- En dichos espacios se abordarían los temas centrales de la reforma constitucional
El proyecto que adiciona un artículo 9 a la Ley de Amnistía fue aprobado por la Asamblea con 67 votos a favor y 32 en contra, por lo que fue remitido a la Cámara de Diputados.
Precisa que la amnistía concedida bajo esta modalidad extinguiría las acciones penales y las sanciones impuestas. Y que en los casos a que se refiere esta disposición no será aplicable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley.
De esta manera, se destaca en el dictamen, podrán agilizarse los procedimientos y el otorgamiento del beneficio a quien se encuentre interesado, siempre que cumpla con los requisitos y aporte información de alto valor que se requiere en las investigaciones.
Por lo cual, la propuesta se circunscribe en el orden de progresividad de derechos para las víctimas y sus familiares, a efecto de que se conozca la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y se logre una reparación integral y efectiva del daño.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, señaló que este producto legislativo tiene como objetivo garantizar el derecho a la verdad en asuntos de trascendencia nacional, pues “la nación mexicana tiene heridas que al día de hoy no han cicatrizado, por lo que se debe contar con recursos extraordinarios, para poder subsanar las violaciones a derechos que el Estado ha perpetrado en casos donde la justicia no ha tenido avances”.
Dijo que se trata de un incentivo a quienes aporten elementos contundentes para el esclarecimiento de hechos que hayan lacerado gravemente a la sociedad, así como en la persecución de los delitos y la sanción de los casos de violaciones graves a los derechos humanos.
Sin embargo, agregó, no se trata de una atribución abierta al Poder Ejecutivo pues se establecen varias situaciones para que esta proceda.
A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, expresó que esta propuesta está encaminada a esclarecer hechos delictivos para alcanzar la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano.
El derecho a la verdad que es el fin último de este dictamen, dijo, está estrechamente vinculado con la situación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, porque no sólo va a contribuir a esclarecer los hechos, sino que también proporcionaría una sensación de justicia que ayudaría al proceso de recuperación”, concluyó.
El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la reforma tiene el propósito de aclarar la verdad histórica de hechos en los que se cometieron asesinatos colectivos, como en los casos de Ayotzinapa, en Guerrero, o el de Tlatlaya, en el Estado de México.
Dijo que también está pendiente aclarar los hechos que acontecieron en Chalchihuapan, Puebla; Allende, Coahuila; San Fernando, Tamaulipas; Buenavista y Apatzingán, en Michoacán, relacionados con masacres que se cometieron durante los gobiernos pasados y en los “que nuestra obligación es llegar a la verdad”.
A nombre de Acción Nacional, en contra de la reforma, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge tildó la enmienda como un “exceso” y “despropósito” con miras de inconstitucionalidad que promueve la impunidad, con lo que el Senado le da una “puñalada mortal” al Congreso de la Unión, pues le quita la facultad exclusiva de conceder amnistía y se la entrega de manera discrecional al Ejecutivo federal.
En contra de la reforma y en representación del PRI, el senador Mario Zamora Gastélum acusó que la “prisa” y “desesperación” por sacar adelante las enmiendas relativas a pensiones, de amparo y de amnistía, obedece a intenciones de robar los ahorros de los trabajadores, impedir amparos al respecto y perdonar a los funcionarios que hagan mal uso de esos recursos, lo que calificó como una trama cuya “realidad rebasa la ficción”.
También en contra, se posicionó la senadora Patricia Mercado a nombre de Movimiento Ciudadano, quien rechazó que esta reforma coadyuve al esclarecimiento de la verdad, pues no cuenta con condiciones como las que se han establecido en otras naciones para otorgar amnistía, como dejar las armas, no reincidir, reparar a las víctimas o participar en procesos de educación, cuyo mejor ejemplo de la región es el Acuerdo de Paz para Colombia.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del PRD, denunció que el gobierno actual actúa con hipocresía, ya que prometieron garantizar el derecho a la verdad y ayudar a las víctimas de este país, por lo que esta reforma es contraria a lo que el Ejecutivo prometió hace seis años; “¿a quién se quiere perdonar?, cuestionó.
Previamente, la asamblea desechó, con 63 votos en contra y 30 a favor, una moción suspensiva presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PAN; su coordinador, Julen Rementería del Puerto, acusó que con este proyecto de reforma se le da un “poder omnímodo” al titular del Ejecutivo federal, y advirtió que esa facultad “se les puede revertir” en un futuro a quienes la apoyen.
Presentaron voto particular a la reforma de la Ley de Amnistía, los senadores de Movimiento Ciudadano Ruth Alejandra López Hernández, Luis David Ortíz Salinas y Laura Iraís Ballesteros Mancilla; de Acción Nacional, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Adriana Guadalupe Jurado Valadez y Damián Zepeda Vidales; del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, así como los senadores Germán Martínez Cázares y Claudia Ruiz Massieu Salinas.
En tanto, las senadoras Josefina Vázquez Mota, Mayuli Latifa Martínez Simón, Guadalupe Saldaña Cisneros, Alejandra Reynoso Sánchez, Lilly Téllez, Estrella Rojas Loreto, Gina Andrea Cruz Blackledge, y los senadores José Erandi Bermúdez Méndez, Alfredo Botello Montes y Damián Zepeda Vidales, de Acción Nacional, presentaron reservas al documento, mismas que no fueron aprobadas por la Asamblea.
Por el Grupo Parlamentario del PRI, el senador Manuel Añorve Baños y la senadora Claudia Balderas Espinoza también propusieron modificaciones al dictamen, pero no fueron avaladas por las y los senadores, por lo que el dictamen se mantuvo en sus términos.
Así lo consideró la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, en una entrevista en la que destacó que con el cierre de este sexenio no sólo termina una etapa muy importante de la historia de México, sino que “marca el inicio de grandes discusiones”.
Explicó que el 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un paquete de reformas constitucionales en diversas materias, que si no avanzan en este periodo dejarán una discusión abierta para la LXVI Legislatura.
Comentó que también hay una agenda pendiente en la Cámara de Senadores y “estamos, desde hace mucho tiempo, quienes coincidimos en que ya se debe discutir” en el Pleno, con seriedad, sin tabúes, ni complejos, la regulación de cannabis.
Ana Lilia Rivera subrayó que es un asunto que toca cuestiones de salud y de seguridad. “En este país estamos viviendo una situación complicada para lograr controlar, en algunas regiones del país, a los grupos que se han fortalecido en el tráfico de drogas; entonces, es un tema que también tiene que ver con la seguridad nacional”.
“Considero que, en este momento, para nuestro país, lo más importante es lograr la pacificación en las regiones donde la delincuencia organizada, el narcotráfico, han generado mucha violencia y mucho dolor”, expresó.
En este sentido, acotó que por este motivo quizá para las Fuerzas Armadas en este momento no sea prioritaria la legalización de un elemento que ha sido utilizado por estos grupos para enriquecerse o para generar violencia.
Por el otro lado, agregó, está un grupo de juristas y de asociaciones civiles que ve en la legalización de la mariguana una posibilidad de ayudar a muchos enfermos, y otros que buscan asegurar certeza jurídica al derecho al libre desarrollo de la personalidad.
“Habremos de priorizar qué es lo más importante y llevar la ley a que se pueda legalizar lo que es posible y dejar pendiente lo que no sea posible. Lo importante es avanzar, no hay leyes perfectas, y tampoco lo será ésta”.
Sobre la propuesta del Presidente de la República para prohibir el fentanilo, reconoció que es un tema que se tiene que discutir, ya que a México lo acusa Estados Unidos de ser productor de esta droga.
Nuestro país, enfatizó la presidenta de la Mesa Directiva, no es productor de fentanilo, pero “es necesario crear ley en estos espacios donde no la hay. Será interesante la discusión, agregó, porque hay temas que se deben tocar, que no pueden seguir ocultos, porque generan muerte, dolor, violencia y grandes negocios.
Otro de los grandes temas, agregó, es la Ley de Cuidados, que busca fortalecer las acciones para garantizar la igualdad en la vida de las mujeres.
“Pero también tenemos asuntos de carácter político que van a ser todavía la vida interna del Senado más interesante, porque llegan estos grandes temas, más la agenda pendiente, en un momento donde el escenario es de confrontación ideológica y de posiciones políticas”.
En este contexto, Ana Lilia Rivera destacó que los trabajos legislativos en el Senado de la República deben caracterizarse por la paciencia y la prudencia.
El Senado recibió un oficio que contiene las propuestas del Ejecutivo Federal para ocupar cinco magistraturas vacantes en la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Las y los ciudadanos propuestos son Maricela Lecuona González, María de los Ángeles Jasso Cisneros, Miguel Carrasco Hernández, Octavio Augusto Ernesto Prieto Gallardo y Rosendo Gómez Silván.
El documento sostiene que todos ellos cumplen con los requisitos y cuentan con las cualidades personales y profesionales necesarias para desempeñar el encargo en el TFJA, órgano jurisdiccional que tiene por objeto dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública y los particulares.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.
De acuerdo con el documento, dicho encuentro se realizará en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, en Temamatla, Estado de México, y el Centro de Adiestramiento Regional de la I Región Militar, en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, del 23 de enero al 21 de marzo de 2024.
El propósito del ejercicio es fomentar la cooperación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, mediante el intercambio de adiestramiento, lo que permitirá afrontar amenazas comunes en el hemisferio norte del continente americano, así como fortalecer la relación bilateral militar.
Además, el Ejecutivo Federal también solicitó la salida de elementos que integran la delegación de tropas nacionales fuera de los límites del país, a efecto de que participen en la competencia internacional “Reto Swat”, que se llevará a cabo en la Ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, del 3 al 7 de febrero de 2024.
El objetivo del evento es que los participantes cumplan misiones basadas en situaciones reales en las que se evalúe el liderazgo, las capacidades técnicas y tácticas en materia de combate urbano, rescate de rehenes, medicina táctica, aseguramiento de áreas hostiles, entre otras.
Ambos oficios fueron enviados a la Comisión de la Defensa Nacional.
En el documento se precisa que para México, APEC es un mecanismo de suma importancia debido a que agrupa a 21 economías que representan el 60 por ciento del Producto Interno Bruto mundial y la mitad del comercio mundial.
Por ello, el objetivo de nuestro país dentro del foro es expandir y diversificar los vínculos económicos con Asia-Pacífico, subraya.
La participación de México en el Foro, puntualiza, es clave para avanzar los temas prioritarios como: ampliar los vínculos económicos con la región Asia-Pacífico; impulsar la idoneidad de nuestro país como destino para el nearshoring; así como fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo e impulsar la equidad de género dentro de la economía global.
El documento se envió a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y la de Relaciones Exteriores América del Norte.
Las y los senadores también aprobaron un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se dieron por concluidos los procesos para designar a una o un integrante del Consejo Técnico de Educación del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, que dio inicio el 21 de septiembre de 2021, así como a la que dio inicio el 24 de marzo de 2022.
Ello, se agrega, debido a que no existe periodo restante a la vacante que se busca designar. Por lo que, la Junta de Coordinación Política emitirá una nueva convocatoria para cubrir las vacantes de dicho Consejo Técnico.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, aseguró que la relación de México con los Estados Unidos atraviesa un “buen momento”, al ser esa nación nuestro primer socio comercial en la actualidad y porque ha quedado muy atrás la diplomacia de “vecinos distantes”, para dar paso a una de cooperación y respeto.
“Hoy nuestra relación con Estados Unidos transita por mecanismos institucionales, por una cooperación respetuosa de nuestras respectivas soberanías”.
Además, celebró que, por primera vez, la Unión Americana haya adoptado un enfoque de salud pública y reconocido al flujo ilegal de armas como factores importantes en el combate al narcotráfico.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Gina Andrea Cruz Blackledge, aseguró que la política exterior debe apegarse a los principios establecidos en la Constitución, como el que sostiene que “el que el respeto al derecho ajeno es la paz” y el de “no intervención”.
Pero estos principios, dijo, se han violentado de manera reiterada por una política exterior, que se “dicta desde las mañaneras y se teje en los obscuros pasillos de Palacio Nacional, con alianzas inconfesables con gobiernos represores”.
La senadora Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, afirmó que “la política exterior de este gobierno es de claroscuros y contradicciones”, y que los cadáveres en Ciudad Juárez, consecuencia de un incendio en una estación migratoria, son una “afrenta para México y para la trayectoria de la política exterior”.
Consideró que es “inexplicable” la desaparición de la Subsecretaría para América del Norte por razones de austeridad presupuestal, porque esto disminuyó el rango jerárquico para instrumentar una relación estratégica, además del debilitamiento del Servicio Exterior Mexicano, que registró un número inusitado de nombramientos de embajadores no vinculados originalmente con la función diplomática, “que resintió la política exterior”.
Por la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, Cora Cecilia Pinedo, destacó que México se ha constituido como un punto de encuentro con América Latina y el Caribe con acciones como la formación de una Alianza contra la Inflación, además de promover soluciones conjuntas frente a la crisis económica mundial después de la pandemia de Covid-19, al fortalecer la integración del comercio regional.
Agregó que en política exterior, en el gobierno de la Cuarta Transformación se ha puesto énfasis en una agenda de atención a los más rezagados; y en ese sentido impulsó diversas agendas multilaterales de desarrollo sostenible para logar el bienestar de las personas y la justicia social.
La presidenta de la Comisión Especial de seguimiento a la implementación del T-MEC, Claudia Ruíz Massieu Salinas, afirmó que México merece un cambio de rumbo en la política exterior y consideró que sin la “voluntad política” para que esto se realice, el liderazgo y el prestigio de nuestro país en el mundo seguirán deteriorándose cada vez más.
Hoy estamos, dijo, ante una renovada reconfiguración del panorama internacional y eso nos obliga a reflexionar sobre cuál es el papel que México puede y debe desempeñar en el extranjero en el futuro, por lo que confió que la capacidad profesional de la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, permitirá que la tradición diplomática mexicana pueda recuperarse en el último tramo de esta administración.
La senadora Gabriela Benavides Cobos, del PVEM, reconoció que es necesario reestablecer el lugar del país en la comunidad internacional, para reflejar la esencia, valores, el compromiso con la paz, la cooperación y la prosperidad global.
En su turno, el senador del PRD, Antonio García Conejo, aseveró que en el Informe de Gobierno del Ejecutivo no se exponen resultados concretos en materia de tráfico de personas, delincuencia internacional o migración, entre otros asuntos, sino simplemente se da constancia de reuniones y burocracia para justificar ante la sociedad una inexistente política de relaciones exteriores.
La senadora Indira Kempis Martínez, de Movimiento Ciudadano, lamentó que en este gobierno el tema de la migración no tenga atención ni prioridad, y que los datos evidencien un abandono en esta materia y una clara vulneración de los derechos humanos de estas personas.
Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, subrayó que lo más importante en la política exterior es la congruencia, característica que, consideró, le falta a la actual administración federal, ya que a pesar de su política de “no intervención”, México ha manifestado preocupación por los problemas internos en Perú, pero no por las violaciones a los derechos humanos que se han registrado en Nicaragua.
Actualmente, Sánchez López es consejero independiente ante dicho Consejo, y su periodo para el que fue designado concluye el próximo 17 de septiembre de 2023.
Por ello, es que el Ejecutivo federal, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, somete a la aprobación del Senado de la República su ratificación por un periodo de cinco años más, mismo que, en caso de que se avale, concluiría el 17 de septiembre de 2028.
El oficio enviado a la Comisión de Energía precisa que de acuerdo con la ley, la duración de los consejeros independientes será de cinco años escalonados y podrán ser nombrados nuevamente para un periodo adicional.
Posteriormente, se informó al Pleno que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitió los documentos que conforman el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2024.
En el documento enviado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se subraya que el soporte de dicho Paquete es el conjunto de políticas públicas enfocadas en la reducción de la pobreza y la desigualdad, donde el Estado es el principal promotor del desarrollo nacional.
Indica que como parte de este proceso, se contempla la continuidad de un proyecto de nación enfocado en el desarrollo social compartido, con estabilidad económica y prudencia en el manejo fiscal.
El Paquete Económico para el ejercicio 2024, destaca, da continuidad a las políticas que han llevado a obtener buenos resultados económicos, mismos que sentarán las bases para la transformación de México con un mayor crecimiento de la economía y del bienestar de la población.
Puntualiza que al cierre de la presente administración, nuestro país continuará con finanzas públicas sanas y una economía sólida, ambos preceptos necesarios para enfrentar los retos de una economía global compleja y cambiante. Además, se dispondrá de una política económica más incluyente, con menor pobreza y desigualdad tanto entre regiones como entre sectores de la población.
También se informó de la reincorporación a sus actividades legislativas, del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Cámara de Senadores recibió el Quinto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual contiene el avance de las acciones y resultados de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
El documento precisa que este ejercicio republicano de rendición de cuentas, permite proporcionar información sobre las decisiones en la ejecución de las políticas públicas, así como explicar los avances y resultados en los compromisos asumidos en el pacto social con todos los sectores y la ciudadanía en general.
El Ejecutivo federal también remitió el nombramiento a favor de Laura Beatriz Moreno Rodríguez, como embajadora de México en la República de Chile, el cual se turnó a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe.
También se recibió el nombramiento en favor de Ilse Lilian Ferrer Silva, como embajadora de nuestro país en el Reino de Tailandia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Reino de Camboya.
De igual forma, el Ejecutivo envió el nombramiento a favor de Alejandro Ives Estivill Castro, como embajador de México en la República Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la Unión Africana y las Repúblicas de Djibouti, Federal de Somalia y de Sudán del Sur.
Dichos documentos fueron remitidos a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África.
Posteriormente, la Mesa Directiva dio a conocer a la Asamblea que el senador Armando Guadiana Tijerina, de Morena, se reincorporó a sus funciones legislativas, desde el pasado 12 de junio; que el senador Primo Dothé Mata, de Morena, se reincorporó a sus funciones legislativas desde el 16 de junio de 2023; y que el senador Higinio Martínez Miranda, de Morena, se reincorporó desde el 1 de agosto de 2023.
Informó que la senadora Nuvia Mayorga Delgado informó su voluntad de dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del PRI e integrarse al Grupo Parlamentario del PVEM, desde el 31 de agosto del 2023.
Además, se dio cuenta de que los senadores Eruviel Ávila Villegas y Miguel Ángel Osorio Chong, así como la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, informaron su voluntad de dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, desde el 1 de julio de 2023.
Se trata de Rosa Alejandra Bustosoria y Moreno; Armando Ocampo Zambra; y Gilberto Camacho Botello.
Bustosoria y Moreno es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Fiscal por la misma institución, y especialidad en Justicia Administrativa.
En el ámbito profesional, se desempeñó como oficial jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; jefe de Departamento de Presidencia, entre otros cargos. A la fecha es subprocuradora de Protección de los Derechos de los Contribuyentes en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
Ocampo Zambrano es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana.
Cuenta con amplia experiencia en temas fiscales, tributarios, derecho administrativo, responsabilidad patrimonial del Estado; amparo contra leyes; acciones de constitucionalidad; como asesor y representante de grandes y pequeños contribuyentes. Actualmente se desempeña como subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
Camacho Botello, en tanto, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho de la Administración y Procuración de Justicia por la misma institución.
Cuenta con certificaciones en “Fiscalización de la Gestión Administrativa de la Administración Pública” y “Aplicación del Régimen de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos”, de la Escuela de la Administración Pública de la Ciudad de México.
En el ámbito profesional se desempeñó como auditor de Patentes y Marcas de Grupo Bimbo; abogado y representante legal adscrito al Área Jurídica de la Universidad Anáhuac Sur; abogado de la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, adscrito a la Dirección General de Quejas, Denuncias e Inconformidades. A la fecha es subprocurador de Análisis y Estudios Normativos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
La terna fue remitida a la Tercera Comisión de la Permanente para su análisis y dictamen correspondiente.
La Comisión Permanente también recibió el nombramiento que expidió el Ejecutivo federal a favor de Rafael Fernando Marín Molinedo, como embajador y para que funja como representante permanente de México ante la Organización Mundial del Comercio, con sede en Ginebra, Suiza, a partir del 1 de julio de 2023, que fue remitido a la Segunda Comisión.