Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del dictamen aprobado por Comisión de Hacienda y Crédito Púbico de la C. de Diputados Por otro lado, los nuevos derechos creados quedaron intactos en el dictamen de la Comisión y, por lo tanto, continúan siendo extraordinariamente superiores que sus referentes internacionales. De forma tal que, en la banda de 600 MHz, los derechos se encuentran 10 veces por encima de la media de países del referente internacional.
Asimismo, en la banda de 3.5 GHz, los derechos son 3 veces mayores.
A pesar de los ajustes a la baja definidos por la C. de Diputados, un esquema de derechos como el propuesto incrementará el costo de llevar cobertura en los lugares donde es escasa o inexistente, es decir, los operadores destinarían un monto excesivo por el pago de derechos por el uso de espectro que acotaría la capacidad financiera para invertir en despliegues de redes de nueva generación.
Ello bajo un contexto en el que 52% de las localidades del país, donde habitan 12 millones de mexicanos, aún se encuentran sin cobertura de internet fijo o de redes móviles 3G y 4G, de acuerdo con el Programa de Cobertura Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Sin duda, es un error supeditar el derecho de acceso a las TIC a las necesidades recaudatorias del poder Ejecutivo. Es imperativo reconocer que la política fiscal de una nación, más allá de ser un simple asiento contable, constituye un instrumento para la promoción del crecimiento económico, del desarrollo, de equidad e inclusión social que, en el contexto de la pandemia por COVID-19, requiere más que nunca incluir mecanismos aceleradores para alcanzar una sociedad ampliamente conectada.
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