Se trata de José Ignacio Madrazo Bolívar, Eduardo Patricio Peña Haller y Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez
En la sesión de este miércoles, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió tres nombramientos que propuso el Ejecutivo federal para las embajadas de México en Argelia, Kuwait y Egipto.
Se trata de José Ignacio Madrazo Bolívar propuesto como embajador de México en la República Argelina Democrática y Popular, y en forma concurrente, ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República de Túnez.
Por otro lado, el Ejecutivo federal propuso a Eduardo Patricio Peña Haller, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Estado de Kuwait.
Finalmente, presentó el nombramiento en favor de Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez, como embajadora de nuestro país en la República Árabe de Egipto y, en forma concurrente, ante la República del Sudán, Estado de Eritrea y la República del Chad.
Los documentos fueron turnados a la Segunda Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión.
Atención de grupos en situación de vulnerabilidad y reformas administrativas, los temas que han concentrado la mayor atención del Congreso en el último año.
Durante el último año, la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, las reformas a la administración pública federal y los temas económicos y fiscales han sido los asuntos más legislados por el Congreso de la Unión, de acuerdo con una investigación de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
De acuerdo con el reporte elaborado por Lorena Vázquez Correa y Sebastián Garza Corona, en este periodo (junio 2022-marzo 2023) solo una reforma constitucional fue aprobada por ambas cámaras, para permitir a los congresos locales legislar sobre los símbolos distintivos estatales como himnos, escudos y banderas, a fin de fomentar el patrimonio cultural, la historia y la identidad local, la cual permanece pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Por otro lado, se destaca que algunos de los decretos emitidos por el Congreso han sido impugnados a través de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aún debe pronunciarse sobre su validez o invalidez, supuesto en el que se encuentra el Plan B de la reforma electoral.
El documento del IBD destaca que, desde el inicio de la actual legislatura hasta el 14 de marzo de 2023, se han publicado en el DOF 214 decretos de emisión de nuevas leyes, reformas constitucionales, abrogación de leyes o reformas a ordenamientos, aprobados por el Congreso de la Unión.
Son entes de interés público e instituciones que tienen derechos y obligaciones, afirma
La reforma electoral que aprobó el Congreso de la Unión transparenta el manejo de los recursos públicos de los partidos políticos, afirmó el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta.
Destacó que los partidos políticos son entes de interés público e instituciones que tienen derechos y obligaciones, por eso deben transparentar el ejercicio de sus prerrogativas y cualquier ciudadano les puede exigir rendición de cuentas.
El legislador afirmó que todas las instituciones públicas y privadas deben de transparentar el ejercicio de sus ingresos, por lo que la fiscalización es una responsabilidad, ya que “un partido político, en el ejercicio del gasto de sus prerrogativas, puede ser sujeto a que cualquier ciudadano le exija la rendición de cuentas y la transparencia”.
Alejandro Armenta detalló que si un ciudadano le solicita a un partido político que rinda cuentas sobre las prerrogativas específicas de un año, el ente público que se encarga de la fiscalización, tiene la obligación de hacerlo, y en el caso de algún acto irregular tiene que investigar.
Lo anterior, agregó, sin menoscabo de la función que les compete a las fiscalías de los estados y a la Fiscalía General de la República, en materia de delitos electorales.
Con las modificaciones a la Ley General de Partidos Políticos, los partidos que no participen en elecciones en algunas entidades federativas o que sólo tengan participación específica en algunos procesos electorales, “podrán generar economías de sus ingresos ordinarios, pero deben de ser utilizados para la función y la tarea primaria del instituto político”.
El objetivo es que todas las autoridades de los tres poderes de la Unión reconozcan esta conmemoración
La Cámara de Senadores aprobó, con 79 votos, un proyecto para declarar el 10 de agosto de cada año como “Día Nacional de los Pueblos, Comunidades y Personas Afromexicanas”, a fin de que no sólo el Poder Ejecutivo Federal esté obligado a conmemorar este día, pues ello debe ser una obligación de todas las autoridades de los tres poderes de la Unión.
Además, el dictamen establece la obligación del Poder judicial de la Federación y del Congreso de la Unión, para llevar a cabo acciones pertinentes para la difusión y conmemoración de este día.
Las y los senadores refirieron que la Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, como parte de nuestra nación pluricultural.
En el documento, indicaron que para mantener el respeto de lo que ya ha sido reconocido, como parte de la composición pluricultural de nuestra nación, el día nacional que se instituya debe referirse a estos dos elementos de nuestra cultura y de nuestra población: los pueblos y comunidades afromexicanas.
Con ello, se reforzarán las acciones que desde hace más de dos décadas las comunidades, organizaciones y activistas afromexicanas realizan para enfrentar las diversas formas de discriminación de las que han sido objeto las personas de ascendencia africana.
La senadora Susana Harp Iturribarría, de Morena, celebró que se conmemore este día, ya que al pueblo afromexicano le debemos el compromiso de eliminar todas las asimetrías, para que puedan gozar plenamente de todos los derechos.
“Tenemos que poner los puntos de equilibrio y colocar una fecha en el calendario para recordar permanentemente qué hemos hecho y qué falta por hacer”.
La senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes, de Morena, consideró que al establecer una conmemoración nacional, no sólo se busca reconocer y visibilizar a este importante sector de la población, sino que revindica sus derechos, y pone sobre la mesa la importancia histórica y contemporánea del pueblo afromexicano.
El proyecto de decreto fue remitido a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 de la Constitución.
Se deben diseñar esquemas de coordinación con las autoridades de los centros de detención para garantizar los derechos políticos de las personas sujetas a la prisión preventiva.
En la actualidad, Argentina, Costa Rica, Ecuador y España cuentan con alguna normativa a partir de la cual se garantiza el derecho al voto de las personas en prisión preventiva
La reforma electoral permitiría que las personas en prisión preventiva voten en los centros penitenciarios donde existan las condiciones de seguridad necesarias, de acuerdo con la redacción prevista en el artículo 284 Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuya discusión será retomada por el Congreso de la Unión el siguiente año.
Sobre este tema, un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD), refiere que, en febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar, y que este derecho deberá ser garantizado en las elecciones de 2024.
La investigación titulada “Modelos de votación electoral para las personas en prisión preventiva: países seleccionados”, elaborada por los investigadores Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón, destaca que, en el proceso electoral de 2021, el INE aplicó una prueba piloto en cinco Centros Federales de Readaptación Social, en el que se alcanzó una participación del 94.53% de las personas privadas de la libertad.
Este ejercicio, apunta el documento del IBD, se llevó a cabo atendiendo una sentencia de la Sala Superior del TEPJF, en la cual se resolvió que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar, por lo que se ordenó al INE realizar una prueba piloto, a fin de garantizar dicha prerrogativa.
Derivado de la prueba piloto del INE, se llegó a la conclusión que es necesario diseñar esquemas de coordinación con las autoridades de los centros de detención, que permitan implementar procedimientos electorales y generar condiciones que fortalezcan el ejercicio del sufragio de las personas presas.
En la actualidad, Argentina, Costa Rica, Ecuador y España cuentan con alguna normativa a partir de la cual se garantiza el derecho al voto de las personas en prisión preventiva.
Anuncian senadores y diputados que habrá Parlamento Abierto para escuchar todas las voces para impulsar una Ley para prevenir y sancionar ciberataques
Las comisiones de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, que presiden el senador Jorge Carlos Ramírez Marín y el diputado Javier López Casarín, llevan a cabo un trabajo en conferencia, a efecto de impulsar la construcción de una Agencia Nacional de Ciberseguridad.
En conferencia de prensa, Ramírez Marín destacó que, a través de un trabajo conjunto entre las dos cámaras del Congreso, se llevará a cabo un Parlamento Abierto para crear una Ley en materia de ciberseguridad.
“Queremos escuchar el punto de vista de los usuarios de la tecnología y no solamente el de los prestadores del servicio”, manifestó.
El senador señaló que, después de los ataques cibernéticos a la Secretaría de la Defensa Nacional, no hubo explicaciones “ni una autopsia que le pueda servir a otros para prevenirlos”.
Advirtió que este tipo de hackeos no es el primero que ocurre en México, y desde los primeros ataques se debieron encender las alertas, pero esto no ocurrió; por eso no se cuenta con un instrumento jurídico que obligue a la coordinación en esta materia.
Por ello, apuntó, la Ley que se plantea buscará que haya absoluta transparencia sobre la ciberseguridad en nuestro país, que dé respuesta a los ataques informáticos, resultados y mecanismos para prevenirlos.
Dijo que en muchas ocasiones los ataques no tienen nacionalidad, debido a que no se pueden ubicar, por lo que se buscará que dicha Agencia Nacional se coordine internacionalmente y se sume a los esfuerzos de otros países para crear las barreras protectoras necesarias.
Jorge Carlos Ramírez Marín agregó que la nueva legislación contemplaría enfáticamente la capacitación de ministerios públicos, fiscalías y todo el personal que rodea el aparato de justicia.
En este ordenamiento, precisó, se busca incluir un apartado específico para los ataques financieros, pero “no tiene la misma perspectiva el banco que sufrió el ataque y perdió el dinero, al usuario que sufrió el ataque y pierde dinero con el banco, por ello debemos ser muy precisos”.
Puntualizó que el día de hoy se llevó a cabo una reunión con el sector privado, empresas del ramo logístico y manufacturero, quienes hicieron aportaciones que servirán para el trabajo que llevarán a cabo las y los legisladores.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, Javier López Casarín, informó que hay más de 30 dependencias del Gobierno federal involucradas en la discusión para crear un ordenamiento en materia de ciberseguridad, en la que participan las Fuerzas Armadas.
En ese sentido, dijo que la reunión con los empresarios fue un primer paso, con el fin de presentar una Ley Federal de Ciberseguridad, que será una de las principales herramientas para construir un marco jurídico sólido que no sobre regule, sino que incentive el desarrollo en nuestro país.
La intención, subrayó el legislador, es tener este producto legislativo listo para este Periodo de Sesiones, lo cual tendrá efectos en otro tipo de instrumentos, como el sector educativo, pues debe educar a las nuevas generaciones en la materia, además de divulgar en el sector privado la relevancia de este tema.
López Casarín indicó que la Ley propuesta busca generar seguridad para todos los sectores, pero aclaró que no será la única herramienta para regular las operaciones del ciberespacio, pues se debe reformar la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera; la Ley Federal de Telecomunicaciones; y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; entre otras.
• Armando Zúñiga Salinas, titular de Agrupaciones de Seguridad Unidas por México, confía en que la mayoría de los Congresos Estatales ratificarán dicha reforma, pues dotará de mayores herramientas de coordinación, seguimiento y control a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, en favor de los ciudadanos
Las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) valoran la aprobación de la Reforma al artículo 73 constitucional que ayer avaló el Senado de la República, lo cual representa un paso adelante en el esfuerzo por regular a las empresas de seguridad privada y con ello, continuar su crecimiento con mayor orden y certeza jurídica, a través del establecimiento de un Registro Único de Empresas, Personal y Equipo, donde sean enlistadas las casi 8 mil compañías existentes y sus más de 600 mil trabajadores a lo largo y ancho de la República Mexicana.
Armando Zúñiga Salinas, presidente de ASUME, agradeció al Senado de la República la sensibilidad y la apertura al diálogo mostrada, lo que permitió aprobar la minuta de reforma constitucional que en su momento envió la Cámara de Diputados, y con ello dar paso a la urgente necesidad de actualizar la Ley Federal de Seguridad Privada que, indicó, “hoy se encuentra totalmente rebasada, razón por la cual, ASUME, junto a otros organismos y con el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial, COPARMEX, CONCAMIN, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las Comisiones de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales de ambas Cámaras, coincidimos en la necesidad de crear una nueva legislación que impulse al sector y dé certeza jurídica a los usuarios y autoridades”.
Además de la coordinación que tendremos como prestadores de servicios con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre, expresó Zúñiga Salinas, la parte fundamental de esta reforma permitirá establecer en una ley secundaria las competencias a los tres ámbitos de gobierno, por las que se podrán unificar los procedimientos de control y homologar la normatividad en todos los Estados.
“La aprobación de esta reforma constitucional por parte del Congreso de la Unión, representa un avance central para nuestro sector en el objetivo por terminar con la existencia de leyes locales tan disímbolas unas de otras e, incluso, opuestas entre sí que, en la mayoría de los casos, hoy provocan corrupción y extorsión”, agregó el titular de ASUME.
ASUME, organismo promotor de la Cámara de la Industria de la Seguridad, que representa a las 32 asociaciones más importantes del sector de la seguridad privada en México y que en conjunto, sus operaciones implican un valor en el mercado cercano a los 485 mil millones de pesos —equivalente a 2% del Producto Interno Bruto (PIB)—, ha insistido en que la falta de una adecuada legislación en la materia, ha dado lugar a la aparición de empresas que operan en la informalidad y que ofrecen servicios de baja calidad, condiciones laborales poco dignas y que desprestigian al gremio. “Es un círculo vicioso que la reforma constitucional aprobada por el Congreso ayudará a abatir”, expresó Zúñiga Salinas.
Por ello, el presidente de ASUME, confió en que serán todos los argumentos antes señalados, los que llevarán a la mayoría de los Congresos Estatales a ratificar la señalada reforma constitucional, pues dicha reforma, dotará de mayores herramientas de coordinación, seguimiento y control a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, en favor de los ciudadanos.
Por último, Armando Zúñiga indicó que con esta reforma, la industria de la seguridad privada reafirma su convicción por ser regulados de manera justa y efectiva, pues a través de este instrumento jurídico, “se nos dotará de certeza jurídica para nuestra operación y, de igual manera importante, es que a nuestras autoridades federales, estatales y municipales, se le ofrecerán las herramientas necesarias para regular de manera eficaz a tan importante sector, sin perder atribuciones y para beneficio de los usuarios y la seguridad del país”
Al grito de no mas "huevecillos" ni "dedazos" del ex dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ( STPRM ) Carlos Romero Dechamps¡ El representante laboral del Frente Petroleros Unidos ( FPU ) Alfredo Rodríguez Rodríguez, el "gallero", rechazo que continuen mas "dedazos" al interior de la citada agrupación laboral, y aseguró" es la hora de democratizar la vida interna de nuestro sindicato" , al lanzar su candidatura a la secretaria general para el Congreso Nacional de este gremio, que habrá de llevarse a cabo en el mes de enero de 2024 este jueves.
En entrevista, el también dirigente de la sección 35 del STPRM Rodríguez Rodríguez, hizo un llamado a las autoridades laborales del pais, encabezadas por la titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social ( STPS ) Maria Luisa Alcalde "para que no meta las manos en el proceso para elegir a la nueva dirigencia laboral y sindical " que habrá de regir los destinos de este gremio en el proximo año. En relacion a la convocatoria, confió que por estatutos los unicos reconocidos para emitirla y promoverla es el propio sindicato a traves del ahora secretario interino del STPRM Manuel Limón Hernández, ya que deberá sumar 6 meses, lleva mes y medio, luego dela renuncia del conocido y polémico líder petrolero Romero Dechamps. Recordó que luego de 14 años de lucha laboral y sindical dentro del Frente Petroleros Unidos, conoce los avatares de los trabajadores en disidencia que por años han enfrentado el acoso del ex lider sindical ya de sobra difundido . Detallo el representante laboral de cerca de 40 mil trabajadores, 35 mil de la seccion 35 y el resto cinco mil en la capital del pais, que no obstante la apertura del gobierno federal para limpiar la vida democrática de los sindicatos para elegir a sus propios dirigentes a traves del voto libre y secreto, los "huevecillos" de Dechamps continuan enquistados en el CEN del STPRM por lo que han tratado por todos los medios de acallarlo . Sin embargo, dijo que a pesar de enfrenta problemas de salud por la constante lucha laboral que enfrente en favor de sus representados, lo cierto, es que no se doblega y aseguró que con la confianza de la base trabajadora tanto de activos y jubilados saldrá adelante en su encomienda como es ganar la secretaria general del gremio petrolero para acabar de una vez por todas con los" huevecillos y sanguijuelas" que por años han lucrado con los derechos de los trabajadores y su patrimonio sindical. No sin antes señalar que para nadie es un secreto que el hoy prófugo ex lider laboral y sindical del STPRM ha vendido buena parte de las propiedades de este gremio en prejucio de la base trabajadora. Asi mismo ha lucrado con las canojias que recibe el gremio via la clausulas de su contrato colectivo de trabajo, las cuales dijo, no son canojias, sino un derecho ganado por los propios trabajadores. A la par se deslindo de algun compromiso partidista como puede ser Movimiento Ciudadano, ya que una de sus integrantes como es Erika Campos Perez robo cámara con una "selfie" como acostumbra en cada uno de los eventos que asiste, pero insistió Rodriguez que dicha activista politica lo hizo a titulo personal. Sin embargo vimos otro colaborador de MC con chaleco y la siglas de dicha instancia politica en este acto. Al final acompañado del representante del grupo politico Alameda Alfonso Ferriz realizo un mitin improvisado en las escaleras de conocido hotel capitalino para informar tambien a la ciudadania de la lucha de este gremio petrolero. En donde con galletas y agua celebró el destape a dicha candidatura y con las clasicas "porras" y el "guayabazo" se encamino a su natal Pachuca , Hidalgo en donde seguramente una buen plato de birria lo esperaba y sus clasicos gallos de pelea para animar la contienda electoral de este jubilado de la sección 35 del STPRM que pugna por sanear a dicho sindicato aunque antes tendra que vencer a cerca de una docena de aspirantes entre estos Omar Toledo Aburto de clara filiacion tricolor e incondicional del ex ejecutivo federal Enrique Peña Nieto al que respaldo en la pasada reforma energetica y ahora se dice morenista en favor del actual inquilino de Palacio Nacional ya de sobra conocido.
(CODICS).- Rafael Sánchez Bravo, Director General del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo, llamó al Congreso de la Unión a elevar a 90 mil millones de pesos el presupuesto 2020 para la preservación, renovación e innovación de la infraestructura hídrica del país; la dependencia de agua potable y su saneamiento pues de lo contrario la “guerra” entre colonias, pueblos y comunidades se agudizará como resultado de que el Estado no considera el agua como asunto de seguridad nacional.
Una prueba de la falta de agua, alertó el investigador de Chapingo, es que en los últimos 9 años el consumo de agua por habitante anualmente disminuyó 15 mil metros cúbicos del vital líquido y, actualmente sólo dispone de 3 mil metros cúbicos.
Al participar en la Convención Nacional en Defensa de un Presupuesto Digno para el Sector Hídrico 2020, también propuso destinar más de mil millones de pesos a la investigación e innovación en materia hídrica, además de crear un Programa Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, un Modelo Integral de Cuencas, Esquemas Efectivos de agua para que llegue a las comunidades rurales y establecer un Modelo de Capacitación Agroecológico para que los grandes, medianos y pequeños productores ahorren agua en sus procesos productivos.
En el marco de su participación donde se evidencio que México está en crisis hídrica, sin mantenimiento en su infraestructura de almacenamiento en presas de más de 50 años de existencia y con altos niveles de contaminación en el agua que se capta así como tarifas estratosféricas para utilizar el vital líquido en el medio rural, Sánchez Bravo insistió en que actualmente se agudiza la guerra por el agua.
Por ello y ante el Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, Feliciano Flores Anguiano, el profesor investigador de la UACh lamentó que no se invierta dinero suficiente en generar nuevas tecnologías hídricas, que la pelea por el agua sea entre los que viven en las montañas y las zonas bajas del país así como el olvido en el tratamiento de las aguas residuales, las cuales están contaminando las cuencas y las están convirtiendo en inútiles.
Con la representación del Rector de la Universidad Autónoma Chapingo, José Solís Ramírez, el Director del Departamento de Irrigación, dijo que la inversión debe ser con carácter de urgente y más allá de criterios políticos o democráticos ya que México es uno de los 7 países que, a nivel mundial, padecen estrés hídrico además de que rumbo al 2050 tendremos 30 por ciento menos agua de la que actualmente existe en territorio nacional.
Ante esta situación y luego de avalar junto con organismos autorizados para opinar en materia hídrica (ANUR, ANEAS, CMIC, ARCUR), la necesidad de aumentar el presupuesto federal para el sector en 2020, Rafael Sánchez Bravo reconoció las cifras dramáticas respecto a que mientras en 1910 cada habitante consumía 31 mil metros cúbicos de agua por año, para 2010 la cifra bajó a 18 mil metros cúbicos por año y para 2019 la cifra solo es de 3 mil metros cúbicos por habitante por año.
Por ello es que expuso, México debería considerar el tema de agua entre los cinco problemas más importantes a resolver como se hace con la inseguridad pero lamentablemente no aparece entre las prioridades del Estado, cuando para la Organización de las Naciones Unidas, el agua está en los 10 problemas globales a resolver a nivel mundial.
La insistencia de pedir un presupuesto mínimo de 90 mil millones de pesos para 2020 tiene como fin preservar los recursos hidráulicos, garantizar agua potable y el saneamiento de agua residual, advirtió Rafael Sánchez Bravo, Director del Departamento de Irrigación de la UACh.
La infraestructura hídrica es propiedad de la nación y si deseamos “tener dependencia alimentaria necesitamos, a su vez, ampliar la infraestructura hidroagrícola en los Distritos de Riego y de Temporal Tecnificado”, detalló.
Además, ya no podemos seguir gastando en paliativos en materia hídrica. Debemos generar y orientar el conocimiento a fin de que ello permita preservar el agua que es un recurso natural que garantiza la existencia de flora y fauna así como de suelos y alimentos, concluyó.
Los aspirantes deberán comparecer ante la Comisión de Justicia y ante el Pleno, aclara.
Por mayoría la Junta de Coordinación Política alcanzó un acuerdo para elaborar la lista de los 10 mejores perfiles para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República que se pondrá a consideración del Pleno este miércoles para su discusión y eventual aprobación.
En conferencia de prensa el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal informó que de ser avalada por el Pleno, hoy mismo se enviará al Ejecutivo que tiene la facultad para que en un lapso de 10 días devuelva una terna de la que se tendrá que elegir al nuevo Fiscal General.
Vamos a intentar que el Presidente envié su propuesta lo más pronto posible porque la convocatoria para el periodo extraordinario es que el Senado nombre al Fiscal General, entonces en la medida que avancemos agotaremos el tema, mencionó.
Monreal Ávila explicó que una vez que la Cámara alta reciba la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, será turnada a la Comisión de Justicia para que los candidatos comparezcan bajo el principio de máxima publicidad.
Detalló que en esta etapa los legisladores integrantes de dicha Comisión y los que deseen participar podrán hacer preguntas a los aspirantes luego de su intervención inicial.
Posteriormente, señaló el senador Monreal, los tres tendrán que comparecer también ante el Pleno del Senado de la República.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena destacó la voluntad política de los coordinadores parlamentarios de todos los partidos representados en la Cámara Alta en la construcción de los acuerdos y resaltó que todos coincidieron en que los elegidos son los más aptos para ocupar el cargo.
Aunque aclaró que el Grupo Parlamentario del PAN se reservó su derecho de firmar el dictamen, pero señaló que le manifestaron su disposición de participar en el proceso de elección del funcionario.
Monreal Ávila calificó como ejemplar el proceso de selección de estos 10 candidatos porque se hizo de manera transparente y de cara a la sociedad ya que los legisladores escucharon a los 27 aspirantes que declaró como idóneos la Comisión de Justicia.
Los seleccionados son: Bàtiz Vázquez Bernardo, Cadena Azcona Estela, De Gyvès Zárate Eva Verónica, Gertz Manero Alejandro, González Garza Bernardo Jaime, López Saure Ernesto, Padilla Sanabria Lisbeth Xóchitl, Pérez de Acha Luis Manuel, Santana Montes Marcos y Sabines Chesterking Julio Ángel.
Es triste del todo, la pena que embarga a la familia de Moreno Valle y su esposa, casados durante 14 años, sin hijos. Respetando ese dolor, sin embargo en torno a este suceso, nadie, ni los noticieros, ni agencias, ni un solo reportero vio con sus ojos, o se percató, del momento del rescate de los cuerpos de los 5 finados. Esto porque, “es que eso ocurrió de madrugada”.
Por tanto han surgido versiones de dudas sobre el hecho. Una de ellas es que podría haber gato encerrado ya que Moreno Valle estaba en serios problemas. La versión apunta a que el ex Gobernador y actualmente Senador, hasta su muerte, anteayer, ya había sentenciado a Puebla al pago eterno de una deuda que superó los 150 Mil Millones de Pesos, utilizando una Casa de Bolsa denominada “Evercore” a la cual hacían llegar los recursos para el Estado de puebla y de ahí utilizarlos para obras y programas sociales.
De esta manera Moreno Valle, creó una gran deuda, algo así como hipotecar a Puebla para siempre entregando las finanzas de Puebla a dicha Casa de Bolsa, la cual será investigada por especialistas nacionales de finanzas.
Dato curioso las principales televisoras –cita la información- habrían hecho convenios importantes para dar una buena imagen de Puebla y del propio ex Gobernador, Moreno Valle. Pero eso es común no está fuera de lógica.
El caso es que, la deuda en el año 2006 llegaba ya a la cantidad exorbitante de 76 mil millones de pesos, publicado esto en diarios de circulación local y nacional, en el año 2016. Pero esa cantidad se duplicó, entonces hubo auditorias sobre ello cuyos resultados se iban a anunciar sin conocerse la fecha exacta, pero era próxima.
Por si faltaba algo más para empeorar el futuro de Moreno Valle, debido a los desfalcos, es que a pesar de que su esposa pudo obtener el título de Gobernadora, ella tenía en su contra todo, por ejemplo al Congreso poblano, conformado por mayoría de representantes de izquierda, MORENA. Y con ese dato de nada o casi nada, le serviría el cargo tan importante para defender a su marido, ya que las auditorias estaban en su apogeo.
Todo lo anterior fue divulgado por el canal denominado en Youtube, “La Clave de la Noticia” señalando especialmente la forma del fin de la pareja finada que “podrían haber utilizado dos helicópteros y dejar caer uno con una tecnología actual y el control remoto”, cita el comentarista.
En fin, eso es lo que ha surgido en las últimas horas sobre el accidente aéreo que de verdad causó una verdadera sorpresa por lo triste del asunto, por tratarse de un matrimonio conocido, pero también existe un dato muy extraño: la nave cayó y se avisó de esto casi dos horas más tarde.
Lo que no se había dicho era que el gran desfalco de Moreno Valle, hoy finado, “Es cinco veces más grande que el fraude que cometió Javier Duarte, ex Gobernador de Veracruz”, insistió “La clave de la noticia”, que se puede ver en Youtobe.
Sobre las opiniones encarnizadas contra el Presidente AMLO estas, son absolutamente fuera de la realidad, en el sentido de que Morena es culpable de estas muertes porque no hay indicios de ello. Y todavía, aún más desproporcionadas son las infundadas hechas por personas sin ninguna experiencia en la información o lo que eta representa, sobre todo en el sistema Whatsap o Messenger, acusando al Presidente López Obrador y su alfil que perdió la gubernativa de Puebla, Miguel Barbosa, de ser culpables. De qué?
Para finalizar se sabe que el actor Fernando Colunga ere un fiel "amigo"al igual que Javier Alatorre, ambos seguramente están de un luto que no se esperaban jamás.
Otro dato curioso: Carlos Salinas de Gortari se había reunido con el finado hace unas semanas porque las auditorias contra Moreno Valle estaban iniciadas e iba a conocerse el gran fraude.
Peña Nieto ese gran corrupto, y parte de su equipo, incluyendo la SHCP sabían de este gran robo a Puebla. ¿Como hizo Moreno Valle para tener 138 hoteles?
Por si las dudas, de todas formas, a pesar de la Deuda multimillonaria para Puebla, que se pagaría en casi 80 años, esto parece que apunta a una desaparición planificada. De mi parte que Descansen en paz los 5 fallecidos y si hay engaño, pues hay 2 "vivillos". albertoestevez88@hormail.com
Las reformas recientes a la Administración Pública Federal redistribuyeron las facultades de gobernación y seguridad pública y el escrutinio público demandará resultados.
Legisladores afines al gobierno consideran que nuevo diseño institucional contribuirá a atender problemas urgentes; opositores critican centralismo y vulneración del pacto federal.
Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), aprobadas por el Congreso de la Unión durante el mes de noviembre, serán objeto de un escrutinio público permanente que exigirá resultados inmediatos en materia de inseguridad, combate a la corrupción y lucha contra la pobreza, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El estudio titulado “La nueva LOAPF y cómo redistribuye las facultades de gobernación y seguridad pública”, detalla que desde 1976, la LOAPF ha sido modificada en 60 ocasiones, y que la más reciente reforma afectó a casi todas las Secretarías de la Administración Pública Federal (APF), excepto a las de Defensa, Marina, Comunicaciones y Transportes, y Turismo.
La investigación citada refiere que la nueva reforma implica la reorganización de la APF con la idea de que esto resulte en una mejor conducción de los asuntos públicos con base en las diversas propuestas planteadas por el nuevo gobierno.
Dentro de los principales cambios de esta reforma, destaca el IBD, se encuentra la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con atribuciones que anteriormente tenía Gobernación: seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional, inteligencia y protección civil.
El IBD explica que el artículo 27 de la Ley da cuenta de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, las fracciones en donde se encuentran contenidas se redujeron de 45 a 27; sigue siendo la responsable de la política interior y de la coordinación de las demás dependencias de la APF.
Por otro lado, el IBD identifica a algunas voces que han criticado la celeridad con la que se dio la reforma, el centralismo en temas como comunicación social, compras gubernamentales, y operación de programas sociales, así como una posible afectación al pacto federal con la creación de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo.
Además, el documento del Instituto subraya que la reforma dejó fuera las propuestas legislativas en materia de género tales como la incorporación del principio de paridad en las Secretarías de Estado y el otorgamiento de nuevas facultades a la Secretaría de Gobernación en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, entre ellas la creación de una Comisión Nacional específica para tal fin.
La investigación del IBD puede consultarse en la siguiente dirección electrónica:
·Presentó Luis Carlos Ugalde su más reciente libro.
·Revela un modelo clientelar PAN, PRI y gobernadores.
En los últimos 20 años, la negociación del presupuesto en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, se caracterizó por la inexperiencia, escasa profesionalización, desinterés
de los legisladores y el clientelismo que dio lugar a una industria del cohecho, del soborno “o de los moches”.
Así lo explicó Luis Carlos Ugalde, director de general de la consultoría Integralia, al presentar en el Senado de la República el libro “La Negociación Política del Presupuesto 1997-2018”.
Expuso que el patrón que observado durante este periodo es que la Secretaría de Hacienda, con frecuencia, subestimaba ingresos y partidas de gasto; el Congreso ajustaba el proyecto de presupuesto y los
legisladores se dedicaban a etiquetar proyectos.
Además, agregó, existió falta de interés para dar seguimiento a la ejecución del gasto, lo que ocasionó que porciones relevantes del Presupuesto generaran un gasto ineficaz, dispendió y en ocasiones
fenómenos de corrupción.
Refirió que entre 2000 y 2012, cuando el PAN ocupaba la presidencia de la República, los Ejecutivos encontraron un modelo de negociación, a través del PRI y sus gobernadores: “Se inauguró una suerte
de intercambio clientelar, donde los gobernadores se volvieron el centro de la negociación”.
Fue entonces cuando los gobiernos entraron en una negociación bilateral. A cambio, los gobernadores propiciaban la disciplina de sus legisladores y comenzó a darse un gasto muy importante en los rubros
de “gran atractivo político”, abundó.
Luis Carlos Ugalde dijo que con ello inició una fase que dañó la lógica de la negociación del presupuesto: la llamada etiquetación, que posteriormente dio lugar a la “industria de los moches”.
Indicó que fue una tendencia creciente, en la Cámara de Diputados, porque los legisladores encontraron en la etiquetación del dinero y de algunos programas, un modus operandi que les daba apoyo político,
y en ocasiones, se daba lugar a comisiones o “moches”.
Esto es una realidad que sucedió, después se institucionalizó en los últimos años en el Ramo 23, donde se crearon fondos específicos que los grupos parlamentarios asignaban de manera directa, subrayó.
Dijo desconocer cómo se integrará el paquete económico en el nuevo gobierno, pero para esta administración la eliminación de los moches es un asunto estratégico, subrayó.
El consultor informó que la evolución del gasto público de 1997 a 2018 pasó de 2.6 billones de pesos a 5.2 billones, es decir se multiplicó el presupuesto.
Mencionó que durante los gobiernos de Acción Nacional, el Congreso influyó más en la negociación del presupuesto, que en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
También comentó que en estos años hubo rubros irreductibles que “no se tocaban”, como los salarios, nóminas y pensiones, “algo que va a cambiar con el PEF 2019, porque el nuevo gobierno ha propuesto
una serie de recortes a gastos personales, así como al tamaño y nivel de la nómina”.
Por último, recomendó a los legisladores eliminar la etiquetación de recursos y evaluar la eficacia del gasto para designar partidas. Propuso, además, que la Cámara de Diputados haga una labor de seguimiento
y control en la ejecución del gasto.
En opinión de la senadora Vanessa Rubio Márquez, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el Ramo 23 no debe eliminarse, sino hacerlo “menos discrecional” y más transparente para “que
todo el mundo vea en qué se está gastando”.
La senadora del PRI dijo que “los moches” representan un mecanismo discrecional para el desvío de recursos. Son sin duda, añadió, actos reprochables en el ejercicio presupuestal, por lo que es necesario
aspirar a transparentar la asignación y ejecución del gasto federal.
El senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda, mencionó que el presupuesto es el instrumento más importante para el desarrollo y a justicia social, pero que fue utilizado para
institucionalizar el saqueo en el país,
Señaló que es una prioridad cuidar y planificar los aspectos macroeconómicos con mucha precisión, pero, aclaró, el Estado mexicano tiene la obligación de compensar a los segmentos de la población más
desfavorecidos.
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