En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que contempla como primer eje rector erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, el Comisionado del Servicio de Protección Federal, José Pedro Vizuet Bocanegra, hizo un llamado a los integrantes de la corporación para conducirse con honestidad y profesionalismo en el cumplimiento de sus funciones, y no ser cómplices de quienes se apartan de los principios de la actuación policial y del código de conducta.
El Comisionado Vizuet Bocanegra fue enfático al señalar que “no vamos a permitir ningún acto de corrupción dentro de la institución, se castigará todo acto que infrinja las leyes y nuestro reglamento, este es uno de los puntos fundamentales que caracteriza a nuestra administración que no pasaremos por alto; por eso los invito a que cualquier acto de corrupción e indisciplina sea denunciado”.
Les reiteró que el Servicio de Protección Federal tiene entre otras instancias a la Inspección Interna y al Consejo de Honor y Justicia, unidades especializadas en investigar y sancionar infracciones al régimen disciplinario policial, así como el Órgano Interno de Control dependiente de la Secretaría de la Función Pública.
Es así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda su compromiso con la ciudadanía para combatir frontalmente la corrupción desde las instituciones, y de contribuir con los objetivos planteados en materia de seguridad.
El periodista Juan Carlos Martínez Nava, festeja el día 26 de marzo del presente año, quinto aniversario de impunidad y corrupción, por haber interpuesto denuncia penal contra el Instituto de la Vivienda de la ciudad de México (INVI-CDMX), por el delito de despojo del inmueble ubicado en calle de Doctor Río de la Loza 234, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-CDMX)de la entidad por privación ilegal de la libertad y a la propia Procuraduría General de Justicia (PGJ-SDMX), por los delitos coparticipación en el ilícito y manipulación de evidencias, así como a grupos de choque dedicado al robo de obras de artes, como una gran colección de libros y artículos personales.
El gran festejo se llevará a a cabo durante el transcurso del día en las oficinas de la Coordinación Territorial CUH-8, ubicada en las calles de Chimalpopoca número 100, colonia Obrera, en esta ciudad, en la cual habrá pastel, payasos, mariachis y una gran variedad de cuentos de lagrimas y risa.
Como adelanto del gran festejo la titular de la mesa de tramite sin detenido dará un gran regalo al también artista plástico, consistente en oficio de acuse dirigido a INVI-CDMX, mismo que ha negado a dar contestación sí el grupo delictivo labora en la dependencia, y sí existía algún juicio contra el denúnciate o victima del delito, por la cual fue despojado del inmueble. De la misma manera, le dará los pormenores sobre la solicitud al Sistema integral de Investigación Policial, desde hace tres meses para búsqueda de antecedentes penales de cada uno de los que integrantes de la organización delictiva, que incurrieron en diversos actos ilícitos.
Como recordaremos el 26 de marzo de 2017, en el tercer aniversario el principal regalo fue para el profesional en periodismo, fue haber recibido la extracción de su familia de su domicilio en las calles de la colonia Doctores, sin orden de cateo ni aprehensión, donde una vez torturados, fueron consignados por diversos delitos en la Coordinación Territorial CUH-2, donde se les fabricó varios delito de robo, en complicidad con la personal del Agente del Ministerio Público, adscritos en su momento.
Con el objetivo de generar una cultura de rendición de cuentas y promover medidas para el combate a la corrupción, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, presidió la instalación del Comité de Transparencia y la presentación del Programa Anticorrupción y Gobierno Abierto.
Durante su participación, Alfonso Durazo destacó que el problema más grave de nuestro país es la corrupción, ya que en 2018 México ocupó el lugar 138 de acuerdo con el índice de percepción en la materia, elaborado por diversos organismos internacionales. Lo que también ha afectado a los penales del país, desde donde se comete el 50 por ciento del crimen organizado.
Por ello indicó que si no fuésemos capaces de enfrentar y combatir exitosamente la corrupción, “difícilmente seremos capaces de garantizar mejores condiciones de seguridad a la población, hay un binomio o trinomio inseparable; corrupción, impunidad e inseguridad”.
Asimismo, reiteró que “en este gobierno no vamos a utilizar jamás la fuerza pública para reprimir. Consecuentemente no tendremos absolutamente nada que esconder, incluso el propio uso de la fuerza podrá ser sometido al escrutinio de la sociedad mediante los procedimientos correspondientes”.
Añadió que “teniendo en la Presidencia a un hombre honesto contaremos con la voluntad política imprescindible para que las instituciones administrativas responsables de combatir la corrupción funcionen adecuadamente”. Señaló que esa voluntad tendrá que repetirse en cada uno de sus colaboradores porque si eso no sucede no permeará el compromiso de actuar con honestidad, honradez, ética y un sentido de transparencia y compromiso social.
Por su parte, el Director General Adjunto de Apoyo Jurídico de la SSPC, Eduardo Bonilla Magaña, resaltó que el programa tiene como objetivo impulsar la cultura de integridad, que va desde la identificación de riesgo de corrupción hasta la rendición de cuentas a la sociedad, a través de 11 líneas de acción, el 70 por ciento basadas en acciones de prevención, como lo establecen las mejores prácticas internacionales en la materia, entre las que destacan:
Control interno, el cual requiere elaborar la matriz de riesgo de corrupción que identifiquen los principales riesgos y las acciones para mitigarlo; sensibilización y formación, para crear una cultura de integridad y poner en práctica la política de tolerancia cero a la corrupción; reingeniería de procesos, lo cual implica identificar los trámites y servicios internos y externos que realiza la secretaría y sus organismos desconcentrados a fin de eliminar requisitos innecesarios y actividades administrativas que se ubican en la opacidad.
Protección de datos personales, con el objetivo de reducir riesgos a los responsables de investigar y sancionar a servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción; transparencia proactiva y rendición de cuentas, con la aspiración de lograr que la ciudadanía funja como una contraloría social; denuncia, para incentivar el uso de líneas de denuncia como redes sociales o correo electrónico, con el objeto de exponer presuntas violaciones al código de conducta de la Secretaría o el incumplimiento a la política de tolerancia cero a la corrupción.
Por su parte, la Directora General de Apoyo Jurídico de la SSPC, Bertha Alcalde Luján, señaló que al instalar este comité se busca garantizar un derecho fundamental de la ciudadanía, que es el derecho a la información. Añadió que con esta estrategia se implementarán mecanismos de denuncia que identificarán prácticas irregulares, lo que permitirá cortar de tajo las prácticas de corrupción.
A este evento asistieron también Manuel Peralta García, Delegado de la Secretaría de la Función Pública; Patricia Bugarín Gutiérrez, Subsecretaria de Seguridad Pública; Leonel Efraín Cota Montaño, Subsecretario de Planeación, Información y Protección Civil; así como funcionarios de Policía Federal y la SSPC.
La sociedad exige cambiar impunidad por justicia, dijo.
Yasmín Esquivel Mossa, integrante de la terna enviada por el Ejecutivo Federal al Senado Cde la República para designar una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue la primera en comparecer ante la Comisión de Justicia, para ocupar la vacante de la ahora ex ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
El senador Julio Menchaca Salazar, presidente de la comisión, informó que como parte del Parlamento Abierto, recibieron más de 100 preguntas para cada aspirante, realizadas por la sociedad civil.
La primera en exponer su plan de trabajo fue Yasmín Esquivel. Dijo que no tiene ningún vínculo de amistad o parentesco que afecte su independencia como juzgadora. Añadió que la objetividad e imparcialidad son indispensables para que las instituciones de la República funcionen adecuadamente.
En caso de ser designada, se comprometió a que la SCJN garantizará los derechos de los mexicanos. Asimismo, refirió que dicha instancia debe dictar resoluciones apegadas a derecho, tomando —en su caso— los principios de convencionalidad y progresividad.
Consideró que el país está esperanzado en una nueva forma de impartición justicia en todos los niveles. La sociedad actual exige cambiar la impunidad por la justicia y la corrupción por la rectitud, señaló.
“Los ciudadanos exigen un Estado de Derecho donde sean desterradas la corrupción y la impunidad”, sostuvo. Dijo que el Poder Judicial tiene el desafío de fortalecer su independencia, transparencia e inmediatez, además de buscar mayor austeridad en el uso de sus recursos. La independencia debe basarse en la separación de simpatías ideológicas, subrayó.
En la ronda de preguntas participaron los senadores Geovanna Bañuelos, del PT, Miguel Ángel Mancera y Omar Obed Maceda, del PRD; Indira Rosales, Xóchitl Gálvez, Guadalupe Murguía y Damián Zepeda, del PAN; Cristóbal Arias y Cruz Pérez, de Morena; Eduardo Murat, del PVEM; y Samuel García, de Movimiento Ciudadano.
Preguntaron sobre el recorte de recursos a estancias infantiles, la acción de inconstitucionalidad planteada en la SCJN por la Ley de Remuneraciones y sobre la posibilidad de legislar sobre la maternidad subrogada.
Sobre las instancias infantiles, Esquivel contestó que son una necesidad para el cuidado, desarrollo, integridad y seguridad física de los menores. No es lo mismo que sean cuidados por los familiares.
De los salarios, dijo estar en contra que se pretenda someter a un Poder del Estado en las remuneraciones económicas. En el caso de la maternidad subrogada, consideró que debe haber un debate nacional y crear un comité de ética que evalúe tal posibilidad.
La Jefatura de Gabinete del Gobierno de Jalisco, la Contraloría del Estado (CE) y la Cámara nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara (CANACO) firmaron un convenio de colaboración en materia de lucha contra la corrupción, cuyo objetivo es realizar acciones conjuntas para promover una política de integridad, ética y responsable tanto del sector público y privado en materia de contrataciones para adquisiciones y obra pública en la Administración Pública Estatal.
En la firma estuvieron presentes el Jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco, Hugo Luna Vázquez, la Contralora del Estado, Teresa Brito Serrano y el Presidente de la CANACO, Xavier Orendáin De Obeso, quienes establecieron diversos compromisos, por su parte la CE deberá promover y fomentar la cultura de la integridad en el servicio público, rendición de cuentas, así como la fiscalización y control del erario público, mientras que la CANACO promoverá entre sus agremiados la implementación de mecanismos de autorregulación y control interno mediante acciones que fomenten la integridad.
“Nos involucra a todos en cada una de nuestras actuaciones, pero particularmente en todo lo que está relacionado con el interés del uso de la aplicación de un recurso público, tanto la Cámara de Comercio como el propio Gobierno nacen como un referente de un aglutinamiento social para un bien común y que no esté particularizado en intereses privados”, señaló Hugo Luna.
Tanto la Contraloría como la CANACO, se comprometieron a trabajar en la prevención de conflictos de interés, en la mejora regulatoria, agilización y transparencia en los procedimientos de contratación.
“Necesitamos reforzar la disciplina, el esfuerzo, la integridad y dar cuenta clara de la honestidad con la que pretendemos manejarnos”, puntualizó, Teresa Brito.
“Es importante que juntos busquemos que Jalisco sea como les hemos dicho muchas veces, un estado de integridad y ética, no solamente anticorrupto, sino que quede claro que no será un papel, nos compromete a acciones periódicas en la rendición de cuentas”, concluyó Xavier Orendáin De Obeso.
Por unanimidad, el Senado de la República aprobó una reforma para que las cámaras empresariales promuevan entre sus afiliados principios éticos que prevengan acciones de corrupción con las dependencias de los tres niveles de gobierno.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota presentó el dictamen que adiciona una fracción al artículo séptimo de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. Se trata, dijo la legisladora del PRI, de establecer estrategias para erradicar “este mal.
Consideró que no sólo en el sector público debe impulsarse la calidad ética y moral de los servidores públicos. Estos mismos valores, asentó, también tienen que promoverse en la iniciativa privada.
Para abatir la corrupción, expresó, se requiere “que ya no haya más quien ofrezca, pero también que ya no haya más quien pida”.
El senador Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Comisión de Economía, dijo que la aprobación de este proyecto, enviado por la Cámara de Diputados respalda el compromiso que hicieron ayer miércoles el Presidente de la República y el Consejo Coordinador Empresarial para combatir este flagelo.
No sólo se trata de invertir, generar empleos, crecer al cuatro por ciento. También tenemos que avanzar en la erradicación de la pobreza y la corrupción, abundó.
El proyecto de decreto, aprobado con 100 votos, fue enviado al Ejecutivo Federal.
En el marco del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad (FASP) y el destinado al Fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG), coordinados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se llevó a cabo la reunión de capacitación para el ejercicio de los recursos en las 32 entidades federativas y los 252 municipios beneficiarios de dichos recursos. A través de estos fondos se distribuyen 11 mil millones de pesos que deberán ser destinados a las diez prioridades relacionadas con el fortalecimiento institucional en materia de seguridad a nivel nacional.
Durante la reunión el Secretario Ejecutivo, Franco Fabbri Vázquez expresó su decisión de impulsar el uso eficiente de los recursos, así como la máxima transparencia que debe acompañar a todo proceso de adquisición de bienes o servicios a cargo del erario público. Enfatizó que la transparencia es una de las herramientas más eficaces para prevenir el desvío de los recursos públicos. Al respecto, informó que se ha invitado a diversas entidades nacionales e internacionales, con el objeto de que las mismas acompañen los procesos orientados a ejercer correctamente los recursos de la seguridad pública. Asimismo, añadió: “combatiremos frontalmente a la corrupción, porque ésta ha impedido reducir la violencia y la delincuencia que afecta gravemente a nuestras comunidades.”
En presencia de los representantes de los estados y municipios participantes en el evento, convocó a su equipo de trabajo a invertir su máximo esfuerzo en consolidar estos objetivos:
Construir un nuevo Modelo Nacional de Policía, sustentado en la formación ética, la profesionalización, y en condiciones laborales justas y adecuadas para el personal, así como en el perfeccionamiento de sus instrumentos de trabajo, entre los que destaca el informe policial homologado.
Una operación eficaz de la línea 911, que la convierta en un referente universal de todas las personas para pedir y obtener auxilio en situaciones de emergencia.
Proteger y garantizar la calidad de la información y las bases de datos que comparten las autoridades competentes en materia de seguridad pública, y
Encontrar soluciones técnicas y administrativas para garantizar la interconectividad de la Red Nacional de Radio Comunicación.
Asimismo, resaltó la relevancia de impulsar el programa nacional antisecuestro, y el programa de prevención y readaptación social, destacando el compromiso de trabajar colectivamente en la construcción de la Universidad de la Seguridad Pública.
A partir de la premisa de que los cuerpos policiales de los estados y municipios son los primeros llamados a desempeñar la misión constitucional de garantizar paz y seguridad pública a las personas en nuestro país, el Secretario Ejecutivo precisó que la Guardia Nacional no es ajena a esta concepción de la seguridad pública, sino que se inscribe en ella y se articula con las demás instituciones del sistema, para contribuir al cumplimiento de sus objetivos. Aclaró que esta institución no pretende sustituir a los cuerpos policiales municipales y locales. Por el contrario, será un complemento de las fuerzas policiales locales y contribuirá al cumplimiento de sus fines.
Por su parte, Eunice Rendón Cárdenas, Secretaria Ejecutiva Adjunta, consideró la inseguridad y la violencia como una problemática multicausal, frente a la cual es importante trabajar tanto en el control y reacción, como en la prevención y raíces estructurales del problema.
El titular del Órgano Interno de Control, Fernando Amozurrutia, recalcó que la Auditoría Superior de la Federación hará un esfuerzo sin precedentes para el acompañamiento, prevención, fiscalización y rendición de cuentas de los recursos relacionados con el FASP y el FORTASEG.
El titular del Centro Nacional de Información (CNI), David Pérez Esparza, habló sobre los retos específicos que se tienen a nivel nacional en materia de infraestructura tecnológica para mitigar el delito. Una prioridad sugerida a los estados y municipios fue fortalecer la Red Nacional de Radiocomunicación con el objetivo de mejorar la comunicación entre las policías y corporaciones federales.
En representación del titular del Centro Nacional de Prevención, Luis García López Guerrero, la directora general adjunta, Karla Obregón Alvear, mencionó entre las prioridades el fortalecimiento de los Centros Estatales de Prevención y la puesta en marcha de estrategias que enfoquen recursos y esfuerzos en aquellos que por sus contextos y entornos tienen mayor riesgo de incidir en actos de violencia y delito.
Mauricio Ibarra Romo, titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, mencionó la importancia de cumplir con las metas de certificar y evaluar los cuerpos policiales a nivel local, para garantizar que la población cuente con policías confiables. Además, detalló algunos de los retos sobre el control de confianza y la cobertura del Certificado Único Policial.
Asimismo, el Director General de Planeación, Ángel Pedraza López, explicó la mecánica a seguir en las reuniones de concertación para definir el destino de gasto de los recursos correspondientes a cada beneficiario, e informó sobre los lineamientos y fechas para las concertaciones que tendrán lugar próximamente, a fin de lograr implementar en tiempo y forma los proyectos de las entidades federativas.
Finalmente, en representación del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el jefe de su oficina, Ricardo Mejía Berdeja transmitió a los presentes un saludo del Secretario Alfonso Durazo e invitó a los participantes a apoyar desde sus instituciones el proyecto de la Guardia Nacional, considerando que esta nueva institución será complementaria de los esfuerzos que desempeñan las policías estatales y municipales.
(CODICS).- El Presidente de la Central Campesina Independiente, José Amadeo Hernández Barajas, luego de presentar sus cinco ejes temáticos para aumentar la producción de alimentos, pidió al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, terminar con el “sospechosismo” sobre presuntos actos de corrupción por parte de organizaciones campesinas y denunciar públicamente a quienes incurran en actos ilícitos.
Lo anterior, también tras anunciar la celebración del LVI Congreso Agrario Nacional de la CCI en abril próximo, debido a que para las organizaciones son un instrumento de asesoría para que el pequeño y mediano productor a fin de que esté acceda a los programas sociales más no para enriquecimiento de liderazgos.
Por ello y luego de dejar en claro que la CCI ha sido totalmente auditada por el órgano interno de las secretaría de Estado relacionadas al campo así como por la Auditoría Superior de la Federación sin observación de irregularidad alguna en el manejo de los recursos gestionados a sus agremiados, dejó en claro que la Central seguirá siendo una gestora de calidad y seguridad para los productores.
Indicó que si se quiere erradicar la corrupción en el medio rural el Jefe de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, cuenta con el apoyo de la CCI y sus agremiados quienes han hecho denuncias a la agrupación en el sentido de que cuando hacen los trámites solo, sin el acompañamiento de un gestor, son víctimas de sobornos por parte de funcionarios menores para que el proyecto productivo pueda avanzar y de concretarse el recurso llega “rasurado” o la calidad del beneficio tiende a la baja cuando se trata del rubro de materiales.
Con base en lo anterior y luego de dejar en claro que la organización que representa no se opone a la entrega directa de los apoyos a los productores a través de los 700 caders, de los cuales solo operan 500, o de los 18 distritos de riesgo, ahora falta ver si tendrán la capacidad para atender a los más de 3 millones de sujetos agrarios.
La realidad, dijo, será la encargada de demostrar la eficacia de las nuevas decisiones gubernamentales ya que sostuvo: hay productores que habitan en zonas muy alejadas del país, otros no sabes ni leer y muchos más no comprenden cómo cumplimentar las Reglas de Operación de los distintos programas sociales de ahí la justificación de existencia de las organizaciones sociales.
En conferencia de prensa, el dirigente de medio millón de pequeños y medianos productores, habló de la necesidad de ordenar el campo; de hacerlo productivo, rentable, sustentable y equitativo.
Esto, prosiguió, en el marco de las nuevas reglas del juego con el actual gobierno federal donde ya existe una nueva Canasta Básica Alimentaria que se trasladó a 40 alimentos en momentos en que aumentó el salario mínimo, está en 102.68 y 176.72 en zona fronteriza, pero no se ha demostrado el impacto de la inflación en la adquisición de dicha canasta con el ingreso antes referido.
Además considerando, los precios de garantía a granos básicos pero sin tomar en cuenta qué pasará con toda aquella producción que no aplique para estos programas so pretextos de los montos establecidos para acceder al beneficio gubernamental.
El líder de la CCI quien informó que está agrupación gestionó, en 2018, 350 millones de pesos en todas las dependencias vinculadas al medio rural tras la recepción de 180 mil solicitudes para los más de 30 programas que opera el Estado en la materia, habló de la inseguridad en la que viven los productores primarios en el campo.
Al respecto, dijo la inseguridad afecta al sector agrícola ya que a veces se turnan por grupos de productores para, en sus parcelas, para cuidar un pozo por noches porque se roban el equipo de bombeo y el transformador o al día siguiente se quedan sin infraestructura “entonces la inseguridad ya llegó al sector rural”.
Expuso además que “coincidimos y nos manifestamos a favor de desterrar la corrupción de la vida nacional y declaramos que ayer y hoy, la CCI ha ejercido honesta y transparentemente los recursos que ha recibido y que los ha aplicado para los fines que establecen los programas. Los apoyos que ha gestionado para sus militantes, les han sido otorgados y entregados a ellos directamente”.
La CCI, insistió, apoya principalmente a pequeños agricultores, ganaderos y pescadores por ello, propone al nuevo gobierno trabajar juntos para atender sus problemas y se manifiesta:
Por un campo ordenado, dando solución a los conflictos agrarios, regularizando la tenencia de la tierra, combatiendo la inseguridad y la delincuencia común, fortaleciendo a las autoridades ejidales y comunitarias e impartiendo justicia pronta y expedita.
Por un campo productivo, generando las condiciones para incrementar la producción interna de alimentos, reduciendo la pérdida de lo producido, mejorando la productividad de los factores productivos, fortaleciendo la organización y capacitación de los productores para potenciar sus recursos y esfuerzos, apoyando la transferencia de nuevas tecnologías y el rescate de los saberes tradicionales y facilitando el crédito y financiamiento tanto público como privado.
Por un campo rentable, diseñando los instrumentos para reducir costos de producción, definiendo políticas y programas para establecer un sistema generalizado de precios equitativos y reordenando la producción y los mercados internos, acorde con las condiciones regionales del país y una logística racional en el movimiento de productos agropecuarios.
Por un campo sustentable, aumentando los recursos para proteger, restaurar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales destinados a la producción agropecuaria y pesquera, especialmente tierra y agua.
Por un campo equitativo, fortaleciendo los programas para el desarrollo de las comunidades rurales y las colonias populares a través de servicios e infraestructura básica, rediseñando y mejorando cuantitativa y cualitativamente los programas de combate a la pobreza y desigualdad, ampliando y mejorando los servicios de salud y educación para la población rural y apoyando la vivienda y seguridad social de los campesinos y jornaleros agrícolas.
En la reunión se analizó, con los tres niveles de gobierno, las acciones implementadas en materia de seguridad pública
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó por primera vez, en Palacio Nacional, la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la que participaron funcionarios de su gabinete, representantes de los tres niveles de gobierno, sociedad civil, gobernadores y autoridades de seguridad pública.
Al presidir el evento, el presidente López Obrador, advirtió que el flagelo de la corrupción provocó la crisis en el país, por lo que su administración suma esfuerzos para acabar con este ilícito que ha provocado serios problemas, entre ellos, el de la inseguridad.
“No tengo la menor duda que por la corrupción se produjo la crisis de México, nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes; esa es la causa principal de la desigualdad social, la desigualdad económica y también por eso se desató la inseguridad y la violencia”, aseveró el primer mandatario.
En ese contexto, reiteró que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, será de conformidad con la ley, quien lo representará en estas sesiones y será el encargado de coordinar en lo que corresponde al Ejecutivo, el trabajo para hacer un verdadero órgano colegiado del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
En el evento, el secretario Durazo Montaño, subrayó que el objetivo del Consejo es hacer que las instituciones del Sistema de Seguridad operen como partes de un todo, para combatir eficazmente la delincuencia y garantizar la paz pública de las y los mexicanos.
“Hoy nos reunimos para acordar las prioridades en la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y del presupuesto de Egresos de la Federación 2019, que asciende a poco más de once mil millones de pesos”, indicó.
Durazo Montaño agregó que a partir de los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha propuesto diez líneas estratégicas, basadas en los seis rubros marcados por la ley sobre los que se desarrollaran los programas específicos.
Estas son: capacitación, profesionalización y certificación de policías; equipamiento policial y de instituciones; creación y/o fortalecimiento de unidades de inteligencia financiera en los estados; creación y/o fortalecimiento de los servicios médicos forenses; apoyo al sistema penitenciario y de ejecución de medidas para adolescentes, interconexión de los sistemas de información federales, estatales y municipales; actualización y fortalecimiento de la red nacional de radiocomunicación; fortalecimiento tecnológico del Registro Vehicular; sistema de vigilancia y geolocalización y el impulso a un modelo nacional de policía.
Estas líneas estratégicas, dijo, buscan la mejora de las capacidades y recursos en todos los niveles, estimulan la coordinación de las acciones y promueven el respeto a los derechos humanos. Esta nueva fórmula, explicó, incluye criterios que toman en cuenta la gravedad de los problemas de seguridad en cada región.
Entre las propuestas presentadas en esta sesión se encuentran la aprobación de los criterios de distribución y los relacionados con la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y la Ciudad de México (FASP) correspondientes al ejercicio fiscal 2019; así como la actualización de la operatividad de la Red Nacional de Comunicación.
En la reunión también se habló del Programa Nacional de Combate al Secuestro, el inicio de los trabajos para construir de manera conjunta con las entidades federativas el Modelo Nacional de Policía y el apoyo al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
En el acto estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de la Defensa Nacional, General Crescencio Sandoval González; el secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán; el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y se desempeñó como moderador Franco Fabbri Vázquez, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Golpe histórico a la corrupción, combatir robo en ductos de Pemex, afirma.
El presidente del Senado de la República, Martí Batres, felicitó el esfuerzo para reducir 25 por ciento del salario de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque va de acuerdo con plan de austeridad. “Es un buen signo, un buen resultado de la gestión que comienza el ministro Saldivar”.
Aseguró que es un acto de sensibilidad frente al debate nacional porque es uno de los grandes temas de esta etapa del país. La austeridad, dijo, generará una influencia positiva en la vida nacional y en los órganos autónomos.
El senador consideró que es un “buen paso que ha dado la Corte” y que en lo sucesivo se habrán de dar nuevos pasos de austeridad en diversos órganos del Estado.
No obstante, comentó que los recursos de inconstitucionalidad que presentó la Corte por la reducción de ingresos que establece la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, serán respondidos y argumentados en el momento procesal.
La Corte está en el uso de las facultades, el uso de recursos para impugnar la ley. Respetamos el derecho de la Corte. Es un derecho y tiene la facultad. “El Senado va a contestar, ya se contestó un recurso, ya dimo información de uno y de todos los recursos que se vayan presentado para defender la ley”.
En cuanto al tema de desabasto de gasolina derivada de la estrategia de combate al robo en ductos de Pemex, refirió que la decisión del gobierno federal representa un golpe histórico a la corrupción y a la delincuencia organizada, lo que no se hizo en administraciones pasadas, y tiene la finalidad de defender a una empresa pública de la Nación, Pemex, y al petróleo.
Dijo que el desabasto presente en varias regiones es un efecto secundario. “Seguramente el gobierno tomará las decisiones para que pronto se recupere este abasto, se normalice y se regularice”.
“Pensar que en aras de que no hubiera problemas de desabasto había que dejar que las cosas siguieran en ese saqueo, robo, delincuencia y corrupción, sería pensar en contra del país, evidentemente ese no es el camino”, señaló.
Añadió que el gobierno no está planteando una persecución contra nadie, sino que busca terminar con el robo de combustible en el país. “Estamos hablando de una red enorme, en la que seguramente intervenían miles de personas, muchos funcionarios”, explicó.
Las reformas recientes a la Administración Pública Federal redistribuyeron las facultades de gobernación y seguridad pública y el escrutinio público demandará resultados.
Legisladores afines al gobierno consideran que nuevo diseño institucional contribuirá a atender problemas urgentes; opositores critican centralismo y vulneración del pacto federal.
Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), aprobadas por el Congreso de la Unión durante el mes de noviembre, serán objeto de un escrutinio público permanente que exigirá resultados inmediatos en materia de inseguridad, combate a la corrupción y lucha contra la pobreza, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El estudio titulado “La nueva LOAPF y cómo redistribuye las facultades de gobernación y seguridad pública”, detalla que desde 1976, la LOAPF ha sido modificada en 60 ocasiones, y que la más reciente reforma afectó a casi todas las Secretarías de la Administración Pública Federal (APF), excepto a las de Defensa, Marina, Comunicaciones y Transportes, y Turismo.
La investigación citada refiere que la nueva reforma implica la reorganización de la APF con la idea de que esto resulte en una mejor conducción de los asuntos públicos con base en las diversas propuestas planteadas por el nuevo gobierno.
Dentro de los principales cambios de esta reforma, destaca el IBD, se encuentra la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con atribuciones que anteriormente tenía Gobernación: seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional, inteligencia y protección civil.
El IBD explica que el artículo 27 de la Ley da cuenta de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, las fracciones en donde se encuentran contenidas se redujeron de 45 a 27; sigue siendo la responsable de la política interior y de la coordinación de las demás dependencias de la APF.
Por otro lado, el IBD identifica a algunas voces que han criticado la celeridad con la que se dio la reforma, el centralismo en temas como comunicación social, compras gubernamentales, y operación de programas sociales, así como una posible afectación al pacto federal con la creación de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo.
Además, el documento del Instituto subraya que la reforma dejó fuera las propuestas legislativas en materia de género tales como la incorporación del principio de paridad en las Secretarías de Estado y el otorgamiento de nuevas facultades a la Secretaría de Gobernación en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, entre ellas la creación de una Comisión Nacional específica para tal fin.
La investigación del IBD puede consultarse en la siguiente dirección electrónica:
Corporaciones de seguridad desplegarán operativo en carreteras, habrá fluidez en la circulación
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600 trabajadores de aduanas serán desplegados en los puntos de acceso
Con el hashtag #FuerzaAnticorrupción
Cualquier servidor público señalado de corrupción será remitido a la Ciudad de México y no podrá regresar a su centro de trabajo; se iniciará una carpeta de investigación
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Con el objetivo de garantizar que los paisanos que regresan a México con motivo de las festividades de fin de año no sean objeto de actos de corrupción por parte de servidores públicos y, en cambio, reciban atención y acompañamiento fraternales en un marco de seguridad, este día el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Programa Misión Paisano.
En conferencia de prensa matutina, y acompañado por integrantes de su gabinete, el jefe del Ejecutivo señaló que se trata del “programa de protección a nuestros paisanos que visitan a sus familiares el fin de año. Hay todo un programa para protegerlos, para apoyarlos, para que no haya mal trato, extorsión; que no padezcan al visitar a su país y a sus familiares”.
Alfonzo Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las dependencias responsables del programa son:
Secretaría de Gobernación, de Turismo, de la Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, “y de manera muy destacada la Secretaría de la Función Pública, porque, así como el programa está centrado en la atención, fraternidad, acompañamiento fraternal a los migrantes, es que no sean objeto de un solo acto de corrupción”.
Corporaciones de seguridad desplegarán operativo en carreteras, habrá fluidez en la circulación
La Policía Federal reforzará el despliegue operativo en caminos y puentes de jurisdicción federal, con énfasis en las zonas de mayor afluencia de paisanos. Participarán en los operativos tres mil 979 vehículos y ocho mil 995 efectivos de la coordinación. Mejorarán los servicios de verificación, inspección y seguridad en las carreteras federales, aeropuertos y zonas de jurisdicción federal.
Asimismo, Caminos y Puentes Federales (Capufe) garantizará la apertura de casetas de peaje en el sentido de mayor afluencia en las autopistas y caminos de cuota para facilitar el flujo vehicular y evitar retrasos y largas filas.
Las coordinaciones estatales realizarán un despliegue territorial adicional de cinco mil elementos de las diversas corporaciones, quienes además se incorporarán a las coordinaciones estatales y regionales para la construcción de paz y seguridad en la operación y seguimiento de este programa.
La Secretaría de Relaciones Exteriores instalará módulos de atención y orientación en todos los puntos de contacto. Se brindará información sobre las instituciones participantes en el programa. El personal estará capacitado en protocolos de atención a los connacionales. Asimismo, los consulados redoblarán el trabajo de orientación, asesoría y apoyo a los paisanos que se desplacen por el país.
INM instalará 228 módulos en 221 municipios con observadores de la sociedad civil
Por su parte, el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén López, informó que cada año regresan temporalmente a México alrededor de un millón de personas y decenas de miles de vehículos.
Por ello, las acciones de 29 instituciones del gobierno federal se concentrarán en los dos puntos críticos de este flujo: las aduanas y los puertos de entrada. Encabezan el esfuerzo el INM, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Administración General de Aduanas
Guillén López agregó que el INM realizará un despliegue muy amplio en los principales puntos de entrada al país, así como en los aeropuertos, “porque también es otro punto de entrada muy fuerte del flujo de paisanos”.
A ello se suma la disposición de 208 módulos fijos de asistencia y orientación en los 221 municipios del país que cubren las principales rutas de recorrido de los paisanos. Todo ello con la participación de mil 260 personas que fungirán como observadoras por parte de la sociedad civil.
Adicionalmente, se distribuirá, en estos puntos, más de un millón de ejemplares de la Guía Paisano, que contiene recomendaciones para orientar a los paisanos desde su llegada al país, requisitos para diversos trámites y puntos de referencia para ayudas complementarias.
Agregó que se encuentran disponibles dos líneas telefónicas 800 en Estados Unidos: 1877 210 9469; y en México 1 800 201 8542.
600 trabajadores de aduanas serán desplegados en los puntos de acceso
Como parte del Programa Misión Paisano, el titular de la Administración General de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo informó:
“La Cuarta Transformación llegó a las aduanas de México. Y en virtud de ello, se ha creado el hashtag #FuerzaAnticorrupción. Esa fuerza anticorrupción llegó para quedarse también en las aduanas de México y se utilizará un chaleco distintivo en más de 600 servidores públicos de las aduanas, que estarán en las seis fronteras más importantes del norte del país, para que sean identificados por aquellos que vienen a nuestro país una vez al año, en esta temporada, y vienen con mercancías que son utilizadas para donarse, primordialmente a sus familiares.”
Añadió que todos los actos de corrupción serán atendidos y que una de las vías para reportarlos será la cuenta de Twitter @denunciaaduana que funcionará de manera automatizada. El lanzamiento de este servicio será este día a las 17:00 horas y contará con una línea telefónica.
Por lo que respecta a la forma en que serán tratados los casos de corrupción, informó:
“Aquel servidor público que haya sido señalado por un acto de corrupción, inmediatamente se le solicitará se remita a la Ciudad de México. Jamás podrá estar de nueva cuenta en su centro de trabajo en estas fronteras o en cualquier aduana del país. Inmediatamente se iniciará el procedimiento administrativo y, si fuera el caso, la carpeta de investigación ante la Fiscalía General de la República, hoy todavía Procuraduría General de la República, para iniciar las investigaciones correspondientes, por supuesto, bajo el principio de inocencia y el principio de legalidad.”
Se avanza con Estados Unidos para lograr acuerdo sobre fenómeno migratorio
En otros temas, el presidente López Obrador informó sobre los avances en el acuerdo de cooperación con Estados Unidos para atender el fenómeno migratorio:
“Se está avanzando en la comunicación con el gobierno de Estados Unidos. Marcelo Ebrard ha tenido encuentros con el jefe del Departamento de Estado, y ya se presentó un texto para la posible firma de un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de Canadá, de Estados Unidos, México, y de gobiernos centroamericanos, para enfrentar de fondo en lo estructural el fenómeno migratorio. Estamos avanzando en eso. Se está trabajando. Es la diplomacia la encargada de esta tarea.”
Tres años será tiempo razonable para evaluar contratos de producción petrolera
En cuanto a los contratos firmados por el gobierno federal con empresas privadas, el presidente señaló que luego hacer una valoración, “pensamos que tres años es un tiempo razonable para tener resultados. Incluso hay técnicos, especialistas en la materia, que están hablando de eso, de empezar a ver los resultados en el 2021, 2022”.
Por ello, explicó que serán las mismas empresas quienes “abran la puerta o cierren la puerta. O sea, como se dice en el futbol, el balón está de lado de ellos. Si hay inversión y se produce, adelante; si nada más se tiene los contratos para especular, eso no lo podemos permitir”
Agregó que no se tiene considerado iniciar juicios legales o rescindir contratos. Sin embargo, “voy a ir a todas las áreas que fueron contratadas y voy a constatar si hay avance, si hay inversión, si se está trabajando. Y voy a informarle al pueblo de México; es decir: fíjense, se estregaron estos contratos y aquí no han hecho nada. Sin embargo, en esta otra área sí están trabajando. Informar para que no sea un asunto judicial, de litigios, sino de otro tipo. Todos debemos de portarnos bien, a portarnos bien todos.
“¿Qué es la Cuarta Transformación? Portarnos bien, que se acabe la corrupción, que no haya impunidad; que se haga a un lado la máxima del hampa de la política, de que el que no transa no avanza. Eso se acabó. Entonces vamos avanzando”, concluyó.
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