Prevé la presidenta de la Mesa Directiva del Senado que el cierre de la LXV Legislatura será muy dinámico
En el próximo Periodo Ordinario de Sesiones, el Senado de la República abrirá a una discusión plural y democrática para abordar los temas de la agenda legislativa, que incluirán las iniciativas que presente el titular del Ejecutivo Federal, afirmó la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera.
Aseguró que el cierre de la LXV Legislatura será muy dinámico y que se abordarán las propuestas que dé a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, las cuales van desde una reforma profunda al Poder Judicial hasta la reforma electoral que está pendiente, los cambios a los órganos autónomos y sobre el ámbito laboral.
En entrevista, dijo que son temas importantísimos para fortalecer la estructura del Estado, para bien de todas y todos, “en una democracia que hoy verdaderamente está escuchando, porque creo que es el momento de que todas las cosas se hablen, se toquen y se modifiquen para el bien de la sociedad”.
Indicó que los Grupos Parlamentarios, el martes y miércoles, llevarán a cabo sus reuniones plenarias, en las que se construirá la agenda que se impulsará en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para el último Periodo Ordinario de esta Legislatura.
“Se abre un Periodo con una agenda muy importante para nuestro país y el Senado de la República se va a abrir a una discusión plural, democrática y también de participación social” expresó.
Señaló también que hay temas muy importantes que podrán transitar en los próximos días como: La legislación en materia de alimentación adecuada y sostenible, la cual representa la primera ley en México que genera una política de Estado en defensa del derecho constitucional a la sana alimentación.
Aseguró que el tema de las mujeres será un punto de coincidencias en ambas Cámaras indudablemente, porque “hoy las mujeres tenemos que representar con dignidad y con altura de miras a las mujeres de todos los Grupos Parlamentarios”.
Finalmente, dijo que es necesario impulsar una ley para proteger a los periodistas, así como para garantizarles que sus familias tengan seguridad. “Tenemos que entrar a estudiar ese tema tan importante para todas y todos”.
Coincide con el presidente López Obrador en erradicar “supremacías de poder” que afectan la democracia
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, reiteró que uno de los propósitos de la reforma electoral es evitar el dispendio de recursos, que fomenta la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral.
Dijo que es un proyecto que busca avanzar en la desburocratización del organismo, pero sin afectar las bases de la participación política ni la autonomía del Instituto.
Alejandro Armenta consideró que “el presupuesto debe ser medido” de acuerdo con las actividades proyectadas por el organismo encargado de los procesos electorales.
Por ejemplo, agregó, este año hay dos elecciones y se cuenta con el mismo presupuesto; sin embargo, acotó que éste tiene que ser acorde a lo que se hará, por lo cual no se pone en riesgo su funcionamiento y “la construcción de la democracia no debe ser costosa”.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador no permite dispendios públicos, no está de acuerdo con élites burocráticas, hay excesos al interior del organismo electoral en lo que se refiere a gastos de representación y gastos médicos”, expresó.
Armenta coincidió en que es inaceptable el finiquito millonario que pretenden adjudicarse “los que tienen que dejar la presidencia del INE”.
Además, señaló que los cargos no son a perpetuidad ni hereditarios, pues “hay que contrarrestar la supremacía del poder que pretenden imponer”.
“Nadie, aunque sea un órgano autónomo, debe estar por encima del mandato constitucional, debe haber respeto a los derechos y la construcción de la justicia social”, enfatizó Alejandro Armenta.
Son entes de interés público e instituciones que tienen derechos y obligaciones, afirma
La reforma electoral que aprobó el Congreso de la Unión transparenta el manejo de los recursos públicos de los partidos políticos, afirmó el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta.
Destacó que los partidos políticos son entes de interés público e instituciones que tienen derechos y obligaciones, por eso deben transparentar el ejercicio de sus prerrogativas y cualquier ciudadano les puede exigir rendición de cuentas.
El legislador afirmó que todas las instituciones públicas y privadas deben de transparentar el ejercicio de sus ingresos, por lo que la fiscalización es una responsabilidad, ya que “un partido político, en el ejercicio del gasto de sus prerrogativas, puede ser sujeto a que cualquier ciudadano le exija la rendición de cuentas y la transparencia”.
Alejandro Armenta detalló que si un ciudadano le solicita a un partido político que rinda cuentas sobre las prerrogativas específicas de un año, el ente público que se encarga de la fiscalización, tiene la obligación de hacerlo, y en el caso de algún acto irregular tiene que investigar.
Lo anterior, agregó, sin menoscabo de la función que les compete a las fiscalías de los estados y a la Fiscalía General de la República, en materia de delitos electorales.
Con las modificaciones a la Ley General de Partidos Políticos, los partidos que no participen en elecciones en algunas entidades federativas o que sólo tengan participación específica en algunos procesos electorales, “podrán generar economías de sus ingresos ordinarios, pero deben de ser utilizados para la función y la tarea primaria del instituto político”.
Asamblea rechaza suspender discusión de dictámenes y regresarlos a las comisiones
Ricardo Monreal adelanta que, a título personal, presentará reservas para modificar artículos que son inconstitucionales
En el Pleno del Senado de la República se debate la reforma electoral, que pretende fortalecer las instituciones en la materia, perfeccionar a los distintos órganos colegiados electorales, así como mejorar su desempeño bajo los principios de eficiencia, eficacia, austeridad, desempeño institucionalidad, transparencia y rendición de cuentas.
En el dictamen se destaca que con la creación del Sistema Nacional Electoral, los cambios en la estructura de los órganos electorales centrales, locales y distritales del Instituto Nacional Electoral y con la reducción de tiempos en diversas funciones de los procesos electorales, se espera generar un ahorro significativo, que coadyuvará en otros programas sociales en favor de la ciudadanía y sin detrimento de la democracia participativa.
La reforma electoral, se agrega, busca hacer más eficiente, austera y expedita la justicia electoral, con la inclusión del juicio en línea, la reducción de siete a cuatro de los medios de impugnación y con la creación de la Sección Resolutora de la Sala Superior.
Además, plantea otorgar mayor certeza jurídica respecto a las tareas de fiscalización y las sanciones de las autoridades electorales sobre los partidos políticos, con el respeto, en todo momento, de su derecho a la autoorganización y autodeterminación.
“Se dota de un sistema nacional electoral apegado a los principios y valores democráticos, como la honestidad, la honradez, la equidad, la objetividad e imparcialidad, así como a los principios de austeridad, eficacia y eficiencia presupuestarias”, se destaca en el documento.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, dijo que las reformas y adiciones encuadran tres temas: el ejercicio de los derechos político-electorales, el Sistema Nacional Electoral y justicia electoral, así como transitar a una democracia que brinde a la ciudadanía mayores y mejores mecanismos de participación en la toma de decisiones.
A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el senador José Narro Céspedes consideró necesario transitar del sistema de partidos a uno que empodere a las y los ciudadanos, por lo que se requiere la transformación de nuestro instituto electoral: “el INE -acotó- sí se toca, como se deben tocar y transformar todas las instituciones y ordenamientos del sistema jurídico, ya que esta es nuestra esencia como Poder Legislativo”.
Los senadores José Alfredo Botello Montes, del PAN, y Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, así como la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, presentaron mociones para suspender la discusión de los dictámenes y regresarlos a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.
Botello Montes denunció que el Gobierno federal y la mayoría legislativa buscan quebrantar la autonomía del INE, por lo que solicitó más tiempo para analizar las minutas, así como abrir un Parlamento Abierto para su análisis.
Paredes Rangel reiteró que los cambios introducidos en la iniciativa de Morena entre las 22 y 23 horas del 7 de diciembre no se informaron al Pleno de la Cámara de Diputados, por lo que no pueden ser aprobados, por lo que, en este caso, hay una irregularidad y, si realmente los hechos se dieron así, “se cometió un fraude legislativo”.
Sin embargo, con 63 votos en contra y 48 votos a favor, las peticiones para suspender la discusión no fueron aceptadas por la Asamblea.
Posteriormente, los senadores Ricardo Monreal Ávila, de Morena; Damián Zepeda Vidales, Indira de Jesús Rosales San Román y Josefina Vázquez Mota, del PAN; Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI; Luis David Ortíz Salinas y Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD; y Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, presentaron votos particulares.
Ricardo Monreal adelantó que a título personal, sin involucrar a su Grupo Parlamentario, presentará un paquete de reservas para modificar el dictamen, pues “algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales”.
Aclaró que lo único que quiere es que se respete la Constitución. “No es un ejercicio retórico, falso o demagógico. Es un ejercicio de auténtica preocupación por nuestra democracia”.
En el documento que presentó, agregó, se expresan las razones por las que se vulnera la Constitución, argumentos que atienden la doctrina, jurisprudencia y principios generales del Derecho.
Ruiz Massieu acusó que se modifican las leyes para adecuarlas a la voluntad del gobernante, las decisiones del gobernante se sitúan en los límites de la legalidad y se corona el diseño autoritario con la reforma a las leyes electorales, para garantizar su permanencia en el poder, pero en detrimento de la democracia.
Por su parte, Zepeda Vidales consideró que la reforma electoral busca debilitar institucionalmente al árbitro electoral y que no se puede desbaratar “lo que juntos hemos logrado, porque la democracia, el sistema político electoral vigente, se logró con la lucha” de todos.
Castañón Ramírez coincidió en que el proyecto pretende “derruir todo el aparato democrático que todos los ciudadanos hemos construido en los últimos 30 años”, por el capricho, resentimiento y odio de Palacio Nacional.
En tanto, Mancera Espinosa afirmó que sí es necesaria una reforma en materia electoral, pero no una reforma que afecte lo que se ha ganado a lo largo de 30 años con consensos, con y desde la oposición.
Martínez Cázares insistió en que la reforma no es constitucional, debilita al árbitro electoral y prepara el terreno para que el Gobierno controle la organización y la operación de las elecciones.
Tras desahogar la presentación de los votos particulares, se dio a paso a las posturas de los diferentes Grupos Parlamentarios.
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