(CODICS).- Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA- MN) exigió, en reunión de trabajo con la Presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, que se otorgue a los indígenas trato igualitario en la atención, denuncia, investigación y aplicación de la ley para resolver los crímenes en contra de sus líderes sociales pues éstos siguen en la impunidad mientras atentados en contra familias de agroempresarios sí se resuelven a la brevedad lo que hace muy “sospechosa” las acciones de la Fiscalía General de la República.
En plantón frente a las instalaciones centrales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como posterior mitin frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, esta organización campesina e indígena reclamó respeto del Estado hacia este sector poblacional que se mantiene amenazado por defender sus derechos en Chiapas, Puebla y Querétaro.
En mensaje a medios, Jesús Gutiérrez Valencia, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de la CNPA MN urgió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que “emita la más enérgica recomendación a las instancias correspondientes del Estado por el ataque policiaco – paramilitar ocurrido el 17 de enero de 2019 contra integrantes del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, Chiapas
Aseguró que el asunto de Chipas está estancado pese a que, en su momento, se emitieron órdenes de aprehensión pero solo fue detenido el ex Presidente Municipal de Amatán, Manuel de Jesús Carpio Mayorga, por la muerte del líder social Noé Jiménez Pablo.
Indicó que incluso algunos involucrados han regresado al municipio con toda la impunidad y cobertura por parte del gobierno de Chiapas por lo que siguen amenazando de muerte a los compañeros; razón por la cual exigimos que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones pues es lamentable que a pesar de que un Juzgado y un Tribunal Federal han reiterado que la FGR debe investigar, ésta sistemáticamente se ha negado.
Recordó que, incluso, el ex líder de la CNPA MN, Francisco Jiménez Pablo interpuso un amparo, en vida, pero la Fiscalía interpuso un recurso de revisión y aun así el fallo sigue a favor de la CNPA MN de ahí que “estamos exigiendo una reunión urgente con el Fiscal, Alejandro Gertz Manero para que acaten el fallo de juzgados y tribunales a fin de que terminen con sus obstáculos para investigar.
Además, reiteró, “pedimos que dejen de dar trato diferenciado a las comunidades indígenas con respecto a la Familia LeBarón donde de inmediato, en 2019, atrajeron la investigación sobe la masacre de mujeres y niños en Bavispe, Sonora, mientras que aquí hemos tenido que recurrir al amparo el cual nos ha resultado favorable pero no han atraído las investigaciones”.
Sostuvo que es lamentable que a pesar de que Noé Jiménez Pablo tenía las Medidas de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, razón más que suficiente para atraer la investigación de su muerte, se esté optando por la vía judicial para negarse lo cual da un trato diferenciado y por demás sospechoso a casi 19 meses de los hechos.
Asimismo, indico que en el encuentro con la funcionaria solicitaron que la CNDH emita una recomendación enérgica por la tortura cometida por policías municipales y estatales contra compañeros del Movimiento de Resistencia Civil de los Pueblos de Tequisquiapan, Querétaro así como contra las autoridades estatales que incurrieron en omisiones o encubrimiento de tales actos.
También que se busque el cumplimiento cabal, por parte del gobierno de Chiapas de las recomendaciones 064/2011 y 11/2013 emitidas por la CNDH por detención ilegal de 25 compañeros.
Además, dijo, “hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno a generar mecanismos de diálogo para atender y resolver las 25 demandas presentadas ante la CNDH mientras que a los diferentes grupos parlamentarios les pedimos que tengan a bien escuchar y ser sensibles ante nuestros justos reclamos en diversos temas, incluyendo el drástico recorte presupuestal a los sectores más desfavorecidos del país”.
Específicamente, continuó, al Presidente de la República a que reconsidere su política gubernamental, pues ha ponderado el asistencialismo por encima de la inversión para la producción nacional.
Sobre las demandas ante la CNDH dijo que son 25 entre las que destacan las antes citadas así como acatar y cumplir por parte del gobierno de Puebla las recomendaciones 54/2016 y 81/2018 emitidas por la CNDH por violencia obstétrica contra compañeras en el hospital regional de Cuetzalan del Progreso, Puebla donde han muerto más de 20 bebés.
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