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jueves, 28 de septiembre de 2023

 

  • Estas agresiones dañan la dignidad de las personas, impiden el desarrollo y atentan contra el ejercicio de los derechos 

     


    Senadoras y especialistas afirmaron que existen conductas que se manifiestan en las plataformas digitales que deben ser tipificadas como delitos, a fin de que estos espacios sean seguros para todos los usuarios, pero principalmente para las mujeres 


     

    En el conversatorio “Mujeres por una vida libre de violencia digital”, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, refirió que en 2022, 84.12 millones de personas en nuestro país utilizó Internet; de esa cifra, 44 millones fueron mujeres y 22.4 por ciento de ellas experimentó algún tipo de violencia o acoso cibernético. 

     

    Subrayó que el anonimato que permea en el mundo digital es un factor que potencializa prácticas como el ciberbullying, sexting, stalker, grooming, shaming, entre otro tipo de acciones que atentan contra la integridad de los y las usuarias, e impacta en su vida real. 

     

    Recordó que la Organización de las Naciones Unidas define la violencia digital como el acto que se comete y expande a través de plataformas como redes sociales, correo electrónico y aplicaciones móviles, que causa daño a la integridad de las personas e impide el pleno disfrute de los derechos humanos. 

     

    Sánchez Cordero advirtió que este tipo de agresiones también dañan la dignidad, impiden el empoderamiento y el desarrollo, y atentan contra el ejercicio de los derechos, por lo que es necesario tipificar dichas conductas para lograr que sea un espacio seguro. 

     

    En ese contexto, dijo que en el Senado de la República se aprobó la llamada “Ley Olimpia”, que surgió de la valentía de denunciar un acto de violencia digital, en el que se compartió un video con contenido sexual, sin autorización de la víctima, en Puebla. 

     

    “Olimpia Coral, junto con las organizaciones de la sociedad civil, ha impulsado una iniciativa para reformar el Código Penal de la entidad y tipificar dichas conductas como una violación a la intimidad. En este sentido, en el Senado se aprobó, en el 2020, una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, expuso.  

     

    La senadora del PVEM, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, afirmó que 90 por ciento de los crímenes que se cometen en el espacio digital se pueden prevenir, pero se requiere impulsar una cultura para que los usuarios sepan cómo actuar, qué se puede o no hacer ante dichos escenarios. 

     

    Destacó que hay quienes usan las innovaciones tecnológicas, como la inteligencia artificial, para violentar derechos de las mujeres, producir pornografía infantil, exhibir cuerpos con otras caras, entre otros usos indebidos de la imagen de las personas, que ocasionan daños a la salud mental de las víctimas. 

     

    Agregó que se debe fortalecer al Poder Judicial y la Policía Cibernética, asó como pedir la colaboración de organismos internacionales, para perseguir y combatir estos delitos, ya que muchos de ellos se cometen desde otros países, pero en detrimento de alguien que está en nuestro territorio. 

     

    La especialista Sandra Mayela Fabián Esparza dijo que la “porno venganza” y la difusión de información íntima son prácticas en las que se utilizan las plataformas digitales; por ello, sugirió la implementación de políticas públicas que contribuyan a detener la producción e intercambio de este tipo de materiales.  

     

    También propuso la homologación de las legislaciones estatales, para que exista una tipificación adecuada de esas conductas antisociales y se evita la impunidad, así como brindar capacitación a las autoridades sobre el conocimiento básico de las tecnologías de la información, con perspectiva de género. 

     

    En tanto, Andrea Samaniego Sánchez, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, expuso que la violencia digital contra las mujeres tiene origen en la cultura machista y el sistema patriarcal, pero ahora se reproducen en estos espacios, con lo que se continúa con el sometimiento de las usuarias. 

Urgen desde el Senado tipificar delitos relacionados con la violencia digital

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viernes, 9 de junio de 2023

●  Con este servicio se busca impulsar que las y los emprendedores ofrezcan sus productos en plataformas digitales

●  Hacer uso de REDi Foto Estudio no tiene costo, solo se necesita hacer un registro previo en: Gobjal.mx/REDiFotoEstudio


Para potencializar y apoyar a los emprendedores que forman parte de la comunidad de la Red de Centros de Innovación y Emprendimiento (REDi) a partir de este mes cuenta con REDi Foto Estudio, un servicio por parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) que les permitirá acceder a fotografías profesionales de sus productos sin costo.

La directora general de Innovación y Desarrollo Empresarial y Social de la SICyT, Nora Martín Galindo, detalló que se quiere ofrecer un espacio para facilitar a los emprendedores el acceso a fotografías adecuadas, editadas y en el formato correspondiente para incentivarlos a vender sus productos en plataformas digitales.

“Lo que queremos es crear un espacio, un servicio para los emprendedores, redinautas, innovadores, que requieren tomarle fotografías de calidad a sus productos o incluso a ellos mismos como prestadores de servicios, para poder potencializarlos en el mercado, sobre todo en los marketplace, entonces estamos buscando tener un servicio en el que les podamos dar un número de fotografías adecuado, editadas, en formato correspondiente para que ellos puedan subirlos a estas plataformas y por supuesto tener mucho más ventas, porque la verdad es que cuenta mucho la fotografía y la calidad con la que las tomes para que puedas tener mucho más impacto”, comentó Martín Galindo.

Este nuevo beneficio se realizará en el REDi del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), los martes de 9:30 a 14 h y los jueves de 13 a 17 h, con previo registro en: Gobjal.mx/REDiFotoEstudio. Cabe resaltar que los usuarios de REDi de las otras 10 sedes también pueden acceder a este servicio.

Los usuarios que hagan uso de REDi Foto Estudio recibirán cuatro fotografías de cada uno de sus productos. Con ello se espera que los emprendedores generen mayor confiabilidad a sus clientes al crear un catálogo digital de sus artículos.

EL DATO:

-  REDi AMG es una de las once sedes de la Red de Centros de Innovación y Emprendimiento, espacios que buscan impulsar el emprendimiento, la innovación y el trabajo colaborativo, el cual se ubica en la calle Manuel López Cotilla 1505, colonia Americana.

Ofrece REDi AMG estudio fotográfico para beneficiar a la comunidad emprendedora

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lunes, 22 de mayo de 2023


  • Zamora Gastélum presenta iniciativa para garantizar derechos de este sector  

 

 

El senador Mario Zamora Gastélum impulsa un proyecto para regular el trabajo independiente a través de plataformas digitales para servicios presenciales, a fin de que conductores y repartidores que laboran bajo este esquema puedan tener acceso a la seguridad social y a todas las prestaciones establecidas en la legislación vigente. 

 

La iniciativa del legislador del Grupo Parlamentario del PRI, reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, y fue publicada en la Gaceta parlamentaria del pasado 28 de abril.  

 

Zamora Gastélum destacó que las plataformas digitales crearon nuevas oportunidades para grupos vulnerables como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, pero también han “desdibujado” la distinción entre empleados y trabajadores independientes, que no cuentan con derechos laborales.  

 

Cuando las personas optan por utilizar este modelo para prestar servicios de forma independiente, se disocian de los modelos tradicionales de trabajo subordinado, por lo que no gozan de una expectativa de crecimiento en las habilidades, las responsabilidades y los ingresos. 

 

Tampoco, agregó el senador, gozan de servicios de salud o de planes de retiro, y se encuentran lejos del ejercicio de algunos derechos que son propios de un trabajador tradicional, como lo puede ser el derecho de asociación.  

 

Uno de los objetivos de la iniciativa es modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, para asegurar el acceso a la salud y al retiro de las personas que prestan servicios presenciales por medio de plataformas digitales.  

 

Por lo que el senador consideró imprescindible incluir a la legislación, los nuevos modelos de ocupación que permiten que las personas puedan generar ingresos de forma diferente a la de una relación de subordinación, al tiempo que los relaciona con el otorgamiento de seguridad social.  

 

Zamora Gastélum propuso establecer derechos y obligaciones específicas para dicho sector, y que los prestadores de servicios en plataformas digitales, al ejercer su derecho de libertad de asociación, lo hagan a través de la figura que consideren pertinente, con excepción de la creación de un sindicato, toda vez que no son trabajadores que prestan un servicio personal subordinado.  

 

Además, consideró necesario que las personas físicas o morales que sean propietarias o controladoras de las plataformas digitales para servicios personales cumplan con ciertas obligaciones para garantizar los derechos de quienes laboran bajo este modelo.  

 

La iniciativa busca que los conductores y repartidores formen parte de una categoría especial, para que estos trabajadores independientes, las plataformas digitales y el Gobierno federal realicen las aportaciones correspondientes. 

Impulsan seguridad social para repartidores independientes que laboran por medio de plataformas digitales

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domingo, 14 de febrero de 2021

 

Las redes son espacios libres. Las personas pueden tergiversar su uso a conveniencia; incluso los gobiernos y personajes públicos, y aunque la iniciativa que analiza el Senado de la República parece tener buenas intenciones, también deja huecos para la manipulación y el autoritarismo, analiza Experto CETYS


Mexicali, B.C. febrero del 2021.-
 Por hacer énfasis en el rol que desempeñan las plataformas digitales y su relación con la protección de algunas garantías individuales como la libertad de expresión y el acceso a la información contempladas en la normatividad mexicana vigente, la iniciativa para regular la operación de las redes sociales en México presentada en el Senado de la República ha levantado ámpula.

De acuerdo con el senador inicialista, sería necesario reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueda establecer límites a los prestadores de servicios de redes sociales, argumentando la existencia de censura discrecional al contenido que circula en las redes, sin que sus causas correspondan a regulación legal alguna; más bien a intereses y políticas internas de las plataformas, y mencionando que el bloqueo de contenidos obstruye el derecho a recibir información y faculta a las plataformas, amparadas en sus términos y condiciones de servicio, para imponer ideas específicas. 

“Debemos reflexionar si esta iniciativa verdaderamente protege a los ciudadanos, pues parecería que busca transmitir la percepción de que los usuarios son víctimas y están cautivos a los caprichos de las empresas prestadoras del servicio. La iniciativa no refleja todos los puntos de vista involucrados”, consideró el Dr. Armando Reyna Ballesteros, Docente de la Licenciatura en Inteligencia de Negocios e Innovación de CETYS Universidad Campus Mexicali.

Añadió que se trata de un tema complejo integrado por múltiples aristas, pues aunque la violencia digital es un problema real, existen otras conductas difíciles de percibir porque se prestan para una doble interpretación, por ejemplo, ¿Dónde termina la libertad individual de expresión?, ¿En qué punto se inicia a afectar a terceros o se viola una ley? y quizá lo más importante, ¿es confiable la intervención del gobierno para llevar a cabo la regulación?. 

Las redes sociales son espacios libres y abiertos al debate. Las personas intencionalmente pueden tergiversar su uso para su propia conveniencia; incluso los gobiernos y otros personajes de la vida pública, política y de otros sectores, por lo que aunque la iniciativa parece tener buenas intenciones, éstas no son suficientes, ya que deja huecos para la manipulación y el autoritarismo, analizó el académico.

“La propuesta no es imparcial, parecería que intenta presentar a las redes sociales como sitios ingobernables y sin control, y principalmente, pone de manifiesto que las reglas, códigos de conducta y acciones en consecuencia, deberían consultarse y ser autorizadas por el gobierno. Si habrá de llevarse a cabo una regulación gubernamental, ésta debería tomar en cuenta todos los puntos de vista”. 

No todos los problemas y malas prácticas que ocurren en las redes sociales se clasifican bajo la misma perspectiva, ni ameritan las mismas sanciones. Por ejemplo, ante una difamación o calumnia, no puede actuarse de la misma forma en que se haría frente a una situación de pornografía infantil, por lo que en caso de avanzar con el tema, todo debe regularse y atenderse dependiendo su naturaleza. 

“Parecería que la solución correcta no radica en que el gobierno tome el control de las redes sociales, sino en la diversas de alternativas. Sin dobles intenciones y con un auténtico interés en proteger y garantizar espacios con libertad de opinión. No se debe meter todo a la misma bolsa, deben anteponerse en todo momento los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, equidad, pluralidad, legitimidad, igualdad y no discriminación, sin olvidar que las redes sociales provienen de procesos de creatividad e innovación tecnológica y no tienen cabida los discursos políticos”, concluyó el docente.

REGULACIÓN DE REDES SOCIALES EN MÉXICO, ¿PROTEGERÍA REALMENTE A LOS USUARIOS?

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jueves, 17 de agosto de 2017



La transparencia es un mecanismo de garantía y ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública, lo cual coadyuva a su vez, con la optimización de las operaciones y procesos de rendición de cuentas de los organismos públicos. Para que esta implicación sea cierta, la información pública debe estar disponible, ser relevante y de fácil solicitud y acceso para los ciudadanos.
Las plataformas digitales facilitan el acceso y disponibilidad de la información. Por ejemplo, a través de ellas cada vez es más sencillo y accesible para todos conocer el detalle de las condiciones laborales de nuestros servidores públicos, monitorear el gasto gubernamental, y contar con documentos actualizados sobre la contratación de obra y servicios públicos.
Al respecto, la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2016, señala que 14 de cada 100 ciudadanos mayores de edad en poblaciones urbanas de 100 mil o más habitantes consultó información en alguna página web de gobierno, es decir, 6.5 millones de mexicanos están interesados en obtener información pública, de los cuales, sólo 5.4 millones declaró haber encontrado información.
El reducido tamaño de esta métrica podría ser explicado por el lado de la oferta, es decir, por la adopción de servicios de conectividad que aún no alcanza a toda la población en su conjunto, y que impide el acceso a las plataformas digitales que permiten el ejercicio de la transparencia. En México, la contabilidad de usuarios de Internet asciende a 75.0 millones (60.7% de la población) con cifras a la primera mitad de 2017, mientras que el número de accesos de Banda Ancha Móvil alcanza a 52.9% de los mexicanos y aquellos de Banda Ancha Fija tan sólo llegan a 42.9% de los hogares.
Por el lado de la demanda, se identifica en la ENAID que entre los usuarios que accedieron a páginas web del gobierno para la obtención de información pública, sólo 62% reconoció que su uso y edición se alineaba a sus necesidades y requerimientos estadísticos. Aquí se registra un área de oportunidad de mejora en términos de accesibilidad, por ejemplo, para buscar que la entrega de información en formatos digitales de uso general y sencillamente manejables por el usuario de a pie.
En cuanto a la relevancia para el usuario, cabe destacar que el tipo de información que los usuarios consultan se clasifica de la siguiente forma¹: 52% obtuvo información sobre la organización y actividades de las instituciones de gobierno, 39% sobre los servidores públicos, 37% sobre los programas de participación ciudadana, 30% sobre uso de recursos públicos, 23% sobre contratos de obras públicas y servicios, y 20% sobre finanzas gubernamentales.
Vale la pena fomentar que se materialicen las condiciones óptimas en las plataformas digitales para los agentes económicos, como espacio de interacción de la demanda y la oferta de recursos de información pública, para así alcanzar la plena satisfacción de los requerimientos de información y del derecho a la transparencia gubernamental. Ello se constituye como la vía de exigencia para disminuir la discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, monitorear la salud de las finanzas públicas, así como para optimizar la selección de servidores públicos y la entrega de concesiones para obras públicas.

Transparencia y Plataformas Digitales

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