios de salud o de planes de retiro, y se encuentran lejos del ejercicio de algunos derechos que son propios de un trabajador tradicional, como lo puede ser el derecho de asociación.  

 

Uno de los objetivos de la iniciativa es modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, para asegurar el acceso a la salud y al retiro de las personas que prestan servicios presenciales por medio de plataformas digitales.  

 

Por lo que el senador consideró imprescindible incluir a la legislación, los nuevos modelos de ocupación que permiten que las personas puedan generar ingresos de forma diferente a la de una relación de subordinación, al tiempo que los relaciona con el otorgamiento de seguridad social.  

 

Zamora Gastélum propuso establecer derechos y obligaciones específicas para dicho sector, y que los prestadores de servicios en plataformas digitales, al ejercer su derecho de libertad de asociación, lo hagan a través de la figura que consideren pertinente, con excepción de la creación de un sindicato, toda vez que no son trabajadores que prestan un servicio personal subordinado.  

 

Además, consideró necesario que las personas físicas o morales que sean propietarias o controladoras de las plataformas digitales para servicios personales cumplan con ciertas obligaciones para garantizar los derechos de quienes laboran bajo este modelo.  

 

La iniciativa busca que los conductores y repartidores formen parte de una categoría especial, para que estos trabajadores independientes, las plataformas digitales y el Gobierno federal realicen las aportaciones correspondientes. 

Impulsan seguridad social para repartidores independientes que laboran por medio de plataformas digitales

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domingo, 14 de febrero de 2021

 

Las redes son espacios libres. Las personas pueden tergiversar su uso a conveniencia; incluso los gobiernos y personajes públicos, y aunque la iniciativa que analiza el Senado de la República parece tener buenas intenciones, también deja huecos para la manipulación y el autoritarismo, analiza Experto CETYS


Mexicali, B.C. febrero del 2021.-
 Por hacer énfasis en el rol que desempeñan las plataformas digitales y su relación con la protección de algunas garantías individuales como la libertad de expresión y el acceso a la información contempladas en la normatividad mexicana vigente, la iniciativa para regular la operación de las redes sociales en México presentada en el Senado de la República ha levantado ámpula.

De acuerdo con el senador inicialista, sería necesario reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueda establecer límites a los prestadores de servicios de redes sociales, argumentando la existencia de censura discrecional al contenido que circula en las redes, sin que sus causas correspondan a regulación legal alguna; más bien a intereses y políticas internas de las plataformas, y mencionando que el bloqueo de contenidos obstruye el derecho a recibir información y faculta a las plataformas, amparadas en sus términos y condiciones de servicio, para imponer ideas específicas. 

“Debemos reflexionar si esta iniciativa verdaderamente protege a los ciudadanos, pues parecería que busca transmitir la percepción de que los usuarios son víctimas y están cautivos a los caprichos de las empresas prestadoras del servicio. La iniciativa no refleja todos los puntos de vista involucrados”, consideró el Dr. Armando Reyna Ballesteros, Docente de la Licenciatura en Inteligencia de Negocios e Innovación de CETYS Universidad Campus Mexicali.

Añadió que se trata de un tema complejo integrado por múltiples aristas, pues aunque la violencia digital es un problema real, existen otras conductas difíciles de percibir porque se prestan para una doble interpretación, por ejemplo, ¿Dónde termina la libertad individual de expresión?, ¿En qué punto se inicia a afectar a terceros o se viola una ley? y quizá lo más importante, ¿es confiable la intervención del gobierno para llevar a cabo la regulación?. 

Las redes sociales son espacios libres y abiertos al debate. Las personas intencionalmente pueden tergiversar su uso para su propia conveniencia; incluso los gobiernos y otros personajes de la vida pública, política y de otros sectores, por lo que aunque la iniciativa parece tener buenas intenciones, éstas no son suficientes, ya que deja huecos para la manipulación y el autoritarismo, analizó el académico.

“La propuesta no es imparcial, parecería que intenta presentar a las redes sociales como sitios ingobernables y sin control, y principalmente, pone de manifiesto que las reglas, códigos de conducta y acciones en consecuencia, deberían consultarse y ser autorizadas por el gobierno. Si habrá de llevarse a cabo una regulación gubernamental, ésta debería tomar en cuenta todos los puntos de vista”. 

No todos los problemas y malas prácticas que ocurren en las redes sociales se clasifican bajo la misma perspectiva, ni ameritan las mismas sanciones. Por ejemplo, ante una difamación o calumnia, no puede actuarse de la misma forma en que se haría frente a una situación de pornografía infantil, por lo que en caso de avanzar con el tema, todo debe regularse y atenderse dependiendo su naturaleza. 

“Parecería que la solución correcta no radica en que el gobierno tome el control de las redes sociales, sino en la diversas de alternativas. Sin dobles intenciones y con un auténtico interés en proteger y garantizar espacios con libertad de opinión. No se debe meter todo a la misma bolsa, deben anteponerse en todo momento los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, equidad, pluralidad, legitimidad, igualdad y no discriminación, sin olvidar que las redes sociales provienen de procesos de creatividad e innovación tecnológica y no tienen cabida los discursos políticos”, concluyó el docente.

REGULACIÓN DE REDES SOCIALES EN MÉXICO, ¿PROTEGERÍA REALMENTE A LOS USUARIOS?

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jueves, 17 de agosto de 2017



La transparencia es un mecanismo de garantía y ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública, lo cual coadyuva a su vez, con la optimización de las operaciones y procesos de rendición de cuentas de los organismos públicos. Para que esta implicación sea cierta, la información pública debe estar disponible, ser relevante y de fácil solicitud y acceso para los ciudadanos.
Las plataformas digitales facilitan el acceso y disponibilidad de la información. Por ejemplo, a través de ellas cada vez es más sencillo y accesible para todos conocer el detalle de las condiciones laborales de nuestros servidores públicos, monitorear el gasto gubernamental, y contar con documentos actualizados sobre la contratación de obra y servicios públicos.
Al respecto, la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2016, señala que 14 de cada 100 ciudadanos mayores de edad en poblaciones urbanas de 100 mil o más habitantes consultó información en alguna página web de gobierno, es decir, 6.5 millones de mexicanos están interesados en obtener información pública, de los cuales, sólo 5.4 millones declaró haber encontrado información.
El reducido tamaño de esta métrica podría ser explicado por el lado de la oferta, es decir, por la adopción de servicios de conectividad que aún no alcanza a toda la población en su conjunto, y que impide el acceso a las plataformas digitales que permiten el ejercicio de la transparencia. En México, la contabilidad de usuarios de Internet asciende a 75.0 millones (60.7% de la población) con cifras a la primera mitad de 2017, mientras que el número de accesos de Banda Ancha Móvil alcanza a 52.9% de los mexicanos y aquellos de Banda Ancha Fija tan sólo llegan a 42.9% de los hogares.
Por el lado de la demanda, se identifica en la ENAID que entre los usuarios que accedieron a páginas web del gobierno para la obtención de información pública, sólo 62% reconoció que su uso y edición se alineaba a sus necesidades y requerimientos estadísticos. Aquí se registra un área de oportunidad de mejora en términos de accesibilidad, por ejemplo, para buscar que la entrega de información en formatos digitales de uso general y sencillamente manejables por el usuario de a pie.
En cuanto a la relevancia para el usuario, cabe destacar que el tipo de información que los usuarios consultan se clasifica de la siguiente forma¹: 52% obtuvo información sobre la organización y actividades de las instituciones de gobierno, 39% sobre los servidores públicos, 37% sobre los programas de participación ciudadana, 30% sobre uso de recursos públicos, 23% sobre contratos de obras públicas y servicios, y 20% sobre finanzas gubernamentales.
Vale la pena fomentar que se materialicen las condiciones óptimas en las plataformas digitales para los agentes económicos, como espacio de interacción de la demanda y la oferta de recursos de información pública, para así alcanzar la plena satisfacción de los requerimientos de información y del derecho a la transparencia gubernamental. Ello se constituye como la vía de exigencia para disminuir la discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, monitorear la salud de las finanzas públicas, así como para optimizar la selección de servidores públicos y la entrega de concesiones para obras públicas.

Transparencia y Plataformas Digitales

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