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viernes, 4 de julio de 2025

 


by Ernesto Piedras

Tras una sucesión de foros públicos, discusiones y críticas desde la industria, academia, analistas y sociedad civil, se ha aprobado la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que deja atrás la fase de intensificación de la competencia, autonomía regulatoria y fortalecimiento institucional que trajo consigo la Reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2013.

Si bien fueron eliminados algunos de los artículos más controvertidos y se introdujeron ajustes relevantes, el espíritu de la nueva reforma sigue representando una regresión institucional y normativa para el sector.

La Ilusión del Cambio. Entre los cambios más destacados se encuentra la eliminación del artículo 109, que facultaba el bloqueo temporal de plataformas digitales.

Asimismo, se añadió la obligación de realizar consultas públicas para emitir normas y lineamientos, y se creó un nuevo órgano regulador, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Esta contará con atribuciones técnicas, capacidad para emitir Normas Oficiales Mexicanas, podrá otorgar concesiones, administrar el espectro radioeléctrico, mandatar el reordenamiento de infraestructura, su uso compartido y podrá definir mecanismos de regulación asimérica, a pesar de existir un posible conflicto competencial con la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).

Autonomía Acotada. El punto más crítico permanece sin cambios sustantivos: la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano constitucional autónomo.

En su lugar, se crea la CRT, un órgano desconcentrado de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Ejecutivo.

Aunque se le dota de cierta independencia técnica, sus comisionados serán designados por la presidenta y ratificados por el Senado de la República, lo que representa una vulneración a los principios de imparcialidad, autonomía y contrapesos en la regulación sectorial.

Incluso, esta nueva reforma permite al Ejecutivo, por sí o por conducto de la CRT, expedir disposiciones administrativas para la regulación, promoción y supervisión del desarrollo eficiente de las telecomunicaciones.

En otras palabras, a pesar de sus nuevas facultades, su creación implica una centralización del poder regulador en el Ejecutivo, dejando atrás un regulador técnico, colegiado y autónomo como planteó y materializó la reforma de 2013.

Vulnerabilidades a la Protección de Datos. El artículo 183 del dictamen se mantuvo casi intacto: exige a los concesionarios colaborar con autoridades (de seguridad y procuración de justicia) en la geolocalización en tiempo real de equipos terminales (como los Smartphones) y requiere a los concesionarios conservar un registro de comunicaciones con datos sobre las mismas (duración, origen y destino, ubicación de las líneas), así como el nombre y domicilio del suscriptor, sin establecer salvaguardas claras, pero manteniendo la inviolabilidad de las comunicaciones en sí mismas.

Esto se combina con la obligación impuesta a los operadores (tradicionales o MVNOs) de mantener activas sólo las líneas de los usuarios que proporcionen una identificación que contenga su CURP (artículo 103).

Espectro y Neutralidad a la Competencia. La nueva Ley contempla el acceso a descuentos sobre el pago por el uso del espectro radioeléctrico, a cambio de obligaciones de cobertura.

No obstante, no se replantea estructuralmente el modelo de cobro, se siguen persiguiendo fines meramente recaudatorios, fuera de alinearse a objetivos de cobertura y asequibilidad, lo que continúa mermando los incentivos a la inversión en infraestructura.

Por otro lado, al incluir el principio de “neutralidad a la competencia”, el Estado mexicano tendrá alicientes para proporcionar servicios a usuarios finales y a través de concesiones de uso comercial en igualdad de condiciones con los operadores privados.

De la Reforma a la Regresión. La versión corregida de la Ley pretende ser una respuesta a las críticas, pero sólo maquilla los elementos más controversiales sin atender el fondo.

Con un regulador débil, normas ambiguas sobre colaboración con la justicia y sin incentivos reales a la inversión y la competencia, el nuevo marco legal representa más una regresión que una evolución.

México no necesitaba una nueva Ley que remendara lo existente, sino una reforma que consolidara lo ganado y apuntara al futuro digital. En cambio, lo que se ofrece es un texto normativo que se queda en principios básicos ya alcanzados, sin una regulación fortalecida.

La oportunidad de avanzar se perdió en una simulación de cambio. Y eso, en telecomunicaciones, puede costarnos una década (por decir lo menos) de estancamiento.

Nueva Ley Telecom: Regresión y Oportunidad Perdida

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martes, 1 de julio de 2025

by Gonzalo Rojon

Tras semanas de discusión en conversatorios y presión desde diversos sectores, la iniciativa de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue modificada. Se eliminaron artículos que habilitaban censura previa, se acotaron colaboraciones con instancias de seguridad, y se restituyeron algunos derechos. Sin embargo, los cambios estructurales más preocupantes permanecen.

Uno de los ajustes más visibles fue la eliminación de facultades para bloquear plataformas digitales (artículo 109) y la modificación al artículo 210 sobre pauta publicitaria extranjera. También se flexibilizaron pagos para operadores sociales y se corrigieron aspectos de accesibilidad y lenguaje. Pero estos ajustes parecen más concesiones simbólicas que soluciones de fondo.

El verdadero problema sigue: la desaparición del IFT, un órgano constitucional autónomo y colegiado, que garantizaba una regulación técnica, independiente y con contrapesos. En su lugar se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Ejecutivo. Y aunque, tras las críticas, se incorporó la figura de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) como instancia colegiada, sus integrantes serán nombrados directamente por el Ejecutivo, lo que distorsiona su independencia y fortalece el riesgo de captura política.

Particularmente preocupante es el artículo 183, que obliga a concesionarios a facilitar la geolocalización en tiempo real y colaborar con autoridades en la entrega de datos. En un país donde el espionaje ha sido documentado, habilitar estos mecanismos sin salvaguardas suficientes es un retroceso. Más aún si se combina con la exigencia de asociar líneas móviles a la CURP del usuario, cerrando el círculo para un sistema de vigilancia masiva.

En el frente económico, el costo del espectro radioeléctrico sigue siendo uno de los más altos del mundo. Aunque se reconoce una reducción del 17.5% en términos reales, parte de una base inflada. Sin una reforma profunda del modelo de cobro, alineado a objetivos de conectividad, las inversiones seguirán viéndose afectadas.

Además, subsisten omisiones importantes: no se redefinen los principios asociados a la neutralidad de la red, lo que impide avanzar hacia un modelo más moderno que equilibre el rol de quienes operan las redes y los servicios que circulan por ellas. Tampoco se ajustan las reglas de preponderancia, pese a la urgencia de equilibrar condiciones entre actores y fomentar una competencia real.

En suma, la reforma contiene mejoras puntuales, pero mantiene un diseño estructural que no garantiza un ecosistema competitivo ni transparente. Con un regulador debilitado, espectro caro y normas ambiguas sobre datos y vigilancia, el balance final es preocupante.

Aunque esta reforma parte de la ley anterior, deja la sensación de que se descompuso algo que estaba medianamente bien. En lugar de avanzar sobre lo ganado, el esfuerzo terminó centrado en no perder derechos ya conquistados. Lo que México necesitaba era una evolución para corregir lo pendiente y dar un salto hacia adelante. Esta ley, por el contrario, nos obliga a volver a defender lo básico.

De Reforma a Regresión

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martes, 20 de mayo de 2025


 

·        Convergencia digital y apoyar a las radios comunitarias, temas abordados en cuarto conversatorio

 

En la primera mesa de debate de este martes sobre la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los ponentes coincidieron en la necesidad de apoyar a las radios comunitarias e indígenas, aprobar presupuestos para la radio pública sin que se afecte la libertad de expresión y editorial, así como regular a las plataformas digitales y atender la convergencia digital. 

 

La coordinadora ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, Mireille Campos Arzeta, subrayó la importancia de que en la ley se defina de manera clara a las radios comunitarias indígenas y afromexicanas. Dijo que los estándares internacionales señalan que esas definiciones deben incluir su finalidad social, así como su independencia operativa y financiera del Estado y de intereses económicos.

 

El presidente del Sistema Regional de Televisión AC, Sergio Valles Rivas, detalló que los canales sociales al aire sólo representan 1.1 por ciento del total, lo que demuestra el profundo rezago de las concesiones sociales. “Son constantes las iniciativas y propuestas bloqueadas por las grandes corporaciones televisivas, por eso celebramos esta propuesta de ley”, añadió.

 

A su vez, la presidenta de la Red de Radios Universitarios de México, Sandra Marcela Fernández Alaniz, indicó que las estaciones de radio universitarias son sustantivas para las instituciones de educación, porque articulan docencia, investigación y difusión cultural. “Hay mucho que corregir y fortalecer; pedimos un marco legal que contenga convenios, patrocinios claros, autofinanciación y equidad técnica”, agregó.

 

Diana Núñez Ronquillo, consejera de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), señaló que el marco regulatorio para los servicios de televisión radiodifundida y restringida, no se aplica a los servicios de plataformas de streaming y desde hace 15 años, cuando llegaron a México, han afectado a usuarios y a la industria, por no respetar la franja de horarios y lenguaje correcto, mientras que para la televisión tradicional hay una sobrerregulación, por lo que pidió evitar esos desbalances.

 

La presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Azucena Pimentel Mendoza, afirmó que la actualidad exige que la sostenibilidad de los medios públicos sea a través de un financiamiento mixto; que los medios públicos tengan independencia editorial y participación ciudadana; y que haya colaboración de éstos con medios e instituciones internacionales; además de fortalecer la radio comunitaria.

 

En su turno, Elena Estavillo Flores, directora general del Centro-i para la Sociedad del Futuro, aseveró que es importante atender la convergencia digital, toda vez que la radio, televisión y prensa, ya no son los únicos medios que difunden información, pues hay una reconfiguración a través de la llegada del Internet y por esto es “imprescindible” actualizar la legislación y que la nueva ley considere reglas que garanticen condiciones equitativas y con respeto a la libertad de expresión.

 

Durante la participación de las y los senadores, Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, comentó que se debe ser muy cautos y específicos a la hora de revisar el marco legal de las telecomunicaciones, por lo que es relevante escuchar las experiencias de los actores involucrados.

 

Claudia Anaya Mota, del PRI, expresó que hay dudas sobre si existe o no un consenso respecto de la ley por parte de las radios comunitarias, porque se conocen señalamientos respecto de que radios sociales comercializaban espacios para realizar entrevistas, sobre todo en campañas. “Es importante establecer modelos regulatorios para evitar el mal uso de una radio que se pensó para otro fin”, apuntó.

 

Por Morena, Martha Lucía Micher Camarena refirió que es importante considerar a las radios comunitarias, por lo que cuestionó a los participantes sobre si es limitado el objeto de las radios con concesión para uso social de las comunidades indígenas y afromexicanos, que determina que sólo se otorgará la concesión con el fin de preservar, proteger y desarrollar el patrimonio cultura, material e inmaterial de los pueblos.

Solicitan a las y los senadores regular plataformas digitales

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