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La transparencia es un mecanismo de garantía y ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública, lo cual coadyuva a su vez, con la optimización de las operaciones y procesos de rendición de cuentas de los organismos públicos. Para que esta implicación sea cierta, la información pública debe estar disponible, ser relevante y de fácil solicitud y acceso para los ciudadanos.
Las plataformas digitales facilitan el acceso y disponibilidad de la información. Por ejemplo, a través de ellas cada vez es más sencillo y accesible para todos conocer el detalle de las condiciones laborales de nuestros servidores públicos, monitorear el gasto gubernamental, y contar con documentos actualizados sobre la contratación de obra y servicios públicos.
Al respecto, la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2016, señala que 14 de cada 100 ciudadanos mayores de edad en poblaciones urbanas de 100 mil o más habitantes consultó información en alguna página web de gobierno, es decir, 6.5 millones de mexicanos están interesados en obtener información pública, de los cuales, sólo 5.4 millones declaró haber encontrado información.
El reducido tamaño de esta métrica podría ser explicado por el lado de la oferta, es decir, por la adopción de servicios de conectividad que aún no alcanza a toda la población en su conjunto, y que impide el acceso a las plataformas digitales que permiten el ejercicio de la transparencia. En México, la contabilidad de usuarios de Internet asciende a 75.0 millones (60.7% de la población) con cifras a la primera mitad de 2017, mientras que el número de accesos de Banda Ancha Móvil alcanza a 52.9% de los mexicanos y aquellos de Banda Ancha Fija tan sólo llegan a 42.9% de los hogares.
Por el lado de la demanda, se identifica en la ENAID que entre los usuarios que accedieron a páginas web del gobierno para la obtención de información pública, sólo 62% reconoció que su uso y edición se alineaba a sus necesidades y requerimientos estadísticos. Aquí se registra un área de oportunidad de mejora en términos de accesibilidad, por ejemplo, para buscar que la entrega de información en formatos digitales de uso general y sencillamente manejables por el usuario de a pie.
En cuanto a la relevancia para el usuario, cabe destacar que el tipo de información que los usuarios consultan se clasifica de la siguiente forma¹: 52% obtuvo información sobre la organización y actividades de las instituciones de gobierno, 39% sobre los servidores públicos, 37% sobre los programas de participación ciudadana, 30% sobre uso de recursos públicos, 23% sobre contratos de obras públicas y servicios, y 20% sobre finanzas gubernamentales.
Vale la pena fomentar que se materialicen las condiciones óptimas en las plataformas digitales para los agentes económicos, como espacio de interacción de la demanda y la oferta de recursos de información pública, para así alcanzar la plena satisfacción de los requerimientos de información y del derecho a la transparencia gubernamental. Ello se constituye como la vía de exigencia para disminuir la discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, monitorear la salud de las finanzas públicas, así como para optimizar la selección de servidores públicos y la entrega de concesiones para obras públicas.
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