- En 2017 las contrataciones públicas ascendieron a 585 mil millones de pesos, recursos que con mayor competencia se habrían maximizado y traducido en servicios e infraestructura de mejor calidad.
- El documento plantea acciones concretas para establecer regulaciones e incentivos que favorezcan el diseño y ejecución de procedimientos de adquisición competidos.
- La Agenda será presentada al Gobierno Federal, al equipo de transición del Virtual Presidente Electo, a los próximos legisladores federales y al Sistema Nacional Anticorrupción, para sumar esfuerzos.
El enorme monto de recursos involucrados en las contrataciones de gobierno, que en 2017 sumaron 585 mil millones de pesos, es un incentivo para que el diseño de las licitaciones o mecanismos de adquisición sean susceptibles a la simulación de competencia o a la presencia de actos de corrupción entre funcionarios públicos y proveedores.
Las
entidades del Estado mexicano tienen la obligación constitucional de
adquirir bienes y servicios en procesos transparentes y competidos para
obtener las mejores
condiciones de precios, calidad, financiamiento y oportunidad. Sin
embargo de forma
recurrente presenciamos que en los procesos de adquisición: 1)
se usan métodos de excepción a la licitación mediante justificaciones ambiguas o subjetivas; 2)
se restringe la participación por medio de requisitos innecesarios; 3)
se dirigen los concursos otorgando ventajas a determinados agentes con ciertos perfiles comerciales o especificaciones técnicas; 4)
se dificulta la presentación de posturas agresivas;
5) se tolera la simulación de competencia; 6) se utilizan las
investigaciones de mercado, la subcontratación y las invitaciones
restringidas para
la coordinación de posturas de los licitantes (colusión);
7) se usan las modificaciones de contratos, concesiones y permisos para
evitar la competencia, y 8) no se aplica la inhabilitación, adicional a
las multas que impone la COFECE,
para disuadir la colusión.
Para
resolver las problemáticas de competencia observadas, así como para
inhibir actos de corrupción y desincentivar acuerdos ilegales entre
empresarios y funcionarios,
sean estos para imponer sobreprecios al gobierno o para conseguir
asignaciones predeterminadas de contratos, la Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE o Comisión) propone una
Agenda de competencia para un ejercicio íntegro en las contrataciones públicas,
la cual plantea las siguientes acciones:
1.
Emisión de decreto presidencial que obligue la participación de la COFECE en licitaciones relevantes para garantizar
condiciones de competencia
2.
Crear un mercado virtual y obligar -por medio de un decreto- a todas las dependencias de la Administración
Pública Federal a realizar sus compras pequeñas de bienes homogéneos a través de este.
3.
Obligar
a las dependencias a requerir que los licitantes declaren cuando, en
caso ganar, planean subcontratar, a quién y por qué, y que
no se permita subcontratar a perdedores de la licitación; y, cuando se
acepte la participación conjunta, no permitir que las empresas concursen
en grupo y de manera individual.
4.
Incrementar los estándares para la aprobación de los convenios modificatorios (plazo, monto, cantidad).
5.
Transparentar las modificaciones de concesiones, permisos y/o contratos y evitar la discrecionalidad
de las mismas.
6.
Aplicar la inhabilitación, que ya está prevista en la
Ley General de Responsabilidad Administrativa, a los agentes económicos sancionados por colusión -en términos de la
Ley de Competencia- para participar en concursos públicos subsecuentes.
Adicionalmente, se proponen siete acciones que requieren modificación legislativa:
7.
Obligar a realizar las investigaciones de mercado sólidas y transparentarlas.
8.
Acotar los supuestos para contratar por procedimientos diferentes a la licitación pública abierta.
9.
Eliminar la excepción prevista para las contrataciones entre dependencias y entidades de la APF.
10.
Permitir la participación de otros licitantes interesados en los procedimientos restringidos.
11.
Restringir la participación simultánea de empresas de un mismo Grupo de Interés Económico para
evitar simulación de competencia.
12.
Transformación del mecanismo de puntos o porcentajes a uno de evaluación en dos etapas.
13.
Crear una Ley General de Contratación Pública (adquisiciones y obra pública) que se apegue a los
estándares internacionales.
Cuando
hay competencia por los contratos de gobierno, se restringen los
sobreprecios, se reducen los espacios para el favoritismo
y el tráfico indebido de influencias, y se dificulta la formación de
acuerdos colusorios orientados a extraer ganancias ilícitas mediante
relaciones de complicidad entre supuestos competidores, o entre un
oferente y un servidor público.
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